Violentismo callejero y desprecio de las instituciones

 

Ldescarga (14)a Semana Política, el Mercurio, 29 de Mayo de 2016

Es posible que, en la cambiante actualidad, el foco de la atención tienda a concentrarse este fin de semana en el hecho de que la Presidenta de la República haya prestado declaración ante un fiscal. Ello no debe sin embargo distraer respecto del curso profundo de los acontecimientos y de algunas preocupantes tendencias que lo definen. Desde luego, el país ha podido apreciar en estos días las consecuencias del fenómeno violentista ya sea en su vertiente más extrema, con los incidentes que rodearon la última cuenta presidencial y que significaron la muerte de un trabajador inocente, o en aquella que, bajo formas audaces y autoconfiriéndose una inexistente representatividad, pretende mellar la dignidad de las autoridades elegidas popularmente. Con todas las evidentes diferencias y la muy distinta gravedad de uno y otro hecho, images (11)tras las actuaciones de los violentistas que incendiaron un edificio en Valparaíso y de los estudiantes que irrumpieron en La Moneda el martes subyace un sustrato común de desprecio hacia las instituciones propias de un Estado de Derecho -de cuyo funcionamiento es precisamente prueba la declaración prestada por la Mandataria- y una expresa voluntad de imponerse a ellas.

La ambigüedad del rótulo «movimiento social» – utilizado indistintamente para denominar un cúmulo de manifestaciones diversas en sus objetivos y modos de expresión – suele suscitar confusión y termina otorgando un manto de pseudolegitimidad a estos grupos. La revisión atenta de sus propios planteamientos, sin embargo, debiere disipar cualquier duda: más allá de demandas o reivindicaciones puntuales adoptadas con sentido estratégico, lo que ellos buscan es ejercer un poder que no han podido alcanzar por las vías propias de la democracia. Su discurso, que describe el camino seguido por el país como uno de engaño y abuso, del que los ciudadanos solo podrían liberarse por medio de la protesta violenta, es cristalino a ese respecto, como lo demuestra el video subido a internet por la Juventud Rebelde, grupo organizador de las protestas estudiantiles del martes.

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Paradigmática ambigüedad comunista

Durante décadas, el rechazo al violentismo y la defensa de las instituciones fueron un consenso extendido en el país. En los últimos años, ya sea por genuina convicción o por el mero oportunismo de quienes creyeron poder encauzar las fuerzas de «la calle» en beneficio de sus propias posiciones, tal consenso parece haberse debilitado. Expresión de ello es la recurrente tendencia a minimizar la gravedad de los actos vandálicos que suelen acompañar ciertas manifestaciones masivas y a eludir cualquier responsabilidad por parte de sus organizadores, bajo el expediente de atribuirlos a «infiltrados» o a reacciones inevitables ante la represión policial.

Paradigmática es la ambigüedad del discurso comunista, que esta semana buscó poner en un mismo plano las acciones de grupos criminales como los que quemaron el edificio del concejo municipal porteño y la actuación de Carabineros, lo que provocó la comprensible y justa molestia del general director de esa institución. También, diputadas de esa colectividad legitimaron y destacaron el «ingenio» de la protesta de los jóvenes en La Moneda, para luego cuestionar muy tibiamente su conveniencia. Cabe admitir, sin embargo, que respecto de este último hecho la propia reacción de la Jefa de Estado pareció privilegiar, involuntariamente al menos, la comprensión de las motivaciones estudiantiles -«todos quisiéramos que fuera más rápido el avance de la reforma educacional», dijo- por sobre la prioritaria defensa de la dignidad del mando presidencial.

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La eficacia, una tarea pendiente

En ese contexto, es destacable la claridad con que han abordado el tema las autoridades del Ministerio del Interior, el ministro Jorge Burgos y el subsecretario . Como lo demostraron los sucesos de Valparaíso, no siempre sus dichos se han traducido en una acción eficaz contra el violentismo, y en ese sentido resulta valiosa -y es de esperar que marque un giro- la decisión con que se actuó el jueves para impedir una marcha no permitida, luego de que los convocantes desecharan las alternativas de recorrido propuestas por la autoridad con el fin de minimizar eventuales daños a terceros. En contraste, nuevamente aquí las diputadas del Partido Comunista exhibieron la corrosiva ambigüedad con que se ha movido esa colectividad en estas materias, al interceder para apoyar la intransigente demanda juvenil, en lugar de apoyar la decisión de un ministro del gobierno a cuya coalición pertenecen.

La indignación popular frente a la muerte del guardia municipal Eduardo Lara y las expresiones de apoyo a Carabineros frente a lo que se advierte como un sesgo reiterado del Instituto de Derechos Humanos respecto del actuar policial, muestran a una ciudadanía que ya no parece dispuesta a tolerar dobles estándares. Tristemente paradójico es que el hijo de aquel funcionario fallecido, al comparar el trato dado a manifestantes de izquierda heridos en protestas y el recibido por su propia familia, denuncie lo que percibe como una actitud desigual por parte de quienes han proclamado el combate a las desigualdades como su principal bandera y reclaman para sí el mérito de haberle evitado al país las explosiones sociales. Ciertamente, hay aquí una tarea pendiente.

 

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