2 miradas para la correspondencia de beneficios humanitarios a los condenados por derechos humanos

Tomado de La tercera , 25 de Junio de 2016

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Hernán Larraín, Senador UDI

Una exigencia del derecho humanitario

La reciente aprobación por parte de una amplia y transversal mayoría del Senado, de un proyecto de acuerdo cuyo objeto es hacer efectivo el principio de aplicación humanitaria de las penas a personas que se encuentran aquejadas de enfermedades graves e incurables, sin ningún tipo de discriminación, constituye un nuevo e importante paso en el largo y complejo proceso de reconciliación nacional luego del quiebre político, social e institucional que viviéramos como país desde finales de la década de 1960.

El humanitarismo en la aplicación de las penas es un principio de larga data y fuerte raigambre en todos los Estados de Derecho Democráticos, anterior incluso al surgimiento de las repúblicas que devinieron en estados nacionales. Precisamente fue quizá este principio, que limita la potestad punitiva del Estado, una de las primeras manifestaciones de resistencia frente a los abusos del soberano.

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La consideración de un mínimo sentido de humanidad -aún en circunstancias tan contradictorias con la vida como la guerra- es una idea que ha permeado las normas del derecho internacional, estableciendo un marco mínimo dentro del cual han de desarrollarse los conflictos armados.

No es de extrañar, entonces, que las legislaciones penales más modernas consagren ciertos límites en la aplicación de penas a personas que se encuentran en el final de sus días, como el Código Penal español, que históricamente ha servido de modelo al nuestro incluso en épocas recientes.

Inspirado en estos principios y en el afán de contribuir al reencuentro de los chilenos tomé contacto con senadores de todas las bancadas, entre ellos Manuel Antonio Matta, Alejandro Guillier, Víctor Pérez, Eugenio Tuma, Francisco Chahuán, Jorge Pizarro, por destacar a algunos, con la idea de buscar un pronunciamiento de nuestra corporación. El Senado siempre ha sido una voz moral, orientadora y de unidad ante los grandes problemas del país, y esta era una oportunidad inmejorable para tomar la iniciativa. La voluntad de ellos y de muchos más hizo posible este pronunciamiento.

 

150414_DERECHO_SOFOFA_47_copiadescarga (5)Probablemente, las traumáticas circunstancias históricas que marcaron una larga etapa de nuestra historia, expliquen por qué un aspecto tan básico de la doctrina que inspira la regulación de los derechos humanos no haya sido acogido antes en nuestra legislación. Así lo han advertido, por lo demás, numerosas personalidades de reconocida trayectoria personal y profesional en la defensa de los derechos humanos, como la ex Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski, el ex Rector de la Universidad Alberto Hurtado, S.J. Fernando Montes, el destacado abogado de DD.HH. Héctor Salazar descarga (6)y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Dolmestch, quienes en diversas oportunidades descarga (7)han manifestado la necesidad de reconocer este principio en la aplicación de las penas privativas de libertad de todos los reos condenados, sin discriminación de ninguna naturaleza.

Tal como reconoce el propio acuerdo aprobado por el Senado, las llamadas razones humanitarias han sido invocadas en el propio Congreso Nacional para fundamentar otra clase de iniciativas, lo que constituyen un importante precedente acerca de la existencia y alcances de este principio como fundamento de normas penales.

Es de esperar que este llamado del Senado al Poder Ejecutivo a cumplir cabalmente con este principio, tenga una pronta y adecuada acogida, otorgando alguna clase de beneficio a todas aquellas personas aquejadas de graves enfermedades o en los últimos días de sus vidas que se encuentran cumpliendo condenas, sin discriminación ni distinción alguna, dando así un paso fundamental hacia el pleno respeto de los derechos humanos de todos los chilenos, en el espíritu de paz social y reconciliación que el país exige sin más postergación.

 

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Alfonso de Urresti, Senador PS

El tema de fondo no es la edad, es la justicia

DESDE el 11 de septiembre de 1973 los violadores de derechos humanos, sus familias, camaradas de armas y partidarios de la dictadura, vienen esgrimiendo discursos que buscan legitimar las atrocidades cometidas, en lo que denominan una “guerra”, para tratar de convertirla en coartada de crímenes que por su naturaleza son considerados de lesa humanidad.

El tiempo ha pasado y hoy los responsables enfrentan sus condenas con una avanzada edad, lo que bajo ningún punto de vista puede ser motivo de impunidad, menos cuando jamás se ha escuchado una frase de arrepentimiento, ni una palabra de perdón de su parte.

Como sociedad no podemos olvidar que muchos de los 1.248 chilenos detenidos y desaparecidos por agentes del Estado, siguen sin ser encontrados. Y ninguno de sus captores y asesinos, que hoy buscan beneficiarse de estas iniciativas “humanitarias”, ha dicho una palabra para romper el pacto de silencio que al parecer se llevarán a la tumba.

prison-escapes-image-6-368516258No se habla de reconocer los delitos cometidos y menos de colaborar en aclarar los crímenes, como lo establecen, por ejemplo, la Convención Internacional e Interamericana para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que facultan al Estado a establecer atenuantes a quienes “suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición forzada de una persona”.

En esta materia nadie debe confundirse. Hoy algunas organizaciones que persiguen la impunidad de autores de estos crímenes han puesto en marcha una nueva estrategia: sensibilizar a la opinión pública a través de una puesta en escena que presenta a los condenados como inofensivos adultos mayores.

Como sociedad tenemos el deber moral de velar por la justicia que tanto claman los familiares de las víctimas de la dictadura, de los padres, hijos y nietos de detenidos desaparecidos, que hasta la fecha exigen conocer el paradero de sus seres queridos. Ellos también han envejecido, pero con el gran dolor de no poder acceder a una verdad silenciada por un pacto que lógicamente impide la reconciliación.
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Antes que la edad, debe diferenciarse entre
delitos comunes y aquellos imprescriptibles e inamnistiables, como lo demuestra la condena a 8 y 25 años de cárcel por asociación ilícita trasnacional, a 15 generales y coroneles argentinos, parte de la Operación Cóndor, muchos sobre 80 años. O la condena a 5 años de cárcel contra un guardia de Auschwitz, de 94 años, como cómplice de la muerte de más de 100 mil personas.

Quienes buscan la impunidad, omiten reconocer la gravedad de los hechos ocurridos en nuestro país, y evitan referirse al fondo, a los crímenes condenados por el derecho internacional, que entiende que por su magnitud afectan a la humanidad en su conjunto.

Hablan de Punta Peuco como si se tratara de cualquier otra cárcel chilena, cuando al 2013 tenía una dotación de 75 funcionarios, 66 de ellos gendarmes, para atender a 44 reclusos. También parecen olvidar que el Penal Cordillera, cerrado en el 2013 por el Presidente Piñera, tenía cabañas con agua caliente, comedor, radio y televisión y un staff de tres funcionarios por interno, paramédicos y cocineras.

Lamentablemente, la derecha parece haber renunciado a los arrepentimientos que algunos de sus personeros manifestaron en el pasado y hoy, con estas acciones, demuestra que está muy lejos de lo señalado por el exmandatario de su sector, cuando recordó que existían civiles que habían sido “cómplices pasivos” de las violaciones a los derechos de miles de chilenos.

En definitiva, existe un sector que sigue buscando resquicios para acceder a privilegios y concesiones, desconociendo la gravedad de sus crímenes, sin entender que el tema de fondo no es la edad, sino la justicia.

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