Coexistencia de sistemas procesales

descargaPor Adolfo Paul Latorre

Resulta inconcebible en un Estado democrático y de Derecho que sus ciudadanos se encuentren sometidos a dos clases distintas de justicia, puesto que ello vulnera gravísimamente la garantía constitucional de igualdad ante la ley. Sin embargo, eso es lo que ocurre actualmente en Chile, donde coexisten dos sistemas procesales penales: el antiguo, inquisitivo -que no respeta las normas del debido proceso-, que le es aplicado a una escasísima cantidad de personas; y otro nuevo, acusatorio, que es aplicado en la generalidad de los casos.

La pervivencia normativa del antiguo sistema de procedimiento penal se produce en virtud de la aplicación del artículo 483 del Código Procesal Penal, que establece: «Las disposiciones de este Código solo se aplicarán a los hechos acaecidos con posterioridad a su entrada en vigencia». Este precepto legal encuentra respaldo en la disposición constitucional octava transitoria, incorporada por la Ley de Reforma Constitucional Nº 19.519 de 1997.

La aplicación de uno u otro sistema según la fecha de comisión de los delitos -antes o después de la entrada en vigor de la reforma procesal penal- no tiene un fundamento válido que la justifique y es, por lo tanto, una discriminación arbitraria; tal como lo sería una norma que estableciera que a las personas con apellidos desde la A a la M se les aplicará el sistema procesal penal antiguo y a las personas con apellidos desde la N a la Z se les aplicará el nuevo.

No es razonable que habiendo transcurrido ya más de quince años desde que comenzó a implementarse la reforma procesal penal en Chile -que debió haber comenzado a regir in actum y cuyo objetivo era poner fin al antiguo sistema-, se continúe aplicando a algunas personas el sistema inquisitivo, que vulnera derechos fundamentales que la Constitución asegura a todas las personas y que es incompatible con el derecho internacional de defensa de los derechos humanos.

Un comentario en “Coexistencia de sistemas procesales

  1. Me sorprende análisis tan chabacano e inexacto de un problema de mayor importancia como el planteado.
    El inicio del artículo, describiendo el problema, es muy bueno, pero luego cae en comparaciones absolutamente absurdas y hasta falaces, como decir que es lo mismo establecer una fecha -para la vigencia de un sistema por sobre el otro- que dirimir arbitrariamente por la letra del abecedario. ¡Eso es una tontería! (Y estoy siendo muy recatado en el calificativo)
    El Principio de Irretroactividad de la Ley Penal es básico en todo Estado de Derecho y en los fundamentos mismos del Derecho Penal, así que establecer la fecha de entrada en vigencia como punto de división entre ambos sistemas no es algo a la ligera -como se expone en el artículo-, sino la piedra angular del respeto a los Derechos de las Personas. Jamás podría juzgarse un delito cometido durante la vigencia del antiguo sistema y cuya Causa ya se había iniciado en alguno de los antiguos Juzgados del Crimen, con el Nuevo Sistema, donde todo es diferente, desde los medios de Prueba hasta las formalidades de la Acusación y la Defensa, la apreciación de esa prueba y los métodos de investigación y quienes los efectúan… Nada de arbitrario hay en esto.
    Ciertamente el problema reside en que muchos de esos procesos deberían haberse terminado hace mucho, pero su lentitud -uno de los defectos congénitos del antiguo sistema penal- es algo que podría haberse solucionado por el simple expediente de poner más recursos en el sistema, para terminarlos: en vez de eso, se ha optado por la absurda atomización judicial, que lleva a que un solo Juzgado del Crimen de los antiguos acumule todas las Causas que van quedando del antiguo sistema. Es decir: recarga, en vez de mayor holgura.

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