Trato desigual en cárceles chilenas

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Editorial diario La Tercera, 26 de Junio de 2016

Un grupo de 19 senadores -cinco de los cuales pertenecen a la Nueva Mayoría- presentó un proyecto de acuerdo en el cual solicitan a la Presidenta de la República, a la ministra de Justicia y al director nacional de Gendarmería “adoptar las medidas administrativas necesarias para el cabal cumplimiento de los principios fundamentales del derecho penal humanitario en la aplicación de las penas privativas de libertad a reos condenados que se encuentran aquejados de enfermedades graves e incurables, sin discriminación de ningún tipo”.

La petición generó controversia, porque en los hechos el proyecto incluye a los reclusos de Punta Peuco, recinto donde cumplen condenas principalmente militares en retiro acusados de violar los derechos humanos, y donde una parte de la población penal es anciana y padece distintas enfermedades, como cáncer, diabetes y alzheimer. Se trata de una cárcel donde los beneficios penitenciarios y otros de corte humanitario no se conceden, o se han otorgado de manera muy excepcional. Ello constituye una discriminación cuyo sustento descansa en una forma discutible de interpretar la legislación y los convenios internacionales en materia de derechos humanos y de orden penal, que hacen imprescriptibles los llamados “crímenes de lesa humanidad”.

descarga (6) Es llamativo que esta discriminación se haya mantenido tanto tiempo fuera del debate público y se aceptara como un hecho de la causa, y sólo fuera el sacerdote jesuita Fernando Montes quien relevara el tema, abogando por razones humanitarias en reclusos de Punta Peuco. “Estoy claramente diciendo que esas personas tienen también que ser tratadas como seres humanos, que también tienen derechos”, planteó hace algunos meses. Aunque sus palabras han sido objeto de polémica, crecientemente se han ido sumando voces que consideran pertinente evaluar la situación de cualquier recluso enfermo gravemente. La petición que ha formulado la mitad de los senadores en ejercicio es un paso valorable, porque vuelve a poner en discusión un tema que generalmente se rehúye, particularmente cuando se trata de Punta Peuco.

Frente a una petición de esta naturaleza, y al hecho de que ha encontrado público respaldo -entre ellos, el presidente de la Corte Suprema, quien manifestó que “la sociedad no puede vivir estancada sólo en los dolores, y es bueno y sano avanzar positivamente buscando la reconciliación”- es indispensable un pronunciamiento del gobierno, descarga (1) especialmente cuando senadores de su propia coalición lo han requerido. Lo consistente es que exista un solo criterio en el otorgamiento de beneficios carcelarios, e igual doctrina debería aplicarse cuando se trata de consideraciones humanitarias, que son de un carácter excepcional.

El país ha dado pasos sustanciales los últimos años para ir resolviendo temas pendientes en materia de derechos humanos. La justicia y reparación hacia las víctimas forman parte ineludible de cualquier proceso de reconciliación, pero ello no debe implicar que las normas del debido proceso y las consideraciones humanitarias se relativicen producto de interpretaciones restrictivas o sesgadas en materia de derechos humanos. El llamado de los senadores debe ser acogido y cabe analizar si para su correcta y justa aplicación en todo el sistema carcelario bastan medidas administrativas o debería ser materia de ley.

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