Nuevo plan para La Araucanía

Editorial diario El mercurio de Santiago , 24 de junio de 2017

Visiblemente afectada, la Presidenta Bachelet presentó ayer su Plan Integral para La Araucanía.  En la ceremonia, junto con pedir disculpas a las víctimas de la violencia rural, la mandataria pidió «perdón al pueblo mapuche por los errores y horrores que ha cometido o tolerado el Estado en nuestra relación con ellos y sus comunidades». Respecto de esa etnia, la iniciativa propone, entre otras cosas, oficializar el mapudungun en la región y establecer el 24 de junio como el Día Nacional de los Pueblos Originarios, proyecto de ley que agregaría un nuevo feriado al número elevado de ellos que hoy existe. Asimismo, se anunció la tramitación de los proyectos de ley que crean el Ministerio de Pueblos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas.

En relación con los graves problemas de desarrollo de la región, entre otras medidas, cabe destacar el plan de apoyo a las empresas que hayan sufrido la pérdida total o parcial de sus activos, así como el próximo envío al Congreso de la Ley Araucanía, que establecerá incentivos económicos especiales para empresas que trabajen exclusivamente dentro de la región y se instalen en las comunas más pobres de la zona.
Pero por lo que se dio a conocer, nada se dice sobre el combate de la violencia, a pesar de que el objetivo de los grupos que empuñan las armas es desestabilizar el orden público y resquebrajar el Estado de Derecho en una porción del territorio nacional. Se entiende entonces que la Presidenta Bachelet haya pedido perdón a las víctimas por la impericia protectora del Estado, pero no así su omisión de exigir eficacia para restablecer el Estado de Derecho. Sobre todo si sus efectos nocivos merman no solo la seguridad de las personas, sino también sus posibilidades de desarrollo.

Cabe preguntarse, además, si con medidas como las anunciadas se logrará revertir la desmedrada situación de esa región. Al eludir el problema de la violencia, estas medidas olvidan su condicionamiento sobre las potencialidades económicas. Olvidan que la paz social es una condición para la prosperidad, ya que las interacciones económicas, necesitadas siempre de una cuota relevante de confianza, se resienten en su ausencia a un punto que lastra la efectividad de una política pro inversión y creación de empleo, requisito por lo demás indispensable para impulsar una economía que no dependa del auxilio estatal.

Para lidiar con la causal de violencia hace falta mayor audacia política que la exhibida hasta ahora, una decisión que altere el curso de acción orientado a esquivar las esquirlas del conflicto en lugar de enfrentarlo. Lo paradójico es que esa audacia consiste simplemente en el aseguramiento del orden público, una responsabilidad esencial del Estado.
Y está por verse lo que la autoridad política hará a este respecto con ocasión de la visita papal a Temuco programada para enero de 2018, que se anticipa como una ocasión especial de tensión, muy propicia para que grupos violentistas -que han incendiado numerosos templos católicos y evangélicos- intensifiquen sus acciones y atentados.

 

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