Compromiso del Estado

Editorial “El Mercurio de Santiago, 24 de Septiembre de 2017

La Presidenta Bachelet ha rechazado los cuestionamientos a la decisión del Gobierno de apoyar el proyecto que termina con el secreto de los testimonios entregados a la Comisión Valech. Como fundamento, señaló las peticiones formuladas en ese sentido por parte de organismos internacionales y del Instituto de Derechos Humanos. El planteamiento arriesga, sin embargo, eludir el verdadero punto en debate. Si personalidades de indubitado compromiso con la justicia y los derechos humanos, como el abogado José Zalaquett, han calificado como un error la decisión de la Presidenta, ha sido por una cuestión de honda implicancia: ella supone romper un compromiso adquirido por el Estado chileno con las víctimas, a quienes se garantizó condiciones de reserva para prestar sus testimonios,  atendida la naturaleza de los vejámenes sufridos. Ningún organismo internacional ni tampoco una entidad como el INDH, podría obligar al Estado a incumplir esa promesa, sancionada primero en un decreto y luego en una ley. No hay por lo demás un pretendido afán de impunidad involucrado, desde el momento en que las propias personas pueden libremente, si así lo determinan, concurrir a los tribunales y entregar a estos los mismos antecedentes aportados a la comisión. Abusivo sería en cambio que a quienes confiaron en la confidencialidad ofrecida se les imponga ahora un paso que muchos -atendidas personalísimas y comprensibles razones- no han querido dar.
El haber rebajado la urgencia del proyecto parece una decisión sensata, pero igualmente llama la atención la insistencia de las autoridades en el punto de fondo, pese la división que suscita en el propio oficialismo y al hecho de que sus figuras más destacadas, como el ex Presidente Ricardo Lagos, han entregado justificados argumentos para oponerse.
Similar actitud pertinaz se refleja en otras actuaciones del Ejecutivo. Un ejemplo es la distancia expresada por el Gobierno frente al anuncio de un grupo de sus senadores de presentar un proyecto para posponer la vigencia de disposiciones de la llamada Ley de Inclusión Educacional. Tratándose de una norma que está ocasionando dificultades objetivas en todo el sector subvencionado, no parece esa la respuesta de autoridades efectivamente abocadas a resolver los problemas reales del país, acogiendo inquietudes y aportes formulados desde las propias bancadas oficialistas.
Más allá del valor de los símbolos, es en la capacidad de atender las urgencias ciudadanas y responder con eficacia a los desafíos que plantea diariamente la tarea de gestionar

Beatriz Sánchez y las libertades

Por Sergio Muñoz Riveros, Analista político

Para justificar su decisión de no asistir al programa «En buen chileno», de Canal 13, la candidata presidencial Beatriz Sánchez dijo que se debía a una razón valórica: «No voy a ir porque no quiero validar que en televisión haya una persona que es panelista y que fue ministro de un dictador. Creo que, en un país decente, una persona que fue ministro, subsecretario de un dictador, no puede estar en un gobierno y no debería estar en un programa de TV». Se refería al ingeniero comercial Sergio Melnick, quien efectivamente fue ministro de Planificación de Pinochet.
Considerando que ella aspira a ser Jefa de Estado, surgen al respecto justificadas aprensiones. ¿Quiere decir, en su opinión, que Melnick no tendría derecho a participar en ningún programa de TV? ¿Ni de radio tampoco? ¿Ni podría publicar libros ni artículos en la prensa? ¿Ni estaría autorizado para ejercer la docencia? ¿Y cuánto tiempo duraría dicha proscripción? ¿Sería indefinida?

Si tenemos en cuenta que la dictadura fue larga, y que cientos de personas colaboraron en funciones destacadas (ministros, subsecretarios, intendentes, directores de servicios, asesores directos del gobernante, etcétera), estamos hablando de mucha gente. Si se aplicara el criterio de Sánchez, todas esas personas tendrían que correr la suerte de Melnick. La candidata seguramente sabe que, desde la recuperación de las libertades en 1990, numerosas personas que colaboraron con el régimen de Pinochet han estado presentes en el Congreso, las universidades, los medios de comunicación, la actividad empresarial, y otros. ¿No debió permitirse eso? ¿Ella no lo habría permitido?

La democracia garantiza los derechos de todos a través de normas objetivas que están en la Constitución y las leyes. El Código Penal no discrimina. Si un gobernante intentara establecer una categoría de chilenos que quedaran excluidos del ejercicio de la libertad de expresión, tendríamos el derecho y el deber de cruzarnos en su camino para impedirlo, ya que los fundamentos de la vida en libertad estarían cuestionados directamente desde el poder. Y esa categoría de «subciudadanos» podría estar integrada por antiguos colaboradores de la dictadura o por otras personas, segregadas con cualquier otro criterio. Sería una forma de apartheid, la palabra holandesa que se hizo universalmente conocida como sinónimo de discriminación y persecución.

Por desgracia, la actitud de la candidata se conecta con la compulsión de ciertos fiscales autodesignados a mantener las viejas divisiones y los viejos odios, no obstante que Chile ha hecho un camino de reencuentro durante 27 años. Son los que piden cuentas a todos sin sentirse obligados a rendirlas, e incluso llegan a instrumentalizar la causa de los derechos humanos para obtener ventajas político-electorales. Nada de eso nos ayuda a tener una sociedad mejor. Necesitamos liberarnos de los traumas y los fantasmas.
Quizás Beatriz Sánchez no tuvo la intención de ir tan lejos. Quizás no tiene malas intenciones. Pero lo concreto es que no les toma el peso a las palabras, como consecuencia de sus confusiones sobre cómo funciona el régimen democrático. Se puede entender que tenga un juicio crítico sobre la dictadura, como muchos lo tenemos, pero de ello no se deriva el intento de establecer un sistema de mordazas. El afán justiciero ha sido el origen de muchas injusticias en el mundo. Los totalitarismos han surgido incluso con la excusa de «prevenir» ciertos males, de anticiparse a la acción de los enemigos absolutos.

El Frente Amplio es una agrupación muy heterogénea, en la que es ambigua la adhesión a los principios de la democracia liberal (su sola mención hace saltar a algunos de sus voceros). El diputado Jackson se ha cuidado de no condenar nunca a la dictadura de Venezuela. Es evidente la inclinación por el asambleísmo y la llamada democracia plebiscitaria, como signo del convencimiento de que la verdad viene del pueblo. Incluso, harán un plebiscito para definir el programa presidencial: o sea, el programa será lo que la gente diga. Como sea, eso no libera a la candidata ni a los dirigentes del conglomerado de la obligación de decantar una posición inequívoca sobre el valor de las libertades. Es lo menos que se les puede pedir.

 

Bea Sánchez define un país “decente”

Por Sergio Melnick Israel 

Beatriz Sánchez, candidata presidencial, se negó a participar en un programa periodístico de Canal 13 simplemente porque yo soy uno de los seis miembros del programa. Según ella, un país “decente” no puede tener en la TV a quien fue ministro en el régimen militar. De paso, por el mismo expediente, y que yo considero realmente fuerte, es que de esa manera califica de indecentes al Canal 13, al diario La Tercera, la radio Agricultura, y a la Revista Capital, que son medios en los que actualmente participo. También debe ser indecente para ella Chilevisión, que me tuvo en Tolerancia Cero por tres años, o Mega también. Ni hablar la implicancia a muchos otros medios diversos que me han entrevistado desde 1990, que también pasarían a ser indecentes, partiendo por TVN, donde he ido muchas veces. También probablemente serían indecentes para Sánchez la Universidad de Chile y la UAI donde hice clases después del 90. Quizá el Estado, en su lógica, debió prohibir la formación de La Red (a mi cargo) donde ella trabajó. A todo evento no puedo sino agradecerle la tremenda importancia nacional que me ha asignado, pero que nuevamente representa un mal diagnóstico.
Para la opinión general sobre este asunto, al parecer, simplemente no se atrevió a ir al programa, al que curiosamente han asistido los máximos dirigentes del Frente Amplio, varios PC y de otros partidos de izquierda, con quienes ha habido siempre una discusión respetuosa. Hasta Artés participó en el programa.
La Sra. Sánchez se instala ahora a sí misma, y por sí misma, como una nueva versión histórica de la gran inquisidora. Ella acusa y juzga por sí misma. Ella decide quién es bueno o malo, o decente e indecente. Ella es al parecer la única poseedora de la verdad, también por cierto de lo que “realmente” fue la historia del país. Ella es quien determina la ética en la sociedad, y no la ley como ocurre en un estado de derecho. Y cree tener derecho a censura.

Si eventualmente gobernara, obviamente no podría hacerlo para todos, ya que al 44% de la población que votó por el Sí, ella ni siquiera le hablaría, es decir, casi la mitad del país. Grave problema tendría en el Congreso con muchos parlamentarios a quienes tampoco les hablaría. Me imagino que nunca dará entrevistas a El Mercurio, El Líbero, El Muro, o La Segunda, entre muchos otros. Seguramente debe detestar profundamente a la DC que apoyó el golpe. Ni hablar de conversar con algún uniformado de más de 50 años. Me imagino que consecuentemente a sus principios, de inmediato rompería relaciones diplomáticas con Cuba, Corea del Norte, Siria, Venezuela, varios países africanos y otros. Amigos, así no se construye un país. De alguna manera me recuerda a Maduro cerrando y sancionando medios.
La Sra. Sánchez está decididamente anclada en el pasado. Sigue en la polaridad del Sí y el No. Es interesante recordar que alemanes y franceses que se odiaban en la guerra, volvieron a ser amigos. Colombia se pone de acuerdo con las Farc, que raptaba y mataba. Americanos y japoneses, con una guerra y bombas nucleares de por medio, son hoy aliados.  Trump es amigo de Putin. Los chinos se hacen capitalistas y suma y sigue. Pero Sánchez sigue con la misma odiosidad taxativa que ya reventó al país en el pasado. Lo que llama “sus ideas” son slogans de hace 60 años, al menos lo que se apreció cuando tuvo que hablar de ciencia y tecnología.
Más allá de que sus comentarios se refieren a mí, creo que se equivocó severamente en esta oportunidad. Se mostró muy inmadura, y mostró una vena profundamente antidemocrática. No hace honor a su profesión de periodista.
Si no se atrevió a ir al programa, debió inventar una mejor excusa. Quizás recapacite, ofrezca una excusa, y decida ir al canal que llamó indecente. Yo por cierto estaré ahí para debatir ideas (no acusaciones o descalificaciones) con el respeto que merece la audiencia y la elección en curso.

 

Cunde la impunidad

Por Axel Buchheister Rosas, Abogado

Cuatro “comuneros mapuches” formalizados por un incendio intencional de una iglesia evangélica en La Araucanía, incluyendo disparos a los presentes, iniciaron hace unos meses una huelga de hambre exigiendo que no se les aplique la ley antiterrorista y que se les deje en libertad provisional.
En un país civilizado esas demandas no tendrían oportunidad, pues los imputados no dictan las reglas, sino que se aplican las leyes y la preocupación se centra en las víctimas. Pero estamos en Chile y dado que se ha ido deteriorando la salud de los rebeldes (para eso se hacen las huelgas de hambre), las izquierdas de todo tipo se movilizan para pedir una “solución”, que no significa otra cosa que se ceda a la presión. Usted, que financia el sistema con sus impuestos, sabe que así será y que habrá impunidad por angas o por mangas.

No es primera vez que sucede: en 2015 el comunero Cristián Levinao, condenado por robo, quería que lo trasladaran a una colonia penal, no obstante, no cumplir los requisitos reglamentarios, para lo cual inició la respectiva huelga de hambre. Por cierto, lo consiguió. Después del irregular traslado, se fugó de la colonia, que tiene un bajo nivel de seguridad. Quien piense que con el nuevo gobierno todo esto puede cambiar, le recuerdo que Sebastián Piñera -a quien las encuestas dan como ganador- en su anterior mandato le hicieron una huelga de hambre y cedió de inmediato a las demandas, recalificando delitos terroristas como delitos comunes.
A Héctor Llaitul, comunero condenado a 14 años por robo, el tribunal de garantía le rebajó en cinco años la pena impuesta, a pesar de que la sentencia estaba ejecutoriada. ¿Cómo es posible? Porque el Código Penal, en una norma que le fue introducida en el gobierno de Salvador Allende, dice que estando la sentencia ejecutoriada, si se dicta una ley que exima de pena o aplique una menos rigurosa, hay que modificar la sentencia, incluso si se ha cumplido la condena. Y como hubo un cambio en la ley que pena el robo, el juez resolvió que beneficia al comunero. Pero sucede que la norma del Código es inconstitucional, porque si bien la Carta Fundamental ordena aplicar la norma más favorable en materia penal, eso es para casos pendientes y no puede afectar la cosa juzgada, dado que la propia Constitución prohíbe que la ley reviva procesos fenecidos.

Pero la impunidad no solo cunde en La Araucanía. Entró en vigencia la ley que despenaliza el aborto en tres casos y sin más trámite se dejó sin castigo una causa pendiente de 2015, ya que supuestamente hubo violación. Lo grave es que con el precedente “Llaitul” se podrán reabrir hacia atrás sin límite todas las causas por aborto, alegando alguna de las tres causales y modificar las sentencias. Y qué decir del robo que usted sufrió: habrá que aplicar la norma más favorable al delincuente condenado (es un argumento retórico nada más, sé que ni se investigó).

 

«Tonto útil» o «Lo primero es lo primero»

Por Cristián Labbé Galilea
Caminaba abstraído por la costanera de una austral ciudad cuando fui abordado por un antiguo discípulo quien me saludo muy afable, luego de los “cumplidos” de rigor… se dejó caer con la típica muletilla… ¿Y, cómo ve la cosa profe? La respuesta fue igual de especifica… ¡ahí, todo bien, nada especial, luchando, pasó el dieciocho, se nos viene la pascua y, se acabó el año…!
No era lo que él esperaba de su maestro por lo que fue directo al grano… “En las presidenciales seguro que hay segunda vuelta… ¿Quién cree usted que conviene más para el sector, Guillier o la Sánchez?”
Sin darme tiempo para responder agregó… “lo importante es la diferencia de votos para “sellar” el balotaje… nos guste o no, vamos a tener que votar por el candidato de Chilevamos”.
Habiendo escuchado “tan sólidos argumentos” pude comprobar que en la actualidad las emociones superan a la razón y al buen juicio –algo típico de la posverdad-. Me pregunté antes de responder ¿puede la avidez por ganar ser tan fuerte que nos haga renunciar a nuestros principios, valores y creencias?… ¡estaba a la vista que sí!
“Uno tiene que actuar conforme a sus convicciones, a sus vivencias, a lo que cree que es mejor para el futuro, para el país, la sociedad…”
iba viento en popa cuando fui interrumpido abruptamente… “Profe, por ese camino se puede perder el voto, tenemos que hacer todo para sumar, no están los tiempos para gustitos personales…”
Era escuchar a los secuaces del candidato de Chilevamos… su teoría del voto útil, su descalificación a lo que ellos llaman “candidaturas testimoniales” y otras patrañas. No me pude contener… ¿o sea, según tu teoría en el juicio de Pilatos habrías votado por Barrabas para no perder el voto? Sin dar tiempo a una interrupción agregue: “eso no es voto útil, eso es… ser tonto útil, lo que es muy diferente”.
Después de una larga conversación donde mi contertulio se declaró “cómplice pasivo”, parte de la familia militar (sobrino), contrario al aborto y otras definiciones por el estilo, terminó estando de acuerdo conmigo en que uno siempre tiene que estar del lado que cree y no traicionar las ideas que profesa… por seductores que suenen los “cantos de sirenas”.
Como una forma de no dar pábulo a una interpretación errada de nuestra conversación señale… “Si a los jóvenes les estamos enseñando que sean honestos, que no traicionen sus creencias; a nuestros políticos que sean honorables y honrados;  a nuestros emprendedores que concilien las utilidades con la ética; a los jueces que actúen en todo momento con imparcialidad y simetría jurídica; a nuestra sociedad que miremos hacia el futuro y que construyamos un clima de paz y concordia… no podemos caer en la categoría de “tontos útiles” porque además, sin darnos cuenta, volveríamos a ser víctimas de la utilidad de unos y la tontería de otros…”
Al despedirnos concluimos… la primera vuelta, es la primera vuelta  (sic) y no hay encuesta ni oráculo que nos haga transar nuestros principios… pierden el tiempo quienes nos quieren aproximar con “baratos caramelos…” Como dice el carpintero… ¡lo primero es lo primero…! (La segunda vuelta, es otra elección, veremos qué hacer en esa ocasión)

«cuando China despierte el mundo temblará”

Por Roberto Hernández Maturana
China ha anunciado la implementación de una “nueva ruta de la seda”. Esta titánica tarea tiene sus raíces en la milenaria ruta que ya hace siglos, saliendo desde el territorio chino, atravesaba en largas caravanas el desierto de Gobi, Mongolia y se adentraba posteriormente en Medio Oriente, llegando hasta las fronteras orientales de Europa, permitiendo el comercio no sólo dentro del vasto Imperio Chino, sino que también con el Imperio Persa e incluso con el muy lejano Imperio Romano.
La iniciativa que busca potenciar los flujos comerciales entre Asia y Europa tiene también un claro objetivo político, cual es establecer fuertes vínculos con los países participantes y potenciar su influencia en Asia y Europa.
De esta forma el gobierno chino apoyado en su historia y cultura milenaria ha echado a andar uno de sus proyectos más más ambiciosos: el proyecto “One Belt, One Road” —en español, “Una franja, una ruta”—, también conocido como la nueva Ruta de la Seda.

El proyecto, comenzó a desarrollarse a fines del 2014, impulsado por el presidente Xi Jinping materializando dos grandes rutas comerciales, una marítima y otra terrestre, que comenzarían en China, recorrerían Asia central, llegarían hasta el corazón de Europa e incluso conectarían con ciertos enclaves comerciales de África, reviviendo de esta forma los tiempos más gloriosos de la China imperial durante las dinastías Han y Tang, con la legendaria ruta comercial por la que fluyó el comercio entre China y Europa a través de Asia central, al tiempo que reafirma su vocación de restaurar su tradicional lugar como superpotencia.
Con lo anterior China busca no sólo establecer rutas comerciales, sino que además busca implementar un poderoso plan de acuerdos comerciales y de infraestructura que supone la construcción de puertos, aeropuertos, carreteras y gaseoductos y la colaboración en los ámbitos de energía, finanzas, ciencia y tecnología además de la creación de un área de integración económica. Las inversiones previstas por el gigante asiático son aún más cuantiosas que aquellas que en su momento empleo Estados Unidos de Norteamérica con el Plan Marshall para levantar a Europa al término de la segunda Guerra Mundial.
De esta forma Europa y Estados Unidos ven con preocupación ambas, y con especial ansiedad la primera, esta expansión del poder blando chino, considerando además que el proyecto se desplazaría a través zonas conflictivas y países centroasiáticos corruptos, la nueva Ruta de la Seda promete venir acompañada de grandes retos y dificultades que pondrán a prueba las capacidades diplomáticas de China en varias regiones del mundo.

A lo anterior se suma el abandono y poco interés que paulatinamente evidencia Estados Unidos por mantener su rol de primera potencia global, rol que China parece gustosamente dispuesta a ocupar, como lo ha manifestado por ejemplo en el papel que busca asumir en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), promovido por Estados Unidos, que une la economía norteamericana con la de doce países a lo largo del océano Pacífico, entre ellos Vietnam, Singapur, Malasia y Brunei, al cual el gobierno de Donald Trump busca renunciar. El TPP se asienta sobre las bases del libre mercado y una reducida interferencia gubernamental y eleva los estándares en cuanto a cuestiones medioambientales, derechos laborales y propiedad intelectual. Con su participación, el anterior presidente Barack Obama pretendía dictar las normas de la globalización antes de que China lo hiciese en sus propios términos, todo lo cual y en forma cada vez más acelerada, parece estarse dando a la altura de las expectativas del creciente poderío chino. De esta forma, China parece asentar sólidamente las bases para afrontar la batalla por la influencia a largo plazo en el comercio internacional en sus propios términos.

La “nueva ruta de la seda” evoca la conexión entre culturas que supuso la antigua Ruta de la Seda, que durante tres siglos fue el nexo entre Europa y China. Las cifras de inversión chinas en Europa, realizadas por macroempresas estatales, crecen cada año, aunque su influencia se encuentra lejos de haber logrado el mismo impacto que en África, donde su fuerte presencia inversora le ha valido apoyos en sus reclamaciones territoriales en el Mar del Sur de China, además de haber logrado importantes avances en el continente europeo como sus buenas relaciones con el Reino Unido y el apoyo por Francia, Alemania, Reino Unido y otros países europeos, contra las objeciones de Estados Unidos, en la creación del AIIB, siglas en Inglés para describir los acuerdos para la construcción de puertos, aeropuertos, carreteras y gaseoductos y la colaboración en los ámbitos de energía, finanzas, ciencia y tecnología) y que prevé la creación de un área de integración económica, todo lo cual estaría respaldado principalmente por el Banco Asiático liderado por China, a lo que se añadiría un fondo de 40.000 millones de dólares aportados por Pekín.

Si a lo expuesto sumamos una cada vez más evidente conducción errática del gobierno norteamericano, las dificultades económicas que presentan los países europeos, a los que se suma la permanente amenaza del terrorismo, que también lo es para los Estados Unidos, el cual aún parece no llegar a China, y que seguramente no tendría empacho en aniquilar drásticamente, y el difícil manejo norteamericano de la crisis norcoreana, que China sigue con especial atención y que podría distanciar a los EE.UU.N.A. de sus aliados en Oriente como Sur Corea y Japón, loquienes podrían buscar implementar sus propios sistemas de seguridad ante las amenazas de Kim Jon Un y sus disputas territoriales con el poderoso vecino imperial chino.¿

Y Chile…?, Ciertamente nuestro país se verá afectado por la influencia del gigante asiático en el  océano Pacífico dónde sus intereses chocarán con los de los EE.UU.N.A., y ciertamente, nuestro país no podrá ser indiferente ante el choque de estos dos gigantes…

Napoleón fue un visionario en muchos aspectos, fue clarividente cuando afirmó «cuando China despierte el mundo temblará”, El conquistador advirtió con casi 200 años de anticipación, aquello que, en nuestros días de soberbia tecnológica y política, no hemos sido capaces de valorar hasta que ya ha sido una realidad innegable e irreversible: China ha despertado y ahora el mundo si no tiembla… al menos se preocupa.

Democracia y reconciliación del país

Editorial diario La tercera, 19 de Septiembre de 2017
Sería un paso valioso que todas las causas por DDHH sean conocidas bajo el nuevo sistema penal, dando más garantías para un debido proceso.
Un reciente estudio realizado por el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social -que fue recogido por este medio-, reveló conclusiones poco auspiciosas en cuanto a la percepción que los chilenos tienen acerca de la democracia. Así, un 68% se declaró nada o muy poco satisfecho con ésta, e incluso un 30% manifestó indiferencia frente a una democracia o un régimen autoritario.
La explicación por esta desafección probablemente no tiene que ver con un rechazo hacia la democracia misma -un 56% de hecho la sigue considerando preferible a cualquier otra forma de gobierno-, sino a la incapacidad del sistema político para procesar y dar respuesta a las principales inquietudes de la población. La deficiente calidad de la educación pública, los persistentes problemas de acceso a la salud y los altos índices de delincuencia una y otra vez figuran entre las demandas más requeridas por la ciudadanía, pero el sistema político sigue sin ser capaz de entregar soluciones satisfactorias, privilegiando muchas veces agendas que satisfacen más a los grupos de interés o que responden a motivaciones ideológicas.

Un nuevo ejemplo de esta desconexión con la ciudadanía parece ocurrir a propósito de la agenda de derechos humanos que recientemente ha anunciado el gobierno, uno de cuyos aspectos medulares consiste en levantar el secreto comprometido en su momento por el Estado a los informes contenidos en la Comisión Valech, permitiendo que los tribunales puedan tener acceso a dichos antecedentes. Así, de prosperar esta iniciativa en el Congreso, es previsible que la cantidad de causas judiciales por derechos humanos se multipliquen en cientos o quizás miles, cuya resolución tomará años.
El imperativo ético de hacer verdad, justicia y reparación económica a las víctimas de violaciones a los derechos humanos ha ido encontrando distintas respuestas en los sucesivos gobiernos -las que en atención a la magnitud de los hechos quizás nunca sean del todo satisfactorias-, en el ánimo de avanzar hacia la reconciliación. Pero cuando se insiste en una agenda que busca devolver al país de lleno en el pasado y reabrir con ello viejas heridas, sin hacerse cargo de sus implicancias, no ayuda al interés general y mucho menos a las propias víctimas de torturas y prisión política, la mayoría de las cuales ha preferido no judicializar sus casos y mantenerlos en reserva.

La democracia tiene el imperativo de demostrar que es posible conjugar verdad, justicia y reparación, sin sumir al país en una polarización estéril. Por ello un paso sustancial en esa dirección sería que todos los casos sobre violaciones a derechos humanos que actualmente tramita la justicia como los que se abran a futuro por hechos anteriores a 1990, sean conocidos por el nuevo sistema procesal penal -fiscales, tribunales de ganaría y juicio oral-, y no bajo el “antiguo sistema”, el cual no satisface los estándares que la propia sociedad ha fijado para un debido proceso. Con ello se evitaría continuar con una discriminación injustificable -como es la existencia de dos sistemas judiciales-, y permitiría que las causas fueran tramitadas de manera transparente y más expedita, con plazos acotados de investigación y para dictar sentencia.
Un paso en esta dirección sería una señal concreta en favor de la reconciliación, constituyendo una demostración de que la política es capaz de conectarse con las reales necesidades del país.

 

Talante Mediador

Por Axel Buchheister, Abogado

Septiembre es sinónimo de agenda de derechos humanos, utilizada una y otra vez para fines políticos. Incluso lo hizo Sebastián Piñera, con su célebre frase de los “cómplices pasivos”. Entonces, que lo haga el gobierno más izquierdista de los últimos 27 años no es novedad.
Ahí están el anuncio del cierre de Punta Peuco y la decisión de poner urgencia al proyecto de ley que pone fin al secreto de 50 años de las declaraciones de las víctimas ante la Comisión Valech. También se apresura un proyecto de ley que castiga negar la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos.

Sectores de oposición acusan el uso del dolor de la gente para con fines electorales. Es posible que algunos lo estén intentando -no sería primera vez-, pero no es tan claro que ese sea el verdadero objetivo. Porque los más hábiles en las esferas oficialistas seguramente se dan cuenta de que el descalabro político es tal, que es muy poco lo que puede servir la enésima vuelta a la tuerca del tema de los derechos humanos. Además, si no le sirvió a Piñera sumarse a ella -la izquierda retornó igual al poder-, por qué habría de ser útil a un gobierno caído en el total descrédito. Más bien, puede ser síntoma que saben van a perder, que habrá cambio de gobierno y que quizás se extienda por más de un período. Por consiguiente, hay que trata de amarrar todo lo que sea y, por último, darse todos los gustitos posibles, no importa cuál sea el daño.
¿Cuál sería el daño? El primero, que la sociedad siga crispada por los hechos del pasado y que no haya posibilidad de superarlos. Pero hay más. El proyecto que pena la negación de las violaciones de los derechos humanos persigue que no haya miradas alternativas ni matices, lo que constituye un atentado a la libertad de expresión, la base de la democracia. Algunos dicen que ésta pudiera resultar afectada, depende de cómo se redacte. Un completo error: establecer un castigo por no adherir a la verdad oficial constituye por antonomasia un ataque a la libertad de expresión. No se requiere ser libre para adherir a la verdad oficial, sino para disentir de ella.

Pero lo más grave es la derogación de la norma que aseguró 50 años de reserva a las declaraciones de las víctimas. No importa si era necesario hacerlo o si son útiles las declaraciones para los juicios, lo que importa es que el Estado asumió un compromiso y que antes del plazo establecido se quiere desconocer. A partir de ahora, quien crea en una oferta hecha por ley pasará por leso, pues bastará con aprobar otra ley que desconozca la oferta; argumentos para hacerlo siempre habrá.
La ONU nombra a la Presidenta asesora para mediaciones en conflictos internacionales. Para ser mediador se requiere capacidad de buscar la concordia, convencer a las partes que lleguen a acuerdos, lo que implica renunciar a legítimas posiciones, y que cumplan con la palabra empeñada. Lo contrario a lo que se está haciendo aquí.

La tortura de Lagos

 Por Carlos Peña González
Uno de los rasgos más sorprendentes con que se juzga el pasado en el Chile de hoy -y a sus actores- es la liviandad.

Un buen ejemplo se ha visto por estos días a propósito del informe de la Comisión Valech.

Resulta que ahora el secreto que ampara las declaraciones que para confeccionar ese informe se recibieron -y que dispuso la ley 19.992- no era más que un pacto de silencio, un indigno acuerdo tendiente a garantizar a los torturadores que podrían caminar por las calles sin amenaza de justicia.

Y, por supuesto, el culpable de esa conspiración inmoral, de esa traición, de esa renuncia a la memoria de las víctimas, de esa tortura a la democracia, de esa lenidad cívica, de esa hipocresía sin nombre, etcétera, etcétera -cómo no- es el ex Presidente Lagos.

Pero nada de eso es cierto.

Lo que hace la ley 19.992 es poner los detalles de la tortura a disposición de la voluntad de quien la padeció, quien podría decidir entregarlos a un tercero o a la justicia. En vez de imponer el silencio, como se quiere ahora hacer creer, lo que la ley hizo fue simplemente establecer una regla de privacidad a favor de la persona que padeció prisión política o tortura, de manera que fuera ella, y nadie más que ella, quien pudiera decidir si lo que vivió debía ser conocido.

No es pues una imposición de silencio, sino una regla de privacidad la que contiene la ley.

Y se trata de una regla razonable.

Muchas de las víctimas prefieren cubrir con el silencio, y con el esfuerzo del olvido, los detalles de lo que les ocurrió. No lo hacen por proteger a los victimarios, sino que para protegerse a sí mismas de un recuerdo que, encerrado en la soledad de su conciencia, puede resultarles menos dañino que si saliera a la luz. Los seres humanos, cuando se exponen a situaciones de extrema vulnerabilidad, cuando son reducidos a cosas o a solo un cuerpo castigado a merced de otro -el tipo de cosas a que las víctimas de tortura fueron sometidas-, es su alma la que finalmente resulta también dañada. Y es que la estima que cada uno tiene con respecto a sí mismo es el resultado del reflejo que le devuelve la conducta de los demás.

Por supuesto no faltará quien, consintiendo en el argumento anterior, diga que, de acuerdo, no hubo un pacto de silencio; pero que sí hubo en cambio una privatización del dolor, una nueva forma de capitalismo, ahora emocional, que evita que la tortura y la prisión política sean del dominio de todos. Y el culpable, de nuevo, sería Lagos.

Y tendría toda la razón. Es eso justamente lo que Lagos promovió: una privatización del dolor.

Pero eso -privatizar el dolor- es un gesto de humanidad.

El fondo insobornable de cada persona, su intimidad, está constituido por las experiencias de dolor indecible o de alegría inefable que alguna vez experimentó. Sacadas de la intimidad de quien las vive -así sea por el digno e intenso furor de la justicia, ese sucedáneo de la fe- esas experiencias pierden sentido cuando se entregan sin más a un tercero: el dolor se transforma en humillación, la alegría en frivolidad.

Por eso es razonable lo que dispuso la ley 19.992: que fuera la intimidad de la víctima, y no el simple furor de la justicia, la que decidiera si lo que le ocurrió, la tortura que padeció, la violación de la que fue objeto, las humillaciones que consintió como producto del miedo, debían ser o no conocidas por terceros.

¿Qué la justicia se ve desmedrada en parte? Solo en parte. Porque, ¿qué justicia sería esa que estuviera dispuesta a pagar cualquier precio, incluso el precio de la intimidad de las personas, para llevarse adelante? ¿Qué justicia sería esa que satisface al justiciero y daña de nuevo a la víctima, obligándola a hacer público un dolor que no quiso confesar ni a sus más cercanos?

Un raro síndrome recorre la esfera pública chilena.

Consiste en volver la vista hacia el pasado, borrar todas las circunstancias, en el lugar de la historia poner un vacío, luego colmarlo con un único valor y finalmente identificar a alguien cuya voluntad todopoderosa impidió su realización: Lagos.

Ni recuerdo ni olvido…

Por Fernando Villegas Darrouy

A quienes reprochan como cosa obsesiva y enfermiza el perpetuo ciclo de actos, manifestaciones, ceremonias, descubrimiento de placas, misas, discursos, violencia, romerías, vandalismo y anuncios suscitados cada 11 de septiembre, tal vez, sólo tal vez, esa reiteración les resultaría comprensible si en vez de encerrarse en su fastidio se tomaran la molestia de observar esos hechos como deben examinarse los fenómenos sociales, esto es, no con una agenda política en la mano sino “como si fueran cosas” según decía uno de los padres fundadores de la sociología, Emile Durkheim. Haciéndolo así quizás a dichos quejosos se les revelaría cuan pesada, pegajosa y refractaria a los sermones y los consejos es la naturaleza del trauma, el efecto cultural y psicológico de eventos destructivos en gran escala; entenderían que tal como los individuos afectados por un hecho doloroso de gran magnitud no sólo son incapaces de olvidarlo o al menos asimilarlo y reducirlo en su impacto a la calidad de simple “recuerdo”, sino al contrario, sus enteras vidas de ahí en adelante son producto de dicho golpe ya sea porque el dolor es insubsanable o porque para sanar sería preciso una casi imposible reconversión total, del mismo modo las sociedades sólo muy excepcionalmente son capaces de superar los suyos sobre la sola base del raciocinio y de la conveniencia. Los traumas no son otro episodio más de la narrativa histórica, un hecho que se recuerda sin que se conmuevan las raíces de nadie, sin que influya en nuestros actos y sin que se reencienda ninguna pasión; los traumas marcan una sociedad por al menos tres generaciones y las marcan no sólo para el bien -para que tal o cual evento “no se repita”- sino también para el mal, exacerbando el deseo de venganza, el rencor y la división. Es lo que es, guste o no.

La casi imposibilidad, en el caso de las sociedades traumatizadas, para llegar a esa desapegada actitud llamada más románticamente “reconciliación”, postura tan grata y deseable para quienes no sufrieron el problema, tiene entonces fundamentos muy profundos. Por eso no es con tal o cual acto oficial de reconocimiento, con esta o aquella legislación o por medio de grandiosos tedeum o procesos judiciales más y más exhaustivos donde radica el remedio. Un trauma es un cáncer, no un dolor de estómago. No es sólo un hecho ocurrido hace tiempo, no es como el hundimiento del Titanic o el año en que el hombre llegó a la Luna, no es un episodio sino una herida perpetuamente supurante, no es un evento situado sólo en el territorio de la curiosidad puramente intelectual y que pueda fácilmente tanto recordarse como olvidarse. Los traumas se instalan permanentemente en el corazón de la víctima y operan como referencias de su pasado y fuentes de emocionalidad de su presente. Quizás ya no están vivos como causa, pero sus efectos nunca cesan. Ha ocurrido en el pasado, pero sigue sucediendo hoy, en parte como eco no querido y en parte por la voluntad del sufriente, quien lo actualiza sin descanso y todo el tiempo porque en dicha actualización se encuentra y reproduce a sí mismo.
Recordar, rememorar
De ahí que el trauma sea no sólo una mala experiencia de ayer que podría olvidarse para comodidad y satisfacción de los espectadores de hoy. Los que lo experimentaron no son personas a quienes “les pasó” algo malo, porque aun hoy lo recuerdan y lo viven. La sociedad lo conmemora sólo en una fecha, pero en las víctimas su presencia es el año completo.
Por esas razones el juzgar como obsesivos a quienes “insisten en recordar” el 11 de septiembre es, a fin de cuentas, un acto de incomprensión apoyado en una figura de lenguaje engañosa; dicha manera de ver las cosas supone tácitamente que quien lo recuerda, año tras año, es simplemente alguien que se obstina en traer a la memoria lo que bien podría eliminar de ella y entonces ser un buen ciudadano; al olvidar dejaría contentos y en paz a quienes no desean recordar nada. Pero eso no es posible. No sólo la víctima directa o indirecta de ese día y los muchos que siguieron no “recuerda” a la fuerza esa fecha, sino que no puede evitarlo. Para ella el 11 es como para el cristiano “el mes de María”, a la que celebra en noviembre pero a la que le reza todo el año.
Hay más; esa fecha es un punto moral y emocional de encuentro para los miembros de una entera cultura política, suerte de comunión a la que se pliega cada uno de sus miembros. Toda cultura ideológica, religiosa o simplemente nacional necesita sus referentes narrativos, una efemérides, las ocasiones en que reafirma su fe, sus ideas, su historia; por eso el 11 comulgan juntos tanto los que sufrieron en carne propia como los que han recibido la narración de esos hechos de boca de padres, tíos o abuelos, aunque también quienes no tienen pito que tocar como siempre ocurre en estos casos; es sabido que en toda festividad de esta clase a los fieles auténticos se suman elementos del lumpen, descarriados y resentidos en busca de un blanco, favorecidos como están por el anonimato y la conmoción pública. Esa nefasta compañía es parte desagradable pero inevitable de todo proceso social de esta clase.
La próxima o la subsiguiente generación olvidará lo del 11 de septiembre o más bien lo recordará, si lo recuerda, sólo como un hecho histórico que aparece en los textos y no conmueve ni mueve.
Generaciones
No tiene sentido entonces, como algunos hacen, quejarse de que “a 40 o más años del suceso todavía algunos porfían en revivirlo y concitan o provocan violencia y división”.

Es una queja absurda. En Francia aun no se olvida el trauma de los “colab” -los colaboracionistas- con el régimen nazi que les cayó por cuatro años luego de la derrota en el campo de batalla en mayo de 1940. El tema reaparece cada mayo o cada vez que un “colab” notorio, ya viejo y quizás escondido, reaparece o se le descubre. Y también en Francia los ciudadanos que no resistieron a los nazis pero tampoco traicionaron y sólo se acomodaron -¡hay que comer, hay que vivir!- no gustan para nada de esa cacería de brujas y también les parece, como acá, que desde esa guerra hasta hoy ya ha pasado demasiado tiempo. ¿Tienen o no tienen razón y la tienen o no los chilenos que dicen algo parecido? Es una pregunta inútil. No es cosa de razón, de gusto, de valores, de conveniencia o inconveniencia, sino un hecho. Un hecho a la Durkheim. Sencillamente así funcionan las sociedades, así se hilvana la historia.
Y, sin embargo, es también otro hecho igualmente evidente que el trauma termina por resolverse, pero -otro hecho más- no por la eficacia mágica de decretos, misas y declaraciones ni por un acto voluntario de quien recordaba cada día pero decide olvidarse de ahí en adelante todos los días, sino cuando llega el momento en que ni recuerdo ni olvido hacen sentido a la generación siguiente. Es, guste o no, el modo como se remedian muchos conflictos; cuando importaban no tenían remedio, cuando lo tienen es porque no importan. La cuarta generación suele ser la que olvida y no le importa.  Con el simple y cansino paso del tiempo llegan biznietos completamente desinteresados y hasta ignorantes de que alguna vez haya existido, por ejemplo, una división entre carreristas y o’higginistas muy seria en su tiempo, que hubiera una brecha entre balmacedistas y antibalmacedistas y desde luego no tuvieron idea del trauma -en miniatura comparado con el del 11– provocado por González Videla y su ley de defensa de la democracia. La próxima o la subsiguiente generación olvidará lo del 11 de septiembre o más bien lo recordará, si lo recuerda, sólo como un hecho histórico que aparece en los textos y no conmueve ni mueve. Será a lo más parte de la narrativa histórica como Casimiro Marcó del Pont, como la declaración del 18 de setiembre de 1810, como el suicidio de Balmaceda y la demagogia populista del León de Tarapacá.

Silencio y justicia

Por Álvaro Ortuzar Santa María, abogado

La identidad de las personas, los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Valech, son secretos para cualquier persona u organismo por el plazo de 50 años, siendo su divulgación penada por la ley, todo ello conforme al artículo 15 de la ley 19.992 del año 2004.

Se exceptúan de esta reserva a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos que la señalada ley quiso reparar y que concurrieron a dicha Comisión. El nuevo proyecto, patrocinado por el diputado Hugo Gutiérrez y otros, y ahora por la Presidenta Bachelet -sin ningún Mensaje Presidencial, a secas- estima que la Comisión Valech no se hizo cargo de los temas de “verdad y justicia” ni consideró a las víctimas de torturas como objeto de un “delito de lesa humanidad”. El Boletín N° 10883-17, que contiene estas afirmaciones, agrega que “no cabe duda que las víctimas de prisión política y tortura persiguen que se establezca la verdad y no las perjudica en absoluto el levantamiento del secreto en materia de justicia”.

La pregunta es si las víctimas de tortura serán perjudicadas o no con el levantamiento del secreto que propugna el nuevo proyecto.

Según el Mensaje firmado por el ex Presidente Lagos al someter a discusión parlamentaria el proyecto de ley, la Comisión tuvo como objeto exclusivo identificar y reparar a las víctimas de privación de libertad y torturas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, sin que fuese su propósito actuar como Tribunal de Justicia. El Presidente hizo ver lo extraordinario que resultaba que, 31 años después del golpe militar, el Informe haya sido capaz de entrar “a una dimensión oscura de nuestra vida nacional, a un abismo profundo de sufrimientos y tormentos”.

Luego se lee, citando a la Comisión, que descorrer el velo de la humillación, de la violación física y psicológica, era algo muy difícil de hacer. Debía generarse una confianza entre las personas que sufrieron y la Comisión, y ello solo podría lograrse si se guardaba reserva de sus identidades y de los antecedentes que entregaban. La labor de la Comisión quedó circunscrita a identificar a las víctimas y elaborar un informe en base a los antecedentes que ellas proporcionaron. Y concluye: “Esta fue su función y ninguna puede atribuírsele a posteriori, ni por extensión, ni por derivación ni por analogía”.

El origen de la Ley N° 19.992, entonces, y de su artículo 15 es la manifestación por ley del derecho a la vida privada, intimidad y honra de las personas, garantizados por la Constitución. ¿Será posible que hoy, en nombre de esos mismos derechos humanos dañados y personalísimos, que el Estado quiso reparar y garantizó como secretos, se obligue a las víctimas a comparecer en acciones penales públicas que en nada aseguran la intimidad? Si de ellas dependiera actuar, la ley les reservó la libertad sin limitaciones de ninguna especie. El proyecto tiene, además, algo que se percibe como de una frialdad siberiana. ¿En qué habrá estado pensando realmente el autor del Boletín que más arriba citamos, cuando afirma que a las 27.255 víctimas de torturas les es indiferente el levantamiento del secreto?

Los chilenos, víctimas

Por Karin Ebensperger   Ahrens
Hace más de 40 años que los chilenos no nos perdonamos. Seguimos acusándonos por la llegada del marxismo al poder en 1970, dicen unos, o por el golpe militar del 73, dicen otros. Pero los chilenos, más que culpables, fuimos víctimas.

Víctimas de un mundo que estaba desquiciado por la Guerra Fría, en la que EE.UU. y la URSS se enfrentaban en una lucha ideológica y potencialmente nuclear. Las diferencias que los chilenos teníamos no habrían llegado al extremo de una cuasi guerra civil y posterior golpe militar de no haber sido arrastrados a la lógica de la Guerra Fría por las grandes potencias.

Por eso, deberíamos perdonarnos. Fuimos protagonistas involuntarios de una época en la que la Tercera Guerra Mundial, que no podía disputarse entre Moscú y Washington por el peligro nuclear, se libró a través de terceros países: recordemos la invasión soviética de Europa Oriental, la imposición del Muro de Berlín; la ocupación de Checoslovaquia en 1968, a solo dos años de la llegada de Salvador Allende al poder. La Guerra de Vietnam y la obsesión de Washington con el avance del marxismo. Era la división del mundo en áreas de influencia.

Chile estaba en la zona «norteamericana», pero llegaba un gobierno marxista. El país aportaba el control del paso bioceánico austral, una larga costa en el Pacífico, y posiciones insulares y antárticas de indudable valor estratégico. Por eso, la instalación de la Unidad Popular tenía enormes repercusiones.

En esas circunstancias extremas asumió Salvador Allende, con 36,63% de los votos. Como era la primera vez que el marxismo llegaba al poder en una elección, Moscú convirtió a Allende en un símbolo: no importaban los chilenos, había que demostrar que la dictadura del proletariado era irreversible. La «Doctrina Brezhnev» decía que un país que entraba en la órbita soviética no saldría jamás. Allende hizo explícita esa dependencia al denominar a la URSS «nuestra hermana mayor». Y Carlos Altamirano decía que «el poder jamás se resolverá en el Parlamento, siempre será fruto de la lucha insurreccional».

EE.UU. también tuvo responsabilidad en la extrema tensión que vivió Chile en los 70. Su táctica era instalar regímenes antimarxistas que obedecieran sus intereses. La gran frustración de EE.UU. fue no poder manipular a las FF.AA. chilenas, pues tenían larga tradición de mando a la que respondían.

Y así, tal como Allende -que probablemente creía en el socialismo democrático- fue víctima de las expectativas soviéticas en la región, también la dictadura militar chilena fue víctima del enojo de Washington. Los soviéticos desvirtuaron a Allende al utilizarlo para sus fines. Y EE.UU. castigó la independencia de la Junta chilena con sanciones económicas y militares. La violación de derechos humanos fue un grave factor que Washington consideró además -pero solo además-, pues solía entenderse perfectamente con dictaduras sumisas a EE.UU.

Que Chile fuera el único país que lograba liberarse de la influencia soviética fue un golpe insoportable para la estrategia marxista, que no se perdona hasta hoy.

Así, Chile vivió la triste experiencia -y pagó las consecuencias- de no poder escapar a la locura de la lucha ideológica extrema de la Guerra Fría impuesta por intereses foráneos.

Al margen de nuestras propias divisiones y disputas internas, Chile y los chilenos fuimos víctimas. Por eso, miremos el futuro respetándonos más en nuestras legítimas diferencias, y conversemos con gentileza sobre cómo construir confianzas.

El huracán “Michelle”

Por Cristián Labbé Galilea

A riego de que nadie me leyera, decidí escribir pensando en lo que esta época del año ha representado tradicionalmente para muchos de nosotros… “las fiestas patrias”. Con la llegada de septiembre el clima empezaba a mejorar, se respiraban alegres aires de festejos, infaltable la ida al circo, a la parada militar y a las fondas… se embanderaban las casas, se oía mucha cueca mientras “se le hacía daño” a una empanada y a una “cañita de chicha”.
Al correr de la pluma, ya en las primeras líneas, me convencí que muy poco de ese ánimo, de ese espíritu, existía. Aquellos eran otros tiempos… el “jutre”, el jornalero, el patrón y el obrero, el capataz y el maestro, por algunos días dejaban de lado las diferencias para, sin ningún resentimiento, disfrutar de lo mismo… lo nuestro.

Quise mantener mi decisión de ser positivo… pero pude comprobar que con la llegada de septiembre -sin ser tierra de huracanes- se había desatado una devastadora tormenta de recriminaciones, acusaciones, reconvenciones… de “dimes y diretes” de los actores políticos. Lejos de fiestas patrias, el ambiente se parecía más a la antesala del infierno.
Las cosas han cambiado su eje… Hoy el circo lo ponen los “señores políticos” donde sobran los payasos, los contorsionistas, los magos (especialmente de las finanzas), etcétera…; por su parte a los militares, que siempre fueron el alma de estas fiestas, ahora los han convertido en “el comodín del gobierno” para distraer a la opinión pública; y por último, para zapatear en las ramadas nada mejor que la cumbia, la salsa, el regatón. Así… “despacito” van alterando nuestra cultura… ¡que mejor!
¿Estarán conscientes las dirigencias políticas del daño que le están infringiendo a nuestra sociedad con su mediocridad y su carencia de liderazgos positivos?

¿Aquilatarán los medios de comunicación social la carga de odio y división que instalan en el ambiente sus reportajes sesgados y carentes de la más mínima objetividad e imparcialidad?
Las respuestas son obvias y lo podemos demostrar al comprobar las “malas vibras” que desde los medios de comunicación y las más altas autoridades se imprimen a nuestra convivencia nacional.
Son muchos los responsables de este ambiente de intolerancia –todos tenemos algo de culpa- pero quien no puede eludir la primera y principal responsabilidad es la Presidente Bachelet; carente de las condiciones mínimas de un estadista, se ha transformado, de una “afable señora” que tenía un alto porcentaje de aprobación, en una especie de “femme fatale” del siglo XXI -al mejor estilo de tantas otra mujeres fatales de la historia y la literatura- que usando su poder han causado más daño que bienestar, más odio que reconciliación, mas iniquidad que justicia, más violencia que seguridad.
Entre la “taimá” que le dio después del Tedeum Evangélico, la “curiosa” misa de desagravio en la Moneda, la acelerada iniciativa para desclasificar la Comisión Valech, el eventual cierre de Punta Peuco, la ley de despenalización del aborto, más todas sus últimas actuaciones… nos advierten que aun estando en primavera, en el hemisferio sur y en clima templado… también hemos sabido lo que es una tormenta: por segunda vez nos asola… el huracán “Michelle”.

Ofensiva del gobierno contra la libertad

Extractado del Boletín Informativo del Movimiento Nacional Sindicalista MNS Nº 95 – 11 de septiembre 2017

El gobierno, que hasta ahora ha tenido éxito en el logro de sus objetivos
políticos, con excepción (¿sólo temporal?) de la permanencia en el poder, usará sus
últimos seis meses para tratar de amarrar algunos cabos sueltos, consagrando
legalmente algunas de sus iniciativas de largo plazo, aunque algunos dicen que “con el
cambio de gabinete, este gobierno pasó de pato cojo a pato parapléjico”.  
El objetivo de frenar el desarrollo económico se ha logrado, gracias a las
reformas tributaria y sindical y al irresponsable aumento de la deuda pública. Se consolidará con la próxima ley de  presupuesto, que comprometerá aún más la
disponibilidad de fondos de cualquier futuro gobierno. El ex ministro Valdés
aparentemente no quiso ser cómplice en esta jugada.
La destrucción de la familia sigue avanzando. Inmediatamente después de conseguida la  aprobación de la legalización del aborto como derecho (condicionado sólo en el papel), ya se prepara el “matrimonio” homosexual, por supuesto también con beneplácito de algunos piñeristas de la “derecha liberal”.
Un tema no tan publicitado, pero de la mayor gravedad, es la ofensiva por varias vías contra la libertad,específicamente contra la libertad de expresión, sin la cual, las demás no existen. El  Ministerio del Interior, por decreto,quiere que el Estado obligue a mantener información de todas las comunicaciones durante dos años, sin reglamentación del uso de ella, lo que deja el derecho a privacidad suprimido respecto a correos, chats, etc.
El proyecto de ley contra la “incitación a la violencia” no se conoce en detalle, pero disposiciones de este tipo se usan en otras latitudes para impedir la investigación histórica y calificar como delito todo intento de establecer hechos que contradigan la historia oficial o el pensamiento “políticamente correcto”.
Una modificación tácita de la Ley General de Bancos (LGB), en lo que se refiere a la protección de secreto  bancario de depósitos y captaciones, es lo que considera un proyecto de ley misceláneo en temas tributarios que hace poco ingresó el Ministerio de Hacienda a la Cámara de Diputados. Se modifica el artículo 62 de la normativa tributaria,  de modo que no se requerirá autorización judicial para que las instituciones financieras entreguen al SII información sujeta a reserva o secreto bancario. Tampoco será necesario notificar al titular de la cuenta y no se contempla una
instancia de oposición por parte del contribuyente. La discusión podrá ser complicada, pero el riesgo es evidente.
Las tres iniciativas aparentemente no tienen relación entre sí, pero todas ellas apuntan en una misma dirección: restricción de los ámbitos de libertad ciudadana. Si a ello agregamos las disposiciones contra la autonomía universitaria y de proyectos educativos contenidas en las diversas leyes de la reforma educacional, se configura un cuadro de configuración de un aparato represivo de características propias de un régimen totalitario.

Téngase presente… ¡No están solos!

Por Cristián Labbé Galilea

Una sistemática y persistente campaña de desinformación desplegada por la izquierda, incluida la D.C., ha logrado -en buena parte- falsear la historia del país en el último medio siglo, al punto que incluso quienes vivieron esos aciagos días de la década del 70,  hoy “miran para el lado” cuando se trata de hablar sobre las razones que motivaron la intervención militar del 73.

Ni que decir de los más jóvenes; ellos, producto de su ignorancia e ingenuidad, han sido presa fácil de la izquierda y están convencidos que el Pronunciamiento Militar–para ellos “el golpe”-  fue un acto injustificado, mediante el cual los militares se hicieron del gobierno porel solointerés del poder. Para el mocerío resulta impensable que hubiésemos estado al borde de la guerra civil o de una dictadura comunista.

Se suma a lo anterior, el que estemos viviendo la mentada “posverdad” o “mentira emotiva”que se caracteriza porque…a la hora de modelar a la opinión pública, “los hechos objetivos” tienen nula influencia,permitiendo que sean “las emociones” las que influyan en la interpretación de la realidad.

Así las cosas, es fácil comprender por qué hoy se erigen como salvadores de la democracia aquellos que la destruyeron, mientras que quienes verdaderamente la rescataron de las fauces del comunismo soviético son perseguidos y tildados de golpistas.

Es en este contexto que cobra “valor e importancia” el documento publicado en un medio de circulación nacional, donde 16 ex comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y ex directores de Carabineros,hacen un llamado a las autoridades nacionales a reflexionar en torno a los hechos del pasado y a la necesidad de: “…reforzar la paz interior, la amistad cívica y la cohesión social…”.

El documento es “claro y concreto”. Sin ambigüedades los signatarios manifiestan su dolor y su preocupación por la asimetría política con que se está juzgando a los uniformados,y hacen ver que quienes tuvieron responsabilidades directas en la crisis del 73, hoy gozan de una impresentable impunidad.

Por primera vez, y con lenguaje directo, la alta jerarquía militar entra de lleno al tema de los militares procesados, presos y perseguidos. Sin ambages denuncian…un retroceso en el camino de la transición y una inexplicable discriminación; critican la aplicación de condenas por presunciones; reprochan a la autoridad  la inexistencia del debido proceso yla aplicación de un sistema procesal obsoleto e inquisidor, entre otras materias.

Esta publicación me recordó otroescrito-muy poco conocido-, la “Apreciación de la Situación Nacional”, elaborado por 15 generales de las FF.AA (5 Ejercito, 5 Armada y 5 Fuerza Aérea)elaborado en Julio del 73,donde sehacía presente al gobierno de la Unidad Popular…“el grave camino que estaban tomando los acontecimientos en materias de orden interior, diplomático, económico y de defensa”el que terminó ninguneado políticamente y guardado en alguna caja fuerte.

Como antaño, y con el solo propósito de representar públicamente a las autoridades lo que muchas veces se les ha dicho por otros canales -y que conocen muy bien-, los 16 generales han expresado su preocupación por el curso que están tomando los acontecimientos y por el sentir de la “familia militar…”Como dicen en tribunales,este documento no es más que un…. ¡Tenga presente!,que para los militares injustamente procesados y encarcelados representa un… ¡No están solos!

¿Que le pasó al partido demócrata Cristiano de Chile?, una opinión personal

Por Jaime García Covarrubias, Doctor en Ciencias Políticas y Sociología

Un amigo simpatizante del Partido Demócrata Cristiano (PDC) me preguntó acerca de que pensaba de lo sucedido en su partido, y de allí se me ocurrió escribir este análisis con mi opinión personal. Reitero, es una opinión muy personal sin mayores ambiciones académicas o políticas.

Al aproximarme al tema, me acorde de que mi mayor conocimiento del pensamiento demócrata cristiano lo tuve en mi curso de filosofía política en mi doctorado en Salamanca a inicio de los años noventa, donde mi profesor era un destacado intelectual y dirigente demócrata-cristiano español como lo fue Joaquín Ruiz Giménez, ex ministro, embajador y defensor del pueblo, con quien alguna vez converse acerca del significado de su movimiento. Para algunos en España, Ruiz Giménez fue el intelectual más importante del S XX.  Las clases eran interesantes, había que aprovecharlas, donde recuerdo que el tema del cooperativismo era sujeto a mucha discusión, asimismo como el pensamiento de Maritain y la relación entre ética y política. En esta clase, había un alumno que era un importante dirigente democristiano español que había sido diputado por la UCD llamado José Pin Arboledas, quien nos aportaba con su conocimiento en este tema.  También, rememore algunos hechos nacionales, como mis años en el liceo de Viña del Mar, cuando siendo aún muy  chiquillos, algunos compañeros regalaban insignias y folletos de ese partido que era un «boom» y que llego a gobernar a Chile en los años sesenta. Por supuesto, asimismo, vino a mi memoria que fue pilar en la caída del gobierno de la Unidad Popular y sus líderes fueron los primeros sustentos del régimen militar. En suma, la historia de la DC fue a la par con los acontecimientos del país  en los últimos 60 años, incluyendo los más dramáticos.

Con todos esos recuerdos en la cabeza más algunos hechos complementarios,  me atrevo a avanzar mi opinión en el sentido de que este histórico partido fue víctima de los tiempos y las circunstancias. Sin embargo, como acepto que esta última estimación es muy general, he ordenado mis ideas en cuatro puntos.

En primer lugar, los tiempos cambiaron y el discurso basado en los valores cristianos de los  años cincuenta y sesenta fue perdiendo sostén y ya no tiene la misma receptividad que antes en la sociedad chilena. Ni siquiera la  iglesia católica tiene el peso específico que tuvo antes frente a un mundo evangélico que ha crecido mucho y además, en una sociedad donde  se impone la  secularización  de las costumbres. En este escenario, por cierto difícil para el PDC, no fue capaz de revitalizar su doctrina y con ello su ideología porque fue perdiendo a sus pensadores e intelectuales que por años habían sustentado su pensamiento. Estos intelectuales (me refiero a Frei Montalva, Tomic, Leighton, Gumucio, Palma, Jaime Castillo, Orrego Vicuña y varios más que eran capaces de sintonizar los cambios sociales con los principios sucumbieron a su ciclo de vida y no tuvieron sucesores en esta tarea.

En segundo lugar, hay una circunstancia que le debilitó su sólido sistema ideológico, cual es el «sincretismo ideológico» a que obliga el sistema binominal. Este sistema electoral,  por su propia naturaleza, exige que todos los partidos del conglomerado, sacrifiquen sus intransigencias ideológicas en beneficio el pacto. Esta práctica continuada en el tiempo provoca en los partidos la pérdida o al menos, la atenuación de su identidad ideológica. En el caso de Chile el sistema binominal duro 27 años, tiempo suficiente para desperfilar hasta la más sólida de las ideologías. Solo, bajo esta idea, es que se puede entender la alianza PDC con el PC

En tercer lugar, la búsqueda incesante de sus dirigentes por insistir en que el partido era de izquierda cuando la Falange nació «desde» la derecha como una fuerza, más bien para quedar en el centro, disputándole ese espacio al señero Partido Radical, que fue lo que finalmente ocurrió. Quizás, lo mejor habría sido para el partido «dejarlo ser» y que fueran sus votantes y fuerzas vivas  quienes le ubicaran  en el espectro. Ese posicionamiento forzado e insistente de sus dirigentes le fue restando seguidores ya que el votante común, independiente y solo simpatizante que son los más,  es reticente a  estar encasillado en la derecha o en la izquierda y menos compartir pactos con fuerzas políticas  que le son distantes y,


Cuarto, el natural desgaste de un partido que siempre estuvo en » la jugada» o donde se resolvieron los grandes problemas o crisis nacionales. En los años sesenta postuló grandes cambios sociales desde la oposición y luego los llevo a cabo en su gobierno, vivió divisiones, se opuso fuertemente a la UP, apoyó y, yo diría, promovió  la acción militar de la que se distancia posteriormente, fue muy importante en la fundación de la Concertación sumándose, mas tarde, a la nueva mayoría, habiéndole afectado últimamente la pérdida de popularidad del gobierno. En suma, tuvo aciertos, desaciertos y contradicciones, como quizás lo han tenido muchos en la historia de Chile.

Pues bien, la pregunta sería ¿qué hacer ahora?  Sin duda, que  ellos tendrán que remediar esta situación, que en su momento también lo vivió el viejo Partido Radical, paladín de la clase media, quien perdió su espacio de representatividad, quedando como una fuerza política menor.  Pero, como opinar es gratis, me permito señalar lo siguiente:

El PDC tendrá que aprender a ser un partido pequeño e independiente, capaz de inclinar la balanza política  y con ello, desarrollar una capacidad importante de negociación.

Esto mismo, años antes, lo  debió hacer en la vereda ideológica del frente, el ya mencionado Partido Radical referente histórico de la promoción del laicismo. Otra tarea, será formar dirigentes en distintos ámbitos muy alineados con su ideología la que deben recuperar y modernizar ya que las actuales condiciones electorales lo permitirán. En suma, tratar de  ser trascendente desde su nueva posición. Para asumir un liderazgo no se necesita ser tan numeroso, se necesita ser «inteligente». Todo lo anterior, es solo  un «desde» para intentar ser una fuerza política importante en el futuro.

Para llevar a cabo esto, La DC debe rescatar su insignia, colocársela en la solapa y mirarla y entender que la flecha roja cruza la izquierda y la derecha sin quedarse en uno u otro bloque. En los setenta formó un frente con la derecha y en los últimos años se alineó  con la izquierda más allá de respetar su propia naturaleza que se basa en principios y valores que no estaban ni en la derecha ni en la izquierda. ¿Dónde debería quedarse? Pues muy fácil donde sus valores, principios y votantes  la estacionen y ellos es muy probable que la ubiquen entre ambos, o sea en el centro. Su gran desafío, entonces, es identificar y reconstruir el centro político chileno y ubicar a la tan esquiva clase media. Sin embargo, para que ello ocurra y sea una opción atractiva tiene que «refinar» sus conceptos ideológicos y a partir de esa plataforma doctrinaria, tomar posición decidida frente los problemas más urgentes del país, que son como recuperar el crecimiento, promover las reformas más necesarias y tener ideas propositivas  sobre. Si esto no sucede terminara igual que el Partido Radical.

Septiembre, el fantasma de la venganza

Por Fernando Barros Tocornal, abogado

La tradición patria nos enseña que en septiembre, junto con la alegría de la llegada de la primavera, es el momento de la unión de un pueblo en un nuevo aniversario de la independencia nacional y las glorias de nuestro ejército, al que se suma todo Chile en uno de los eventos de mayor significación nacional, como lo es la parada militar.
La oportunidad de encontrarnos y superar las divisiones y conflictos que nos separaron, se choca con el afán revanchista de los que fueron derrotados en Chile con la intervención de las FFAA y en el mundo con el derrumbe del muro de Berlín gracias al liderazgo de Margaret Thatcher, Ronald Reagan y San Juan Pablo II.
A diferencia de Cuba con una eternizada dictadura, o en Cambodia donde los parientes de la Unidad Popular masacraron a un 10% de la población en nombre de su revolución marxista, lo que perfectamente pudo ocurrir en nuestro país, o de Corea del Norte o Alemania Comunista tan admirada por nuestra izquierda, en Chile tuvo lugar una revolución realmente libertaria, en la que el gobierno militar rescató los principios y valores fundamentales y transformó el país en una democracia ejemplar inspirada en la persona humana, su familia, su libertad y el rol subsidiario de un Estado al servicio de los ciudadanos.

El gobierno militar se dio un itinerario para transitar a una democracia plena, elaboró la Constitución Política de 1980, aprobada en plebiscito, modificada y ratificada por plebiscito y por el congreso pleno, y de acuerdo con la cual se celebraron elecciones ejemplares y el entonces Presidente Augusto Pinochet entregó el poder a Patricio Aylwin.
Los otrora derrotados en Chile, los que trajeron las guerrillas cubanas, quienes reivindicaron la lucha armada contra los gobiernos democráticos y para quienes la muerte de civiles inocentes en el mundo es un mero efecto colateral de su revolución sangrienta y hoy se pasean por el parlamento (foto) mofándose de haber sido partícipes directos del asesinato de cinco jóvenes soldados y herido gravemente a otros 11 en el atentado cuyo aniversario 31 recordamos hoy, no pueden conciliar el sueño al comprobar que se ha consolidado el modelo que legó a Chile el gobierno militar.
Es esa desesperación de la izquierda la que, como pesadilla infantil, de la que surgen en este mes los ataques en contra de quienes sirvieron en nuestras FFAA.

Esta vez partieron los que insisten, en curiosa coincidencia con procesos eleccionarios y contra opiniones expertas, en ver veneno en los cuerpos, cuando solo está en sus mentes; los llamados a hacer justicia que se amparan en la fuerza de la ley para despreciar el valor de informes médicos sobre la incapacidad y demencia senil de quien la misma “justicia” condenó sobre la base de suposiciones, ya que no hay elementos siquiera para presunciones, pero además con desfachatez se confiesa que esa condena deja de aplicar el derecho chileno, con el soberbio sustento de no estar de acuerdo con la ley.

Todos seguiremos viendo en silencio, como verdaderos cómplices pasivos, la repetición de casos de condenas a soldados, cada vez de más baja graduación, al parecer tratando de expiar culpas o espantar fantasmas del pasado con la denegación de justicia a los que vistieron el uniforme que este mes honramos.

Nadie quiere saber del general que, tras una década de proceso judicial fue absuelto en primera instancia, sentencia confirmada por la Corte de Apelaciones y vista su causa en algo más de media hora por la Corte Suprema, sin decir sobre qué base ni qué razón de hecho, y mucho menos de derecho, se envía a la cárcel a quien a los 20 años de edad iniciaba su carrera militar.
Ahora la cueca del odio se entonará contra ancianos uniformados, ilegal e inhumanamente encerrados en Punta Peuco, unos que no saben dónde están ni el por
qué y otros llevados a los 90 años en pijamas, y cerrará el penal para trasladarlos a penales civiles con el fin de seguir construyendo la fábula del exterminio de la izquierda como bálsamo para atenuar la frustración de su derrota.
Puede que no se cumpla eso de que tanto va el canto al agua que…. pero cada día los chilenos estamos más conscientes que el Chile que estaba al borde del desarrollo, el del espacio amplio para el emprendimiento, el de la libertad y modernidad, es el verdadero legado del 11 de septiembre de 1973.
Junto con rendir homenaje a los soldados asesinados el 7 de septiembre de 1986, reivindico mi derecho a discrepar de la “historia oficial” y saludo con respeto y admiración a las Fuerzas Armadas y de Orden en los aniversarios de este septiembre.

Relato de un intento fallido de un magnicidio

Por Yordan Tavra Checura, Mayor (R) de Carabineros

Soy un Mayor de Carabineros en retiro. El motivo de mi retiro obedeció a las graves lesiones recibidas en la tarde del 7 de Septiembre de 1986, tarde en la cual en la cual me desempeñaba como Jefe de la Escolta Policial de S.E. El Presidente de la República Capitán General Don Augusto Pinochet Ugarte, junto al dispositivo del Ejército y de Carabineros. Éramos todos jóvenes, ya sea vistiendo nuestro uniforme de Carabinero y en forma unida a nosotros al Capitán de Ejército Juan Mc Lean a cargo de la protección personal del Primer Mandatario, todos cumpliendo con nuestra más importante función y misión de proteger la vida de nuestro Presidente.

Ese 7 de Septiembre de 1986, en el Cajón del Maipo (Melocotón) nada hacía presagiar los acontecimientos que nos tocarían vivir ese día, con motivo del traslado habitual que hacia nuestro Presidente desde esa localidad a su residencia en Santiago. En esa oportunidad lo hacía acompañado de uno de sus nietos Rodrigo, un jovencito de no más de 8 años.

La comitiva era reducida, por razones médicas de la Primera Dama Sra. Lucía Hiriart, quien permaneció en El Melocotón, se dejó un equipo médico y la ambulancia en caso que se requiriera en dicha localidad, por ende y, como pocas veces, la columna de vehículos se encontraba  reducida a cinco, conforme al siguiente detalle:

Dos Motoristas de Carabineros

Primer auto Chevrolet Opala de Carabineros comandado por mí y tres Carabineros.

Segundo auto Mercedes Benz: conductor, Edecán Naval Don Pedro Arrieta Gurruchaga y el Capitán General Augusto Pinochet U.  y su nieto Rodrigo.

Tercer Auto Ford LTD, a cargo del Capitán Juan Mac Lean Vergara con su tripulación de tres soldados.

Cuarto Auto Mercedes Benz: Médico de turno y escolta.

Quinto Auto Ford LTD, con personal de Comandos.

Para hacer un breve relato de lo ocurrido, trataré de ser lo más objetivo posible:

Ese día procedimos a dejar El Melocotón con el dispositivo de S.E., el Presidente de la República, a la hora programada pasado unos minutos de las seis de la tarde, el equipo de avanzada nos comunicó “ruta sin problemas”, los puentes debían ser cubiertos por personal experto en explosivos, lo que nos dio una cierta tranquilidad en el camino a seguir, pese a lo álgido de esa fecha. . El día previo 4 de septiembre, se habían desarrollado actos violentistas en la capital como conmemoración a la fecha de la asunción al poder de Salvador Allende.

Al llegar al sector de la cuesta de Las Achupallas (cerca de la localidad del pueblito de la Obra), en ese entonces la vía era estrecha y con algunas curvas, motivo por el cual ordené que ambos motoristas escoltas se adelantaran con el fin de despejar el camino dado la mala visión para el resto de la columna, situación que así ocurrió.

Al acercarnos a dicha cuesta uno de los motoristas (Cabo 1ro Carlos Sepúlveda) me informa escuetamente “cuidado Jefe”, ya que metros más adelantes comenzaba a bloquear el camino una camioneta Peugeot con un tráiler, ambos motorista lograron pasar el obstáculo.

Uno de ellos, el Cabo 1ro. José Carrasco, pese a que su radio fue destruida con disparos aceleró para dirigirse rápidamente al Reten Las Vizcachas de Carabineros a objeto de solicitar ayuda y refuerzos,

El otro motorista, Cabo 1ro. Carlos Sepúlveda, se ocultó a escasos metros de donde enfrentaría a los extremistas en su huida con su único armamento una pistola de 9mm (15 cartuchos).

Mientras eso ocurría, más atrás el bloqueo fue completo, lo que nos impidió romper el cerco. En forma instantánea comenzó un fuego graneado sobre nuestros vehículos, explosiones de granadas de mano arrojadas por estos terroristas.

Junto a ello se escuchaban las explosiones de los cohetes antitanques LOW. De inmediato, y con las armas que poseíamos. repelimos fuertemente el ataque hasta el último cartucho, al quedar inutilizados los vehículos nuestros, producto del ataque que éramos objeto los que logramos bajar de ellos (otros no tuvieron la oportunidad de hacerlo) logrando repeler en forma, con toda nuestra potencia de armas que portábamos, cubriendo así la retirada de los dos vehículo blindados en uno de los cuales iba el Presidente de la República, que pese al gran concentración de fuego y explosivos que recibieron y el blindaje de ambos Mercedes, lograron evacuar el lugar y regresar a El Melocotón, guiados por el Edecán Naval en ese entonces Capitán de Corbeta Pedro Arrieta Gurruchaga (Q.E.P.D.) llevando a salvo al Presidente de vuelta sano y salvo al Melocotón.

Mientras eso ocurría y con el blanco principal fuera del foco de ataque, toda la concentración de fuego por parte de los extremistas se dirigió a los que quedamos allí, escoltas muertos y heridos, donde siguió un desigual combate.

El grupo extremistas (25 tiradores) ocultos en el cerro con un gran potencial de fuego (Fusiles de asalto M-16) y nosotros ya heridos desde lo que quedaba de nuestros vehículos, nos dieron con todo, pese a la tenaz resistencia ofrecida con las armas que portábamos (Subametralladoras UZI y Pistolas Taurus).

Luego, siguiendo órdenes, según yo escuchaba al jefe del grupo extremistas dando órdenes de retirada ya que el objetivo principal de su plan se había retirado, los terrorista huyeron en diferentes vehículos en dirección a Santiago. Me encontraba casi sin poder moverme producto de los siete impactos de balas recibidos en diferentes partes del cuerpo, mi conductor Sargento 2do. Carlos Córdova, a quien saqué del auto inconsciente y con una de sus extremidades destruida, producto de una granada, mi patrullero, Cabo 2do. Pablo Silva Pizarro, fallecido, y el Cabo 1ro Miguel del Rio Méndez, herido de gravedad.

Atrás quedaron los vehículos Ford de la escolta militar quemándose totalmente, junto a ellos los soldados Cabo 1ro (E) Miguel Ángel Guerrero Guzmán, Cabo 1ro (E) Cardenio Hernández Cubillos, Cabo 1ro (E) Gerardo Rebolledo Cisternas y Cabo (E) Roberto Rosales Martínez, todos ellos fallecidos por la mano artera de los extremistas.

Heridos quedamos diez integrantes de ese grupo de protección a nuestro Presidente General Augusto Pinochet Ugarte.

El análisis del fracaso rotundo a este magnicidio pienso que es tema para otra ocasión, ya que lo que relato fue lo vivido personalmente en esa fatídica tarde, que mentes distorsionadas pensaban que, de haber tenido éxito, el país se convertiría en una anarquía insospechada y con ello traerían más muertes y destrucción a nuestro país, hecho que afortunadamente no se cumplió.

Hoy quiero resaltar en forma muy sentida  un homenaje a aquellos compañeros de armas que ya no están y los que sobrevivimos, quienes no dudamos un minuto en cumplir nuestro sagrado juramento de servir a la Patria hasta rendir la vida si fuese necesario.

Ahora, a 31 años de esa fecha imborrable para los que sobrevivimos al artero ataque extremista, vemos con desconsuelo, que cada año que pasa, el homenaje y recordación que se hace a los caídos va cayendo cada vez más en el anonimato.

Los primeros años el Ejército preparaba dicho homenaje en el mismo lugar donde ocurrió dicha situación, posteriormente al fallecimiento del que fuera Presidente, Capitán General Augusto Pinochet Ugarte, fue en la Capilla de la Escuela Militar, posteriormente en la Iglesia del Obispado Castrense y los últimos años en una Capilla al interior del Edificio del Ejército Bicentenario.

Personalmente no asistiré a dicho lugar, por considerar que año a año en vez de enaltecer a aquellos que murieron cumpliendo con su deber en forma heroica y que sean un ejemplo para nuevas generaciones, los organizadores de éste “homenaje” se limiten a hacer una misa sintiendo que cada vez el motivo fundamental de rememorar esta situación se va diluyendo en el tiempo.

Por otra parte ser testigo presencial, de que los jueces sigan deteniendo y procesando por hechos que ocurrieron décadas atrás a Miembros de las Fuerzas Armadas, que salvaron a Chile de la debacle y del Comunismo, ahora ancianos y muchos de ellos presentando graves dolencias propias de su edad, siendo arrastrados y vejados de la peor forma a lugares de reclusión, por juicios injustos y alejados totalmente de nuestro sistema jurídico, con claro fin de venganza y como dicen ellos «sin perdón ni olvido».

Como dice un periodista muy respetado por mí, funcionó el “Lavado de Cerebros”, ya a nadie le importa todos los que un día liberaron a este país del comunismo ateo, que querían convertir a nuestro país en una nueva Cuba o como está actualmente Venezuela.

A aquellos detenidos injustamente yo los considero como “prisioneros de guerra olvidados”, olvidados por sus Instituciones, camaradas de armas, políticos que aprovecharon convenientemente durante el Gobierno Militar y que ahora -con una amnesia digna de ser tratada por los mejores facultativos- no se recuerdan de nada.

 

 

 

 

Tiempo de Mea Culpa

Por Roberto Hernández Maturana

Recientemente 16 ex Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y Directores Generales de Carabineros (Todos en grados subalternos en 1973), se manifestaron públicamente  llamando a las autoridades de hoy y de mañana a reflexionar sobre el grave aislamiento que se está produciendo artificiosamente entre la ciudadanía y el mundo militar, así como también llamaron “a buscar los consensos que aseguren un actuar político y judicial con visión de futuro, con una justicia sin discriminación, con las garantías procesales a que tienen derecho todos los chilenos…».

Sin embargo, las torpes declaraciones del ministro de Defensa José Antonio Gómez en el sentido que: “si en dictadura 13 o 16 comandantes en jefe hubiesen hecho una declaración de esta naturaleza, les aseguro que estarían presos o desaparecidos”, sólo vienen a reafirmar que la izquierda y la justicia, si creen en su fuero intimo que se actuó entonces bajo el concepto de Obediencia Debida, por órdenes recibidas en situación de excepción constitucional, pero el concepto de venganza por sobre el de justicia, continúa primando tanto en nuestras autoridades como en nuestra judicatura.

Lo confirman declaraciones de personeros judiciales como el ex juez Alejandro Solís, quien declaro en un programa televisivo que se usaban “ficciones jurídicas” para la condena de ex uniformados, o más recientemente, la declaración del ministro Jaime Arancibia Pinto, quien condenó al anciano general retirado  Héctor Orozco Sepúlveda a cumplir prisión en Punta Peuco, al diario El Mercurio de Santiago del 3 de Septiembre, donde al planteársele  que en muchas causas se acusa solo por una presunción, manifiesta…Más que eso, es porque en muchos casos ellos (los militares) no reconocen participación alguna. Al no reconocer participación alguna, toda la construcción condenatoria se basa en presunciones judiciales. Y por ese motivo, como ellos no reconocen participación alguna, nunca se ha discutido, por lo menos en mis causas, el tema de la obediencia debida.” 

De esta forma, hoy, a 44 años de ocurridos los trágicos acontecimientos que nos llevaron a un quiebre institucional provocado por la crisis política generada por el desgobierno y la intolerancia de lado y lado que llevaba al país a un enfrentamiento de proporciones inimaginables, son los ex integrantes de las FF.AA. los únicos – quiénes ante la indiferencia y aislamiento del resto de la sociedad provocada por 28 años de contar una versión sesgada y unilateral de la historia –  han debido cargar sobre sus hombros todo el peso de una persecución político – judicial que día a día condena a más uniformados, en su gran mayoría subalternos en la época que se vivieron los hechos, habiendo fallecido los responsables políticos y también, porque no decirlo, militares de entonces.

Si a lo anterior se agrega que hoy se encuentran en libertad, todos aquellos que empuñando las armas fueron condenados o cometieron delitos terroristas (algunos ejerciendo hoy importantes cargos de gobierno o parlamentarios), y habiéndose  soslayado toda responsabilidad, de quienes entonces ejercían la autoridad política en el gobierno y en la oposición, unos incitando a la violencia y otros golpeando desesperadamente las puertas de los cuarteles, la sensación de injusticia y asimetría crece día a día entre los uniformados en retiro.

Es tiempo de que los chilenos podamos mirar hacia el futuro, sin olvidar nuestro pasado, pero con capacidad de perdonarnos, reencontrarnos y rescatar el alma de la nación.

La revolución de 1891 causó más de 10.000 muertes sólo en las batallas de Concón y Placilla. Las autoridades de entonces fueron capaces de mirar hacia el futuro, y a pesar de las heridas, en 1895 se dictó una ley general de amnistía…. Lecciones de nuestros abuelos.

Vale la pena consignar aquí las ultimas reflexiones del ministro Jaime Arancibia expresadas en la entrevista ya mencionada: “¿No es más valioso en vez de estar investigando quizás ad eternum todas esas causas, buscar un punto de equilibrio, una conciliación, un arreglo, un acuerdo entre los intereses de las víctimas y los intereses de los victimarios?” y agrega ““tendrían que intervenir todos los poderes del Estado y las personas interesadas Siempre que estén de acuerdo en darle un punto final a todo esto, lo cual es difícil porque son puntos de vista muy encontrados. Pero yo creo que en algún momento dado tenemos que enfocarnos nosotros en ese problema y tratar de buscar una solución. O sea, algo que satisfaga a las dos partes.”

Es tiempo de pensar en el futuro. Chile no superará el odio  si no se ejerce una justicia igual para todos los chilenos, si no se cuenta la historia completa, con sus luces y sus sombras. Es tiempo del mea culpa de todos los chilenos, y no sólo de quienes cumplieron órdenes recibidas en un periodo caótico de nuestra historia mundial, que repercutió gravemente en Chile y en el que las FF.AA. y Carabineros fueron el instrumento usado y manoseado para superar sus conflictos.

En esto, la última palabra la tienen nuestros parlamentarios; sus antecesores  los parlamentarios de 1973,  no supieron o no quisieron solucionar los graves problemas socio – políticos de entonces, al revés, atizaron el fuego  que llevó al incendio en el que hoy los únicos que pagan sus consecuencias son los viejos militares de hoy, jóvenes subalternos de entonces.

La democracia se lesiona cuando la justicia se basa en ficciones jurídicas

Por Jorge Arancibia Reyes, Almirante, Ex Cdte en Jefe de La armada

Frente a un mensaje destinado a incentivar una reflexión profunda sobre la necesidad de hacer un esfuerzo para reforzar la amistad cívica y la cohesión social, formulado por los ex Comandantes en Jefe y Directores Generales de Carabineros, con respecto al trato discriminatorio e injusto que se ha aplicado a aquellos miembros de las FFAA, que tuvieron que enfrentar el quiebre institucional generado por la incapacidad política previa al 11 de septiembre del año 1973, la Ministra Narváez se apuró en responder con la clásica frase de que “La democracia no se lesiona cuando actúa la justicia”.

Ministra, sÍ se lesiona la democracia cuando la justicia se basa en ficciones jurídicas, cuando a los militares se les juzga con un sistema distinto al del resto de los chilenos, cuando no se observan las normas del debido proceso como la prescripción de la acción penal o la cosa juzgada, sobre la base de su inaplicabilidad por constituir delitos de Lesa Humanidad, delitos que en nuestro país fueron legislados el año 2009 y, específicamente, sin efecto retroactivo.

Tampoco se refuerza la democracia ni la justicia Señora Ministra, cuando vemos con incredulidad como se arrastra a un penal a un anciano que no sabe donde está parado, sin darle tiempo para vestirse y en horas de la noche. Este acto ya no es justicia, ni siquiera venganza Señora Ministra, es brutalidad deshumanizada y por eso, habríamos esperado una respuesta más reflexiva y que apuntara a los propósitos perseguidos, que para usted debieran constituir Objetivos de Estado.

 

Coroneles de Ejército, Fuerza Aérea, Carabineros y los Capitanes de Navío de la Armada en retiro, adhieren a lo expuesto por los ex Cdtes. en Jefe de las FF.AA. y Directores Grales de Carabineros

Carta publicada en diario El Mercurio de Santiago, el 9 de Septiembre de 2017

Los abajo firmantes reunidos -desde hace años- en la Corynav, organización que reúne a los Coroneles de Ejército, Fuerza Aérea, Carabineros y los Capitanes de Navío de la Armada en situación de retiro, expresamos nuestro respaldo a la publicación que, en este prestigioso medio, hicieran los ex Comandantes en Jefe de las FF.AA y ex Generales Directores de Carabineros de Chile  en la cual llaman a las autoridades nacionales a reflexionar en torno a los hechos del pasado y a la necesidad de: “…reforzar la paz interior, la amistad cívica, la cohesión social…”

Así mismo, nos sumamos a la preocupación de nuestros Generales por la forma en que la política y la justicia han transgredido la simetría en las responsabilidades que le cupieron a los actores –activos y pasivos- del ayer.

Perseguir a unos y otorgar impunidad a otros… no es el camino que nos sugiere la historia y mucho menos, la actitud que esperamos de las autoridades para alcanzar el sueño de construir un mejor futuro para nuestra patria.

 

Crl Cristian Labbe Galilea. Pdte. del Centro del Coroneles del Ejército en retiro

CN Alejandro Armstrong de Aguirre. Pdte. de la Cámara de Capitanes de Navío en retiro

CA Sergio Lizasoain Mitrano. Pdte. del Circulo de Coroneles de Aviación en retiro

CC Hector Jara Llanos. Pdte. del Circulo de Coroneles de Carabineros en retiro

Multigremial FACIR se refiere a Carta publicada por ex Cdtes en Jefes de las FF,AA. y Directores Generales de Carabineros

Para la Multigremial de Militares y Policías (R) las declaraciones realizadas por los 16 Ex Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y Generales Directores de Carabineros son el reflejo que la Doctrina Militar jamás se pierde, que las Instituciones Armadas han sido, son y serán una sola siempre, y que desde la condición de Ex Comandantes han colocado en evidencia lo que por largo tiempo se ha venido sosteniendo por los uniformados en retiro respecto de los abusos, injusticias y arbitrariedades que se comenten hacia aquellos militares y policías que están procesados y condenados.

Así lo resaltó el Presidente de la Multigremial Nacional del Personal en Retiro de las Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI, Alejo Riquelme Solis, quien agregó que las reacciones del Gobierno, a través de su Vocera y del Ministro de Defensa, son equivocadas y poco afortunadas, dejando en evidencia la politización recurrente que hacen del tema militares y DDHH, actuando en una permanente contradicción, pues para algunas cosas se encogen de hombros y miran hacia el lado, y para otras llegan a levantar catedrales con tal de hacer valer su verdad.

La lectura que debe hacer el Gobierno, el Poder Judicial, los Parlamentarios y los políticos en general con esta declaración es que las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad son una sola. Que el actuar que se ha dado por parte de los tres Poderes del Estado está teñido de arbitrariedades, ilegalidades e inconstitucionalidades que son y serán la vergüenza del mañana. Y que estamos frente a una odiosidad tremenda, mantenida de forma artificiosa que en nada contribuye a la reconciliación, al Estado de Derecho,  y al bienestar como sociedad y país, que tanto se necesita en estos tiempos.

“Lo obrado por los 16 CCJJ y GG Directores es un llamado a la unidad, al equilibrio, a cerrar el pasado que de forma artificial se quiere mantener abierto. Ya no se sostiene en el tiempo el seguir con estas injusticias, pues pueden provocar graves escisiones sociales, que la historia nacional ya conoce y que  ha lamentado”, sostuvo Alejo Riquelme Solis, agregando que el Poder Judicial debe enmendar el rumbo, si no quiere ser recordado como un Poder de la República que prevaricó y avaló arbitrariedades e inconstitucionalidades en juicios a militares y policías. “Ellos lo saben”.

 

Valparaíso, 09 de septiembre del 2017

 

Gobierno respondió a carta de ex comandantes en jefe: «La democracia no se lesiona cuando actúa la justicia»

La ministra vocera del gobierno, Paula Narváez se refirió a la carta enviada a El Mercurio por  16 ex comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas llamaban FF.AA. y Carabineros, en la que pidieron «no poner en riesgo los logros» en materia de entendimiento civico militar tras la dictadura.

«La apertura de nuevos procesos no sólo vinculados a muertes o desapariciones, sino también con denuncias de todo tipo, la falta del debido proceso que sufren cientos de militares y carabineros, penas cada día mas altas a condenados muchas veces sólo por presunciones, el ensañamiento para mantener presos a personas ancianas, el anunciado cierre del penal Punta Peuco, marcan un importante retroceso» sostuvieron los ex comandantes en jefe de las FF.AA. y Carabineros.

«Lo que estos años ha habido es un esfuerzo por más verdad, más justicia y más reparación, ese es el único camino posible, lo que necesita nuestra democracia. Afortunadamente la democracia no se lesiona, ni las instituciones tampoco, cuando actúa la justicia» dijo Narváez.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, dijo que «el llamado que hacemos es a cuidar nuestra democracia».

Por su parte el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, también comentó la carta en la que los ex Jefes militares y de Carabineros llamaban “a buscar los consensos que aseguren un actuar político y judicial con visión de futuro, con una justicia sin discriminación, con las garantías procesales a que tienen derecho todos los chilenos”.

Consultado por el tenor de la carta, que además denunció “falta de debido proceso” en las causas por violaciones a los DD.HH., la autoridad contestó: “Los ex comandantes en jefe son civiles. No son parte de la institución. Por lo tanto, tienen la posibilidad de opinar. Lo segundo y que quiero decir con mucha fuerza es que me alegro de poder vivir en un país como Chile en que tenemos libertad de expresión”.

Gómez aseguró que “si en dictadura 13 o 16 comandantes en jefe hubiesen hecho una declaración de esta naturaleza, les aseguro que estarían presos o desaparecidos”.

Para el ministro, hay que tener claro que “existe justicia independiente, tribunales, procedimientos que hoy son posibles de tener gracias a un sistema democrático”.

En este sentido, la autoridad sostuvo que “la libertad de expresión que pueden desarrollar es gracias a un sistema democrático. Las decisiones políticas las toma el gobierno y las decisiones judiciales los tribunales”. 

Respecto al “cambio de condiciones” que denunciaron los ex altos cargos militares respecto al cumplimiento de condenas, Gómez explicó que “Punta Peuco se construyó pensando en cumplimiento de penas de quienes cometieron violaciones a los DD.HH”, y explicó que actualmente “tenemos dos penales: Punta Peuco y Colina 1”.

En este sentido, la autoridad enfatizó que donde cumplen condena las personas sentenciadas “es una decisión del Ministerio de Justicia. Ellos determinarán cual es el camino que tendrá definitivamente Punta Peuco”. Y agregó que de acuerdo a la ley al Ministerio de Justicia y a Gendarmería les corresponde “definir y decidir cómo se cumplen las penas”.

 

Septiembre, Fuerzas Armadas y Carabineros

Carta suscrita por 16 ex Comandantes en Jefe de las FF.AA. y Carabineros de Chile, publicada en El Mercurio de Santiago, el 7 de Septiembre de 2017

Chile vive un nuevo septiembre. Las Fiestas Patrias nos llaman a renovar nuestra fe en el destino que todos aspiramos y que estamos llamados en conjunto a construir. La democracia y las instituciones se han consolidado y se han abierto espacios para seguir progresando. En la construcción de ese Chile que queremos, resulta vital reforzar la paz interna, la amistad cívica, la cohesión social y los consensos políticos.

A este esfuerzo nadie puede restarse. Sin embargo, para las FF.AA. y Carabineros, especialmente para su personal en retiro, se han generado brechas que van separándolas de una sociedad de la cual forman parte. En el último tiempo, ha habido una transgresión a las formas como la política y la justicia enfrentaban el ayer, respecto de las responsabilidades que les pudieran caber a las instituciones y su personal en los hechos del pasado. La manera de lograr el común objetivo de alcanzar justicia, verdad, reparación y asegurar la no repetición de las violaciones a los DD.HH., en el contexto de una justicia transicional, se ha visto afectada, cuando en el plano político y judicial se mira y evalúa el ayer solo con los ojos y criterios de hoy.

La apertura de nuevos procesos, ya no solo vinculados con muertes o desapariciones, sino con denuncias de todo tipo -muy difíciles de probar-; la falta de debido proceso que sufren cientos de militares y carabineros; penas cada día más altas a condenados muchas veces solo por  presunciones; el ensañamiento para mantener presos a personas ancianas -que incluso han perdido la noción de lo que sucede-; el anunciado cierre del penal Punta Peuco, que en democracia y por acuerdo político, se construyó para el cumplimiento de penas privativas de libertad; la aplicación unilateral del sistema procesal penal antiguo y de normas con efecto retroactivo, marcan, entre otros aspectos, un importante retroceso de la forma como se actuaba para que este sector de chilenos asumiera sus responsabilidades en un marco de justicia y dignidad propias de una transición.

Es por ello que consideramos grave que al único sector que ha asumido sus culpas en el ayer se lo discrimine tan abiertamente. Por el contrario, los otros actores, activos y pasivos, en la tragedia de antaño, disfrutan de un Chile donde para ellos están todos los caminos y espacios abiertos, sin que hayan respondido por sus propias culpas, que en el caso de los ámbitos políticos y judiciales no fueron ni pocas ni menores. Para qué decir de aquellos que optaron por la vía armada y que ganaron la impunidad.

La situación descrita nos duele y nos preocupa. Cada uno de nosotros, en el ámbito de nuestras responsabilidades y en la época que nos correspondió, contribuimos a un actuar que buscó cerrar las heridas existentes, en el convencimiento de que había una voluntad de considerar el contexto del pasado y hacer racionalmente justa la forma de responder por el mismo. Actualmente, se ha trastocado todo aquello.
Hacemos un llamado a las autoridades de hoy y de mañana a reflexionar sobre esta situación, así como a buscar los consensos que aseguren un actuar político y judicial con visión de futuro, con una justicia sin discriminación, con las garantías procesales a que tienen derecho todos los chilenos y donde se aplique la máxima de «dar a cada cual lo suyo, sin más».

No pongamos en riesgo los logros con tanto esfuerzo alcanzados, manteniendo artificiosamente las divisiones del pasado. Fortalezcamos en vez de debilitar a instituciones fundamentales de la República.

En el mes de la Patria, donde la ciudadanía como siempre mira la historia de Chile y rinde tributo a sus instituciones militares, nos parece legítimo que, después de 44 años, aspiremos a vivir en un Chile reconciliado, que con tanta decisión y valor las FF.AA. y Carabineros han ayudado a construir.

Óscar Izurieta
Juan Miguel Fuente-Alba
Ex comandantes en jefe del Ejército

Jorge Arancibia
Miguel Vergara
Rodolfo Codina
Edmundo González
Enrique Larrañaga
Ex comandantes en jefe de la Armada

Fernando Rojas
Patricio Ríos
Osvaldo Sarabia
Ricardo Ortega
Jorge Rojas
Ex comandantes en jefe de la Fuerza Aérea

Fernando Cordero
Manuel Ugarte
Eduardo Gordon
Gustavo González
Ex generales directores de Carabineros

¡ByeBye… hasta la vista Baby!

Por Cristián Labbé Galilea

Es sabido que los taxistas son un buen barómetro de la realidad, excepto cuando nos toca uno que nos dice que sí a todo, nunca tienen opiniones contrarias y siempre está dispuestos a complacernos…“esta nublado…” ¡así es!..;  “yo creo que va a despejar”… ¡pienso lo mismo!…; “jugaron mal”,¡es cierto!  “Pero tuvieron mala suerte”,  ¡también es cierto!

Lo normal es el taxista comunicativo.Así fue como hace pocos días, al subirme a un taxi, el conductor“en un santiamén”se transformó en “opinólogo”… ¡Yo no entiendo mucho de política -señor- pero al parecer… la cosa no está bien… la gente se queja de la delincuencia, además,todos andan muy odiosos e intolerables,no vaya uno a quedar un centímetro sobre un “paso de cebra” y le recuerdan a la mamá y a la familia completa…!

Sin mucho rodeo llegamos a la bravata de la Presidente Bachelet-en relación a la idea dela oposición de modificar la ley que despenaliza el aborto-:»Las minorías no pueden cambiar la decisión de las mayorías“(sic).  

Para mi locuaz taxista se trataba de una “tremenda parada de carro” de la Presidente a la oposición… Para mí era quizá lo más grave que había escuchado en el último tiempo, porque revelaba una peligrosa ignorancia de la primera autoridad sobre los conceptos de democracia, mayorías, minorías y derechos humanos…  Tema difícil de argumentar en pocos minutos… pero “los tacos y el tráfico me dieron una mano”.

En sencillas palabra le explique a mi interlocutor que: “La democracia no es el gobierno de las mayorías sino el gobierno de todos… lo que implica el respeto a los derechos de las minorías”… puse énfasis en que el objetivo era lograr… “una sana, pacífica y tolerante convivencia orientada por valores como: el pluralismo, la justicia, el desarrollo, la paz social, la libertad, entre otros…”.

Don Manuel (a esas alturas ya sabía su nombre) me replicó…“estamos hablando de autoridades electas democráticamente”. Le interrumpí: Amigo Manuel… un país que hace elecciones no es un país automáticamente democrático”… “No basta con decir que se es democrático, hay que serlo de verdad y tener una actitud de respeto a los derechos fundamentales de las personas… Cuba, Venezuela y tantos otros gobiernos de izquierda se dicen democráticos… ¿Y?

Después de un silencio reflexivo de ambos…quise remarcar que,también, son contrarios a una actitud democrática los “golpes de autoridad”que se dan por intereses políticos coyunturales… “no se olvide don Manuel que -´quien habla sin razonar, mucho lo ha de lamentar»,   y eso es lo que le pasó a la Presidente en el caso del aborto;en el caso de la mina Dominga; en la salida del equipo económico y le está pasando con su persecución a los militares (el cierre de Punta Peuco). La democracia y los derechos humanos no son a medias, ni son sólo para unos pocos”.

Al llegar a mi destino habíamos concluido que: Ninguna decisión, aunque esté basada en la mayoría, será justa si no respeta los derechos humanos de todos y mucho menos si fomenta los privilegios y deseos de unos (las mayorías) a costa de la persecución de otros (las minorías).

Al despedirme, y mientras pagaba, agregue:“No se olvide don Manuel que… la Señora ahora es minoría (la respalda un 27%) y perfectamente podríamos -según sus dichos- decirle: ´si las minorías no pueden cambiar las decisiones de las mayorías´ entonces ¡Bye-Bye…! y ¡Hasta la vista Baby! pero seamos democráticos… ese gusto para noviembre”.

Habla el juez que mandó a Punta Peuco al general (r) Orozco:

Extractado de El Mercurio de Santiago, domingo, 03 de septiembre de 2017, de entrevista realizada por la periodista  por Lilian Olivares

Tiene una carrera de 40 años en el Poder Judicial y desde 2014 es ministro extraordinario en casos de derechos humanos.
En 2013 fue presidente de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y desarrolló un fuerte movimiento comunicacional y cultural.

El ministro Jaime Arancibia Pinto (66) -el juez que mandó a Punta Peuco al general (r) Héctor Orozco Sepúlveda (89), provocando una impactante reacción de su hermano, el conocido doctor René Orozco (ex presidente del Club Deportivo Universidad de Chile)- es de Colo Colo. Y dice que «a veces» los de la «U» tienen razón. Pero en algo no le encuentra razón al doctor Orozco, en que señaló que «esto no es justicia; es venganza», cuando se enteró que el condenado había sido llevado en pijama a Punta Peuco. Para Arancibia, lo ocurrido es justicia.
No ha participado en política, dice, y por algunos períodos estuvo en lo gremial, siendo secretario general de la Asociación Nacional de Magistrados.
No es partidario de la ley de amnistía ni de la media prescripción en delitos de lesa humanidad.
En su labor en materia de derechos humanos contabiliza 50 procesamientos y seis condenas. La sexta es la del general que fue titular de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ejército y director de Televisión Nacional en tiempos del régimen militar, sentenciado a 10 años y un día por el homicidio calificado de dos dirigentes socialistas, en 1973, en San Felipe.

¿Qué elemento tuvo usted en consideración cuando determinó que el general (r) Héctor Orozco fuera a cumplir su condena a Punta Peuco, a los 89 años?
«Bueno, tenía 88 en ese momento (ingresó el 22 de agosto y el día 25 cumplió 89). Y no había ningún antecedente distinto de los que existían en el proceso. Y esos antecedentes indicaban que la persona estaba en condiciones de soportar las consecuencias de un proceso. Y hay un informe del Servicio Médico Legal que así lo dice».
-Un informe del año 2013, y ya han pasado cuatro años…
«Puede ser. Pero posteriormente, me refiero al plenario el año pasado, conversé con el procesado -en ese momento acusado- y estaba en buenas condiciones».
¿Lo encontró totalmente cuerdo?
«Totalmente cuerdo. Posiblemente, con los problemas que pueden tener las personas de esa edad».
La defensa apela una vez que la Corte Suprema rechaza los recursos de casación. Hasta el minuto del «cúmplase» no había ningún antecedente de la situación mental de este condenado. Yo dicté el cúmplase el 5 de agosto y el 16 era la fecha en que debía presentarse para ser notificado. Y unos días antes, la defensa del general Orozco presenta un escrito, donde pide una forma distinta de notificación (art. 505 del Código de Procedimiento Penal), y hace presente los problemas que él tiene en ese minuto, acompañando dos certificados médicos: uno particular y otro del Hospital Militar».
¿Qué decían esos certificados?  
«Que tenía problemas propios de un alzhéimer o demencia senil. Ahí se podría haber iniciado perfectamente este procedimiento del art. 687, que consiste en ordenar exámenes ante el Servicio Médico Legal. Pero no se pudo hacer porque, paralelamente, se interpone un recurso de amparo. Hubo que esperar que se resolviera el recurso de amparo, tanto en la Corte de Apelaciones como en la Corte Suprema».
«Lo que pasa es que se presenta un escrito y yo resuelvo casi al mismo tiempo de despachar las órdenes de aprehensión, porque fue en el mismo momento. Justo llega la fecha del 16 de agosto».
¿Pero usted alcanzó a ver el escrito con los certificados médicos de Orozco, antes de que enviara a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI a detenerlo?
«Claro que sí, y lo que hago es un informe a la Corte de Apelaciones, que es donde se presenta el recurso. Pero uno no resuelve. Resuelve la Corte de Apelaciones».

¿A usted le preocupó si era o no efectivo que tenía alzhéimer?
«Uno no piensa si es efectivo o no es efectivo. Uno tiene que darles curso a las peticiones».
¿Pero por qué primero se ejecuta la condena, cuando ya existían los certificados médicos de la Clínica Tabancura y del Hospital Militar indicando que tenía alzhéimer?
» No es suficiente un informe particular. El único organismo técnico oficial es el Servicio Médico Legal».
¿Qué exámenes va a ordenar usted?
«Un informe que establezca la situación mental del condenado».
-Si efectivamente tuviera demencia senil o algún nivel de alzhéimer, ¿cuáles son las alternativas que usted tendría que barajar?
«Hay varias. Puede ser sobreseer la causa, puede ser que la persona vaya a otro lugar de reclusión o que sea puesta en su domicilio, dependiendo también de las condiciones».
¿Usted cree que a la edad de este caballero, los 10 años y un día son una condena a muerte?
«Yo no puedo dar una respuesta en esos términos, porque son cosas que escapan a mi función. Yo estoy simplemente para dar cumplimiento a una resolución judicial. El resto tiene que analizarse en su mérito, es imposible saber a priori «.

Respecto a las declaraciones de Clara Sczaransky, abogada y decana de la facultad de Derecho de la Universidad Mayor en el sentido de solicitar que alguien le explique de que manera son peligrosos los ancianos que están presos en Punta Peuco, el Ministro Arancibia que también es profesor de Derecho en la UDLA Viña del Mar afirma:
“Bueno, yo no sé si puedan ser peligrosos o no. Y ese peligro es un concepto bastante subjetivo. El tema es que la norma establece una condena y un lugar de reclusión. Eso lo dice la ley. En algunos casos eso puede ser alterado, siempre que se justifique o esté establecido legalmente, o por lo menos judicialmente. Pero si eso no es así, no deja de ser una simple reflexión. Puede haber muchas reflexiones al respecto”.
¿Y cuál es la suya?
Yo mantengo lo que dice la ley. La función que yo tengo es investigar una causa, establecer responsabilidades y aplicar las normas legales. No puedo ir más allá de ese análisis.

– Usted dice que estos casos de Derechos Humanos son muy difíciles de investigar porque ha pasado mucho tiempo, algunos han muerto. Y uno ve que en muchas causas son acusados solo por una presunción.
“Mas que eso, es porque en muchos casos ellos no reconocen participación alguna. Al no reconocer participación alguna, toda la construcción condenatoria se basa en presunciones judiciales. Y por ese motivo, como ellos no reconocen participación alguna, nunca se ha discutido, por lo menos en mis causas, el tema de la obediencia debida. 
Ahora, cuando yo le menciono todas las dificultades que tiene la prueba, las personas que se están muriendo, es verdad. Por consiguiente, cuando hago un análisis de todas esas causas pienso: ¿No es más valioso en vez de estar investigando quizás ad eternum todas esas causas, buscar un punto de equilibrio, una conciliación, un arreglo, un acuerdo entre los intereses de las víctimas y los intereses de los victimarios?
Dice, eso sí, que esto no lo puede hacer el poder judicial:
“tendrían que intervenir todos los poderes del Estado y las personas interesadas Siempre que estén de acuerdo en darle un punto final a todo esto, lo cual es difícil porque son puntos de vista muy encontrados. Pero yo creo que en algún momento dado tenemos que enfocarnos nosotros en ese problema y tratar de buscar una solución. O sea, algo que satisfaga a las dos partes.

Los chilenos somos incorregibles

Por José Rodríguez Elizondo, Abogado, profesor titular de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la universidad de Chile.

En cualquier país democrático de buen ver, los militares pertenecen a un subsistema del Estado, y eso los condiciona. No pueden ni deben intervenir en la operatoria del sistema político que los encuadra, pero no pueden ser ajenos a lo que ellos llaman «Política con mayúscula». En Chile ni siquiera es una práctica tácita, sino una convicción doctrinaria. En 1914, hace más de un siglo, la recordaba, así, un oficial del Ejército:
«Los gobiernos que piensan dar al Alto Comando la verdadera importancia debieran acercarlo a las distintas ramas de la política, pues así él se informaría mejor de la verdadera situación del país, abarcaría más intensamente todo aquello que pueda relacionarse con las alternativas tácticas o estratégicas».

Sin embargo, en el imaginario vulgar eso no está claro. Muchos creen que solo los civiles y sus políticos pueden pensar la Política y que si lo hacen los militares, caen en pecado de deliberación. El peligro de esa dicotomía aparece de soslayo: cuando esos civiles creen que sus políticos son incorregibles (suele suceder), pueden pedir que intervengan en la Política quienes no deben pensarla.
En el fondo de ese absurdo late una ficción cándida -que un erudito vincularía con las tesis de Karl Popper-, según la cual los civiles pueden despedir a sus representantes políticos cuando quieran y como quieran, mientras los militares se mantienen silenciosos en sus cuarteles. Obviamente, es una ficción jurídico-idealista, pero, al menos en Chile, con un fondo sicológico innegable: nuestros civiles han vivido tan desinteresados de los militares -y viceversa-, que cuando tienen episodios de confusión política tienden a olvidarlos.
Podría creerse que el golpe de 1973 terminó con ese olvido patológico, pues eso ya no fue un episodio. Fue una era trágica. Entonces, los militares salieron de sus cuarteles, enviaron a los civiles a sus casas, sus oficinas, las cárceles o el exilio (hubo cosas peores) y su jefe máximo no dio señales de querer volver a la normalidad. Percibiendo la novedad del cuadro, Gabriel Valdés, uno de nuestros políticos de envergadura real, reconoció, en 1985, la gran culpa compartida:
En Chile, por décadas, los militares y los civiles vivieron separados en compartimentos estancos. Recíprocamente se ignoraron, desarrollando al interior de nuestro mismo país dos culturas separadas. Ni los civiles sabíamos nada de los militares, ni ellos tenían, tampoco, mayor conocimiento de nosotros.

Lo dijo en plena dictadura, en tono de escarmiento, pues esa separación nos había llevado hacia «un abismo que ha sumergido al país en sufrimientos atroces». Pero, fantásticamente, ese escarmiento ya se olvidó. Duró solo lo necesario para afirmar los mecanismos básicos, electorales, del sistema democrático, pero no lo suficiente para conectarlo con el subsistema militar.
Para decirlo de la manera más directa: pese a la larga dictadura sufrida, seguimos soslayando hasta qué punto una pésima relación civil-militar explicó su emergencia, protagonismo y auge. Y no solo eso. Seguimos soslayando hasta qué punto puede marcar -o está marcando- los límites de nuestro actual desarrollo democrático.

Prisión del General Orozco

Por Esteban Tomic Errázuriz, cientista político y consultor chileno, ex embajador de su país ante la OEA

El encarcelamiento del general (r) Héctor Orozco, de 91 años y en mal estado de salud, visado favorablemente por la Corte Suprema, ofende las conciencias El inminente cierre del Penal Punta Peuco y el envío de esos internos a cárceles comunes, pone en peligro la unidad de la nación.
Tengo credenciales para afirmar ambas cosas: siendo funcionario diplomático en Alemania, fui destituido el 19 de septiembre de 1973 por medio de un decreto firmado por el general Pinochet. Permanecí once años en el exilio y colaboré activamente con la lucha por la vuelta de la democracia. En una palabra, fui un declarado opositor a la dictadura militar. Las tengo también porque fui educado en la Escuela Militar.

Durante tres años, siendo muy joven, conocí tanto los rigores de la enseñanza militar como sus virtudes. En la Escuela Militar, que entonces quedaba en la Avenida Blanco Encalada, conocí a oficiales cuyos nombres quedarían posteriormente registrados en los libros de historia. Dos de ellos, los generales René Schneider Chereau y Joaquín Lagos Osorio, rindieron, el primero su vida y el segundo su carrera profesional, en defensa de los valores de la democracia. También hubo oficiales, como el capitán Orozco Sepúlveda, comandante de mi compañía, que creyeron su deber luchar por valores contrarios a aquellos.
Ninguno de los oficiales nombrados siguió la carrera militar con la intención de jugar un día un rol en la política. ¿Qué sucedió, entonces? El historiador Gonzalo Vial lo explica así: «Cuando la política se vuelve incandescente, inevitablemente se desliza por debajo de la puerta de los cuarteles».

Entre 1970 y 1973, la política se deslizó efectivamente «por debajo de la puerta de los cuarteles». Los responsables de que esto ocurriese fueron los políticos de entonces. En 2017, 47 años más tarde, esto no se menciona.
No se trata de negar la responsabilidad por crímenes cometidos por militares. Se trata de alegar una atenuante que, en palabras de Goethe, «está a la vista, pero nadie repara en ella».
Se trata, también, de preservar la unidad de la nación, que pasa, como dijo Aylwin en su discurso inaugural en el Estadio Nacional, por entender que «civiles y militares, ¡Chile es uno solo!».
Así se actuó después de la Revolución del 91. Así deberíamos actuar hoy, aunque sea tarde.