El caso Aleuy y las señales de La Moneda

Editorial diario La Tercera,10 de Octubre de 2017

El giro que ha dado el gobierno, desechando la ley antiterrorista en La Araucanía, es un indicio más de que se privilegia el “legado” por sobre el interés del país.

La Moneda se ha infligido un severo daño político a raíz del insólito episodio que afecta al subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, quien, molesto por el giro del gobierno ante la persecución de delitos en la zona de La Araucanía -mientras se encontraba en Argentina, el Ministerio del Interior resolvió retirar la querella terrorista en contra de cuatro comuneros mapuches, cediendo a la presión que éstos ejercieron mediante una huelga de hambre- optó por presentar su renuncia, lo que el gobierno desestima asegurando que está haciendo uso de su “feriado legal”.

Es incierto cuál será el rumbo que tomará el subsecretario -la propia Presidenta de la República, en entrevista con este medio, dijo que “espero que vuelva”-, pero ciertamente se trata de un episodio que por sus características hace muy difícil dar crédito a la versión oficial, exponiendo a la propia mandataria a un bochorno de proporciones.

El episodio Aleuy no se trata, sin embargo, de un mero anecdotario político, sino que su trasfondo tiene profundas implicancias, pues deja en evidencia las fuertes divergencias ideológicas que cruzan a la Nueva Mayoría, y que la han hecho tropezar una y otra vez. En este caso, resultan evidentes las dificultades que ha enfrentado el gobierno para hacer frente a la violencia que afecta a la zona de La Araucanía, donde todo indica que las consideraciones ideológicas han terminado prevaleciendo, lo que socava el estado de derecho.

El programa de gobierno es textual cuando plantea que “no se aplicará la ley antiterrorista a miembros de pueblos indígenas por actos de demanda social”, promoviendo además una modificación de fondo de esta legislación. Sin embargo, con el correr del tiempo -y ante los graves y reiterados atentados que se fueron sucediendo-, el gobierno tuvo que rendirse a la realidad e invocar esta ley en la zona del conflicto indígena. Pero el súbito retiro de la querella contra cuatro comuneros, a pesar de que días antes desde el propio Ministerio del Interior se aseguraba que a la luz de los graves hechos imputados no resultaba posible retirar la querella, es signo de que se ha vuelto a esta postura inicial, donde una ley deja de aplicarse por motivos ideológicos y la seguridad pública queda entregada a criterios discrecionales.

Ante este escenario, no se entiende cuál sería el sentido de que el subsecretario Aleuy retorne a su cargo. En su entrevista, la Presidenta de la República entregó luces para explicar este cambio de giro, planteando que se decidió recalificar la querella “porque no nos gusta la Ley Antiterrorista”. Sus declaraciones -que además dejan en entredicho las varias otras querellas que ha presentado el gobierno invocando esta norma- coinciden con la petición que hiciera un grupo de altos funcionarios de la ONU, llamando al gobierno a no aplicar esta ley cuando se trata de lidiar con casos “en el contexto de protestas sociales de los mapuches”, lo que resulta de especial gravedad al provenir de un organismo internacional.

Este cambio de postura del gobierno -cuyo costo pagan los habitantes de La Araucanía- parece ser una nueva señal de que el gobierno de la Nueva Mayoría, y en particular la mandataria, centran su quehacer en esta etapa final en preservar el “legado” lo más fiel posible al ideario original de la Nueva Mayoría, algo que no necesariamente coincide con el interés del país.

 

 

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