Presidencialismo y Estado de Derecho

Por Orlando Sáenz, empresario metalúrgico

Chile es una excepción en América Latina gracias a dos instituciones que han sido los pilares fundamentales de su prosperidad durante la mayor parte de los algo más de dos siglos de historia republicana, y esas instituciones son su acentuado presidencialismo y su inalterable estado de derecho. Una poderosísima presidencia ha sido el motor de un desarrollo inédito en la región porque estuvo casi siempre en manos de estadistas preparados, experimentados, eficientes y con el bien común como objetivo supremo. Un estado de derecho que fue verdadera garantía de absoluta independencia, irrestricto imperio y perfecta igualdad ante la ley, fue casi siempre el marco que acostumbró a todos los chilenos a emprender con seguridad, a planear con perspectivas, a respetar la legalidad y a confiar en la justicia. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha demostrado que el torcido ejercicio de esos pilares de prosperidad puede convertirlos en tan eficientes elementos de destrucción como lo fueron usualmente de progreso. Y ello con el agravante de que el prestigio secular acomodado ciega hasta a los hombres públicos más esclarecidos al punto de impedirles enfrentar la realista critica de ellas y la necesidad de reformarlas incisivamente para que vuelvan a ser instrumentos de avance y no de retroceso. ¿Qué es lo que ha pasado con el presidencialismo y el estado de derecho? Ha pasado que la enorme pérdida de cultura política que ha sufrido la ciudadanía en los últimos decenios ha puesto la presidencia al alcance de personas carentes de todos o casi todos los atributos necesarios para el buen ejercicio del cargo. Ha pasado que el poder judicial se ha saturado, corrompido y politizado de tal manera que ha perdido todos los atributos de eficacia, imperio e igualitaria imparcialidad que ante lo constituyeron en garante de la estabilidad, la seguridad y la igualdad ante la ley. La democracia representativa es un lujo que solo se pueden permitir pueblos con un alto grado de cultura cívica y ya hace largo tiempo que se impone enfrentar con entereza la pregunta de que si el Chile actual da la medida para ello. Su postulado básico es que la soberanía reside en el conjunto de los ciudadanos que, para su ejercicio, la delegan en magistrados elegidos libre, informada y responsablemente por periodos limitados y con atribuciones perfectamente definidas. Cuando un pueblo pierde esa capacidad responsable de delegación de la soberanía, el sistema democrático no funciona y está condenado a desaparecer como nos demuestran numerosísimos ejemplos. Con activa complicidad de parlamentarios y magistrados, sucede que Chile ya carga con un muy importante porcentaje de su población constituido por alienígenas políticos, entendiendo por tales a quienes no tienen ni cultura ni compromiso para cohabitar en democracia con los ciudadanos respetuosos del sistema y de sus reglas. Esa ya enorme masa de alienígenas democráticos está compuesto de indiferentes, delincuentes, inmigrantes, ácratas de todo tipo, terroristas y anti sistémicos, y crece cada día como demuestran las crecientes cifras de la abstención electoral.

Obviamente, esa altísima abstención priva de legitimidad a las autoridades electas y debilita la totalidad del sistema. Si es que la democracia chilena, tan preciosa y penosamente recuperada, ha de subsistir y a recobrarse como motor del progreso, habrá que enfrentar con decisión tres tareas indispensables: la recuperación cultural de la ciudadanía, la limitación del presidencialismo y la reestructuración integral del poder judicial. No se necesita mucha imaginación para comprender la enorme dificultad que esas tres tareas implican. La recuperación de la calidad ciudadana pasa por un gran y prolongado proceso educacional y por la recuperación del prestigio y la confiabilidad de las instituciones republicanas. Todavía más, puesto que se necesita el convencimiento de que el alienígena es un adversario al que hay que reconquistar o neutralizar eficientemente, pero nunca pagarle para que se porte bien con mayores dádivas o impunidades. La limitación del presidencialismo es una necesidad impuesta por la simple observación de lo ocurrido en un mal gobierno. Y esa limitación debe ser tal que no menoscabe la capacidad de la acción positiva pero que impida las iniciativas desastrosas. No es posible, en los tiempos que corren, funcionar con un sistema político que carece de la capacidad de controlar las acciones del ejecutivo evidentemente contrarias al bien común, como es, por ejemplo, destinar un tercio de la recaudación adicional producto de una reforma tributaria aprobada para educación y salud, a acomodar en la administración pública a partidarios inútiles y claramente supernumerarios. En nuestra historia reciente han ocurrido varias tragedias que se podría haber evitado con una capacidad de control del poder ejecutivo que hoy no existe, como fue la crisis del gobierno de Allende y el desprestigio del sistema político en el Bachelet II. La propia Nueva Mayoría va a llegar, algún día, a la conclusión de que habría podido evitar su desastre si hubiera dispuesto de herramientas para orientar mejor las acciones del ejecutivo al que sustentó políticamente. Con todo, la más difícil de las tareas tal vez sea el reemplazo del actual poder judicial por otro que sea ágil, confiable, independiente, apolítico y claramente imparcial. En verdad cuesta entender que la única institución chilena que no acusó el trauma de Pinochet sea la que más colaboró con él en la negación de justicia a muchísimos chilenos. Ese mismo poder del estado, al que nadie jamás ha escuchado una expresión de contrición, es el que con desparpajo hoy es cómplice de la extrema izquierda en la tarea de vengarse de las Fuerzas Armadas a través de varias absurdas interpretaciones del derecho. Pero, por difícil que sea, hay que rendirse a la evidencia de que un sistema democrático no puede subsistir con un poder judicial como el que hoy día demuestra todas sus limitaciones, incongruencias e incapacidades como las que diariamente nos asombran.

 

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