Reclusos con enfermedades terminales

Editorial El Mercurio de Santiago, 4 de Marzo de 2018

El ministro de Justicia ha defendido públicamente el proyecto de ley presentado a fines de enero que modifica diversos cuerpos normativos para regular la situación de los reclusos que padecen una enfermedad terminal o cuyas facultades mentales se encuentran severamente disminuidas. Esta defensa destaca por los esfuerzos que realiza el ministro para justificar las disposiciones del proyecto que establecen diferencias entre los condenados por crímenes considerados de lesa humanidad y el resto de los reclusos. Cabe recordar que la propuesta plantea que si durante la ejecución de una sentencia se diagnostica al condenado una enfermedad terminal, el juez puede reemplazar la pena original por la de reclusión domiciliaria total. No obstante, si el enfermo terminal está condenado por hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad, solo podrá acceder a esta sustitución si previamente suscribe una manifestación pública de arrepentimiento por los hechos que le atribuye la sentencia.

Esta exigencia de suscribir una manifestación pública de arrepentimiento parece particularmente violenta, en especial si se tiene en cuenta que justamente en esta clase de delitos los condenados suelen mantener, con mejores o peores razones, pero en todo caso válidas desde el punto de vista de la libertad de conciencia, la convicción de su inocencia. Algo similar ocurre con la obtención de permisos de salida, libertad vigilada y reducción de la pena para los condenados por esta clase de delitos. Aparte de cumplir con los requisitos establecidos para cualquier interno, deben aportar antecedentes serios y efectivos de los que tengan conocimiento en causas criminales por delitos de la misma naturaleza, y además deben demostrar su arrepentimiento de diversos modos regulados en el proyecto de ley.

Lo anterior explica que se haya objetado que el proyecto, tal como está, no solo resultaría contrario al derecho a la libertad de conciencia -pues una cosa es aceptar y cumplir una condena pronunciada por un tribunal y otra muy distinta es considerarse subjetivamente culpable-, sino además contradictorio con sus propios fundamentos humanitarios. En este mismo sentido, puede resultar incluso cruel e inhumano que a una persona se le niegue una reducción de condena porque no está en condiciones de aportar antecedentes adicionales a los que ya arrojó la investigación, sea porque no los conoce o porque tales antecedentes simplemente no existen.

El establecimiento de un régimen de sustitución o mitigación de la pena para presos con enfermedad terminal o cuyas facultades mentales se encuentran muy deterioradas es una exigencia de humanidad, con independencia de que ella esté recogida entre los estándares de algún acuerdo internacional.

Si el proyecto obedece a razones humanitarias, no puede establecer diferencias en función de consideraciones ajenas a la condición humana de sus beneficiarios. Esta es precisamente la diferencia entre lo que se adquiere por mérito y lo que a una persona le corresponde en cuanto partícipe de la condición humana. Lo que el ministro de Justicia defiende es, pues, la cuadratura del círculo.

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