La ley del embudo y la falta de compromiso con los convenios internacionales en Chile

Por Roberto Hernández Maturana

La muerte del Coronel en Retiro René Cardemil Figueroa el 7 de abril pasado,  quien cumplía condena de diez años en el presidio de Punta Peuco, y que pese a padecer de un cáncer prostático con metástasis, con pronóstico de vida de un año, un  informe médico del Servicio Médico Legal determinó que estaba en buenas condiciones de salud para seguir cumpliendo su condena, nos hace volver a repetir la pregunta que en esta misma página nos hiciéramos el 5 de marzo del 2017, a raíz del fallecimiento  a sus 75 años, Sub Oficial de Carabineros en retiro Gustavo Muñoz Albornoz, producto de un cáncer terminal y que también se encontraba cumpliendo  una condena en el presidio de Punta Peuco.

Entonces y ahora, es necesario volver a resaltar que nuestro país firmó el 15 de junio de 2015, en el cuadragésimo quinto período ordinario de la Asamblea General de la OEA la “Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores”.

Por razones de espacio, no es posible detallar aquí la totalidad de lo dispuesto por la Convención pero en lo principal podemos decir que ella estableció  que “estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia” y prevenir el “abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra la persona mayor” indicando que “los Estados Parte se comprometen a adoptar, “las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.

Entre las definiciones establecidas en dicha convención que nuestro país se comprometió a cumplir figuran entre otras:

 “Discriminación: Cualquier distinción, exclusión, restricción que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública y privada.; o “Maltrato: Acción u omisión, única o repetida, contra una persona mayor que produce daño a su integridad física, psíquica y moral y que vulnera el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales”; o “Persona mayor” como “Aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor.” También define como “violencia contra la persona mayor cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico”.

En su Capítulo III Deberes Generales, establece que se deben adoptar medidas para prevenir, sancionar y “erradicar aquellas prácticas como aislamiento de ancianos presos, su abandono, sujeciones físicas prolongadas, hacinamiento, expulsiones de la comunidad”, estableciendo claramente que “Se abstendrán de adoptar cualquier medida legislativa que sea incompatible con la misma”, y le impone a los Estados parte que “Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos”.

Hoy el promedio de edad de los presos políticos militares sobrepasa los 73 años, habiendo algunos que bordean los 90, siendo el promedio de edad en los presidios normales de 25 años. Muchos ex uniformados ancianos o enfermos presos continúan muriendo en condiciones semejantes a las descritas o no se les permite acceder a beneficios carcelarios, no importando su comportamiento, o conducta previa o posterior a los hechos por los que se les encarceló, o se han visto impedidos de asistir al funeral de su cónyuge o hijo, causando un dolor más a ese anciano militar preso y sus familiares,

Cada vez me pregunto con más insistencia ¿qué están haciendo quiénes agradecen al Gobierno cívico militar por sacar al país del caos por nuestros presos y perseguidos políticos militares terminar con la persecución político judicial?…; ¿ por la aplicación de una justicia “justa”, la misma que se aplica a todos los chilenos?; ¿por la aplicación de los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país queriendo excluir a los  viejos militares presos o enfermos?; ¿por la aplicación de los beneficios carcelarios cuando corresponda, sin excepciones, como hoy de hace con los presos ex uniformados?; ¿por el término de las ficciones jurídicas en los juicios a militares?; ¿por el término del otorgamiento abusivo de indemnizaciones por causas relacionadas con DD.HH., y que se verá incrementado con 9.000 causas por “tormento” que nos dejó Bachelet al término de su mandato?…. en que una vez más,  la sola y vaga acusación de “reconocer la voz”, o “recordar su perfume”, ha bastado para procesar a ex militares, condenando al Estado finalmente a pagar jugosas compensaciones económicas que ya han significado varios millones de dólares.

Notable ha sido la afirmación del ex Comandante en Jefe de la Armada Miguel Ángel Vergara Villalobos quien en Cartas al Director de El Mercurio del 5 de mayo pasado afirmó “respecto del proyecto de imprescriptibilidad para el delito de abuso contra menores, varios abogados -con razón- han manifestado sus aprensiones por la calidad de las pruebas con el paso del tiempo. Sin embargo, a nadie le ha preocupado la situación de los militares procesados por derechos humanos, en que el magistrado debe indagar por hechos ocurridos hace 40 años (*45 para ser exactos), con un país en caos.

Para condenarlos, muchas veces se ha recurrido a resquicios legales, apoyados con pruebas que sorprenderían en un debido proceso.”

Así, hoy cientos de ancianos son presos mediante fallos y procedimientos judiciales que en cualquier parte del mundo serían insuficientes, sino que también a los cientos de procesados por acusaciones que ni siquiera se sostendrían en el sistema procesal penal que rige para todos los chilenos, pero no para los ex uniformados…

El Estado Chileno, sus instituciones y porque no decirlo la ciudadanía en general, sigue al debe en estas materias. Ciertamente, habiendo transcurrido 29 años desde que el gobierno militar entregara el poder, el lavado cerebral practicado por la izquierda chilena,  contando una historia unilateral y sin causalidad a una sociedad dócil, crédula y adormecida, con la complicidad de una derecha timorata e  hipócrita, cuando no abúlica y sin conciencia de su propia responsabilidad en los hechos y en que los ex militares han sido el pato de la boda por decenios, nos hace sentir que en Chile para los ex uniformados hay venganza… no justicia.

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