Maléfica, la historia y la memoria

Por Roberto Hernández Maturana

La otra mañana mientras viajaba en un atestado metro hacia el centro, pude escuchar una conversación entre una joven mamá que sentada llevaba a una niña de unos cuatro años en sus brazos. La pequeña ojeaba con mucho interés un libro que tenía en sus manos; era una versión del cuento «La bella durmiente»  hecho especialmente para niños de  esa edad con muchas ilustraciones. En un momento apuntando a la bruja del cuento preguntó: «mamá ¿Maléfica es mala?». La madre le contestó… «no, ella no es mala, era una hada buena pero la hicieron sufrir mucho y cambió y se enojó con los que la trataron mal». Asombrado por lo que escuchaba me puse a escarbar en mis recuerdos infantiles y recordé que ¡Maléfica era una bruja, no un hada!, además de  que el siniestro personaje no me dejó dormir varios días después que mis papás me llevaron a ver la película cuando tenía como 7 años. ¿Qué era esto?, ¿me habían cambiado la historia?

Resumidamente, la historia que yo sabía era que hace mucho tiempo, en un reino muy muy lejano, unos  reyes no podían tener hijos, hasta que se les concedió el deseo y tuvieron una hija, la dulce princesa Aurora. Invitaron a una fiesta en honor de la niña a tres hadas del reino que le otorgan dones positivos. Pero entonces irrumpió una hada que olvidaron invitar, Maléfica. Ofendida sentenció que el día que la niña cumpliera quince años se pincharía el dedo con la aguja de una rueca y moriría. Pero una de las hadas invitadas que todavía no había otorgado su don a la princesa mitigó esa maldición, lanzando otro hechizo en el que la princesa en vez de morir dormiría hasta que un beso de amor la despertara. Así ocurrió cuando el príncipe Felipe, después de muchos trabajos, y de luchar heroicamente contra la mala bruja Maléfica transformada en dragón, y matarla con su espada, despierta a Aurora con un beso y consecuentemente a todo el reino dormido… y vivieron felices para siempre.

Ese era el cuento que yo sabía desde… ¡hace 60 años!

La cosa me quedó dando vueltas y ya de vuelta en mi departamento me acordé de esta conversación y me puse a averiguar para tratar de entender esta cuestión de la bruja que no era bruja. Así pude  enterarme que no hace mucho tiempo, salió una película de Disney con Angelina Jolie como Maléfica y presentaba la historia del porque ella se volvió mala

¡Hoy me entero que viví toda mi vida engañado!

La nueva historia nos dice que Maléfica era al principio una hada huérfana, ingenua, honesta, confiada y poco ambiciosa.

Ella cambia cuando tiene la poca fortuna de conocer a un joven ladrón, mentiroso, cruel y déspota, que se aprovecha de ella incluso le corta sus alas de ángel que más tarde al volverse vengativa crecerán como alas de vampiro.

El sinvergüenza y despiadado joven llega con el tiempo a ser rey de un reino muy muy lejano, manteniendo y aumentando su maldad,  que sólo se atenúa con el nacimiento de su dulce y buena hija Aurora.

La hada se vuelve una bruja amargada y solitaria que no cree en el amor que solo le trajo dolor, viviendo entonces en el bosque lejos de los hombres – perdón hombres y mujeres…, ¡mejor!… alejada de los seres humanos  (es que es tan difícil expresarse en estos tiempos para que nadie reclame) – a los que atemoriza en todo  el reino. Maléfica no descansará hasta que el viejo rey (los viejos otra vez los malos), sufra lo que ella, aunque claro, está el alma pura de Aurora, que de forma paulatina la hará nuevamente noble y buena.

Después de todo esto, al final del día, me quedé pensando que la sola memoria no sirve  para entender o juzgar a alguien…, para mí Maléfica era muy mala…, gracias a Angelina comprendí porque actuó como lo hizo…, y bueno…, ya no la encontré tan maléfica.

Contexto histórico: Tercera Ley de Newton.

Por Christian Slater Escanilla
«Acción» es la causa y la «reacción», el efecto. La fuerza con que mi cabeza golpea una puerta es igual en magnitud y opuesta en dirección a la fuerza con que la puerta golpea mi cabeza. Pero los efectos de estas fuerzas iguales van a depender de los objetos (un clavo y un martillo, un pez y la masa de agua que lo rodea). En nuestro ejemplo, la puerta quedará igual pero mi cabeza quedará adolorida, machucada o sangrando, incluso podría terminar en el hospital.

En otro «contexto», si en una «acción» planificada, no respeto la ley, incito a la violencia y a la creación de grupos paramilitares, causo pánico con mis entrevistas aceptando la lucha armada para lograr mis objetivos políticos, permito el llamado a la insubordinación de los Suboficiales de las Fuerzas Armadas y con ellas mismas, le rindo honores a Fidel Castro, en consecuencia, y conforme a las leyes de la física, solo me queda esperar una «reacción».

En esa «reacción», los «efectos» también serán distintos, más aún cuando quienes reaccionan, lo hacen a través de las Fuerzas Armadas y de Orden, las mismas que por años debieron aceptar a una izquierda desesperada por alcanzar el poder al precio que fuera. Esa izquierda que prometía y amenazaba con un millón de muertos, para el buen éxito de la revolución.

En ese «contexto histórico», los efectos, no fueron medidos ni considerados por el mundo político, ni por la izquierda ni por la derecha ni por la sociedad en su conjunto. No consideraron que el «efecto» de esa «acción», en esas circunstancias, en ese entorno, en esa época, sería de tal magnitud, que abriría la posibilidad del uso de la fuerza para restaurar el orden y la democracia, es decir, la «reacción» de la violenta y cruel máquina militar.

La Tercera Ley de Newton es una ley de la física, completamente aceptada y medible por moros y cristianos, agnósticos y creyentes, amarillos o blancos. No es un cuento, no es una leyenda, no está en la biblia, no se relaciona con ninguna ideología política. Simplemente existe y se puede comprobar.

“Acción” de una nefasta ideología que quería hacer realidad el sueño de Fidel Castro, sueño que ni siquiera la Unión Soviética estaba dispuesta a apoyar, más aún sabiendo que el comunismo venía en franco retroceso. Una acción que después de promover el odio entre los chilenos y el ajusticiamiento político como método para justificar todas sus barbaridades -lo que hasta hoy defiende el presidente del partido comunista- nos quiso llevar a una sangrienta guerra civil. Una acción avalada, apoyada y dirigida por el propio Presidente de la República, Salvador Allende Gossens.

Las leyes de la física no desmienten las dinámicas sociales, pero sí nos ayudan a entenderlas. Es decir, en esta locura que vivió la sociedad chilena entre los años 60 y 70, en el desplazamiento de una masa por la otra, se perdió la unidad nacional, se fisuró su elemento granítico. Por lo mismo, es esa unidad perdida la que tenemos que reconstruir todos los chilenos, los de izquierda, los de derecha, los civiles, los extremistas, los militares, los sacerdotes, los empresarios, los conversos y no conversos, el Presidente de Chile y los ex Presidentes, ¡TODOS!, sin mentiras, sin empates, sin justificaciones, sin dobles discursos y sin verdades a medias.

El conflicto que viene

Por Orlando Sáenz Rojas, Empresario, ex Presidente de SOFOFA

Me declaro reo de haber mirado, por largo tiempo, con despectiva y algo divertida atención la demanda boliviana contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.  Parecía tan absurdo pretender que un tribunal con algún grado de sensatez condenara a negociar con obligación de llegar a un acuerdo a dos partes en que se conoce lo que una de ellas intransablemente desea y otra que no puede darlo aunque quisiera, que siempre consideré ese recurso como una forma de inducir apoyo interno para un mandatario demagógico con pujos de dictador vitalicio.

Sin embargo, los alegatos bolivianos ante la Corte de estos últimos días, y sobre todo las declaraciones y coordinadas manifestaciones que los han acompañado, me han convencido de que lo que Bolivia pretende obtener de todo esto es mucho más y más peligroso que una mesa de negociación sin destino.

Morales sabe que no va a obtener mar por el camino confrontacional que ha elegido.  Más aún, sabe que esa opción le esta enajenando la buena disposición que Chile siempre ha tenido para buscar paliativos eficaces a la mediterraneidad boliviana, y también sabe que hasta eso es bastante difícil dados los determinantes geográficos, históricos y políticos que rodean el asunto.  ¿Qué busca entonces?

La respuesta está en las calculadas declaraciones sobre la propiedad de Antofagasta de los últimos días.  Son lo suficientemente reveladoras como para ser simplemente irresponsables  o casuales.  Lo que Morales busca es un buen e influyente ambiente público internacional para justificar un conflicto reivindicativo que concluya en la revisión del Tratado de Paz y Determinación de Fronteras de 1904.

Debe tenerse en cuenta que Morales ha escogido un sensible momento para lograr ese peligrosísimo propósito.  Nunca antes Chile sufrió de tan malas relaciones cívico – militares como en estos tiempos  en que los gobiernos izquierdistas se han dado el gusto de degradar y maltratar obsesivamente a las Fuerzas Armadas para complacer a grupos extremistas que han convertido el tema de los Derechos Humanos en pretexto político.

Nunca antes la sociedad chilena estuvo tan dividida como ahora para enfrentar el tremendo desafío del terrorismo, la delincuencia y el anarquismo.  Nunca antes la institucionalidad nacional estuvo tan dañada y desenfocada como ahora.  Nunca antes la justicia chilena fue tan ineficiente, corrupta y desprestigiada.  Nunca antes la corrupción había alcanzado hasta las fuerzas del orden y la seguridad.  En suma, nunca antes Chile estuvo peor preparado para enfrentar un conflicto mayor.

Pero, aunque entramos en un litigio en que no teníamos nada que ganar, ya antes de alegar hemos recibido algo valioso, como es la revelación clara del terreno que pisamos.  Y eso nos llega a tiempo para empezar a prepararnos para un conflicto que se ha vuelto inevitable, aunque pueda tomar tiempo y no necesariamente adopte una forma bélica.

Y lo primero y más urgente que hay que hacer es desarrollar un programa de reconciliación cívico militar que verdaderamente termine con el gueto social en que hoy se encuentran nuestras Fuerzas Armadas.  Ellas serán las únicas capaces de prevenir el conflicto que se viene y es a eso a lo que hay que atender prioritariamente.

Libertad condicional a militares condenados por crímenes de derechos humanos

Por Adolfo Paúl Latorre, Abogad0

En este tema de las libertades condicionales a militares condenados por crímenes de derechos humanos debemos referirnos, en primer lugar, a una idea o concepto equivocado que por repetido ha pasado a convertirse en verdadero y que está en el trasfondo de este debate. Me refiero a los “delitos de lesa humanidad”.

En virtud del sagrado principio de legalidad, que según el derecho internacional de los derechos humanos no puede ser pasado a llevar bajo ninguna circunstancia —artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos—, nadie puede ser condenado por un delito que no estaba tipificado al momento de la ocurrencia de los hechos.

La calificación de “delito de lesa humanidad” solo puede ser aplicada a hechos ocurridos con posterioridad a la entrada en vigor de la legislación interna que tipifica tales delitos, como lo han señalado diversas resoluciones judiciales de países extranjeros. La ley 20.357 que tipificó en Chile tal categoría de delitos entró en vigencia el 18 de julio de 2009 y no puede ser aplicada retroactivamente. Los hechos delictivos imputados a los militares —ocurridos mucho tiempo antes que la referida ley— son “delitos políticos”, puesto que fueron actos reprochables cometidos por

causas o motivos políticos durante un estado de excepción constitucional, en una época de enorme convulsión social.

En segundo lugar, es preciso considerar que los militares fueron condenados mediante la aplicación del antiguo sistema de procedimiento penal inquisitivo, un sistema que no respeta el derecho humano a un debido proceso y que a partir de la entrada en vigor de las instituciones de la reforma procesal penal en todo el territorio nacional, el 16 de junio de 2005, devino en una absoluta inconstitucionalidad. Por consiguiente, todos los juicios sustanciados con el antiguo sistema procesal a partir de dicha fecha adolecen de un vicio de nulidad de derecho público ab initio e ipso jure. En una nación seria y civilizada bastaría acreditar que una persona fue condenada sin respetar las normas del debido proceso, para que el juicio sea declarado nulo.

Los militares que están siendo condenados a severas penas de presidio eran, en la época en que ocurrieron los supuestos hechos delictivos, personas muy jóvenes —oficiales subalternos e, incluso, soldados conscriptos— que cumplían órdenes, las que de acuerdo con el Código de Justicia Militar no podían desobedecer. La mayoría de los militares privados de libertad son inocentes de los delitos que les fueron imputados, están libres de culpa o exentos de responsabilidad criminal y han sido condenados mediante sentencias dictadas contra leyes expresas y vigentes.
No existen fundamentos jurídicos para acusar constitucionalmente a los ministros que recientemente otorgaron libertades condicionales a militares condenados por casos de derechos humanos, pues no incurrieron en abandono de sus deberes —menos aun en el grado de “notable”— ya que sus resoluciones se ajustaron a lo establecido en nuestra legislación interna y no vulneraron disposición de tratado internacional alguno. 
Quienes apoyan una acusación constitucional argumentan que los beneficiados no han mostrado arrepentimiento por los hechos cometidos y que Estatuto de Roma permite beneficios solo cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena.
Sobre el arrepentimiento, cabría comentar que ningún tratado internacional lo exige para otorgar beneficios penitenciarios, ni siquiera aquellos que se refieren específicamente a los delitos de lesa humanidad. Por lo demás, ¿de qué podrían arrepentirse quienes están libres de culpa o son inocentes de los crímenes por los cuales fueron condenados?
En cuanto a los beneficios, diremos que la libertad condicional es un derecho reconocido por la ley a las personas condenadas, sin distinción, y no un mero beneficio. El Estatuto de la Corte Penal Internacional establece que la regla de las dos terceras partes es solo aplicable a las personas que cumplen condenas impuestas que esa Corte y que es a ella a quien le corresponde aplicar el beneficio. Por otra parte, la norma del artículo 110 del Estatuto se refiere a la reducción de la pena, situación totalmente ajena a la libertad condicional.

Es inhumano y no cumple con los fines de la pena el mantener en prisión a personas de edad muy avanzada o aquejadas por enfermedades graves, terminales o invalidantes y que durante más de cuarenta años han mantenido una conducta intachable. Por esta razón el Gobierno está preparando un proyecto de ley que permitiría conmutarles la pena de cárcel por la de arresto domiciliario absoluto; procedimiento que estaría sujeto a control judicial. Al respecto, no aprecio motivos de política criminal que exijan que tales personas deban terminar de cumplir sus condenas bajo un régimen de encierro. Lo razonable sería que les fuese concedida la libertad condicional.
En relación con este tema, estoy en desacuerdo con la idea de suprimir la facultad que tradicionalmente ha tenido el Presidente de la República —amplia y discrecional— para otorgar indultos particulares; facultad que apunta a abrir espacio a la clemencia y a la misericordia por razones humanitarias y también para corregir el error judicial y para rectificar sentencias condenatorias injustas o dictadas contra leyes expresas y vigentes, lo que muy difícilmente ocurriría si esta facultad fuera entregada a los tribunales o a otro órgano dependiente del Poder Judicial.
Finalmente, debemos preguntarnos si la justicia se identifica con castigo y si ese castigo ha de ser el encierro o un dolor equivalente al padecido por la víctima; lo que es más parecido a venganza que a justicia.

La memoria no es historia

Por Mario Costa Kuster

 La memoria no es historia, se ha escuchado decir en estos días de tanto revuelo, pero cuando la memoria se aparta de la historia se transforma en mito, en leyenda en superchería.

No hace mucho, ironizábamos, como país, respecto a la intención de Evo Morales de instalar en la memoria de su pueblo, en el contexto de la guerra del Pacífico, la existencia de una batalla que nunca fue. En mis largos años de vida he asistido a funerales en que se ha revestido al occiso de virtudes que nunca tuvo: el sacador de vuelta resultó ser un funcionario abnegado, el cónyuge indiferente resultó ser el fiel esposo o la amante esposa, haciendo pensar que uno se equivocó de funeral. Parece que la muerte altera la memoria haciéndonos idealizar a las personas y las situaciones que les tocó vivir, en una suerte de lavado de imagen.

Esa es la sensación que me produjo mi única y lejana visita al Museo de la Memoria. Creí estar en el funeral equivocado, y no porque los fusilados, torturados, detenidos y desaparecidos no hubiesen existido y no mereciesen todo mi respeto, si no, por la falta de respeto de manipular la memoria en aras de una ideología determinada.

De entrada, me llamó la atención que se destaque, en un  listado grabado en granito, las dictaduras de derecha que han asolado al mundo moderno y la cantidad de víctimas ocasionadas por ellas. Curiosamente no se menciona ninguna dictadura de izquierda y sus millones de víctimas. Parece ser que los únicos muertos qué hay que llorar son los de izquierda. Los otros no valen. Eso hace que, para los que vivimos los aciagos días de la Unidad Popular, el museo de la memoria no sea más que un montaje.

Si bien es cierto que los contextos no pueden justificar los atropellos a los derechos humanos -quién podría justificar la horrorosa muerte de Victor Jara a manos de las fuerzas de seguridad, el degollamiento, el asesinato a mansalva y el desaparecimiento de personas-  también es cierto que la memoria sin contexto es cualquier cosa, menos memoria.

Chile: memoria y olvido

Por Carlos Cantero Ojeda, Doctor en Sociología. Fue Alcalde, Diputado, Senador y Vicepresidente del Senado de Chile

Chile como país no ha podido superar su Síndrome Postraumático -después de décadas desde el quiebre institucional y democrático- fundamentalmente por la hipocresía de imputar y buscar culpables en otros, sin asumir las propias vergüenzas históricas. Un intento por arraigar historias parciales, poco fiables en la comprensión y el relato de nuestra Memoria. El desafío es asumir que constituimos una generación mediocre, inepta y cobarde, que hereda a sus hijos divisiones y odios por conflictos autogenerados que hemos sido incapaces de superar.

Espero que en esta última etapa surjan liderazgos, no desde los extremos sino desde el medio ponderado y prudente, para que promuevan la emoción de la confianza, para construir un clima de encuentro y reconciliación, en el reconocimiento y el perdón. Ese es el espíritu que reclama la inmensa mayoría de chilenos que fueron ajenos a estos procesos. Nuestra generación protagonista de estos hechos está en deuda. Sí no asumimos este desafío a la brevedad, será superada por la de recambio -proceso que ya está ocurriendo- que superará estas viejas cuentas que han mantenido dividido y adolorido a nuestro país, desperdiciando maravillosas oportunidades de desarrollo.

La importancia de la memoria solo tiene sentido cuando tomamos consciencia del olvido. La memoria determina nuestra identidad, somos lo que son nuestros recuerdos, tiene que ver con procesos, es decir, con una sucesión de actos o acciones. Los hechos históricos no son de generación espontánea, responden a procesos, a una concatenación de acontecimientos que definen una serie de circunstancias relacionadas por causalidad y efecto. Según el diccionario, la memoria es la capacidad del cerebro humano para retener, almacenar y recuperar información voluntariamente. Es el conjunto de imágenes, hechos, o situaciones pasadas que quedan en la mente, como fenómenos activos y organizados en el tiempo.

Todas las personas tienen la capacidad de recordar. Pero, cada cual tiene su memoria asociada con procesos subjetivos, imágenes mentales en su intimidad, principalmente asociada con sus emociones profundas: miedos, alegría, sufrimientos, dolores, pérdidas, o con hechos, ideas sensaciones, relaciones, de particular significación que constituyen los vívidos recuerdos de cada cual. En función de estos elementos cada persona tiene distintas cosas o circunstancias que gatillan su memoria. Esto se desconoce cuando se asume que la Memoria es una sola. Es decir, se niega, oculta, borra u olvida esas otras percepciones. Allí está la base del desencuentro. Las motivaciones y miedos son disímiles y en política habitualmente contrapuestos, particularmente en la lógica de la confrontación y de la dominación.

Se argumenta que el Museo de la Memoria, tiene como propósito específico recordar un hecho único, el que agentes del Estado actuaron organizadamente para perseguir, torturar o eliminar a ciudadanos cíviles, a quienes se les recuerda como víctimas de los horrores y el atropello sistemático de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Se señala como particularmente grave que el Estado y sus agentes se involucren es estos actos. Eso es razonable y pertinente como principio permanente y con seguridad recibe un amplio apoyo transversal en toda la ciudadanía. De hecho asumo público compromiso de concurrir a la consolidación de ese principio para que nunca más en Chile vivamos esos dolores y esas pérdidas, sea por parte de agentes de Estado, ni ninguna opción política, ideológica, religiosa, étnica ni económica, de ninguna otra especie. Aún cuando el estatuto de Roma no lo menciona, para mi los actos terroristas son, también, crímenes de lesa humanidad.

Lo anterior debe ser un objetivo nacional compartido. Pero, otra cosa es usar este principio para sacar ventajas políticas, hacer el blanqueo ético de un sector, con la lógica de una sociedad compuesta de víctimas y victimarios; los buenos y nobles izquierdistas y los malos y perversos derechistas; los perseguidos y los perseguidores; los valientes guerrilleros y los abusivos militares. Eso es reescribir la historia e imponer una verdad única, donde unos se alzan con una primacia moral que es ilegítima y falsa. Más aún cuando la mayor  parte de los militares han sido procesados, sentenciados y pagan condenas de los tribunales de justicia y los otros han eludido juicios de todo orden.

A la Memoria se contrapone la amnesia selectiva y por conveniencia, el olvido de lo que dijeron e hicieron, en todo el espectro político. En coherencia con el principio reconocido como válido y compartido, se persigue como responsables a los agentes del Estado. Pero, de paso se imputa conducta criminal, complicidad por  acción y omisión a otros. No han faltado también connotados conversos derechistas, incluidos ministros derechistas que han guardado silencio explicitando su falta de relato, que han señalado como «cómplices pasivos», a personas que nada tuvieron que ver con los hechos de sangre, aunque sí con el proceso llamado de recuperación, reconstrucción, dictadura, o como quiera que cada sector le denomine. Esa memoria para muchos parece abusiva, la que se expresa recurrentemente hacia los sectores de derecha por personas que, sin embargo, no se hacen cargo de sus propias incoherencias ni de los errores históricos de un sector que previamente validó la violencia y la ejerció a sangre y fuego, agrediendo y matando, en su camino revolucionario para imponer una dictadura en la «vía al socialismo».

Perdona nuestros Pecados…

Por Cristián Labbé Galilea

Mis atribulados contertulios esta semana apuntaron a los medios de comunicación social… “todo lo que se ve, lee o escucha, sabe amargo o huele a peligro…”. Las evidencias sobraron… “es cosa de ver las noticias o de mirar un matinal, son horas escuchando hablar de lo humano y lo divino justicieramente…”.

Traté de sostener, apegado a la doctrina de un buen análisis, que: no hay que condenar al mensajero si la noticia no es buena, los medios informan lo que la gente quiere escuchar y, por lo tanto, de lo que hay que preocuparse es de la desidia de la sociedad actual.

Después de discutir acaloradamente, los presentes asumieron que: si bien los medios favorecen el morbo, la intriga y el “chanchullo”… son los hechos los que preocupan.

Las evidencias sobraron: “cómo es posible… que todos los días tengamos protestas callejeras que paralicen la capital… que destruyan la propiedad privada… que campeen los portonazos, los asaltos, los ataques incendiarios y nunca nadie resulte responsable…”  

Coincidimos rápidamente en que el punto era preocupante pero no discutible, porque la violencia y la inseguridad son temas de gobierno interior, y en que, para ese mal, el remedio era uno solo: ejercer la autoridad sin complejos.

Dicho lo anterior, el foco de la conversación se centró en la apatía que afectaba a la sociedad en general y especialmente en temas políticos… como dice el tango de Gardel… Hoy resulta que es lo mismo / ser derecho que traidor / Ignorante sabio o chorro / generoso o estafador/… ¡todo es igual!

… da lo mismo, que la ex presidente Bachelet asuma la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas después de haber sido la combatiente comandante Claudia y de no haber condenado nunca las violaciones de tales derechos en Venezuela, Cuba, Nicaragua, en la Alemania de Honecker y en una larga lista de países… “around the world”.

… da lo mismo, que se diga que el ex presidente Frei Montalva fue objeto de un magnicidio de los militares cuando él fue el primero que le aclaró al mundo que “los militares salvaron al país de una guerra civil” (sic).

… da lo mismo, que la izquierda acuse constitucionalmente a integrantes de la Corte Suprema porque concedieron libertad vigilada a prisioneros militares de Punta Peuco, ajustados a estricto derecho (excluimos de este cargo al diputado Urrutia porque su motivación es distinta).

… da lo mismo, que en una de nuestras más prestigiadas universidades “funen” al Presidente de la Republica en un acto oficial.

… da lo mismo, que la ex ministro Blanco goce de un sueldo de sobre siete millones de pesos como miembro del Consejo de Estado, mientras es acusada de adulterar las cifras de niños muertos en el SENAME.

Fueron horas de “da lo mismo” y, cuando nos despedíamos tatareando el tango Cambalache… (da lo mismo/ que sea cura/ colchonero, rey de bastos/ caradura o polizón), uno de los contertulios remató… “perdónenme, pero me da la impresión de que para ustedes nuestra realidad es tan turbia como la telenovela ’Perdona nuestros pecados‘, lo que no debiera darnos lo mismo…” (plop).

Solo para militares en retiro

Por Fernando Thauby  García

Si usted es militar en servicio activo, no lo lea, si lo hace, es bajo su exclusiva responsabilidad

Soldados: de nuevo estamos ante un país que se rompe por las costuras, el odio se manifiesta a borbotones desde las bocas y gestos de la misma gente que llevó al país al enfrentamiento mediante “la agudización de las contradicciones”.

Dimos mucho de nosotros mismos, trabajamos con devoción, arriesgamos la vida y expusimos a nuestras familias, creímos haber restablecido la armonía entre los chilenos. No fue así, no logramos neutralizar la hegemonía cultural del odio, herramienta clave del enemigo.

Fue peor que eso, hoy vemos a grupos –Evópoli y otros- que cooperan en la demolición de las bases de nuestra nacionalidad mientras dicen compartir nuestros valores. La cobardía campea por sus respetos; el cuidado de sus millones no deja tiempo a los ricos y a la fronda para proteger a quienes los rescataron del desastre. Al final del gobierno de Bachelet alcanzaron a divisar los cuernos de la bestia, se aterrorizaron y ganaron las elecciones prometiendo lo que no están cumpliendo, se les pasó el susto y están de vuelta en sus negocios.

Un escritor –Mauricio Rojas- manifestó su opinión de que el Museo de la Memoria era un montaje propagandístico, luego fue nombrado Ministro de Cultura y ello provocó que el odio de la izquierda saltara frenético a su garganta.

Un periodista del diario La Tercera fue quien lanzó la piedra, el dueño del medio, un colombiano – árabe avecindado en Chile donde fue acogido y que se enriqueció durante el gobierno militar, no pudo intervenir para dar algo de equilibrio al enfoque. Pobre Saieh, sus periodistas le censuran lo que puede o no publicar en su diario, aunque sea como inserto pagado.

Un extraño “poeta” de izquierda, un tal Zurita, tomó la guaripola y montó su espectáculo frente el lugar de marras que culminó con algunos días, pocos, de fama. Las fotos de la manifestación muestran a cientos de los eternos beneficiarios de los fondos fiscales para la “promoción del arte” expresando su ira. No se ven niños, gracias a Dios, ya que el vate Zurita que hace algunos años efectuó una performance “artística” que incluyó una masturbación en público y otros despropósitos, podría haberlos escandalizado.

Una reacción pintoresca fue la de Evópoli, grupo político de incierta filiación, presidido por Hernán Larraín Matte que respondió a las críticas realizadas por dirigentes de RN y la UDI con una deprimente explicación: “Chile Vamos ha tenido claro siempre cuales son sus principios y por eso le hacemos el llamado a los presidentes de RN y la UDI a no entregarle la defensa de los derechos humanos a la izquierda” … “con la crítica que le hacen a Evópoli creo que le hacen un flaco favor a Chile y a la posición que ha tenido el gobierno de Sebastián Piñera, en esta materia”.

Otra manifestación típica de ese sector político, el Síndrome de la mujer Golpeada: “(El Golpeador) no lo hará nunca mas, mi amor lo corregirá y lo rescatará de su condición violenta y odiosa”. Su afán por obtener un certificado de honorabilidad firmado por la izquierda sería patético si con ello no estuvieran destruyendo las bases de nuestra sociedad.

La Tercera, el 14 de agosto ensaya un cantinfleo filosófico literario para enchular su manejo de esta situación, en su editorial señala: “Habrá numerosas lecciones que se podrán extraer a raíz de este desafortunado episodio -desde luego, La Moneda debe hacer un mejor chequeo de quienes van a desempeñar altas investiduras públicas, para evitar ingratos contratiempos, y los propios nominados deben ser más proactivos para detectar sus posibles conflictos, algo que Rojas no hizo-, pero hay una dimensión que requiere especial examen por parte de la sociedad, ya que en la medida que las personas sean condenadas por sus solas opiniones, existe el riesgo de que el país se deslice por la pendiente de la censura y el amedrentamiento, en que todo aquello que no coincida con ciertos grupos, sencillamente no tiene cabida o, peor aún, puede llegar a ser una causal de inhabilidad para ejercer en el servicio público. No cabe duda de que el país ha fijado con el paso del tiempo nuevos estándares en relación al tema de los derechos humanos, donde éstos han pasado a ser parte consustancial de nuestra cultura, sin espacio para relativizar -por mínimo que sea- la gravedad de las violaciones a las garantías fundamentales ocurridas tras los sucesos de 1973. Ese juicio ético debe ser un testimonio de compromiso con el respeto a los derechos fundamentales, y su defensa no admite ambigüedades. Pero valiéndose de este consenso y el total reproche que merecen las violaciones a los DDHH, algunas voces han pretendido imponer una mirada que ni siquiera admite la expresión de otros puntos de vista. Asociar sin más cualquier disenso o punto de vista alternativo a un “negacionismo”, e incluso buscar castigar penalmente estas opiniones, es la antesala a una sociedad intolerante y con escasa conciencia de lo que significa la democracia y la libertad de expresión.  No es difícil advertir que esta verdad oficial parece funcionar en una sola dirección. Así, es llamativo que para la nominación de la expresidenta Bachelet en el Ato Comisionado de los DDHH de la ONU, no se haya estimado relevante su falta de condena a regímenes como Venezuela o Cuba, los que han violado sistemáticamente las garantías fundamentales. Si el país ha de empeñarse en fijar claros estándares en materia de DDHH, éstos deben ser inequívocos, lo que no debe ser confundido con actitudes totalitarias”.

Es difícil que alguien, persona o gobierno, pueda imaginar todos los ángulos desde los cuales la infamia izquierdista pueda atacar. Por su parte, el “negacionismo punible” de los que piensan distinto es típico del marxismo soviético, cubano, chavista y de todos lo dictadores de ese pelo.

Respecto a Bachelet, esta delicadeza para exponerla como lo que es, una marxista practicante, es un mal chiste.

Si no fuera trágico y repugnante sería risible la hipocresía de las “personalidades políticas y del mundo de las artes” que se reunieron frente al Museo de la Memoria, y que nunca se manifestaron respecto al horrible genocidio llevado a cabo en el Sename durante los gobierno de Aylwin, Lagos, Frei, Bachelet, Piñera y de nuevo Bachelet.

Toda tortura y abuso palidece comparado con estas brutalidades porque las víctimas son completamente inocentes e indefensas, jamás empuñaron un arma contra nadie y nunca predicaron ni practicaron el odio. Lo peor, fueron muertos porque sus asesinos no asignaron ningún valor a sus débiles personas, a sus sufrimientos y ni a sus tristes destinos. Acá no hubo ideologías en pugna, revolucionarios llamando a quemar el país o utopías que imponer a sangre y fuego su Política de Rebelión Popular; solo inocencia, soledad, abandono.

La estrella de este genocidio: Estela Ortiz, amiga de Bachelet y conspicua ideóloga y activista de los Derechos Humanos, con su sueldo de $ 7.500.000 mensuales.

Soldados: estos son los jueces y verdugos de las FFAA, estos son los dueños de “la cultura” chilena, esta es la clase política a la que entregamos nuestra representación, esto es lo que hay que recordar con un Museo de la Memoria que blanquea sus fechorías y esta es la elite que dice liderar nuestro país.

Les propongo una reflexión: Ya que es un hecho que los partidos políticos y el Congreso son la base desde opera toda esta máquinaria repugnante y que también es innegable que su función “intermediadora” entre el pueblo y el gobierno hace años que dejó de ser tal, estas instituciones son apenas una excusa para lucrar en el proceso.

Hoy por hoy, la mejor y única manera de llegar al Gobierno para exigir el cumplimiento de sus promesas, es la presión directa a sus autoridades, es decir, llegar al Presidente via los Subsecretarios, el resto es música. Pero para llegar a esas autoridades es imprescindible ser capaz de plantear una amenaza que los obligue a escucharnos, es decir, un acto político que los fuerce a contestar o a actuar.

La creación de organizaciones sociales fuertes y con objetivos claros, lideradas con firmeza y sin recatos es una posible solución.

Si crees que es así, únete a nuestra Multigremial de las FFAA y fortalécenos con tu rabia y tu frustración.

¡Chilenos!, el Legado de O’Higgins.

Por Christian Slater Escanilla

Este lunes 20 de agosto en la ciudad de Chillan, futura Capital de la XVI Región, recordamos el nacimiento del Padre de la Patria. Oportunidad en que –según dice la prensa– el único orador será el Presidente de la República. Si así ocurre, sería lamentable. Preferible, por la especial ocasión, la acostumbrada intervención del Comandante en Jefe del Ejército.

De hablar el Presidente, para peor, después de una nocturna reunión con los presidentes de partidos de Chile Vamos, no hay duda –y los medios de comunicación cooperarán con aquello– la figura de  O´Higgins quedará en segundo plano, utilizándose políticamente esta tradicional ceremonia cívico – militar para resaltar temas de la contingencia nacional y, por supuesto, la creación de la nueva Región de Ñuble.

Todo ello, frente a los cadetes del Destacamento de Honor de la Escuela Militar. Jóvenes que no fueron acompañados por su Presidente cuando, el 9 de julio, Juraron a la Bandera. Los mismos, que este 19 de septiembre serán homenajeados en el Día de las Glorias del Ejército de Chile. Un acto republicano, donde sin discursos políticos, la ciudadanía, con respeto a sus tradiciones patria, solo disfruta de la gallardía de sus Fuerzas Armadas.

Adecuada oportunidad para recordar y no olvidar que fue justamente la clase política la que condenó al General Bernardo O´Higgins Riquelme al exilio, por 19 años en Perú, hasta su muerte. Peor aún, tuvieron que pasar otros 27 años para que el Congreso se pusiera de acuerdo en repatriar sus restos mortales.

En resumen, por 46 años le dieron la espalda y lo dejaron abandonado. Ni hablar cuántos años más se demoraron en construirle un monumento. Lo que finalmente se logró con el aporte voluntario de los ciudadanos, no de los políticos.

Jamás deberíamos olvidar que, gracias a O´Higgins, todos los nacidos en esta tierra –indios, mestizos, criollos, colonos o inmigrantes– desde 1818 somos libres y, orgullosamente, nos podemos llamar ¡chilenos!

Una Verdad sin Pantalones

Por Cristián Labbé Galilea

Esta semana no ha sido fácil. Las tertulias se han centrado en la renuncia del Ministro de las Culturas, las reacciones del gobierno ante este “affaire”, y especialmente sobre, quiénes son los responsables de este “traspié no forzado”… Unos argumentan que fue desprolijidad del “segundo piso”, otros piensan que el propio Rojas debió haber intuido que la izquierda no lo iba a admitir en un “coto de caza” -la cultura- que, según ellos, es de su exclusiva propiedad.

Las críticas se centraron no solo sobre en la poca visión del gobierno en el nombramiento de un personaje tan controvertido -y en un área tan sensible-, sino que principalmente en la debilidad para mantener su decisión.

Críticas absolutamente válidas pero, para ser honestos… la situación resultaba insostenible. Los dichos del ex – ministro sobre el Museo de la Memoria -aun cuando fueran verdaderos- resultaban inaceptables para quienes han hecho del tema de los derechos humanos su “caballito de batalla”, y también para un gobierno que ha buscado todas las formas que le permitan desmarcarse de la historia.

La verdad es que el tema golpeó fuerte, la oposición, hasta ahora desarticulada, logró un punto no menor, fortalecido por las declaraciones oficiales que, alejadas de toda perspectiva estratégica, buscaron apartarse de los dichos de Rojas en cuanto a que el referido museo era un montaje… En ese contexto fueron lamentables las declaraciones del Ministro Larraín: “el museo es necesario para Chile y debe preservarse en su integridad” y las de la Subsecretaria que señalo: “el museo cumple a plenitud.”

Con todo lo reprochable que resultan las reacciones oficiales y los acontecimientos referidos, hay espacio para una mirada positiva: ¿Cuántos de  nuestros parroquianos conocían detalles del mal llamado museo de la memoria? ¿Cuántos de ellos sostenían que en nuestro país la izquierda es tolerante? ¿Cuántos sabían de los miles de millones que los contribuyentes entregan a esta falsedad histórica?  ¿Cuántos creían en que se puede disentir -sin costo- en materia política? ¿Cuantos creen que en el país existe libertad de expresión y de opinión?

La verdad es que este lamentable episodio, en el que se ha privilegiado la emoción por sobre la razón, le debería abrir los ojos a muchos de nuestros feligreses para que de una vez por todas dejen su candidez y reconozcan la intolerancia que campea en los sectores opositores al actual gobierno.

Por último, cabe preguntarse qué pasaría si, usando los mismos argumentos que “moros y cristianos” han esgrimido, en cuanto a que el referido museo sólo tiene que ver con un aspecto emocional y no histórico, un grupo de devotos parroquianos resolviera levantar una galería que resaltara las condiciones que debió enfrentar nuestro país en la década de los 60 – 70 y sobre la violencia que nos tuvo al borde de la guerra civil…

La  respuesta es muy simple… duraría “lo que dura la lombriz en el pico del pavo” porque, como sostenía Churchill: “la mentira puede darle la vuelta al mundo antes de que la verdad tenga la oportunidad de ponerse los pantalones”.

 

Memoria e historia

Por Lucía Santa Cruz

Recorriendo pueblos europeos es usual encontrar memoriales recordatorios de sus hijos abatidos en las guerras mundiales: una estatua al soldado desconocido y una placa con cientos de nombres de los caídos. El propósito es rendirles un homenaje y conmover la conciencia respecto de las consecuencias de las guerras. Por cierto, no encontraremos junto a estos monumentos una ‘contextualización’ sobre sus causas o sobre los efectos del Tratado de Versalles.

Nuestro Museo de la Memoria es eso: apela, sin contexto ni explicación causal, a los sentimientos, y busca horrorizar. Se basa en la premisa de que es necesario tomar conciencia de las violaciones ocurridas a través de la prisión sin debido proceso, la tortura o el asesinato. Esto permite una identificación empática con el sufrimiento experimentado por compatriotas y debería tener un poder de sanación y de advertencia.

Quienes vivimos el quiebre de la democracia sabemos que un enfrentamiento que divide al país en amigos y enemigos irreconciliables, cuando cada grupo llega al extremo de pensar que para sobrevivir debe ser a expensas de la vida del otro, tiene como el costo más alto la eliminación de la línea divisoria entre el bien y el mal, esa línea que surge en forma espontánea, sin necesidad de reflexión previa, entre lo que está permitido y lo que nunca, bajo ninguna circunstancia, se puede cometer. Las crisis profundas y las experiencias límites conllevan inevitablemente el imperio de dilemas morales complejos.

Por eso, la restauración de la democracia exige restituir en forma clara y sin matices cuál es el ‘deber ser’ de una sociedad que se precie de ser medianamente humana e ilustrada. La apelación emocional de los memoriales es una forma de contribuir a ello.

Sin embargo, para lograr el propósito, más importante aún, de que esto no vuelva a ocurrir no basta con reiterar como un mantra ‘Nunca más’. Es imperativo tener una comprensión profunda de los contextos y las causas, y no se puede renunciar al deber intelectual que se nutre no solo de la memoria, sino de la historia. Quienes no quieren asumir la responsabilidad de haber promovido la violencia y la revolución pretenden sofocar un debate al respecto, argumentando que cualquier intento por analizar ese período equivaldría a una justificación de lo ocurrido. Siempre ha habido intentos autoritarios para manipular la historia y controlar la memoria, y es contra eso que la historiografía lucha. Porque los países necesitan memoria, pero también historia, que no es solamente testimonial, sino que trata de buscar desapasionadamente la verdad, presentando en forma rigurosa y completa los eventos y desarrollos del pasado, dándoles una interpretación coherente con ellos. El cumplimiento de los estándares requeridos en esta disciplina no garantiza obviamente el establecimiento de una verdad única y final, no solo porque todo conocimiento científico es conjetural, sino porque las interpretaciones históricas son por naturaleza ‘construcciones frágiles’, siempre sujetas a nuevos descubrimientos, a nuevas preguntas y enfoques, y por eso la discusión y el debate son indispensables para permitir la reinterpretación del pasado.

Como sociedad, hay preguntas que no podemos ni debemos eludir. ¿Qué sucede cuando una minoría del país aspira a imponer, al margen del Estado de Derecho, un cambio revolucionario que la mayoría rechaza? ¿Qué ocurre cuando se apoya la vía armada como método legítimo de la lucha política o se promueve la guerra civil? ¿Cuáles son las consecuencias de predicar el odio y de tratar de destruir, por ‘formal y burguesa’, la democracia representativa, única forma de gobierno capaz de hacer prevalecer las libertades y los derechos humanos?

En suma, la derecha debe convivir con la memoria; y la izquierda, tolerar la historia.

Sobre los dichos de Mauricio Rojas

museo de la memoria

Por Julio Dittborn Cordua

Algunas personas han argumentado que un museo de la memoria solo debe mostrar la brutalidad de los actos cometidos por unos contra otros, y que las causas o el contexto en que esos delitos fueron cometidos no debe ser un objetivo de dicho museo. Curioso razonamiento, porque conocer las causas o el contexto de la violencia que generó la violación de los derechos humanos es vital para evitar que esos mismos hechos se repitan en el futuro.

Además, cabe preguntarse si existirían museos de la memoria para recordar la violación de los derechos humanos «en el vacío», es decir, sin causa ni contexto alguno que explique dicho comportamiento. Probablemente no.
La existencia de causas y un contexto histórico son condiciones necesarias para las violaciones a los derechos humanos y la existencia de museos de la memoria, por lo que obviamente estas deberían tener un lugar de importancia en nuestro Museo de la Memoria.

Esta grave incoherencia conceptual y ética agrava aún más que políticos y ciudadanos de izquierda, que se autodesignan «defensores de los derechos humanos», hayan recibido en Chile con honores y silenciosa mansedumbre a personas como Erich Honecker o no disimulen hoy su admiración por individuos como Nicolás Maduro y Fidel Castro.

El silencio de los viejos

Por Roberto Hernández Maturana

Este fin de semana, participé en una reunión de amigos, conocidos y familiares, la mayoría pertenecía a esa generación de adultos jóvenes que ronda hoy los cuarenta, todos profesionales, seguros de ellos mismos, sintiéndose dueños del efímero presente y – engañosa pero convenientemente para su existencia presente – dueños de su futuro, la mayoría, si no todos, declarándose apartidistas y apolíticos.

Inevitablemente la conversación giró hacia los temas de actualidad, en especial la destitución del ministro de “las Culturas” Mauricio Rojas y los temas relacionados con los “derechos humanos”. En general pude constatar su postura crítica a lo que el discurso políticamente correcto ha llamado “las violaciones a los derechos humanos», igualmente pude darme cuenta como en general acerca de este sensible tema, la mayoría ya tenía una “opinión formada” respecto a las violaciones a los derechos humanos cometidas por “agentes del estado”, más allá de cualquier contexto.

Obviamente, y como militar en retiro, que a mis 20 años, me correspondió vivir ese trágico periodo, mi argumentación estuvo apuntada a expresar que “otra cosa es con guitarra” y que ellos gracias a todo ese amargo período (la crisis más grande vivida por el país en los últimos 100 años), nuestra generación y muy en especial los que en esa época integrábamos las FF.AA y policías, y también porque no decirlo, los que tomaron las armas para oponerse al gobierno militar, debió enfrentar y superar, para que ellos pudieran gozar hoy del presente que tienen y del futuro al que aspiran para ellos y su descendencia, haciendo hincapié en que nosotros, los ahora viejos militares, más que misericordia, aspiramos a tener una justicia justa , al ser acusados – y también condenados – a la bandada bajo acusaciones febles y bajo un sistema procesal ya inexistente en Chile.

Con dolor pude ver que en general, la mayoría, se ha comprado todo el discurso “políticamente correcto” que ya es parte de ellos.

Es verdad que ningún abuso cometido puede ser hoy, ni entonces, comprendido ni aceptado, pero no puedo aceptar que se condene así con tanta ligereza los hechos del pasado, desde la comodidad del sillón, sin “memoria” y sin “historia”, en especial por quienes nunca estuvieron “donde las papas queman”, y ello vale no solo para los jóvenes de hoy, sino también para ese montón de civiles hipócritas, de izquierda y de derecha, que propiciaron esa tragedia y que sacaron la castañas con la mano del gato militar”, así como también de mandos que nunca respondieron por lo que ordenaron a quienes entonces éramos los subalternos, únicos hoy que enfrentamos las consecuencias y costo político militar y social que hoy se paga por enfrentar la crisis vivida en aquellos años. Mal ejemplo, mala señal para las nuevas generaciones de militares y policías que hoy integran las instituciones – al parecer hoy no tan – fundamentales de la república.

Recordé entonces esas conversaciones que a los 40 sostenía con mis padres, tíos y suegros de mi generación anterior, en que especialmente, ellos, los hombres (las mujeres normalmente no participaban de estas disquisiciones…, hablaban de otras cosas, siempre han sido más prácticas), se sumían en largos silencios cuando les refregaba (arrogante y estúpidamente) en su cara, la irresponsabilidad, desidia y cobardía de esa generación para enfrentar una crisis que al final “nosotros” debimos enfrentar, sin avisparme en que no éramos nosotros,

si no esa generación a la que perteneció Allende, Prat, Pinochet, Aylwin, Jarpa, Valdés, Altamirano, Corvalán y otros quienes crearon, enfrentaron y gestionaron y seguían gestionando (Bien o mal, pero sin ensuciarse las manos), la crisis antes durante y después de ese aciago 1973.

Hoy estos adultos jóvenes critican desde la comodidad y distancia que les da el tiempo, enjuiciando los hechos del pasado, sin darse cuenta (o quizá sí, pero no les importa), que una vez más son los jóvenes de entonces, ahora viejos dirigentes políticos, de oposición y gobierno, quienes les ponen la música que ellos mansamente bailan. Los ex uniformados son el “pato de la boda”.

De a poco me fui quedando en silencio y me sumí en la taza de té que tenía frente a mí y poco a poco comprendí el silencio de mis padres, tíos y suegros… El silencio de los viejos.

Sobre libertades condicionales

De Cartas al Director diario El Mercurio 15 de Agosto de 2018

Por Carlos Künsemüller  Loebenfelder, Profesor titular de Derecho Pena, Ministro de la Corte Suprema y Presidente del Instituto de Ciencias Penales de Chile.

Respecto de las libertades condicionales:

  1. En mi comentario anterior (10 de agosto), argumenté que la libertad condicional no implica una reducción o disminución de la pena originalmente impuesta al condenado, como lo declara expresamente el artículo 1º del D. Ley 321: «no extingue ni modifica la duración de la pena».
  2. Los más connotados representantes de la doctrina penal chilena de la época moderna coinciden con el profesor don Enrique Cury en cuanto a que «…quien está en libertad condicional no ha cesado de cumplir su pena, solo significa que la cumple de una manera distinta» (Derecho Penal, Parte General, 7ª edición, 2005, pág. 724). Basta, para reafirmar lo anterior, con revisar las opiniones de Labatut Glena, Etcheberry, Politoff, Matus y Ramírez, Bullemore y McKinnon, ninguno de los cuales puede ser identificado con posiciones contrarias al respeto irrestricto de los derechos humanos.

Otro de los grandes del Derecho Penal chileno, Eduardo Novoa Monreal, a quien se le rinde en estos días merecido homenaje a través del libro «Derecho y cambio social. Estudios críticos en homenaje a Eduardo Novoa Monreal», DER ediciones 2018, precisa en su obra que «…jurídicamente, la libertad condicional no es una forma de reducir o acortar la condena o de remitir una parte de ella: la duración de ella se mantiene, pero en lugar de cumplirse recluido en el establecimiento penal, se entiende cumplida estando fuera de este en uso del beneficio» (Curso de Derecho Penal Chileno, Parte General, T.II, 2005, pág. 314).

3. En el ámbito del Derecho Comparado cobra especial importancia la opinión de un profesor alemán muy respetado por los penalistas chilenos, como es Hans Heinrich Jescheck, quien en su «Tratado de Derecho Penal, Parte General», redactado conjuntamente con Thomas Weigend, expresa que «la libertad condicional no implica una modificación de la pena sino que es una medida penitenciaria» (traducción de Miguel Olmedo Cardenete, 5ª edición, pág. 915).

4. Lo que el artículo 110 del Estatuto de Roma proscribe es la reducción de las condenas; esto es, la disminución del tiempo de privación de libertad impuesto en la sentencia firme, sin que previamente se acrediten ciertos requisitos; esta situación es totalmente ajena a la libertad condicional, según creo haber expresado claramente, con el aval de los maestros penalistas y lo debería saber, además, incluso sin tan ilustre compañía, todo jurista o candidato a este estatus.

5. Dejo constancia que esta opinión, emitida con fines didácticos, es a título meramente personal y no vincula a ninguna otra persona natural ni jurídica.

DD.HH. y Punta Peuco

Alberto Cienfuegos Becerra, ex General Director de Carabineros

En los últimos días ha cobrado gran y esperado impacto la resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema, que otorgó beneficios carcelarios a algunos exuniformados que cumplen condena por violación a los DD.HH.

Con justificada reacción, los familiares sobrevivientes de las víctimas de tales violaciones han protestado por dicha resolución, pues han sufrido lo indecible, especialmente en los casos en que sus familiares nunca han aparecido.

Dichos familiares han exigido, como una de las condiciones básicas, que los condenados manifiesten arrepentimiento y entreguen información.

Por otro lado, familiares de los condenados han permanecido al margen del reconocimiento por la resolución judicial.

Sin embargo, diversos actores políticos y otros han celebrado este hecho, ofendiendo a los familiares sufrientes.

Me parece que resulta un agravio para los familiares que se pondere la resolución de la Corte Suprema, porque resulta innecesario. La Corte Suprema no requiere que todos los ciudadanos legitimen sus fallos, puesto que, en un estado de derecho democrático, la Justicia está radicada en uno de los tres poderes del Estado, independientes entre sí.

Por otra parte, esta situación no debe localizarse entre derechas e izquierdas, o entre Punta Peuco u otro penal. Esto rebaja el debate de fondo, que es la defensa de los DD.HH. y las resoluciones de la Justicia.

Al respecto, soy partidario de que a todo condenado, por cualquier o varios delitos, se les conceda pasar sus últimos días en sus domicilios, cuando se encuentren en estado terminal de salud.

Por otra parte, me parece que todo condenado, por el delito que sea y sin encontrarse en estado terminal, cumpla condena en recintos penitenciarios hasta determinada avanzada edad.

Si en el pasado un Estado violó, a través de sus agentes, los DD.HH., el estado de derecho democrático debe avanzar en reducir el impacto negativo de las dos posiciones contrapuestas frente a esta realidad. Aquel está obligado a procurar la paz y la cohesión social.

 

Opiniones y libertad de expresión

Editorial diario La tercera 14 de agosto de 2018

El ex ministro de Cultura, Mauricio Rojas, duró apenas unos días en su cargo, al que se vio obligado a renunciar luego de que este medio recordara las duras críticas que formuló al Museo de la Memoria hace un par de años, en donde acusaba que la muestra era una suerte de “montaje” destinado a “confundir” y a perder el contexto histórico que dio origen a la violación de los derechos humanos.

Aun cuando el exministro se desdijo de estas controvertidas afirmaciones -el gobierno también tomó distancia de ellas-, la ola de críticas que sobrevino hicieron inviable su continuidad. Pocas veces se había asistido a una suerte de cuestionamiento tan implacable que no solo se reflejó en la campaña desplegada en redes sociales, sino que también se extendió a la propia institucionalidad del Estado, pues parte de los senadores de la comisión de Cultura del Senado amenazaron con no recibirlo en ninguna instancia oficial, lo  que desconoce gravemente la facultad presidencial de nombrar a los ministros de Estado.

Habrá numerosas lecciones que se podrán extraer a raíz de este desafortunado episodio -desde luego, La Moneda debe hacer un mejor chequeo de quienes van a desempeñar altas investiduras públicas, para evitar ingratos contratiempos, y los propios nominados deben ser más proactivos para detectar sus posibles conflictos, algo que Rojas no hizo-,pero hay una dimensión que requiere especial examen por parte de la sociedad, ya que en la medida que las personas sean condenadas por sus solas opiniones, existe el riesgo de que el país se deslice por la pendiente de la censura y el amedrentamiento, en que todo aquello que no coincida con ciertos grupos, sencillamente no tiene cabida o, peor aún, puede llegar a ser una causal de inhabilidad para ejercer en el servicio público.

Los museos de la memoria y «las guerras»

Por Genaro Arriagada Herrera

La caída de Mauricio Rojas como ministro de las Culturas es una oportunidad para plantear un

tema relevante, que es el significado y la relación entre memoria e historia.

Una sociedad que ha sufrido masivas violaciones de los derechos humanos no debe borrar ese pasado. Puede haber perdón -que es un acto privado-, pero no olvido, pues este abre el camino a la impunidad y hace más posible (nunca se estará enteramente libre de ese riesgo) que esos crímenes se repitan. La amnistía como recurso judicial y la amnesia como cultura son nefastas para una sociedad.

Es un signo de salud, y no un error, que las sociedades construyan elementos para salvar el recuerdo de esos horrores. No es extraño, por tanto, que en las sociedades democráticas, no en las dictaduras, se hayan creado museos de la memoria cuyos ejemplos notorios son los del Holocausto, pero también aquellos que registran la esclavitud, los abusos sobre los pueblos originarios, el

bombardeo atómico o sobre guerras estúpidas, como ese memorial en Washington donde la fuerza está en el listado, sobre una placa, de los 58.196 norteamericanos que murieron en la Guerra de Vietnam. (¿Habrá alguna vez un panteón para recordar el par de millones de vietnamitas que fueron sacrificados en las guerras contra Francia y Estados Unidos?)

Un museo de la memoria debe ser estricto en los hechos que registra, mover a la solidaridad y a la compasión frente al sufrimiento, inducir a la afirmación de que «nunca más», pero no es un texto de historia y su existencia no tiene la pretensión de consagrar «la» verdad. Es aquí donde memoria e historia -sin contradecirse- se separan. La memoria son hechos, claros y duros; los mismos con que trabaja la historia. Pero frente a esos hechos caben no una, sino varias interpretaciones, que compiten y normalmente por mucho tiempo, y ese es el papel de la historia, pero no el de los museos de la memoria. Interpretaciones que no son neutras ni irrelevantes, pues la forma en que percibimos la historia, particularmente la reciente, es lo que adelanta los rasgos del futuro que nos hemos propuesto construir. Es por esta razón que los movimientos refundacionales -sean revolucionarios o conservadores- se preocupan tanto por este asunto. Al fijar el pasado creen adelantar la forma que va a tener el futuro. Actúan como si para hacer creíble la promesa de un porvenir luminoso, la mejor arma fuera reescribir el tiempo pretérito con los tonos más grises.

Es por estas razones que el respeto de los museos de la memoria no es obstáculo para lo que David Rieff , con cierta exageración que él mismo advierte, llama «las guerras por la historia». Cuando la memoria intenta apropiarse de la historia, lo que tenemos es el intento de «imponer un criterio particular y un programa político y social». Y si el museo de la memoria debe estar hondamente comprometido con el dolor de las víctimas, el historiador -como lo dice Todorov- debe estar consciente de que «el sufrimiento de un grupo no prueba que su causa sea justa, ni la compasión por sí sola puede tomar el lugar de la política».

Aún hay memoria, ciudadanos

Por Gonzálo Rojas Sánchez

Los museos le han complicado la vida al Presidente Piñera.

Primero fue el Histórico Nacional, que con su muestra sobre la libertad -la que incluía una cita del Presidente Pinochet- significó el comienzo del fin para la ministra Pérez.

Ahora ha sido el así llamado «Museo de la Memoria», caso que le ha costado su cargo en la misma cartera a Mauricio Rojas, noventa horas después de asumir. Récord mundial.

Por algo será. Parece que la memoria, que la historia, no se avienen bien con el piñerismo.

¿Sabía Piñera lo que había dicho Rojas sobre el dichoso museo? Si lo sabía, ¿por qué lo nombró? Y si no lo sabía, ¿en qué mundo vive, con qué asesores cuenta?

Pero, más allá de la información que haya tenido, lo importante es la decisión que posteriormente toma el Presidente: descoloca a su flamante ministro mediante la declaración de Blumel y, a continuación, se rinde ante las presiones de la izquierda, y lo fuerza primero a retractarse y después a renunciar. Eso es lo que quedará en la memoria, en la historia, como uno de los más notables actos de manejo de personas en la historia contemporánea de Chile.

Rojas tenía una mirada sobre el museo y la había expresado con valentía. ¿Nadie comparte en el Gobierno su visión original, su opinión antes no contaminada por las presiones?

Sin duda, en Palacio -con todas sus extensiones ministeriales- hay tres tipos de personas.

Por una parte, los que han decidido olvidar su propio pasado de colaboración con el gobierno del Presidente Pinochet, hacerse los giles y comenzar una nueva vida. Los conocemos, sabemos quiénes son: están marcados por su indeleble claudicación.

Por otra, los que sufren en silencio la humillación a sus convicciones. Creen que es mejor colaborar con Piñera por el bien de Chile, a pesar de cómo son maltratados. Los comprendo. Son personas nobles, en su mayoría guzmanianos. Pero para todo hay un límite: ha llegado el momento en que tienen que considerar hasta cuándo es legítimo someterse a tanta vejación, a tanta esquizofrenia.

Y, en tercer lugar, están los que trabajan para un gobierno que ganó con votos de derecha, que se declara de centro, pero que los acoge a ellos como personas de mentalidad histórica de izquierda. No me cabe duda: habrían sido del MAPU o de la IC en 1973. Ellos están felices con la decisión piñerista de sacar a Rojas: en esto, no se distinguen en nada de Boric o de Guillier, de Teillier o de Elizalde.

Unos y otros y otros, todos, están colaborando con la anulación de la auténtica memoria, incluso antes de que se apruebe la ley que termine con la libertad de investigación histórica en Chile.

Y a la izquierda, ante las declaraciones de Mauricio Rojas, ¿le costaba mucho pedir algo así como «dé por favor sus argumentos para sostener su postura respecto del Museo de la Memoria»?

Sí, le costaba mucho.

Le costaba que alguien le recordara al Partido Comunista su entusiasta apoyo a la invasión de Checoslovaquia, 50 años atrás, el 20 de agosto de 1968. Le costaba que alguien recordara la declaración de la Cámara de Diputados de hace 45 años, el 23 de agosto de 1973, acusando al gobierno de Allende de empeñarse «en conquistar el poder total» y «lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario». Agosto no era un buen momento para que la izquierda entrara en discusiones históricas. Además, nunca le han interesado, y siempre ha entendido que es fácil obtener la rendición de sus adversarios. No iba a dejar pasar esta nueva oportunidad. Por eso, le era mucho más conveniente evitar todo debate histórico, y presionar a Piñera para que, una vez más, les diera la razón, les diera la fuerza, les diera el triunfo.

Pero no todos somos así. Aún hay memoria, ciudadanos.

 

Campanas de Palo… Campanas de Bronce

Por Cristián Labbé Galilea

En la tertulia de esta semana, mientras los asistentes trataban febrilmente de imponer sus opiniones sobre “los cuadernos de las coimas” o  la sorpresiva enfermedad del Cardenal Ezzati, uno de los parroquianos interrumpió informando sobre el cambio de gabinete… ¡La sorpresa fue total!

Para algunos resultaba innecesario… “es muy temprano, van solo seis meses”; para otros, poco relevante… “pudo ser más a fondo…” ¡Así es la política! No hay como darles el gusto a todos.

A los más avispados parroquianos les sorprendió que la acusación a tres ministros de la Corte Suprema, por parte de un grupo de congresistas de oposición, no fuera lo más importante de la semana.

Conversamos largamente sobre el tema y sobre lo impresentable que resultaba que una minoría -además de odiosa- ruidosa, cuestionara un fallo judicial ajustado a derecho y en plena concordancia con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, por el solo hecho de no ser funcional a su espíritu de venganza.

Coincidimos en que, si bien se trataba de un asunto exclusivamente político, y que por lo tanto no debería prosperar, esta acusación era una clara evidencia de que, para el sector más radical de la oposición (minoritario por cierto), los fallos de los tribunales son aceptables sólo si favorecen a sus intereses políticos.

El cuestionar una sentencia como la referida, después de haber acogido “oficialmente” en nuestro país a un criminal como Honecker, o de haber cohonestado las violaciones a los derechos humanos en Cuba, y en los países de la órbita socialista, así como excusar a violentistas como Tellier, es una demostración palpable del doble estándar que -en estos temas- inspira a la izquierda y que, de paso, amilana e intimida a la derecha.

En lo sustantivo estuvimos de acuerdo en que, la mayoría que sigue a la distancia estos enviones por presionar a la justicia, espera con optimismo que los integrantes del Poder Judicial no se dejen amedrentar por ofensivas comunicacionales o por “ruidosas funas callejeras”. (Amen)

Con todo lo que se dijo no pude resistirme a relacionar lo comentado -“los cuadernos argentinos”, las complicaciones eclesiásticas, la acusación a los jueces, la persecución a los militares…-,  con los lamentos que “Martín Fierro” deja escapar dolorido por la triste suerte del gaucho en aquellos tiempos… y que me parecen aplicables perfecta y libremente a la situación que afecta a nuestros militares:

(…) Él nada gana en la paz/ y es el primero en la guerra/ no le perdonan si yerra/ que no saben perdonar/ porque el gaucho (el militar) en esta tierra sólo sirve para votar/…

(…) Para ellos son los calabozos/ para ellos las duras prisiones/ en sus bocas no hay verdades/ aunque la razón les sobre/ que son “campanas de palo” las razones de los militares… 

Considere mí leal parroquiano que “una campana de palo”, no tañe, no llama, ni se hace oír; sin embargo, el odio y la venganza siempre suenan como… “campanas de bronce”.

Adiós, colega y amigo

Columna de Joe Black

Para nosotros, el modesto gremio de columnistas, la salida de Gerardo Varela del Gobierno es una pequeña tragedia. Perdimos a nuestro colega en el poder. Y al mismo tiempo se nos hizo ver que los columnistas probablemente seamos el antónimo de los políticos.

Los columnistas tratamos de transmitir nuestra opinión, nuestro punto de vista, de la manera más atractiva posible. Usamos recursos como metáforas, analogías, hipérboles. Los que tratamos de ser de verdad no buscamos con este ejercicio hacer proselitismo ni tratar de agradarle a nadie. Simplemente intentamos que nuestros lectores se formen su propia opinión azuzados por nuestra particular perspectiva.

Ser político es un oficio distinto. Muy. Por eso creo que lo mejor es que los columnistas se olviden -nos olvidemos- de incursionar en la política.

Es duro este momento. Cada vez que pasa algo así me acuerdo del poema de Auden, «Funeral Blues»: «Paren todos los relojes, corten el teléfono / Denle un hueso jugoso al perro para que no ladre / Callen los pianos y, mientras retumba un sordo tambor, / Saquen el féretro y dejen salir el dolor / Ya no queremos estrellas: retírenlas todas / Desmantelen el sol y empaquen la luna / Talen los bosques y vacíen los mares / Porque a partir de hoy solo habrá pesares».

Pero junto al pesar, también habita un sentimiento de inequidad. ¿Cuántos políticos contrarios al signo político de Varela han hablado leseras antes y han pasado piola, y se han mantenido en sus cargos de poder?

¿Qué le pasó a Nicolás Eyzaguirre cuando dijo que su gobierno quería quitarles los patines a los niños que andaban más rápido? Nada. O cómo olvidar esta otra: «Nunca pude tener (con Soledad Alvear la química que tengo con Michelle (Bachelet). Quizá era por su personalidad más estructurada que me costaba saber a quién tenía al frente. Pero con mi ‘gordi’ sí lo sé».

¿Qué le ocurrió a Guido Girardi cuando dijo que la gripe porcina podía contagiar a dos o tres millones de chilenos y que «fácilmente podríamos tener 100 mil muertos»? El Estado de Chile se gastó millones de dólares en vacunas que luego hubo que botar porque no se necesitaron. ¿Consecuencias para él? None.

Otro es Hugo Gutiérrez. Tiene una antología de frases insólitas, pero yo me quedo con la más hardcore : «Hinzpeter tiene el síndrome del niño abusado. Un judío que actúa como nazi».

Y qué me dicen de esta joya del senador Quintana: «Nosotros no vamos a pasar una aplanadora, vamos a poner aquí una retroexcavadora, porque hay que destruir los cimientos anquilosados del modelo neoliberal».

Para no ser menos, el ex ministro Arenas dijo que llegarían «brotes verdes» en la economía, pese a que estaba todo marchito.

Y me guardo para el final al ex ministro Campos: «El domingo fui a conocer el centro donde murió esta niña Lissette (…) Encontré un centro ordenado, limpio, pequeño. No vi los hacinamientos que algunos le atribuyen y, perdónenme, tenía hartas más comodidades que las que yo tuve en el Internado Liceo de Hombres de Talca».

¿Se dan cuenta? Hay un claro doble estándar para juzgar. Con los columnistas… implacables. Con los políticos… manga ancha.

¿O es de otra manera como ocurre el desbalance? Le voy a dar una vuelta.

Amedrentando al Poder Judicial

Por Roberto Hernández Maturana

Recientemente el Pleno de la Corte Suprema emitió una Declaración Pública en que rechaza la intención de los partidos políticos que integran el Frente Amplio y la ex Nueva Mayoría, de acusar constitucionalmente a tres integrantes de la 2da. Sala (Sala Penal) de dicha Corte Suprema, luego que esta otorgara la libertad condicional a siete ex uniformados cumpliendo condena en el presidio de Punta Peuco.

De esta forma, el máximo tribunal del país estimó que esta posible acción es una «grave afectación de la autonomía de los magistrados» que amenaza «la autonomía indispensable“ para el desempeño de los jueces.

En una declaración de cinco puntos, el Pleno considera que esta posible acción también pone en riesgo “la vigencia del Estado de Derecho y el respeto de las competencias y facultades propias de las autoridades, conforme a la Carta Fundamental”.

Junto con reconocer las potestades de los integrantes de la Cámara de Diputados para ejercer los mecanismos de control que consagra la Constitución Política del Estado, es necesario destacar que en esta declaración de 5 puntos el máximo tribunal de la república hace notar la imprescindible necesidad de que en un Estado de Derecho se respete  las competencias y atribuciones de las distintas autoridades estatales, conforme a los pesos y contrapesos que la Constitución Política de la República.

Destaca a continuación entre entre las bases del mismo Estado de Derecho se asegura a todas las personas la garantía de un debido proceso legal y que incluso la Naciones Unidas han manifestado que “los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los derechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualquiera sectores o por cualquier motivo (principio 2), por lo cual “no se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales” (principio 4), postulados que ha hecho suyos la Cumbre Judicial Iberoamericana.

Manifiestan los jueces que ha sido en el ejercicio de sus potestades jurisdiccionales, que los ministros de la Segunda Sala Penal acogieron los recursos de amparo interpuestos en favor los ex uniformados condenados, lo que origina esta acusación “dado el diferente entendimiento que los parlamentarios patrocinantes tendrían en torno a la forma como se aplicó el derecho en el caso.”

A continuación nos indica el Pleno de la Corte Suprema que el cuestionamiento a una resolución judicial implica la revisión de la misma por un organismo extraño y por vías diferentes de la jurisdiccional, lo que se considera reñido con el ordenamiento constitucional, generando “una grave afectación de la autonomía de los magistrados, y por lo mismo de la efectiva vigencia de la garantía de los ciudadanos de contar con un  juez independiente e imparcial.”

Notable es el cierre de esta Declaración Pública en que los magistrados concluyen que “Lo que está en riesgo con este proceder no son los cargos de los jueces de la Corte Suprema, sino la autonomía indispensable para su desempeño y, por ende, la vigencia del Estado de Derecho y el respeto de las competencias y facultades propias de las autoridades, conforme a la Carta Fundamental.”

La verdad es que hace mucho tiempo ha dejado de llamar la atención el doble estándar que la izquierda tiene cuando se trata de aceptar o no cualquier hecho ya sea judicial, social, moral, incluso económico, según sus propias conveniencias. Así ha sido históricamente, jugando con las leyes y el estado de Derecho. Lo hicieron durante el siglo 20 y continúa exactamente igual en el siglo 21, permaneciendo dentro del sistema del estado pero aceptando sus resoluciones solo cuando le ha convenido, basta recordar las ambigüedades  del gobierno de Salvador Allende y sus resquicios legales, además de los constantes ataques al poder judicial y que decir de los acuerdos políticos aprobados  por el Partido Socialista en el Congreso de Chillan, en noviembre de 1967, y en el Congreso de La Serena, en enero de 1971 donde permaneciendo en el sistema democrático manifestaba “’1.El PS, como organización marxista-leninista, plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación, para instaurar un Estado Revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la construcción del Socialismo.

“2. La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y, a su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato burocrático y militar del estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista”.

Está en el ADN de la izquierda protestar, victimizarse cuando le conviene, generar sus mártires, incluso sus santos, amedrentar a cualquiera que se oponga a sus objetivos, sean autoridades, entidades, personas, en fin todo lo que considere necesario para cambiar la historia.

La gran mayoría de los ex militares y policías procesados o presos, con conformidad o no, muchos de ellos sintiendo que se cometía una gran injusticia en la forma y en el fondo de sus procesos, finalmente han aceptado las resoluciones de la justicia, se han presentado a los tribunales cuando fueron requeridos y en su mayoría enfrentaron las condenas que les han afectado de por vida a muchos. Finalmente, el cumplimiento de la ley, de los reglamentos y las normas vigentes, las mismas que llevó a gran parte de ellos a cumplir las órdenes que se les impartieron en el pasado, les han llevado en el presente a aceptar el destino que los poderes del estado, el mismo que ayudaron a restituir en épocas turbulentas, hoy les impone gravemente… Está en su ADN, uno muy distinto que hasta hoy tienen una gran parte de la izquierda.

Notable abandono de deberes

Por Christian Slater Escanilla

Si de deberes se trata, con respecto a la acusación presentada por un grupo de congresistas contra los ministros de la Corte Suprema por “abandono de deberes”, estimo justo y necesario que alguno de ellos le explique a la ciudadanía cuáles son los deberes de los ministros de la Corte Suprema y cuáles son de los congresistas.

Creo que esta es una muy buena instancia para que algún Diputado o algún Senador, nos de una clase magistral de educación cívica. Nunca es tarde para aprender y, más aún, para que como ciudadanos exijamos el cumplimiento de esos deberes. Así, poder tener también, los elementos de juicio para apoyar a los congresistas que han desafiado a la justicia. Siempre y cuando esos “deberes” existan y se refieran a que, en el cumplimiento de ellos, los ministros de la Corte Suprema no pueden otorgar libertades condicionales a condenados por violaciones de los derechos humanos.

Finalmente, hablando de los deberes de los congresistas, interesante sería saber cuántas leyes se han aprobado en los últimos 28 años –desde 1990 a la fecha– y cuántas se aprobaron en los 17 años del gobierno de las Fuerzas Armadas.

Amenaza a la independencia judicial

Editorial El Mercurio de Santiago, 12 de Agosto de 2018

La batalla por asegurar la independencia de los tribunales ha sido larga y dura en las democracias occidentales. Desde que Montesquieu propusiera tal idea en 1768 para moderar la monarquía absoluta y hasta nuestros días, no ha sido fácil garantizar a los jueces el ejercicio de una potestad no perturbada ni dirigida por el poder político. El anuncio por diputados de oposición de su decisión de presentar una acusación constitucional contra tres ministros de la sala penal de la Corte Suprema, «por notable abandono de deberes», levanta la pregunta: ¿se trata del ejercicio legítimo de una atribución legislativa o estamos ante una revancha política inadmisible que socava las bases de la independencia jurisdiccional?

Bajo la Constitución de 1980 se han presentado acusaciones a 17 ministros del máximo tribunal. Todas fueron rechazadas, salvo la que prosperó en 1992, únicamente contra el ministro Hernán Cereceda.

Se ha escrito mucho sobre el alcance del notable abandono de deberes como causal prevista por la Constitución para el juicio político a ministros de los tribunales superiores de justicia. Una primera tesis sostiene que solo podría acusarse a los magistrados por los llamados «delitos ministeriales», que son los ilícitos penales previstos para la función judicial. Es el caso de una actuación judicial corrupta, torcida, venal, constitutiva de cohecho, de prevaricación, que merece el reproche político de la remoción, además de las consecuencias penales propias. Otros sostienen que el notable abandono alcanzaría también actos judiciales que quebranten la ritualidad procesal indispensable para un juicio justo.

Unos y otros, empero, están de acuerdo en que es una grave distorsión utilizar el juicio político para imponer -desde el Congreso- criterios jurídicos de interpretación de leyes; tal cosa sería la negación misma de uno de los pilares fundantes de la democracia. En Chile, la Constitución prohíbe al Congreso Nacional ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes o revisar los fundamentos o contenidos de las resoluciones.

Si se analizan los antecedentes de la acusación que se anuncia, es fácil concluir que se trata de una simple discrepancia jurídica, de interpretación, de los parlamentarios, impropiamente reconducida a una amenaza de remoción. No hay aspectos ni éticos, ni procesales, ni menos penales en la hoja de los ministros. Los diputados, en suma, exigen que la Corte niegue la libertad condicional a los condenados por ciertos delitos de lesa humanidad, mientras las leyes y tratados internacionales no son claros en prohibir tal decisión y la Corte es del legítimo parecer de concederla. Como precisó un destacado abogado de oposición, es el mismo Congreso el que ha fallado en recoger tal criterio aprobando una ley específica que niegue el beneficio. En este contexto, ya la simple presentación y tramitación de la acusación sería una muy grave afectación de la independencia del Poder Judicial, por la vía de sembrar una amenaza de remoción a todos los magistrados que discrepen del parecer de los acusadores. El pleno del máximo tribunal lo ha descrito con lucidez, al advertir cómo la pretensión de revisar una decisión judicial por parte de un organismo ajeno a los tribunales no solo está reñida con el ordenamiento institucional, sino que además pone en cuestión «la garantía de los ciudadanos de contar con un juez independiente e imparcial».

 

Corte Suprema y Acusación Constitucional

Editorial diario la Tercera, 12 de agosto de 2018

La oposición se encamina a reunir los votos necesarios para presentar en la Cámara de Diputados una acusación constitucional en contra de tres ministros de la sala penal de la Corte Suprema, bajo la causal de notable abandono de deberes luego de haber concedido la libertad condicional a una serie de reclusos condenados por crímenes de derechos humanos. Aun cuando se ha pretendido presentar estas resoluciones como una flagrante violación a tratados internacionales suscritos por Chile, y la consagración de la impunidad, los ministros que votaron por acoger los recursos de amparo no han hecho otra cosa que interpretar normas conforme un determinado criterio jurídico, lo cual por cierto puede ser enteramente discutible, pero en modo alguno podría configurar una infracción de deberes.

Los parlamentarios que han dado sustento a esta acusación transmiten la impresión de que los fallos de los tribunales solo son lícitos y defendibles en la medida que coincidan con sus preferencias personales o determinadas opciones políticas.  Aún más grave es que a pretexto de ello se recurra al expediente de una acusación constitucional como forma de amedrentamiento a otro poder del Estado, lo que erosiona el estado de derecho. Acertadamente, el pleno de la Corte Suprema hizo ver que el cuestionamiento a las argumentaciones de una resolución judicial afecta la autonomía de los magistrados, y con ello la garantía de contar con jueces independientes e imparciales, un inusual llamado de alerta que no debe ser desatendido.

No cabe desconocer la gravedad de los crímenes en contra de los derechos humanos, y la exigencia ética de buscar justicia y reparación. Pero es evidente que dicho imperativo debe ajustarse también a los principios esenciales del estado de derecho, uno de los cuales es que la justicia no puede ir más allá de las reglas previamente establecidas.

En esta contienda, ha quedado de manifiesto que no existen normas expresas que impidan que la libertad condicional -que no extingue la condena, sino supone una forma alternativa de cumplimiento- pueda ser otorgada a personas condenadas por crímenes de derechos humanos, pues la normativa que regula la concesión de este beneficio no alude a esta figura; en tanto, el delito que tipifica la “lesa humanidad y genocidio” fue introducido en nuestro ordenamiento recién en junio de 2009, sin que pueda regir retroactivamente. La mejor evidencia de que no existen normas expresas es que el anterior gobierno presentó -casi a fines del mandato- un proyecto de ley para regular esta materia, y de hecho en su tramitación ha sido objeto de indicaciones para hacerla aún más restrictiva e impedir que estos condenados no puedan acceder a dicho beneficio.

Los partidos políticos deben ser conscientes de los riesgos que supone para la democracia forzar a que los tribunales resuelvan bajo presión, porque con ello se rompe el indispensable contrapeso de los poderes del Estado, y las reglas del debido proceso se debilitan gravemente. A la luz de estas consideraciones esta acusación constitucional debe ser desestimada, y concentrar los esfuerzos en una solución legislativa respecto de las libertades condicionales que armonice razonablemente los distintos puntos de vista en juego y den certeza jurídica.

Al otro lado del muro

Por Roberto Hernández Maturana

Soy un militar en retiro. Elegí ser militar siendo un adolescente de 16 años, cuando ingresé a la Escuela Militar.

Viví mi profesión siempre sintiendo como la gran mayoría de mis camaradas, que daba lo mejor de mí por la Patria y por mi Ejército (que, para mí, entonces venía siendo casi lo mismo). Viví recién egresado de mi Escuela Militar, los convulsionados tiempos de aquellos años 70, en que el país se debatía en una crisis que nos llevaba sin retorno a una guerra civil…, algo semejante a lo que hoy vemos en nuestra hermana Venezuela. Cuando las Fuerzas Armadas, ante el clamor ciudadano intervinieron en la defenestración del gobierno de Allende, como la casi totalidad de mis camaradas cumplí las ordenes de mis superiores, en el convencimiento de que estábamos salvando al país de un mal mucho, muchísimo mayor. Viví sirviendo en el Ejército las crisis con Perú y con Argentina, las múltiples catástrofes que de tiempo en tiempo azotan a nuestro país, e incontables rescates y salvamentos en la cordillera, en que como instructor militar de montaña me correspondió participar.

Hoy con dolor veo a tantos camaradas – casi en su totalidad subalternos en la época – presos y/o procesados, muchas veces sin ninguna otra prueba que sólo testimonios frecuentemente vagos, que en ningún sistema ecuánime de justicia habrían sido aceptables, pero que en nuestro país han bastado para condenar a ex uniformados bajo un sistema legal ya derogado hace años en Chile.

Ya más viejo, no dejé de sentir envidia por la profesión de juez. Siempre puestos por encima de los demás ciudadanos, encarnando esa representación de la justicia, que mezcla los ojos vendados de la diosa romana Fortuna (el destino), con la griega Tique (la suerte), sosteniendo una balanza suspendida de su mano derecha, en la que se mide la fuerza de apoyo y de oposición de un caso, y la espada de Némesis (la venganza), en la otra mano que simboliza el poder de la razón y la justicia. Aunque para no pocos se trata de la representación de Temis, esa diosa griega que dirigía el orden natural de la unión entre un hombre y una mujer y los lazos familiares, retratada con una venda en los ojos representando la ecuanimidad, una balanza en una mano representando la justicia y una espada en la otra mano que significa represión para el culpable. Para mí la descripción más ajustada en el caso de los ex militares y policías, es la primera, especialmente en lo relacionado con Némesis (la venganza). Así, equivocado o no, he visto hasta aquí a los jueces juzgando lo que según ellos (con la presión de las circunstancias, las presiones políticas o ciudadanas- que a menudo es lo mismo- y su interpretación de la ley) era correcto o incorrecto, sancionable o no… No dejaba de sentir entonces una cierta envidia por esta inmunidad que les daba el estar siempre “al otro lado del muro”. Me podrán decir muchas cosas, pero lo sé de primera mano, al ser pariente de magistrados y abogados. Me  parecía así, que más allá de sus propios cuestionamientos morales y la interpretación o aplicación de la ley, propia del ejercicio de su cargo, ellos los jueces, siempre estarían cómodamente al otro lado del muro.

Sin embargo, con la acelerada llegada de la posmodernidad, ese movimiento cultural occidental que surgió en la década de 1980 y se caracteriza por la crítica del racionalismo, la atención a lo formal, el eclecticismo y la búsqueda de nuevas formas de expresión, junto con una carencia de ideología y compromiso social, y más recientemente, a partir del año 2010, con la llegada de la posverdad o “mentira emotiva”, ese neologismo que describe la distorsión deliberada de una realidad, con el fin de crear y modelar la opinión pública  e influir en las actitudes sociales,​ en la que los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales, llegué a la conclusión de que la profesión del momento aquella que te coloca realmente y con toda impunidad “al otro lado del muro” es el periodismo, o todo otro oficio  relacionado con aquél, como ser comentarista o articulista de un medio de comunicación social. Hoy estas ocupaciones, como ninguna otra, te permiten criticar, opinar muchas veces desde la ignorancia, y no pocas desde tu interés político, y a veces desde tus convicciones, lo que no siempre se condice con la realidad.

Así este verdadero «cuarto poder», que es la expresión con la cual suele designarse a la prensa, en clara alusión a la importante influencia que tienen los medios de comunicación en la sociedad y opinión pública y, sobre todo, en muchos gobiernos y sus representantes, convirtiéndolo junto a los tres poderes del Estado: los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en el nuevo árbitro, juez y jurado de la sociedad, ajusticiando y asesinando mediáticamente instituciones y personas en forma impune y muchas veces irresponsablemente, todo ello hasta que sus cultores caen bajo la guadaña, las garras y las fauces de sus propios congéneres…, otros periodistas, otros columnistas, otros comentaristas que muchas sirven a intereses creados e ideológicos. El caso de Fernando Villegas grita con fuerza esta realidad…, pero como él, muchos otros han caído antes y muchos más caerán en el futuro, víctimas de la ignorancia cuando no derechamente la mentira, la soberbia, el descaro, la inmoralidad y los intereses creados.

Sólo queda esperar que el péndulo de los tiempos lleve a su centro la conciencia social y colectiva y comencemos nuevamente a movernos desde el respeto al tercero, aun cuando piense distinto y vivamos realmente en una sociedad más tolerante, aquella en que hoy, precisamente los que se dicen tolerantes han demostrado ser todo lo contrario.

Beneficio a presos por violaciones de DD.HH

Adolfo Paúl Latorre, Abogado

Se ajustan a Derecho las recientes resoluciones de la Corte Suprema que acogieron los recursos de amparo interpuestos por militares prisioneros en la cárcel de Punta Peuco «tras establecer que los amparados cumplen con los requisitos legales para acceder a la libertad condicional y que no existe impedimento en la legislación internacional para denegar dicho derecho a los condenados por crímenes de lesa humanidad». En ningún tratado internacional se establece la exigencia del arrepentimiento para el otorgamiento de beneficios, como tratan de hacernos creer activistas de los derechos humanos.

Pero no se ajusta a Derecho lo manifestado en el sentido de que los beneficiados estaban condenados por «delitos de lesa humanidad», puesto que en la época en que habrían sido cometidos esa clase de delitos no existía en la legislación chilena. Lo cierto es que dichos militares fueron condenados por «delitos políticos», ya que fueron cometidos por motivaciones políticas durante una época de excepción constitucional y de convulsión social, los que en una situación de normalidad institucional no habrían ocurrido.

Beneficio a presos por violaciones a DD.HH.

Por Jaime Ravinet de la Fuente

Sin mucha sorpresa hemos leído una carta de los presidentes de los partidos de la ex Nueva Mayoría y del Frente Amplio criticando la resolución de la Corte Suprema que otorgó beneficios carcelarios a algunos presos de Punta Peuco.

No reparan que en muchos países desarrollados se otorga este tipo de beneficios carcelarios a los condenados que sobrepasan cierta edad o que están afectados por enfermedades terminales, de manera que sigan cumpliendo sus condenas en sus hogares, asilos u hospitales.

Y, lo que es más lamentable, algunos de ellos vuelven a caer en un doble estándar moral inaceptable.

Ninguno de ellos se quejó cuando Chile, hace algunos años, acogió al ex dictador de Alemania Oriental para que pasara sus últimos días acá, ya que padecía de una enfermedad terminal, no obstante su brutal y represiva gestión que sistemáticamente violó los DD.HH.

No es de extrañar. Son los mismos que no condenan dichas violaciones en Cuba, Venezuela y ahora en Nicaragua. Es obvio, solo lo hacen cuando los violadores son dictaduras de derecha o «fascistas», pero cuando quienes incurren en ello son gobiernos de izquierda, lo hacen para reprimir a los «contrarrevolucionarios» y en nombre del «progresismo».

Da pena que esa misiva la hayan firmado los presidentes de la DC y del PPD, sin considerar la importancia de valores como el perdón, la misericordia y la compasión. ¡Valores permanentes del humanismo cristiano y laico!

Libertades condicionales acogidas por la Corte Suprema a militares en prisión

Carlos Felipe Souper Quinteros

Las recientes libertades condicionales acogidas por la Corte Suprema, la mayoría en fallos unánime y que otorgó ese beneficio a siete militares en retiro que cumplían condenas, dieron  origen a sendas cartas que los presidentes de partidos políticos de izquierda publicaron en medios de comunicación social en los que recurriendo a fundamentos emotivos, pero carentes de todo asidero y sustento legal, manifestaron su critica y oposición a la resolución del mas alto tribunal judicial de la República. Esta misiva se suma a una serie de protestas de otras tantas organizaciones relacionadas con organismos de izquierda que dicen defender los derechos humanos, tendientes a confundir a la opinión púbica, ante lo cual es necesario aclarar lo siguiente:

Ningún prisionero político militar, PPM, de los que actualmente cumplen condenas en diferentes prisiones del país, pero fundamentalmente en Punta Peuco y Colina I, ha sido condenado por los maliciosamente denominados «delitos de lesa humanidad», todos de acuerdo a las resoluciones condenatorias lo ha sido por delitos de homicidio o secuestro, ya sea como autor, cómplice o encubridor, vale decir, DELITOS COMUNES.

Y no podría ser de otra manera, en atención a que el Estatuto de Roma fue incorporado como parte de la legislación chilena por la Ley N° 20.357, publicada recién el 18 de junio de 2009.

Esa propia normativa establece en su artículo 22 «Nullum crimen sine lege», ningún delito, ninguna pena, sin ley previa.

El artículo 23 indica «Nulla poena sine lege», quien sea declarado culpable por la Corte, podrá ser penado únicamente en conformidad a ese estatuto.

A mayor fundamento, el artículo 24 es lapidario, «Irretroactividad ratione personae», nadie puede ser perseguido por la corte por hechos o delitos cometidos ANTES de su entrada en vigencia.

Distinto es que, a la fecha, mañosamente se hayan utilizado las normas de esta ley durante las fases procesales y condenatorias, para eludir así y no cumplir con los plazos de prescripción establecidos en la ley común.

En consecuencia, si las condenas han sido formuladas por delitos comunes, estos chilenos tienen derecho a todos los beneficios que la ley establece para todos los condenados en Chile, siempre que cumplan con los requisitos legales preestablecidos, más aún, este grupo de militares en retiro que cumplen condenas, dadas sus condiciones de lazos familiares acogedores, sus compañeros de Arma que los recibirían gustosos, sus condiciones económicas y educacionales, hace que sea casi IMPOSIBLE alguna reincidencia, ello permite asegurar que ni siquiera pasarían con luz amarilla, muy a diferencia de los innumerables delincuentes a los que se les otorga indiscriminadamente beneficios y a los pocos días reinciden y cometen delitos más violentos. Los militares en retiro que cumplen condenas merecen una oportunidad de reinsertarse en la sociedad.

Finalmente, respecto de la carta remitida por los presidentes de partidos políticos de izquierda, la pregunta es exactamente al revés, ¿Cómo pudo un solo ministro de la Corte Suprema, hoy ex ministro, tener tanto poder como para torcer la recta aplicación del Derecho?

 

Ahora le toca al vecino

Por Cristián Labbé Galilea

En un atardecer de Anakena, a la sombra de muchos recuerdos y de viejas canciones… /ese farol no alumbra, no alumbra ese farol, póngale parafina que alumbrará mejor… /hurry, hurry, hurrá…/,  viejos amigos comentábamos lo importante que era comprobar que el Presidente de la Republica, con su visita a la isla, prestara tanta atención al futuro de Rapanui mientras, simultáneamente, su Ministro de la Familia y Desarrollo Social  (Moreno) hacía lo suyo con los mapuches…

Comentábamos que el gobierno estaba haciendo grandes esfuerzos por “pacificar los espíritus”… y que era algo que nos hacía mucha falta porque -a pesar de las diferencias- este país tenía todo para ser, no digo que la copia feliz del edén, pero algo que tímidamente se le parezca…

Pero, como decimos en jerga castiza… “no falta el… con fósforos” o, dicho de una manera más refinada, “no falta el león sordo”, en remembranza del cuento de aquel hombre que, en la selva, enfrentado a un grupo de leones, recordó que la música amansaba a las fieras, por lo que decidió tocar su violín, con lo cual los leones se relajaron y se quedaron casi dormidos; pero, cuando estaba a punto de irse a salvo, se lo comió un león. El cuento termina cuando un león le dice a otro…  “no te decía yo, ¡Qué el sordo nos iba a arruinar la fiesta!”.

Pues bien, en nuestra realidad está pasando lo mismo… El gobierno hace ingentes esfuerzos por pacificar los espíritus, por abordar los problemas más urgentes, especialmente los asociados a la educación, la salud y la seguridad, mientras  la oposición adopta la actitud del león sordo… No quiere ver nada bueno y sólo le interesa oponerse.

Ante esta realidad no queda otra actitud que “seguir tocando el violín…” es decir: seguir por el camino de las grandes metas.

Como, entre otras definiciones, la política es el “arte de anticiparse”, corresponde que quienes creemos que las cosas pueden mejorar con el tiempo, debemos –silente pero activamente- asumir nuestra responsabilidad con lo que viene… las elecciones municipales.

En oportunidades anteriores nos hemos referido a la necesidad de generar un “gran zumbido” que logre movilizar a los sectores pasivos constituyendo una fuerza que le dé estabilidad y proyección al progreso social, económico y político de nuestra sociedad… Los vientos soplan a nuestro favor, ahora hay que sumar y evitar la cosa pequeña, los ruidos que distraen y la inquina que divide… Estos días han sido de “una buena marea”.

Siguiendo con nuestro espíritu rapanui… y con el ambiente de nuestra isleña tertulia, los comensales concluimos que, desde la perspectiva del tiempo y de los grandes objetivos, ahora hay que mirar al futuro y concentrarse en las elecciones municipales.

Absortos en esas divagaciones y, recordando viejas canciones de nuestros guitarreos playeros, un isleño parroquiano interrumpió: “si quieren un mejor futuro, eso dependerá de cuanto hagan por ganar las próximas elecciones…”. Como nuestras expresiones no fueron muy elocuentes reforzó su reflexión tarareando esa vieja canción: “y ahora le toca al vecino”… ¡salud!