Asesinos Soft

Por Roberto Hernández Maturana

Recientemente, un estudiante de Derecho de la Universidad Católica, Johnny Olate,  denunció anónima y falsamente mediante las redes sociales al ex candidato presidencial del Movimiento Gremial a la FEUC, José  Ignacio Palma, acusándolo públicamente de abuso sexual: ello según manifestó después, como una especie de venganza, la narración de la supuesta “víctima”, otra estudiante universitaria concertada con Olate, se diseminó virtualmente y sus consecuencias fueron durísimas para Palma, quien fue linchado en las redes sociales, insultado y escupido en los patios de la universidad, crucificado públicamente con declaraciones destempladas y virulentas, motejado como “abusador”, hecho que entre otras consecuencias lo llevó a perder la elección para presidente de la Federación de Estudiantes de la UC, en la que incluso se le quiso impedir votar.

La “venganza” de Olate condenó así al asesinato de imagen y lapidación colectiva del “acusado”, en un acto de ejecución digno del circo romano, o de las decapitaciones en la revolución francesa.

Esta nefasta costumbre de la funa pública, a la larga puede tener (la historia así nos lo indica) una tendencia oscilante desde la inquisición de un signo a la de otro del signo opuesto…, pero los inquisidores y funadores o funadoras no estudian historia…,  ellos creen que son la historia y de esta forma empieza a aparecer: el “abuso del abuso”, denuncias al voleo convertidas en arma política. Y si alguien se atreve a insinuar una mínima crítica a esas prácticas, corre también el riesgo de ser “funado”.

Por ello, sería lamentable que el análisis del caso de José Ignacio Palma quede reducido a la justa reivindicación del afectado, o al sólo reproche personal a quien le calumnió, requiere un análisis profundo como sociedad que con toda seguridad ( ya se ve) no ocurrirá, desperdiciándose una oportunidad para recordar que las acusaciones falsas existen, y para reflexionar acerca del poder que le estamos reconociendo a cualquier denuncia, no corroborada y previa a toda investigación judicial, de constituirse en un antecedente suficiente para destruir la credibilidad y la honra de una persona poniendo en su contra al público y al sistema legal, desde el primer día.

La verdad es que hace tiempo se evidencia en nuestra sociedad una nueva forma de inquisición operando de facto en las redes sociales e incluso en algunos medios de comunicación social, lo que puede llevarnos como sociedad a  efectos devastadores para el ejercicio de la libertad y el debate intelectual. De este modo podemos ver en forma creciente, humillantes “mea culpa” públicos de autoridades, políticos e intelectuales, que tiemblan de miedo de perder sus posiciones, trabajos, o carreras académicas, haciéndonos recordar la Rusia de Stalin, o la China de Mao.

El caso de Palma es tan burdo y vergonzoso que muchos han tenido que salir a pedirle perdón, avergonzados de que recientemente querían hacer rodar su cabeza. ¿Pero cuántos hay que, habiendo sufrido acusaciones e investigaciones y probada su inocencia, no han recibido ninguna disculpa pública por la injusticia que les hicieron, por el “abuso” de que fueron víctimas?

Estamos hoy ante una sociedad que “construye historia” y olvida la historia, reflejando una crisis moral y valórica de nuestra sociedad, llevando décadas dando un mal ejemplo a nuestros jóvenes, a nuestros hijos; a tal punto que en la Universidad centro del saber, del aprendizaje e investigación, nuestros estudiantes hoy se entrenan para derrotar a sus adversarios creando falsas denuncias, como en este caso fue abuso sexual.

Por otra parte, esta generación se ha criado en la práctica de la ignorancia y el desconocimiento de la historia, siendo altamente intolerantes con el que piensa distinto, con el que se interpone en sus intereses y objetivos, en síntesis: la mentira y la falsa denuncia esta pasando a ser un hábito irresponsable entre nosotros.

Esta práctica es conocida hace muchos años por una generación completa de ex uniformados, que  siendo jóvenes subalternos en 1973 integraban las FF.AA. y que han sufrido las consecuencias de una deformación histórica institucionalizada , además del asesinato colectivo de imagen, mediante falsas denuncias y “ficciones jurídicas”, como práctica empleada por un sector político para perseguir con justicia o sin ella, o sirviéndose de ella (importa más la acusación a la bandada),  a través de una prensa ideologizada y sensacionalista y, de una verdadera maquinaria de la mentira usada por politizadas organizaciones de Derechos Humanos, ante la indiferencia de todos los  sectores políticos, que observan con cómplice indiferencia, como se juzga fuera del Estado de Derecho a quienes sirvieron al país cumpliendo órdenes hace ya más de 45 años

Pocos hoy se preguntan ante denuncias al voleo, acerca de la veracidad de las acusaciones por hechos deleznables que circulan en las redes sociales y que derivan rápidamente en linchamientos públicos. Nadie cuestiona que la verdad política no sea fruto del “tuiteo” o del “posteo”, pocos reflexionan en lo lógico; es más fácil aceptar el rumor y la instantaneidad de las redes sociales. Las asambleas cara a cara han sido reemplazadas por asambleas virtuales, donde cientos de cobardes denunciantes anónimos no dan la cara.

 

La sensación de vulnerabilidad es grande al constatar que hoy cualquiera está  expuesto a sufrir los efectos devastadores de una acusación falsa. Porque para el autor de una falsedad decir “soy víctima”, implica utilizar dos palabras mágicas frente a las cuales la posibilidad de resistencia es mínima. El discurso irreflexivo en favor de la víctima pone a gran parte de la prensa y del público del lado de cualquier relato, verosímil o no, que atribuya a otro la comisión de un delito. Lo que no debería serlos es creer esa mentira. Pero para ello…, cuestionar es necesario la reflexión y el interés en conocer la verdad, algo de lo que en forma creciente, parecemos cada vez interesarnos menos.

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