Los «legados malditos» de Bachelet a Piñera

Por Javiera Barrueto B., periodista

Defender el legado de la ex Presidenta Michelle Bachelet ha sido la estrategia de la ex Nueva Mayoría desde que finalizó su periodo en La Moneda hace 16 meses. Y con tal fuerza, que los dirigentes de la oposición encuentran un punto fácil de unidad cuando de críticas al actual gobierno se trata.

Pero parte de ese legado también ha debido ser asumido por el Presidente Sebastián Piñera. Claro que con otro cariz. Es el lado «menos amable» de la herencia del gobierno de la Nueva Mayoría, ya sea porque les ha correspondido implementar políticas con las que no concuerdan o porque les ha generado problemas internos, incluso con conflictos dentro del mismo oficialismo.

Así ocurrió en el último episodio de estas características, la semana pasada. En la oportunidad, se hizo público que la ministra de Culturas, Consuelo Valdés, firmó un decreto -cuyo acuerdo se afinó en el gobierno anterior- para que se declarara monumento histórico un sitio que fue ocupado por el MIR a comienzos de los 80, en la Región de los Ríos. La medida desató las críticas de la UDI, la secretaria de Estadio dio sus argumentos -diciendo que prácticamente estaba de manos atadas-, pero en el sector no se detuvieron los cuestionamientos.

Como este ejemplo, otras autoridades han debido enfrentar una compleja crisis con el «lado oscuro» del legado.

Un monumento de críticas

«Sitio de Memoria Retén de Carabineros de Neltume» y el «Sitio de Memoria Campamento 83 del Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro», son los lugares que  desataron la polémica tras ser declarados monumentos históricos con la firma de la ministra Valdés. En el decreto -dictado por el gobierno y publicado en el Diario Oficial- se dice, sobre el primero, que allí «ocurrieron confusos incidentes entre Carabineros y dirigentes del Cofomap el 12 de septiembre de 1973». Y el segundo caso se trata del último de los lugares implementados por el MIR como «espacio de resistencia armada», de comienzo de los 80.

El documento firmado por Valdés generó fuertes críticas desde la UDI, puesto que en la colectividad aseguraron que la ministra realzaba la violencia política y que no era razonable la medida. «Ni la Concertación ni la Nueva Mayoría homenajeron al MIR de esta forma», criticó el senador de la UDI, Víctor Pérez.

Por su parte, la secretaria de Estado sostuvo que la medida formaba parte de un acuerdo del Consejo de Monumentos Nacional aprobado durante el gobierno de Bachelet. Incluso, aseguró que si no tramitaba el decreto podría haber sido acusada de abandono de deberes. «Como ministra no tengo, bajo la actual ley de monumentos, facultades para rechazar un acuerdo realizado por el CMN, aún cuando no lo comparta. No tramitar este acuerdo significa caer en notable abandono de deberes”, señaló Valdés a La Segunda. Pero la situación no está zanjada. De hecho, la presidenta de la UDI Jaqueline van Rysselberghe, llamó a que revirtiera el mentado decreto.

Además de llevar el reclamo hasta La Moneda, la senadora señaló: “Es insólito que la ministra de Cultura, que es quien tiene que realzar aquellos aspectos que enriquecen a la sociedad, realce como monumento histórico un lugar donde se generó violencia política y le costó la vida a personas”.

En la «historia» el cambio en la malla curricular

Hace dos años el Consejo Nacional de Educación (CNED) evaluó las propuestas de bases curriculares elaboradas por el Ministerio de Educación bajo el gobierno de Bachelet. El proceso concluyó que a partir de 2020 los estudiantes de 3° y 4° medio tendrán un nuevo sistema de asignaturas obligatorias y electivas.

Precisamente esas disposiciones generaron polémicas por establecer el ramo de historia como electivo de profundización. El objetivo de esta modificación fue establecer la asignatura de Educación Ciudadana como obligatoria para todos los establecimientos, puesto que se hace cargo de los contenidos que -hasta el momento- se enseñan en Historia, Geografía y Ciencias Sociales en los últimos dos años de enseñanza media.

La medida, impulsada durante la gestión anterior, fue respaldada por la ministra de Educación, Marcela Cubillos. «Quiero señalar muy claramente que cualquiera que lea hoy día las bases curriculares va a entender que en la materia de Historia hoy día un estudiante tiene las posibilidades de tener más Historia y en ningún caso menos. Y en materia de Educación Física, lo mismo”, señaló en mayo la titular de la cartera. Su postura bastó para que los dardos se centraran en este gobierno y no dónde se generó el cambio. Colegio de Profesores, grupo de historiadores, dirigentes políticos, todos tomaron esta bandera de lucha como si la medida hubiese sido idea de Cubillos.

Medidores inteligentes: la división de dos bacheletistas… y la cuenta que pagó la ministra

“Nosotros como gobierno heredamos esta situación y hemos querido ser parte de la solución”. Con esas palabras la ex ministra de Energía, Susana Jiménez, abordó el panorama sobre la implementación de los medidores inteligentes, a fines de marzo de este año. Días antes se había revelado que desde septiembre miles de usuarios pagaban por los medidores inteligentes que las empresas eléctricas habían instalado.

Y si bien esta ley entró en vigencia durante el primer año del gobierno de Sebastián Piñera, fue una medida sellada bajo la administración de Michelle Bachelet. En enero de 2018, a solo dos meses de que la ex Mandataria finalizara su periodo en La Moneda, el entonces ministro de Energía, Andrés Rebolledo, se desplegó en el Senado para que se aprobara el proyecto.

El secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), Andrés Romero, explicó entonces la propuesta del gobierno: las compañías eléctricas debían ser las dueñas de los medidores y que su instalación y mantención debía ser pagada por los usuarios. Las modificaciones fueron aprobadas por unanimidad. De esta manera, el proyecto volvió a la Cámara, donde fue aprobada por todos los diputados.

Sin embargo, recién este año se conoció que el “usuario paga todo”, según afirmó el Presidente Piñera el 5 de marzo. Incluso, la polémica en torno al financiamiento de los medidores inteligentes derivó en que se enfrentaron dos bacheletistas  y ex ministros de Energía durante el gobierno anterior: Máximo Pacheco y Andrés Rebolledo.

“Esto fue un golazo que le metieron las distribuidoras eléctricas al Estado. Es una política contra el bien común y en favor de las distribuidoras que con ello están cometiendo un abuso inaceptable contra los hogares”, aseguró Pacheco. Mientras que Rebolledo respondió que “de ninguna manera fue un golazo (…). Esta es una política que se llevó a cabo en el gobierno anterior por un tiempo muy largo, estos son elementos técnicos que requieren un trabajo muy preciso”.

Aunque las recriminaciones eran entre los ex ministros, la cuenta la terminó pagando la actual administración. De hecho, según una encuesta Cadem del mes de abril arrojó que el 85% desaprobaba la forma como el gobierno había manejado el tema de los nuevos medidores.

Y la «maldición» del legado incluso pudo ser uno de los factores para que, en junio pasado, la ministra Jiménez tuviera que dejar la cartera.

TPP 11, el (des)acuerdo traicionó a Heraldo Muñoz

Cuando faltaban cuatro meses para que la ex Presidenta Michelle Bacheletentregara su banda presidencial, abrochó un tratado de profundización comercial entre Chile y China. Y en el marco de la Cumbre de APEC en Vietnam, también, destrabó el relanzamiento del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica (TPP 11).

En la gira por el sudeste asiático, la ex Mandataria estuvo acompañada por su entonces canciller, Heraldo Muñoz, quien valoró los avances comerciales.

“Con el TPP 11, el Pacífico se consolidará como la zona de mayor dinamismo económico. Una vez que concluya el proceso, Chile será parte de un acuerdo comercial inclusivo, de última generación y altos estándares. Celebro los avances que alcanzamos en Da Nang”, señaló Bachelet el 11 de noviembre de 2017.

Y ya a tres días de que la ex Mandataria finalizara su mandato, selló el TPP 11 junto a otras 10 naciones. “Su objetivo es contribuir al crecimiento económico y crear nuevas oportunidades para empresas, trabajadores, agricultores y consumidores”, señaló el ex canciller Muñoz.

Pero 17 meses después, el TPP 11 estuvo lejos de aunar a la oposición. Hecho que pudo complicar a la actual administración que siempre se mostró partidaria del acuerdo comercial. ElPPD, EL PS y el PC rechazaron de plano el tratado, «traicionando» a sus líderes del sector.

En la votación del 17 de abril, Heraldo Muñoz no logró conquistar los votos de su bancada. Así, según fuentes conocedoras de la negociación, la negativa de esa colectividad al TPP 11 significó un dura «derrota emocional y política» para el ex canciller. Y, de paso, complicó al Ministerio de Relaciones Exteriores que tuvo más de un obstáculo para sacar adelante el tratado.

Finalmente, gobierno consiguió la aprobación del acuerdo en la Cámara con los votos de Chile Vamos, la DC, el PR y un solo socialista. “Estoy decepcionado, porque una fuerza política no se puede comportar de una manera cuando es gobierno y de otra radicalmente distinta cuando es oposición”, señaló entonces el diputado Pepe Auth.

El pacto migratorio de Marrakech que complicó al embajador en la ONU y a RR.EE.

“Yo lo lamento, pero es una decisión del gobierno actual, y yo no puedo menos que señalar que espero que algún día Chile se sume al pacto global, que creo que puede ser muy positivo”. Esas fueron las palabras de la Alta Comisionada para los DD.HH., en diciembre pasado, para referirse a la decisión del gobierno de Piñera de restarse del pacto migratorio de Marrakech.

Las negociaciones del pacto comenzaron en 2016, bajo la administración anterior. La antesala a Marruecos fue la Asamblea General de las Naciones Unidas de hace tres años. Y en esa jornada se firmó la “Declaración de Nueva York” tras la Reunión Plenaria de Alto Nivel sobre los desplazamientos de refugiados y migrantes.

Además de los cuestionamientos que surgieron desde la oposición, al interior del Minrel se produjo una compleja polémica. Así lo reveló El Líbero en diciembre pasado. En esa fecha, la decisión de La Moneda era firmar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Pero con reparos y estos quedarían plasmados en la cumbre en la ciudad de  Marrakech. Sin embargo, el embajador ante las Naciones Unidas, Milenko Skoknic -cercano a Muñoz- habría rechazado leer el texto elaborado por La Moneda y la Cancillería. Al saber de la situación, el Presidente ordenó el retiro inmediato de la cita.

Una semana después de Marruecos, en el plenario de la Asamblea de Naciones Unidas (en Nueva York), quien habló por Chile fue el representante alterno de la Misión Permanente ante la ONU, Jorge Iglesias. Y expuso: «El Pacto incentiva la migración irregular, pues no distingue entre inmigrantes regulares e irregulares en lo relativo a la reunificación familiar», promueve el ingreso de inmigrantes vulnerables que no han solicitado asilo ni «han sido reconocidos como refugiados», y afecta del derecho soberano de todo Estado. Esta vez, todo en línea con el Presidente Piñera quien ya había afirmado: «Si bien el Pacto de Marrakech no es legalmente vinculante, sus objetivos, su contenido, incentivan la migración irregular, establecen nuevos deberes para el Estado de Chile, restringen nuestra soberanía y pueden perjudicar a nuestro país en eventuales juicios internacionales».

El Sistema de Admisión Escolar llega a la Región Metropolitana

Hace dos años la ex ministra de Educación, Adriana Delpiano, impulsó el Sistema de Admisión Escolar (SAE). La iniciativa detonó el debate en torno al proceso de selección escolar, puesto que el gobierno del Presidente Piñera ha subrayado que el mérito y el esfuerzo debían ser un criterio válido de selección.

De hecho, en un intento por equilibrar la política del legado de Bachelet se lanzó el proyecto Admisión Justa. “Vamos a contribuir a una sociedad con mejor calidad de educación, a una sociedad con mayor igualdad de oportunidades, a una sociedad que sepa valorar el esfuerzo y reconocer y premiar el mérito”, señaló el 10 de enero pasado el Mandatario.

Sin embargo, la iniciativa vivió un duro revés luego de que se rechazara en la comisión de Educación de la Cámara, el 13 de mayo. La expectativa del Ministerio de Educación era tener aprobado en junio este proyecto, antes de que el SAE entrara en vigencia en la Región Metropolitana, única zona que aún no se suma al mecanismo y que tiene la mayor cantidad de colegios emblemáticos.

Será a mediados de agosto su debut en la RM. Y ya la ministra Cubillos advirtió que será una compleja implementación. «Nosotros estamos convencidos, y lo hemos dicho desde el comienzo, que el sistema de admisión escolar tiene un problema de diseño, independiente de una gestión perfecta, que es la que vamos a procurar hacer, igual que la del año pasado» Y agregó que se podrían repetir «situaciones muy injustas» que ya se vieron en regiones.

Así, en las próximas semanas, se podrá ver cómo el gobierno administrará otra de las herencias, ahora en Educación, dejada por Bachelet.

Fuerzas Armadas Polivalentes

Por Christian Slater Escanilla

Es fácil jactarse del triunfo de una Ley que por años estaba en discusión. Es fácil auto proclamarse como el gran líder del cambio, sobre todo cuando la sociedad nunca supo cuál fue la opinión de los Comandantes en Jefes Institucionales. Muchos salieron a hablar por lo que ellos no pudieron comentar.Opiniones de ex oficiales institucionales, algunas de ellas, notoriamente cargadas de conveniencias o ambiciones personales y eso, es lo que más molesta.Es fácil adueñarse de los Medios de Comunicación, cuando –salvo honrosas excepciones– hay una abismante sequía de opiniones sobre temas castrenses, de los que realmente conocen y han vivido una experiencia en la Fuerzas Armadas (FAs).

Usted señor Ministro de Defensa y aquellos comentaristas, hicieron muy bien el trabajo. Tan bien como el tema del Decreto que dispone o autoriza el empleo de las Fuerzas Armadas en el combate del narcotráfico. Tenemos una de las mejores fuerzas de orden del mundo, tanto de Carabineros como de la Policía de Investigaciones. Bastaba tan solo con empoderarlas y equiparlas adecuadamente. Pero se usó como justificación que los medios los tenía el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada y que además, estos medios eran de muy alto costo.

No fue la misma reflexión que se utilizó para traspasar, en tan solo unos pocos días, los Carros MOWAG del Ejército a la unidad de carabineros que operó en la IX Región de la Araucanía. Esa, que desde el mismo día de su inauguración adelanté su triste y fatal final. No por culpa de carabineros sino por culpa de una antojadiza y parafernálica decisión del Gobierno. Me temo, que nuevamente, en el mediano y largo plazo, ocurrirá algo parecido.

Cuando un Presidente de Chile cree que tener Fuerzas Armadas Polivalentes, significa que un Comando, Jefe de Salto, paracaidista y buzo táctico, que está entrenado para actuar en las espaldas del dispositivo adversario también lo puede utilizar para apagar incendios, sacar el barro o detener narcotraficantes, quiere decir que algo está fallando. Peor aún, cuando su Ministro de Defensa lo justifica, señalando: ¿Quién se puede negar a que colaboren las FAs en un país donde entra una cantidad enorme de droga…? (Diario El Mercurio, 28 de julio de 2019). ¡Usted Señor ministro!, justamente es usted el que se tiene que negar. Usted es el que las debe cuidar y no permitir su desnaturalización. Son hombres y mujeres que ingresaron al Ejército para ser soldados. Es lo mismo que ocurrió durante el Gobierno Militar cuando muchos Oficiales, Suboficiales y civiles, fueron obligados a integrarse a los Organismos de Inteligencia del Estado. Muchos eran jóvenes, creyeron ver una oportunidad de ser un agente secreto o algo así. Otros, sabiendo la responsabilidad que asumían, de mala gana cumplieron la orden. Sepa también que otros, desde el primer día hicieron todo lo posible por no ser parte de esas unidades. Usted y el Gobierno están cometiendo el mismo error. Abusan de la obediencia de los integrantes de las FAs y posteriormente no se harán responsables de los problemas que deberán enfrentar. Eso ya lo sabemos.

Peor aún, cuando usted como Ministro de Defensa, sacando pecho frente a los Medios de Comunicación, señala que “todos ganaron”, incluso la oposición. Obvio Señor ministro, hace mucho tiempo que es la oposición la única que está ganando y ustedes como gobierno están perdiendo y siguen a la baja, con tan solo un 29% de aprobación (Encuesta CADEM del 21 de julio).  Chambonada tras chambonada, apagando incendios y levantando otros temas para desviar la atención pública. Una añeja y poco novedosa estrategia comunicacional que abusivamente fue utilizada en el Gobierno de la presidenta Bachelet.

Pero usted va más lejos aún, al presentar esa nueva Ley de Financiamiento de las Fuerzas Armadas, “como un ejemplo de acuerdo en Defensa para sacar adelante las reformas tributarias y de pensiones”. Prefiero pensar que la periodista se equivocó en transcribir su declaración. De lo contrario, bajo esa lógica, el resto de los ministros son unos ineptos. Se imagina usted al ministro del Interior imponiendo su idea de cómo debe ser Gendarmería. Imposible, ellos tienen sindicato y, como ya lo dicho otras veces, asustan más (al Gobierno) que un tanque Leopard, una lancha misilera o un avión F16. Ni hablar del conflicto con los profesores. Por lo mismo señor ministro, los mejores no están en su Ministerio, ese es el más fácil de liderar. Ahí existe la disciplina, la verticalidad del mando y la obediencia al poder político. Supongo que eso lo sabe, pero no está de más recordárselo a la Opinión Pública.

Señores políticos y congresistas, los Patriotas pueden ser engañados una, dos o tres veces, pero no toda la vida. Precisamente, para no olvidarnos, estamos tomando nota de cómo han destruido y desmantelado la institucionalidad del Estado de Chile. De cómo se han adecuado a las exigencias de la izquierda y de cómo, a través de una indescriptible deslealtad (para no decir traición), han negado sus orígenes y el exitoso Gobierno de las Fuerzas Armadas, encabezado por su presidente el General Augusto Pinochet Ugarte.  Les recuerdo que ese Gobierno, después de 15 años, en el Plebiscito del 5 de octubre de 1988, obtuvo un 44,01% de aprobación. Un Gobierno que entregó el poder democráticamente y elaboró una Constitución que aún está vigente.

Foro de Sao Paulo 2019

Por Roberto Hernández Maturana

Entre el 26 y el 28 de Julio, se está efectuando en Caracas el «Foro de Sao Paulo», encuentro de colectividades políticas de izquierda creado en 1990, cuando después de la caída del muro de Berlín la izquierda internacional comenzó a debatir como enfrentaría el nuevo escenario mundial, y el Partido de los Trabajadores de Brasil convocó a distintas fuerzas de América Latina para adoptar acuerdos para decidir líneas de acción en un momento de la historia en el  que habían fracasado estrepitosamente en nuestro continente  la vía insurreccional y las guerrillas, y el comunismo experimentaba un retroceso en todo el mundo. Fue entonces que se dio inicio a lo que más tarde se conocería como «socialismo del siglo XXI». Sin embargo lo que pudo haber sido un momento histórico de autentica renovación y democratización de la izquierda en el mundo, tomó a corto tiempo características cada vez más retrogradas y autoritarias con todos los resabios de la vieja usanza sesentera.

El primer experimento exitoso del Foro de Sao Paulo fue la llegada de Chávez al poder en Venezuela y posteriormente con su apoyo y el del régimen cubano, inició en América Latina un notorio avance hacia la izquierda, alcanzando el poder en Bolivia con Evo Morales, Argentina con los Kirchner, el Paraguay con Fernando Lugo, Ecuador con Rafael Correa y Nicaragua con José Daniel Ortega, además del Brasil de Lula da Silva y Chile con Michelle Bachelet, cuya coalición de gobierno era integrada por algunos partidos que pertenecían al Foro de Sao Paulo.

Si bien es cierto que los gobiernos antes  nombrados fueron elegidos democráticamente, en general su manejo económico aprovechó el boom de las materias primas para multiplicar el gasto público, abandonando -con algunas excepciones- el rigor fiscal y su discurso era populista, no exento en varios de esos países de ser marcados por escándalos de corrupción, varios de ellos marcharon hacia un autoritarismo que conculcó diversas libertades, especialmente la libertad de expresión, llegando los regímenes de Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua a adoptar conductas derechamente dictatoriales defendidas por gran parte de los partidos de la izquierda latinoamericana.

En la actualidad, derechamente el Foro de Sao Paulo ha asumido la defensa de los gobiernos que aún sobreviven en Cuba, Venezuela y Nicaragua, que violan sistemáticamente los derechos de sus ciudadanos para mantenerse en el poder.

Sin embargo y afortunadamente, la mayoría de los países latinoamericanos miran con desconfianza y han dado la espalda al mal llamado socialismo bolivariano. Desde ese punto de vista, podemos decir que el balance para el Foro de Sao Paulo como espacio de propagación del “Socialismo del Siglo XXI” ha sido deplorable.

¿Y cómo andamos por casa?  El Partido Revolución Democrática del Frente Amplio pertenece a dicha instancia ideológica, aun cuando ha anunciado que revaluaría su permanencia y el Partido Socialista quién en esta oportunidad no envió representantes continúa formando parte activa del Foro.

El Partido Comunista ha mantenido sin ambages un férreo apoyo a los gobiernos de Ortega, Maduro, y al régimen Castrista cubano pese al creciente debate que se insinúa en sus filas. Es de esperar que al menos partidos como Revolución Democrática y el PS decidan formalmente distanciarse de una instancia cuya dinámica resulta incompatible con las visiones democráticas modernas.

La marea hoy le da la espalda a los  populismos de izquierda, y más aún a la violencia como método para alcanzar el poder, pero nada asegura que en el futuro vuelvan a surgir las políticas irresponsables, el odio como instrumento  político y la pusilanimidad, cuando no cobardía de gobiernos que habiendo sido elegidos mayoritariamente para gobernar defendiendo la libertad, el emprendimiento y la democracia, claudican ante los vociferantes seguidores del Foro de Sao Paulo.

Piñera: es lo que hay

Por Fernando Thauby González

En un lapso de dos semanas el gobierno de Sebastián Piñera ha logrado darse varios balazos en sus pies.

Uno fue el decreto que confirió la categoría de Monumento Nacional a otro “Museo de la Memoria” en la localidad de Neltume. Sus creadores destacaron “la importancia de la memoria para la acción en el presente, como un desafío constante para que las generaciones del pasado transmitan e insten a la comunidad y jóvenes a crear, participar y fortalecer espacios de organización para las luchas que hoy se dan en Neltume y alrededores”. Apología de la violencia política.

Otro fue a principios de mes, en el día del Juramento a la Bandera, el Presidente firmó – intespestivamente y sin aviso ni socialización previa- un decreto disponiendo la puesta en marcha de la participación y apoyo de las FFAA al combate al tráfico de drogas.

Como era de esperar, la oposición obstruccionista y odiosa, lanzó su habitual campaña ideológico – mediática. El Ministro de Defensa, Alberto Espina, desapareció por algunos días hasta reaparecer manifestando que el tema sería tratado por la ¡Contraloría General de la República!, sin hacer un modesto amago de enfrentar la defensa política del decreto del presidente. La comedia de equivocaciones concluyó el día 18 de julio con el gobierno retirando el decreto y prometiendo reenviarlo corregido a la ¡Contraloría!.

Entre medio el Presidente intentó tomarse sus días Ministeriales para viajar ¡a un congreso de informática en EEUU!. Afortunadamente alguién se dio cuenta del despropósito y aprovechando una crisis ocurrida en Osorno, canceló el viaje.

¿Es que el Gobierno no tiene abogados constitucionalistas capaces de darse cuenta de la legalidad de un proyecto de decreto?.

¿Será que la pobreza del Presidente lo lleva a necesitar “días administrativos” para ir a hacer negocios a EEUU?. Por lo demás, la forma en que los pediría es ilegal, no se pueden pedir todos los días juntos.

Todo esto se asemeja demasiado a la forma eficaz y definitiva en que arruinó el salvataje de “los 33 mineros” blandiendo el papelito con el mensaje frente a las narices de quien se le pusiera por delante.

Ya va la mitad del gobierno de Piñera, definitivamente no será recordado como un gran gobernante, será solo otro inquilino de la Moneda al que el puesto lo quedó grande.

Cuando escucho sus peroratas sobre sus pretendidos éxitos y su liderazgo de plástico, me lo imagino conduciendo a Chile frente a un Perú amenazante y apoyado por Cuba y la Unión Soviética; con la enmienda Kennedy encima y Argentina amenazando con invadirnos por meses y meses; con la Rebelión Popular de Masas del Partido Comunista a todo vuelo, con el financiamiemto de Alemania Oriental, con las armas cubanas y el entrenamiento soviético. Con el chantaje norteamericano de las “uvas envenenadas” y un coro de europeos hipócritas y cobardes aullando su odio hacia Chile.

Fuimos afortunados, a la cabeza de Chile, estaba el general Pinochet y no Piñera con sus desplantes ridículos, que en su apogeo llegó a ser solo un actor de reparto de su absurdo show en Colombia apoyando a un Guaidó fuleron y apocado.

Piñera va de salida, Gracias  a Dios, nuestra Patria puede aspirar a mejores tiempos bajo el liderazgo de otro presidente.

Descontando a Lavín, cualquiera puede ser mas decidido, perseverante, astuto y tenaz que Piñera y sobre todo, sin la histeria y autoestima deteriorada del actual incumbente.

Por ahora: Piñera es lo que hay; a agüantarse.

Entendiendo a Carlos Peña

Por Christian Slater Escanilla
Para entender a Carlos Peña, primero hay que entender que él es el actual Rector de la Universidad Diego Portales, cuyo nombre nos recuerda a ese comerciante y ministro conservador que lideró la revolución de 1829. Ese que, a sangre y fuego, durante el gobierno de José Joaquín Prieto, eliminó y fusiló a cuanto caudillo se pusiera por delante de sus ideas y del principio de autoridad, a tal punto que algunos lo confunden con un dictador. Razón suficiente, según aquellos, para justificar su asesinato, tal como le ocurrió, en otras circunstancias y en otra época a Jaime Guzmán, el líder y fundador de la UDI. Grupos asesinos que, siguiendo la lógica de Peña, nacieron al regazo de dictaduras violentas.

Por lo mismo, cuando Peña, en su columna del domingo 21 de julio, donde “El Mercurio” le concede  carta blanca para que escriba todas sus leguleyadas, los ignorantes lectores, nos tuvimos que tragar su dialéctica filosófica, que se fundamenta y respalda en sus experiencias como uno de los directores de CIPER y del mal llamado Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Razones más que suficientes para que el Diario “La Segunda”, lo declarara en una oportunidad como el intelectual más poderoso y en otra, como el más influyente. Un título que él —sabiamente—se apuró en descalificar.

Cura para caraduras

Por Cristián Labbé Galilea
Esta semana salieron a la palestra los señores parlamentarios: sus quehaceres legislativos, sus beneficios y sus tejemanejes. Ello a raíz de la cuenta pública que rindieron los Presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados. Según comentó alguien, “era como oír una melodía, sonaba maravilloso… Su trabajo, una sinfonía perfecta, ejemplar, tanto así que después de escucharla era válido preguntarse: ¿por qué resulta incomprendida una labor tan encomiable, tan patriótica, tan republicana, de parte de esta pléyade de servidores públicos? ¡Qué ingrata es la vida, qué injusta la comunidad!”.
En su ironía, este comentario daba cuenta de la negativa percepción que la opinión pública tiene de los parlamentarios. Porque en eso, sin duda, la gran mayoría estima que la labor legislativa en nuestro país dista mucho de ser ejemplar.
El gobierno lo tiene claro y por eso, ni tonto ni perezoso, siguiendo su política de hacerle caso a las encuestas, ha insistido en reducir el número de congresistas, acabar con sus fueros y ajustar sus remuneraciones. Para nadie son un misterio los millonarios sueldos que reciben senadores y diputados, pero poco se sabe de los miles de millones que les cuesta a todos los ciudadanos mantener un congreso con altos niveles tecnológicos, una plantilla de funcionarios gigantesca e incontables beneficios que nadie controla, y que sin embargo termina exhibiendo una marcada ineficiencia y una tremenda desprolijidad a la hora de legislar.
Por más que la cuenta pública de los presidentes de ambas cámaras haya dicho lo contrario y mostrado un mundo de ensueños, existe total concordancia en que los parlamentarios –en general- están desconectados de la realidad y alejados de los problemas reales del ciudadano común. Amén de la dudosa idoneidad de muchos de ellos, reflejada en leyes que deben ser modificadas o aclaradas al día siguiente de su promulgación.

Los parlamentarios eluden el debate de fondo, y hasta quizá se mofan, cuando justifican el número de senadores y diputados argumentando que “ello no tiene precio porque refleja la rica diversidad humana y política de nuestra sociedad” (diputado Iván Flores), o cuando excusan su inoperancia y la calidad de las leyes alegando “todos sabemos que no es fácil gobernar” (senador Jaime Quintana).
Se preguntaba a viva voz un desencantado contertulio: “¿Cómo va ser tan difícil que las autoridades políticas asuman, de una vez por todas, que la prioridad de la gente son los temas relacionados con la salud, la educación, el orden y la seguridad, el empleo, el crecimiento, y que los temas asociados a la ley del cobre, a la reducción de la jornada laboral y otros por el estilo, caen en un segundo plano?”
Pocos habían escuchado la cuenta pública en cuestión, pero todos estaban contestes en que había que perseverar: se le debe poner coto a las prebendas de los parlamentarios, hay que limitar sus reelecciones, acabar con sus fueros… y dedicar esos recursos a temas sociales (Compin, Sename, Fonasa, etcétera), porque como alguien dijo: “no hay más cura para los caradura… que ponerle cerradura a la frescura”.

¿FF.AA. combatiendo al narcotráfico?

Por Roberto Hernández Maturana

En Enero de 2017, el diario “el País” de México dio a conocer una carta de 20 militares presos acusados de excesos en el combate al narcotráfico

“Fuimos usados por el Estado mexicano. Se nos capacitó para una función y se nos ordenó hacer otra muy diferente (…) El señor Felipe Calderón, excomandante supremo de las Fuerzas Armadas, declaró la guerra al narcotráfico y fue un término muy desafortunado”. Así protestaban entonces los militares, ante el presidente de la República, la Cámara de Diputados y el Poder Judicial de la Federación. Todos estaban procesados o condenados por delitos cometidos durante los años duros de la Guerra contra el Narco, en el sexenio del ex presidente Calderón. Algunos cumpliendo penas de hasta 31 años.

Tras la llegada de Calderón al poder en diciembre de 2006, los militares por orden del gobierno, salieron de sus cuarteles y asumieron el papel de la policía en varios estados del país, en lo que se entendía como una situación extraordinaria…

En todo este tiempo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México denunció en torturas, abusos y asesinatos cometidos por militares. La presión se sintió al interior del Ejército, hasta el punto de que el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, había declarado el 9 de diciembre de 2016 que el Ejército no se siente a gusto persiguiendo delincuentes. “Nuestros soldados”, dijo, “ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos, con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos”. Cienfuegos pedía un “marco jurídico” para el actuar de la tropa, una ley que regulara su presencia en las calles.

La discusión versaba no tanto sobre la capacitación de los militares sino más bien sobre el marco jurídico, la necesidad de dar “seguridad” al Ejército cuando actuara en funciones policiales.

Para los críticos de Calderón y su Partido de Acción Nacioanal  (PAN) , fue su gobierno el verdadero responsable :  “quien los sacó a las calles sin preparación, quien los instruyó a hacer algo que produjo muertes colaterales”.

En su carta a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los militares mexicanos condenados decían: “Fuimos usados por el Estado mexicano en un fallido experimento donde resultó una cantidad enorme de víctimas colaterales y decenas de militares de poca graduación en prisión”.

Casi al final de la carta, los 20 militares concluyen: “¿Qué opina el Secretario de la Defensa Nacional? [Que] ‘Estamos haciendo una función para la que no estamos preparados’, [que] ‘ninguno de nosotros vino a las FFAA para hacer esto’. Si esto opina el titular de las Fuerzas Armadas, ¿dónde quedamos nosotros?”.

Traigo a colación esta carta a propósito de la firma por parte del Presidente Sebastián Piñera, el pasado 9 de julio, de un decreto que autoriza la participación de las FF.AA. en tareas de vigilancia, apoyo logístico, transporte y tecnología en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en las fronteras del país, cosa que hasta el día de hoy estaba limitado a Carabineros y la Policía de Investigaciones. La firma de este decreto ha generado una amplia discusión entre partidarios y críticos de la medida.

Si bien es cierto que la lucha contra el narcotráfico es uno de los principales desafíos en materia de seguridad que deben enfrentar los gobiernos, que se enfrentan al riesgo de que ese tipo de estructuras criminales se extiendan con los males asociados que arrastran: corrupción y violencia en distintos ámbitos y niveles al interior de la sociedad, y que el debate sobre cómo hacerle frente ha sido intenso, no se ha establecido un consenso sobre cómo lograr el objetivo. Por su parte el ministro de Defensa ha dicho que la medida solo se aplicará “en zonas fronterizas, y no en poblaciones”. ¿Quién asegura que en un par de meses más no sea precisamente ese el paso siguiente? Si, como ha dicho el Presidente, se trata de una guerra “sin tregua y sin cuartel”, ¿por qué no llevarlaa todos los ámbitos? Solo en mayo recién pasado, el Presidente Piñera fue explícito en reconocer que las Fuerzas Armadas “no están preparadas ni entrenadas para este tipo de materias”… y tenía razón. En la misma línea, su ministro del Interior aseguró en junio que “son las policías las que tienen las competencias, la preparación y el trabajo profesional para combatir el narcotráfico”. ¿Qué explica este cambio de parecer?

Existe no sólo un conflicto en materia de los objetivos definidos en la Constitución para cada institución involucrada, sino también serios riesgos para las mismas FF.AA. y para la sociedad involucra a las FF.AA. en materias que no les corresponden institucionalmente.

Las FF.AA. por la naturaleza de sus funciones distintas a las policiales, carecen de la capacitación para enfrentar procesos resguardados por garantías procesales y constitucionales. La detención y procesamiento de personas, la entrega de evidencia al Ministerio Público son procedimientos que no conocen los integrantes de las FF.AA., no tienen contacto con una investigación policial, no conocen los estándares establecidos ni los derechos de los detenidos, y esta formación no se entrega en una inducción de un par de horas, sino que son elementos que están en la base de la formación en las academias policiales.

A las FF.AA. se le está traspasando cierto nivel de responsabilidades que hasta ahora ha tenido Carabineros; eso significa cambiar de manera radical la forma como pensamos la labor de las policías, y también modificar el objetivo de las FF.AA. en el sentido de la protección de la soberanía.

No hay funciones específicas para las FF.AA. que puedan relacionarse con estas funciones, y en el decreto no queda claro tampoco cómo se coordinarán con la PDI, Carabineros y el Ministerio Público. ¿Cómo se resguardarán los principios y garantías de las personas que entrarán en contacto con el personal militar?, ¿quién responderá por la seguridad de los mismos medios militares en caso de emplearse coercitivamente contra narcotraficantes que se resistan violentamente a un control y que posteriormente sean perseguidos por organizaciones preocupadas de los derechos humanos de los delincuentes, por sobre la de las obligaciones que el estado le impone a las FF.AA. en esa delgada línea crítica, cuando un comandante deba resolver en la soledad del altiplano rechazar con fuerza letal una ataque también letal?

El decreto en comento presenta evidentes problemas de constitucionalidad: A las FF.AA. se les confía la “defensa de la patria y seguridad nacional”, mientras que a las policías se reserva el resguardo del “orden público y la seguridad pública interior”. El llamado “combate al narcotráfico” —un eslogan, no un concepto técnico— no está dentro de las funciones que la Constitución y la ley orgánica de las Fuerzas Armadas no contempla este tipo de misiones, y no se puede borrar esta diferenciación constitucional por vía de un reglamento.

Siempre es posible que una parte de la población demande medidas de este tipo y mañana pueden pedir “mano dura”… incluso “muy dura”; pero el Estado tiene que velar por el cumplimiento del bien común y resguardar un debido proceso, para eso justamente hemos elegido nuestros gobernantes: para que protejan los valores fundamentales, caer en estos populismos penales porque la población hipotéticamente lo ha solicitado es abrir la puerta a situaciones de las que en el futuro solo responderán los integrantes FF.AA. , normalmente los subalternos que se emplearán en estas misiones y no lo políticos que las han improvisado, quienes una vez mas  lavarán sus manos como Pilatos y condenarán unánimemente los «excesos cometidos»

Resguardar las fronteras, prevenir y controlar el narcotráfico son tareas fundamentales para este y cualquier gobierno. Es su obligación tomar medidas efectivas para ello; pero ellas deben sujetarse a la Constitución y las leyes. Es de esperar que antes de adoptarse cualquier decisión populista, se deje claramente establecida las facultades y obligaciones que deberían cumplir las instituciones armadas, previa una amplia discusión en el congreso, y el Estado, a través de sus autoridades, se haga efectivamente responsable de sus resoluciones que sin duda afectarán en el futuro a sus ciudadanos e instituciones.

Hipotética Paradoja

Por Patricio Quilhot Palma

Con estupor, hemos leído en el Diario Oficial de la República del reciente 6 de Julio el Decreto N° 32, suscrito por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en el cual se declara Monumento Nacional una serie de instalaciones y sectores del antiguo Complejo Maderero de Panguipulli, incluyendo al “Campamento Guerrillero N° 83”, calificándolo como “el único vestigio material, públicamente conocido del Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro, implementado por el MIR como parte de la Operación Retorno, en su intento por asentar espacios de resistencia armada que posibilitasen la formación e insurgencia armada”.

Esta desvergonzada apología desmitifica el negacionismo de la izquierda política, al reconocerse formalmente la existencia de criminales acciones armadas, financiadas, planeadas, organizadas, equipadas y dirigidas desde una potencia exterior, en contra del orden establecido en nuestra patria. El Consejo de Monumentos Nacionales, consecuente con su ideologizado desempeño, ha conseguido la firma del gobierno del señor Sebastián Piñera Echeñique, para promulgar una exaltación a un grupo guerrillero, que proveniente de Cuba, se infiltró en Chile en los años 1980 y 1981, para llevar a cabo sabotajes, atentados y otros actos criminales.

No debe sorprender la indigna cesión a las presiones de la izquierda anarquista o ꟷmás bienꟷ la complicidad con aquellas, de parte del actual gobierno de Chile, caracterizado éste por sucesivas y reiteradas torpezas, casi siempre originadas en caprichos inexplicables, en la irreflexión y en el oportunismo populista, donde el “parecer” siempre domina al “ser”.

Se trate de una cesión o de la búsqueda del aplauso de sus adversarios, lo concreto es que el gobierno avala formalmente hoy la existencia de organizaciones armadas, aun cuando ellas provengan de una potencia extranjera o de una ideología de alcances internacionales.

Este impropio gesto ratifica la carencia de análisis prospectivo de las medidas que adopta el gobierno, al no medir las consecuencias que pueden derivar de su decisión. En este caso, junto con estimular el desarrollo de las organizaciones terrorista-subversivas ꟷcomo las que operan hace años en la Araucaníaꟷ, el reconocimiento homérico a un grupo de asesinos entrenados y equipados para atacar al Estado de Chile, desmitifica la mentira que rodea a la actuación de la FF.AA. y de Seguridad, en la defensa constitucional del territorio chileno amenazado por grupos de origen extranjero.

Algo tan evidente como ello, es arteramente soslayado por la mal llamada justicia de los DD.HH., la cual procesa y condena a cientos de militares y policías chilenos por haber luchado en contra de organizaciones terrorista-subversivas, tales como el “Destacamento Toqui Lautaro” que hoy es elevado a los altares del heroísmo patrio por el gobierno del señor Sebastián Piñera, dando la peor señal posible para la tranquilidad futura de nuestro país. La empresa MIR ꟷcomo tuviera la gentileza de reconocerla la Contraloría General de la Repúblicaꟷ puede ahora exigir indemnizaciones por el “emprendimiento” fracasado en su “Campamento Guerrillero 83”, mientras los integrantes de la Compañía de Comandos N°8 son encarcelados por cuanto “ …detentaban el brazo armado operativo del ejército a cargo de la neutralización de la guerrilla…”, tal como reza textualmente el fallo emitido en Mayo de 2016 por la Corte de Apelaciones de Valdivia.

Sinceramente, no hay forma de comprender el silencio cómplice de la derecha política, cada vez más merecedora del apelativo despectivo de “derechita cobarde”, por permitir los desvaríos populistas de quien lidera su gobierno y no atreverse a enfrentar con coraje y decisión al verdadero enemigo de la institucionalidad: la izquierda fracasada que sigue sembrando la discordia y promoviendo la venganza. La actuación de esta clase de derecha, inconsciente del futuro al que la conducen sus adversarios recuerda ꟷpor desgraciaꟷ la cabeza gacha de un vacuno que, mirando tristemente hacia el suelo, camina rumbo al matadero.

El sistema de justicia chileno, por su parte, sigue seducido o subyugado por la agresiva amenaza proveniente de una izquierda que trata de sobrevivir mediante una ofensiva suicida. Los buenos jueces siguen sin reaccionar, permitiendo que se siga sembrando la imagen de un Poder Judicial sometido por las fuerzas ideológicas y por una creciente corrupción. Los tiempos cambian inexorablemente y por más que los interesados lo resistan, el cambio arribará tarde o temprano. Las consecuencias para quienes han desaplicado la Ley serán ꟷcon seguridadꟷ mucho peores que las que se puedan derivar de contener hoy la reacción amenazante de grupúsculos de extrema izquierda.

Después del decreto emitido por el gobierno del señor Piñera, suscrito en su nombre por la Ministra Consuelo Valdés Chadwick, no cabe aceptar argumentos estúpidos como que “no existía un estado de legalidad” al momento de combatir para desarticular el intento de iniciar una guerra de guerrillas en el Sur de Chile. Por ello es inaceptable que se siga encarcelando a oficiales, suboficiales y soldados por haber usado sus armas para enfrentar a esta lacra de asesinos, enviados por el régimen castrista a matar a chilenos y a arrasar con sus campos y ciudades. El mismo argumento podría ser esgrimido en unos años, cuando una patrulla militar de muerte a algún grupo de narcotraficantes, en un control de frontera, tan livianamente asignado a sus misiones por este mismo gobierno.

Hace ya mucho tiempo que la gente de la Araucanía pide a gritos que algo como la aniquilación del Destacamento N° 83 suceda en su territorio, mientras los sucesivos gobiernos miran convenientemente hacia el lado y dejan fluir los acontecimientos. Siendo absolutamente necesario que se exija al gobernante cumplir su obligación con la seguridad del Estado, a la luz de torpezas como la de este decreto y los inauditos pasos de la justicia en contra de los militares, cuesta creer que algún oficial o suboficial vaya a cumplir la orden de combatir a un guerrillero que años después va a ser proclamado como héroe, mientras él va a la cárcel. La paradoja es que ꟷpor el contrarioꟷ puede parecerle más rentable crear su propia guerrilla, esperando indemnizaciones, pensiones y homenajes.

Mala Espina….

Por Cristián Labbé Galilea

Esta semana nuestra tertulia se centró en el anuncio presidencial que involucraba a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico.

Mayoritariamente, las opiniones apuntaron: en primer lugar, a que no se veía muy claro cómo operaría esta medida y, en segundo lugar, a la duda de si se habían evaluado bien los riesgos que esta disposición podría acarrear. Como alguien dijo: “no les vaya a salir más malo el remedio que la enfermedad”.

Los comentarios apuntaron a las múltiples aclaraciones que, sobre la materia, han tenido que dar las autoridades, y a las disimiles reacciones de los diferentes sectores políticos. El “gatuperio” que generó la iniciativa fue tremendo, lo que permite suponer que surgió entre cuatro paredes, y que hay muchas cosas que no están suficientemente claras. Según se comenta, la medida fue “prematuramente gatillada” por los resultados en las encuestas de aceptación presidencial. (Vaya uno a saber….).

Al respecto, las opiniones coincidieron en que una decisión de esta naturaleza, que involucra áreas tan sensibles como la seguridad nacional y tan peligrosas como el narcotráfico, no se puede improvisar; que es necesario el desarrollo de planes estratégicos de largo y corto plazo; que hay que afinar temas logísticos, tecnológicos, de comunicación… (suma y sigue); pero además y, de forma prioritaria, es imprescindible revisar las experiencias que se han vivido en otros países (México, Colombia, Venezuela, la experiencia Europea), etcétera.

No es llegar y decretar, en un simple acto comunicacional, que las FF.AA. “apoyarán el combate al narcotráfico”. Una misión de esa naturaleza requiere entrenamiento, preparación, coordinación inter e intra instituciones; ni qué decir de los problemas que se pueden generar producto de una eventual superposición de funciones con las fuerzas policiales, e incluso con el poder judicial.

Uno de los presentes que había estudiado el tema señaló: “hay estudios que indican que, si bien estas misiones parten como algo provisorio, de carácter restringido y colaborativo, con el tiempo generan un nivel de involucramiento del cual resulta casi imposible desprenderse”. Luego de otras referencias acotó: “Es muy probable que gradualmente se vaya debilitando el Poder Nacional, en su componente militar, al dedicarlo a labores que no le son propias y que además son de naturaleza doméstica”.

No faltó quien consideró que la “militarización del combate al narcotráfico” expondría a las FF.AA. a múltiples acusaciones de parte de activistas y organizaciones de derechos humanos, lo que a la larga terminaría por afectar su relación con la comunidad civil. Otro de los presentes, con más agudeza, advirtió que si a eso se le sumaba la conducta garantista de la justicia actual, el delincuente -como suele ocurrir- quedará en la impunidad y los soldados complicados.

En resumen, son muchas las dudas que esta iniciativa genera en el ambiente, pero como la idea no es oponerse por oponerse, ni mucho menos, que la autoridad se quede con los brazos cruzados, lo que hasta aquí se ha dicho permite concluir que….  ¡esta iniciativa da mala Espina!, porque el tema es demasiado complejo y no se soluciona con un mero decreto dictado “entre gallos y medianoche».

Municipios y controles de menores

Editorial La tercera 2 de Julio de 2019

Ocho municipios de distintas zonas del país llevaron a cabo una consulta plebiscitaria no vinculante para efectos de pronunciarse sobre una restricción de circulación en horario nocturno a menores de edad -de hasta 16 años- sin compañía de adultos, cuyo resultado arrojó que una amplia mayoría estuvo por aplicar este tipo de medidas.

Los alcaldes que promovieron esta consulta se han mostrado en general satisfechos, pues en conjunto votaron unas 120 mil personas, subrayando que es la votación electrónica más grande realizada hasta ahora en Chile. Lo cierto es que dicho número representa apenas una fracción muy menor de todo el padrón habilitado para sufragar, lo que es un claro indicativo de que en general se movilizaron aquellos que tenían interés en aprobar estas restricciones, y de allí que el resultado no pueda llamar a mayor sorpresa. Así, la opción triunfante es un dato que en sí mismo tiene escaso valor, pero que sin embargo servirá de base para dictar ordenanzas discutibles en su propósito y de dudosa representatividad, lo que hace previsible que su efecto práctico no será mayormente relevante. Cabe lamentar nuevamente que se hayan gastado tiempo y recursos municipales en una iniciativa que no apunta a hacerse cargo de los problemas de fondo.

Es un error que las familias busquen delegar en el Estado tareas que les son inherentes, como es la formación de sus hijos en hábitos responsables así como controlar los horarios en que podrán circular de noche y las amistades con que se juntan. Asumir que los municipios podrán ejercer esa labor disciplinar es caer en una suerte de paternalismo y de paso validar que el Estado pueda tomarse más atribuciones en el control de las libertades personales. Tampoco parecen estar bien resueltas las objeciones constitucionales que algunas voces han hecho ver, en cuanto a que por actos administrativos como las ordenanzas se pueda ir más allá de lo que establece la ley, la cual no contempla que los menores de edad puedan ver restringida su circulación.

Antes de seguir insistiendo en este tipo de medidas efectistas, los municipios deben abocarse a utilizar las normas que ya existen para resolver los problemas de orden público que imperan en sus territorios, que son en definitiva las razones que probablemente están detrás de la mayor ansiedad en algunos por imponer más restricciones.  El desenfrenado consumo de alcohol y su venta sin mayor control a menores de edad es un problema largamente diagnosticado, y que suele ser motivo de constantes desórdenes e inseguridad en parques y plazas, particularmente por la presencia de pandillas juveniles. Asimismo, no debería permitirse a ningún menor circular por la vía pública en estado de ebriedad, y es razonable que el expendio de alcohol tenga horarios más estrictos. El consumo de estupefacientes es también una materia de creciente preocupación, donde los municipios pueden hacer importantes contribuciones en programas de prevención o actividades para ocupar el tiempo libre.

Emergencia climática: El agua como piedra angular de sobrevivencia en la R. M.

Por Paola Chávez Madrid presidenta de la comisión de medioambiente del Gobierno Regional Metropolitano (GORE)

El mundo está colapsando en muchos ámbitos hace décadas, así como se ha “sobregirado” en el uso de sus recursos naturales, con más fuerza y celeridad en los últimos años. Chile no está ajeno a esta realidad global. Los fenómenos que constituyen el calentamiento global y el cambio climático han sido reconocidos en el mundo científico, así como en el político, con contadas excepciones de parte de líderes neofascistas de derecha, como en Brasil y EE.UU.

Ante eso, distintos Estados han declarado recientemente la Emergencia Climática para contener este proceso y proyectar un futuro que permita habitar la tierra más allá del año 2050. Pero, ¿qué es lo que sustenta este tipo de aseveraciones y medidas que se están tomando por diversos actores sociales y políticos a nivel mundial?

El economista, ambientalista y excandidato presidencial chileno, Manfred Max-Neef, ya en el año 1986 nos advertía sobre el desarrollo a escala humana y antecedentes del advenimiento de una crisis ecológica. Es por ello, que el transcurso de las últimas décadas y del sostenido avance del modelo económico y productivo, ha traído de la mano la multiplicación de proyectos de inversión de carácter extractivo de nuestros recursos naturales y bienes comunes, y en consecuencia, la explosión de conflictos territoriales y socioambientales emparejados en centenares de comunidades y territorios generalmente desprotegidos y aislados geográficamente.

Es así como en la Región Metropolitana el principal elemento amenazado es el agua, y por ende, su abastecimiento básico hacia millones de habitantes en el Gran Santiago. Y no es coincidencia que zonas y comunas rurales y periféricas sean las principalmente afectadas por estos fenómenos y conflictos. Es el caso de Paine y localidades como Hornos y Rungue, azotados por la escasez hídrica que ha producido el cambio climático. No obstante, no es el principal factor en lo que ha sido la desaparición del agua en la Laguna de Aculeo, sino que lo es la extracción y desvío ilegal de cursos de agua y de la misma laguna por parte de inescrupulosos agricultores y actores privados de la zona. 

Otro grave caso y que pone en riesgo el agua potable del 80% de la RM es el (PHAM), el que se construye desde fines de la década pasada y que vía contrato con Aguas Andinas no va garantizar el abastecimiento de aguas cristalinas ante episodios de turbiedad del río Maipo, derivados de precipitaciones inusuales asociadas al cambio climático, o de accidentes o desperfectos en sus sistema de distribución. Ya que va enturbiar aguas limpias captadas en distintas cuencas del Cajón del Maipo, al pasarlas por dos centrales hidroeléctricas de pasada a través de un sistema de tuberías de 70 kilómetros de extensión.

 El tardío actuar de nuestras autoridades, de todos los ámbitos, ante una evidente realidad como esta Emergencia Climática, nos llama a seguir presionando por cambios en el sentido correcto, pero también a autodesafiarnos como alternativa de cambio y dar respuesta tanto desde los gobiernos locales como en la gobernabilidad estructural y nacional que significa el ser una opción confiable para dirigir un país, atiborrado de injusticias ambientales y conflictos socioambientales.

El temor de un soldado

Por Christian Slater Escanilla.

El viernes 5 de julio, en un diario capitalino, leí las declaraciones de la Diputada comunista Carmen Hertz Cádiz, en relación al “Informe Bachelet” sobre la violación de los Derechos Humanos en Venezuela. No solo de ella, sino también de otros integrantes de su partido político. Sentí miedo por el silencio de Guillermo Teillier quien, entre otros, sabe muy bien lo que es planificar un asesinato. Una canallada que, en mis 40 años servicio a Chile, no está en mis memorias, ni fue parte de mi historia militar. Sí, fui al funeral de varios de mis camaradas asesinados en acciones terroristas, planificadas por muchos de los que hoy guardan silencio. Incluidos, sus cómplices pasivos.

Durante mi carrera militar viví varias situaciones de riesgo, pero nunca sentí tanto horror y tanto miedo al leer, cómo Carmen Hertz justificaba el asesinado de siete mil venezolanos en poco más de dos años. Según ella, todo es culpa de Estados Unidos y Europa. Una reacción obvia del Gobierno de Maduro, que ella justifica como “deriva autoritaria”, cuyo efecto es la tortura, la violencia sexual, el desaparecimiento forzado y el asesinato de los opositores al régimen bolivariano. Le aclaro a Carmen Hertz, que la “deriva autoritaria”, se refiere a la corrupción incontrolable de los dirigentes, la desigualdad creciente entre los ciudadanos y la erosión de la seguridad y el orden. Situaciones que no las provocó Estados Unidos y menos Europa, sino el régimen chavista de Venezuela, apoyado por Cuba, para socavar la democracia y justificar su revolución.

Sentí miedo, porque hoy no soy el joven subteniente dispuesto a dar la vida por mi patria, tal como lo hice en el año 1978, junto a mis soldados, en una trinchera en Lonquimay. Miedo, porque esa señora Hertz es una Diputada y una autoridad del poder legislativo que, con sus declaraciones, defiende el horror y el crimen de Venezuela. Miedo, por todo el mal que ella y sus amigos del Partido Comunista —acostumbrados a los “ajusticiamientos”— le podrían hacer a mi familia y a Chile entero, para acallar a los patriotas que no piensan como ellos.

Sentí un tremendo horror, al imaginarme al Partido Comunista, gobernado Chile, con unas Fuerzas Armadas arrodilladas y sometidas —sumisamente— al poder político, aún fieles a un nefasto juramento inventado por los políticos, apegadas a la Constitución y con la histórica y amarga experiencia de sus camaradas en prisión, por haber acudido al rescate de la democracia. Unas Fuerzas Armadas que nunca más debieran cometer el mismo error. Por lo mismo, obligadas esta vez, a constituirse en el organismo represor y sostenedor de un Gobierno Comunista. Tal como ocurre hoy en Venezuela. Total —a la larga— la supuesta derecha, siempre le perdona todo a la izquierda.

¿Honor Militar?

Por Richard Kouyoumdjian Inglis

En los tiempos de las órdenes de caballería los militares incorporaron en su cultura y forma de ser la práctica de las virtudes cardinales, y de conductas que refuerzan su disciplina, valor, entrega y unidad. Lo anterior está perfecto y es deseable considerando las características y exigencias de la profesión militar que incluye entre otras cosas dar la vida en combate en defensa de los intereses de su patria. El ser militar exige una entrega que otras profesiones no tienen y es por ello que se les prepara de otra manera.

Esa preparación pasa por llevarlos de ser un civil a un combatiente, que en su extremo estará facultado para matar o bien se le puede exigir morir peleando contra el enemigo. Ambas conductas no son las típicas para las cuales un ser humano se prepara y, por ende, se transforma y equipa física y mentalmente a los ciudadanos para esa función, incluyendo en su formación las cualidades éticas y morales que son necesarias para matar al enemigo o morir por su patria. De lo contrario y si es que no quiero hacer lo anterior, salgo a contratar tropas mercenarias como fue la práctica de muchas naciones europeas antes de la transformación que introdujo Napoleón cuando creó el concepto de la nación en armas, o me coloco al alero de un país que me de protección si es que no quiero enfrentar la realidad de tener que hacerme cargo de la defensa y la protección de la soberanía, territorio e intereses nacionales.

En todo caso ya existían referentes en la historia de la humanidad que los países usaron para modelar a los soldados de sus ejércitos y las tripulaciones de sus marinas. No sólo estaban los caballeros de las cruzadas de la edad media, sino también héroes griegos que alimentaban nuestra cultura occidental con modelos a seguir. La Ilíada y la Odisea nos proveen ejemplos como los de Ulises, Aquiles y Hércules, los que eran fantásticos ejemplos de las conductas marciales, pero débiles en muchos aspectos de lo humano.

Desde que tenemos nuestro Ejército y la Marina, y después la Fuerza Aérea, fuimos modelando a soldados, tripulantes y aviadores con las conductas y ética necesarias para sus funciones, y también usamos los ejemplos de aquellos que se destacaron en combate o dieron su vida por Chile para darle más fuerza a la labor formativa – transformacional. Los ejemplos de O’Higgins, Carrera, Bueras, Blanco, Cochrane, Prat y Aldea fueron claves para darle forma al ejército siempre vencedor jamás vencido, o a la Marina del vencer o morir. La FACH, que nace del Ejército y la Armada toma lo que ellas le entregan en términos de cultura y tradiciones, y agrega el ejemplo y la impronta del Comodoro Merino Benitez que aún los guía 90 años después.

El ejemplo heroico de los 77 de la Concepción se transformó en el juramento de la bandera que todos los chilenos que pasan a ser parte de las fuerzas armadas realizan y en donde juran dar la vida por la patria si fuese necesario, pero en donde además se promete ser un soldado honrado, valiente y amante de la patria. Porque les exigimos a los integrantes de las fuerzas armadas en su juramento prometer ser honradas es algo que desconozco, pero suena a que les incorporamos y exigimos otras virtudes aparte de las propias necesarias para la guerra, y eso abre la pregunta de que, si los problemas recientemente informados son relativos a un incumplimiento del honor militar, o simples faltas de probidad y de cumplimiento de normas legales y administrativas. Yo me inclino por lo segundo.

Las posibles faltas administrativas y legales que se han hecho públicas respecto del Ejército no tienen nada que ver con el honor militar. Serian faltas de otro orden y que impactan la confianza que la opinión pública pueda tener respecto de la probidad de administraciones pasadas, pero no hay nada que me pueda indicar que esté afectado el honor militar o por otro lado la capacidad del Ejercito de defender la soberanía e intereses de Chile.

Los hechos develados recientemente y que deben ser probados, se asemejan más a problemas que hemos conocido en otras empresas públicas y privadas que no han sido capaces de estar a la altura de las exigencias actuales que unos y otros, privados y públicos debemos cumplir en términos de reglamentos y leyes. Los tiempos cambiaron y con ellos los niveles de exigencia que el pueblo de Chile demanda de todas sus instituciones, sean estas, militares o civiles.

En resumen, necesitamos fuerzas armadas eficientes y efectivas en lo militar, sumamente respetuosas de los derechos humanos por tener el monopolio de la fuerza, y correctas e impecables en la ejecución de las leyes y reglamentos administrativos que les afectan, lo que no difiere de la exigencia que debemos pedir al resto de los organismos públicos y privados en el desarrollo de sus tareas. Conociendo al Ejército, estoy seguro de que están golpeados, pero son muy resilientes y que bajo el liderazgo del GDE Ricardo Martínez sabrán salir adelante con una institución mejor de la que conocemos, querida y conectada con su pueblo, siempre vencedora, jamás vencida

Control a migración venezolana

Editorial diario La Tercera, 7 de Julio 2019

Los cientos de inmigrantes venezolanos que sorpresivamente terminaron apostados en pasos fronterizos chilenos generó una situación de especial complejidad, que obligó al gobierno a adoptar una serie de medidas a fin de regular su ingreso, para cuyos efectos se dispuso contar con visa consular de turismo, facilitando su tramitación en distintos consulados chilenos.

La medida despertó fuertes cuestionamientos hacia el gobierno, por estimar que la actitud de restringir el ingreso no se condice con las facilidades que en su momento el país ofreció a los venezolanos que se veían obligados a huir ante la grave crisis humanitaria y económica que ha provocado el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. La política seguida por Chile en esta materia ha sido generosa, pues se creó una visa especial para venezolanos (o de responsabilidad democrática, de las que se han entregado 37 mil a la fecha), y en general hubo amplias facilidades para ingresar a nuestro país. Es así como la colonia de venezolanos es ya la más numerosa de todas las que aquí viven -con más de 280 mil residentes-, cuyo aporte ha sido ampliamente reconocido.

Sin embargo, ante la constatación de que el régimen de Maduro será difícil de remover, es previsible que los flujos de migrantes venezolanos seguirán aumentando -ya se han desplazado más de cuatro millones-, lo que es un problema que debe ser abordado por la región como un todo, ya que desborda las capacidades de un país en particular. La llegada masiva de venezolanos a los puestos fronterizos chilenos se produjo en buena medida porque otros países también fueron colocando restricciones, generando así un efecto cascada. Es el momento de que organismos regionales como Prosur -recientemente creado para reemplazar a la fracasada Unasur-, la OEA y también la Alianza del Pacífico, aborden este desafío en forma sistémica, y entreguen directrices comunes, eventualmente disponiendo también de fondos de emergencia para enfrentar aquellas situaciones humanitarias más críticas.

Los países de la región no deben ser culpados por una crisis en la cual no tienen responsabilidad alguna, y en cambio cabe subrayar que ésta ha sido provocada por el régimen chavista, el cual sigue siendo apoyado por sectores recalcitrantes. Es en ese orden de cosas que las naciones tienen derecho a establecer aquellas regulaciones migratorias que sean consistentes con sus objetivos de seguridad interna o sustentabilidad económica, porque de lo contrario se pueden producir situaciones que pueden resultar aún más perjudiciales o injustas para los propios inmigrantes, como hacinamientos o caer en redes de explotación laboral.

La actuación de Chile en este reciente episodio se ha ajustado a su propio marco normativo y a las convenciones internacionales, pero a la luz del incierto cuadro es necesario que se establezcan criterios más claros a fin de no generar expectativas que luego se defrauden. En paralelo, el país puede avanzar en fórmulas que faciliten la integración y generen efectos virtuosos. Así, por ejemplo, los anquilosados procedimientos para validar títulos profesionales deben modernizarse, y también se podría explorar la creación de visas especiales para actividades en las cuales se necesiten determinadas especialidades o competencias.

Creando otro Frankenstein

Por Cristián Labbé Galilea

Al abrupto “aterrizaje” que tuvimos después del eclipse perdiendo la clasificación para la final de la copa América, se suma esa infernal secuencia de sucesos político-jurídicos que inunda la contingencia nacional y de la cual parece que no será fácil salir.

Teniendo todo para que la situación del país tienda a progresar, los números, las encuestas, la opinión pública, nos  están advirtiendo que la tendencia es la contraria; económicamente estamos estancados, políticamente hay pesimismo y, socialmente,…ni que decir.

Si a eso añadimos el espectáculo que da toda una gama de autoridades agitando demagógicamente las banderas de la “transparencia” y la “probidad”, llegamos a la causa primera de todo lo que nos está sucediendo: la falta de prudencia, criterio, tino, discreción y otra serie de virtudes que tienen que ver con la sensatez, la cordura, la serenidad, pero principalmente con la estatura moral, el sano juicio, la confianza en normas, instituciones y jerarquías.

Estamos condenando con demasiada facilidad e irresponsabilidad, aun antes de todo juicio, sin esperar sentencia, a sea quien sea, por una simple sospecha, presunción o prejuicio, práctica frecuente no solo del ciudadano común y corriente, sino, lo que es más grave, conducta reiterada de jueces, tribunales, medios de comunicación social, autoridades, y de cualquiera que pueda instrumentalizar alguna red.

No se tiene ninguna consideración por la paz cívica y social, por la estabilidad de las instituciones permanentes de la república y, con muy poca reflexión sobre la razón y la justicia verdadera, se cae en arrebatos justicieros, en ansias de linchamiento, en la histeria política y en la irresponsabilidad comunicacional.

No se puede ni se debe caer en la barbarie paranoica de lapidar a nadie sin permitirle ejercer su derecho a un debido proceso…

El genuino espíritu de justicia sabe que mucho peor es condenar a un inocente que liberar a un culpable.

No han reflexionado esos “vivos verdugos” si acaso la sensatez no les aconsejaba actuar con mayor cordura, al menos hasta el término del debido proceso; no han pensado esos “siempre listos, puros y castos” actores públicos (ministros, políticos, parlamentarios, MCS,  etc.) que en la vida hay cosas que corresponde que se hagan “con la puerta cerrada o al menos con las cortinas corridas” hasta cuando todo esté concluido.

Hacía estas reflexiones con un viejo y sabio “Ariki” rapanui (jefe tribal), con quien acostumbro compartir mis cavilaciones cuando estoy en el “Ombligo de Mundo”, y quien después de escucharme con esa cierta “nonchalance” (indiferencia) tan propia de su carácter polinésico, me dijo: “Debieran tener más cuidado, porque han echado a andar un monstruo que en cualquier momento se los come a ellos”.