¿La Otra Mejilla…?

Por Cristián Labbé Galilea

Las pandemias pasan y dejan huellas. El Covid19 no será distinto, sólo que, por estar en sus primeras manifestaciones, vemos sus estragos como algo lejanos. Sin embargo, si bien la muerte no nos ha golpeado muy fuerte, intuimos que, sí o sí, los efectos políticos, económicos, sociales, incluso espirituales y culturales… van a llegar más temprano que tarde.

La sociedad no será la misma. Así ha pasado siempre en la historia de la humanidad. Sólo un ejemplo cercano: después del atentado a la Torres Gemelas, sin ser una pandemia, todo cambió… hubo que recuperar la seguridad, la confianza y proteger al ciudadano… vinieron las restricciones de todo tipo, de los derechos civiles, los controles rigurosos a las personas y sus desplazamientos, la inteligencia invasiva, la afectación a la privacidad… y muchos etcéteras. Imagínese, mi “cuarentenado” lector… cómo será después de esta calamidad.

Habrá nuevos héroes, aparecerán como siempre los “hombres de Dios”: los médicos, los funcionarios de la salud, los bomberos, los militares, y muchos otros, pero también se dejará ver “la miseria humana” con sus cicatrices difíciles de sanar.

Contrario a como actúa el virus que no segrega ni por sexo, religión, raza o posición socioeconómica, aparecerán quienes, en busca de “nuevos dividendos políticos”, no pierden la oportunidad para traicionar a quienes otrora “llamaron y respaldaron” cuando el país vivía momentos de aflicción y peligro.

Imposible, por más que estemos en la emergencia mas grande que ha tenido la humanidad, que esta pluma, que siempre ha privilegiado la prudencia y la paz cívica, no deje explícita constancia de la agresión y discriminación perpetrada contra esos “ancianos soldados” a quienes, privados de libertad, se les niega el derecho a un “indulto conmutativo” que se está otorgando a todos los detenidos bajo riesgo de contraer covid-19.

Convertidos en enfermos terminales, esos viejos soldados son personas que hace 50 años no tenían más de 20, y que cumplían órdenes superiores; hoy, inaceptablemente, son comparados por la autoridad política, con violadores, abusadores sexuales, asesinos y criminales, cuyas desviadas y perversas motivaciones son muy distintas a las de quienes actuaron convocados a defender la patria, su libertad y su futuro.

No se confunda mi justo lector, esta pluma -como muchos ciudadanos reconocidos- no está demandando nada especial, nada distinto al cumplimiento del sagrado principio de igualdad ante la ley.

Rotundamente, el virus Covid-19 está mostrando su letal efecto; pero bajo este manto de catástrofe se está consumando una impresentable discriminación contra esos viejos soldados, y se está confirmando hasta dónde la miseria humana puede dejar su cicatriz de injusticia, traición y venganza.

Si hoy los soldados, con humildad, han puesto una de sus mejillas para dejar atrás las ofensas, las humillaciones, y los agravios sufridos durante las movilizaciones violentistas, bastante más les costará poner la otra mejilla y olvidar que, en esta oportunidad, la Moneda ha mostrado la peor de sus caras.

La extradición: una oportuniad

Por Javier Leturia, abogado 

El acuerdo político-judicial que permitió la extradición del terrorista Hernández Norambuena, junto con ser la única fórmula posible, conforme a los tratados con Brasil, permite que uno de los asesinos de Jaime Guzmán se someta a la justicia chilena. Refuerza el imperio de la justicia que un delincuente prófugo sea reencarcelado y sometido a leyes y tribunales chilenos.

Refuerza también la democracia que se haga justicia a un emblemático terrorista subversivo, dando oportunidad a la igualdad ante la ley, en especial frente a violadores de derechos humanos. A su vez, la disminución de la pena -más teórica que real- que el acuerdo obliga, debería contribuir a un ambiente de superación de heridas y divisiones del pasado.

Debería…, pero dificultan la justicia y los valores republicanos al menos dos actitudes: el vergonzoso doble estándar de los jueces en las llamadas causas de derechos humanos y la pusilanimidad de los políticos de derecha.

Una torcida administración de justicia ha llevado a jueces a condenar a inocentes en base solo a presunciones, testimonios falsos o delitos ficticios, en contravención a la ley vigente y sin las condiciones mínimas de un debido proceso. Los jueces de derechos humanos, ¡no respetan los derechos humanos! Sabemos en cambio que hay terroristas -fácticos o autores intelectuales- que nunca han pisado un tribunal. De ahí que la extrema consideración del juez Carroza con el “Comandante Ramiro” provoque irritación y desconfianza.

Entre tanto, los políticos de derecha se apresuran en declarar que “condenan las violaciones a los derechos humanos”, agregando, sin distingos, que “los responsables están siendo juzgados”, desconociendo que la mayoría son inocentes y que aún quienes hayan cometido excesos en el combate antiterrorista -o incluso a pretexto de éste- tienen derecho a ser juzgados conforme a la ley y a un debido proceso, garantía que no admite excepciones.

Mientras no se diga claramente que el terrorismo viola los derechos humanos, que los terroristas son victimarios y no víctimas, no habrá justicia ni verdad histórica. Se ha abierto una buena oportunidad para el sinceramiento de la verdad y el fin de los dobles estándares.

¿FF.AA. combatiendo al narcotráfico?

Por Roberto Hernández Maturana

En Enero de 2017, el diario “el País” de México dio a conocer una carta de 20 militares presos acusados de excesos en el combate al narcotráfico

“Fuimos usados por el Estado mexicano. Se nos capacitó para una función y se nos ordenó hacer otra muy diferente (…) El señor Felipe Calderón, excomandante supremo de las Fuerzas Armadas, declaró la guerra al narcotráfico y fue un término muy desafortunado”. Así protestaban entonces los militares, ante el presidente de la República, la Cámara de Diputados y el Poder Judicial de la Federación. Todos estaban procesados o condenados por delitos cometidos durante los años duros de la Guerra contra el Narco, en el sexenio del ex presidente Calderón. Algunos cumpliendo penas de hasta 31 años.

Tras la llegada de Calderón al poder en diciembre de 2006, los militares por orden del gobierno, salieron de sus cuarteles y asumieron el papel de la policía en varios estados del país, en lo que se entendía como una situación extraordinaria…

En todo este tiempo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México denunció en torturas, abusos y asesinatos cometidos por militares. La presión se sintió al interior del Ejército, hasta el punto de que el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, había declarado el 9 de diciembre de 2016 que el Ejército no se siente a gusto persiguiendo delincuentes. “Nuestros soldados”, dijo, “ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos, con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos”. Cienfuegos pedía un “marco jurídico” para el actuar de la tropa, una ley que regulara su presencia en las calles.

La discusión versaba no tanto sobre la capacitación de los militares sino más bien sobre el marco jurídico, la necesidad de dar “seguridad” al Ejército cuando actuara en funciones policiales.

Para los críticos de Calderón y su Partido de Acción Nacioanal  (PAN) , fue su gobierno el verdadero responsable :  “quien los sacó a las calles sin preparación, quien los instruyó a hacer algo que produjo muertes colaterales”.

En su carta a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los militares mexicanos condenados decían: “Fuimos usados por el Estado mexicano en un fallido experimento donde resultó una cantidad enorme de víctimas colaterales y decenas de militares de poca graduación en prisión”.

Casi al final de la carta, los 20 militares concluyen: “¿Qué opina el Secretario de la Defensa Nacional? [Que] ‘Estamos haciendo una función para la que no estamos preparados’, [que] ‘ninguno de nosotros vino a las FFAA para hacer esto’. Si esto opina el titular de las Fuerzas Armadas, ¿dónde quedamos nosotros?”.

Traigo a colación esta carta a propósito de la firma por parte del Presidente Sebastián Piñera, el pasado 9 de julio, de un decreto que autoriza la participación de las FF.AA. en tareas de vigilancia, apoyo logístico, transporte y tecnología en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en las fronteras del país, cosa que hasta el día de hoy estaba limitado a Carabineros y la Policía de Investigaciones. La firma de este decreto ha generado una amplia discusión entre partidarios y críticos de la medida.

Si bien es cierto que la lucha contra el narcotráfico es uno de los principales desafíos en materia de seguridad que deben enfrentar los gobiernos, que se enfrentan al riesgo de que ese tipo de estructuras criminales se extiendan con los males asociados que arrastran: corrupción y violencia en distintos ámbitos y niveles al interior de la sociedad, y que el debate sobre cómo hacerle frente ha sido intenso, no se ha establecido un consenso sobre cómo lograr el objetivo. Por su parte el ministro de Defensa ha dicho que la medida solo se aplicará “en zonas fronterizas, y no en poblaciones”. ¿Quién asegura que en un par de meses más no sea precisamente ese el paso siguiente? Si, como ha dicho el Presidente, se trata de una guerra “sin tregua y sin cuartel”, ¿por qué no llevarlaa todos los ámbitos? Solo en mayo recién pasado, el Presidente Piñera fue explícito en reconocer que las Fuerzas Armadas “no están preparadas ni entrenadas para este tipo de materias”… y tenía razón. En la misma línea, su ministro del Interior aseguró en junio que “son las policías las que tienen las competencias, la preparación y el trabajo profesional para combatir el narcotráfico”. ¿Qué explica este cambio de parecer?

Existe no sólo un conflicto en materia de los objetivos definidos en la Constitución para cada institución involucrada, sino también serios riesgos para las mismas FF.AA. y para la sociedad involucra a las FF.AA. en materias que no les corresponden institucionalmente.

Las FF.AA. por la naturaleza de sus funciones distintas a las policiales, carecen de la capacitación para enfrentar procesos resguardados por garantías procesales y constitucionales. La detención y procesamiento de personas, la entrega de evidencia al Ministerio Público son procedimientos que no conocen los integrantes de las FF.AA., no tienen contacto con una investigación policial, no conocen los estándares establecidos ni los derechos de los detenidos, y esta formación no se entrega en una inducción de un par de horas, sino que son elementos que están en la base de la formación en las academias policiales.

A las FF.AA. se le está traspasando cierto nivel de responsabilidades que hasta ahora ha tenido Carabineros; eso significa cambiar de manera radical la forma como pensamos la labor de las policías, y también modificar el objetivo de las FF.AA. en el sentido de la protección de la soberanía.

No hay funciones específicas para las FF.AA. que puedan relacionarse con estas funciones, y en el decreto no queda claro tampoco cómo se coordinarán con la PDI, Carabineros y el Ministerio Público. ¿Cómo se resguardarán los principios y garantías de las personas que entrarán en contacto con el personal militar?, ¿quién responderá por la seguridad de los mismos medios militares en caso de emplearse coercitivamente contra narcotraficantes que se resistan violentamente a un control y que posteriormente sean perseguidos por organizaciones preocupadas de los derechos humanos de los delincuentes, por sobre la de las obligaciones que el estado le impone a las FF.AA. en esa delgada línea crítica, cuando un comandante deba resolver en la soledad del altiplano rechazar con fuerza letal una ataque también letal?

El decreto en comento presenta evidentes problemas de constitucionalidad: A las FF.AA. se les confía la “defensa de la patria y seguridad nacional”, mientras que a las policías se reserva el resguardo del “orden público y la seguridad pública interior”. El llamado “combate al narcotráfico” —un eslogan, no un concepto técnico— no está dentro de las funciones que la Constitución y la ley orgánica de las Fuerzas Armadas no contempla este tipo de misiones, y no se puede borrar esta diferenciación constitucional por vía de un reglamento.

Siempre es posible que una parte de la población demande medidas de este tipo y mañana pueden pedir “mano dura”… incluso “muy dura”; pero el Estado tiene que velar por el cumplimiento del bien común y resguardar un debido proceso, para eso justamente hemos elegido nuestros gobernantes: para que protejan los valores fundamentales, caer en estos populismos penales porque la población hipotéticamente lo ha solicitado es abrir la puerta a situaciones de las que en el futuro solo responderán los integrantes FF.AA. , normalmente los subalternos que se emplearán en estas misiones y no lo políticos que las han improvisado, quienes una vez mas  lavarán sus manos como Pilatos y condenarán unánimemente los «excesos cometidos»

Resguardar las fronteras, prevenir y controlar el narcotráfico son tareas fundamentales para este y cualquier gobierno. Es su obligación tomar medidas efectivas para ello; pero ellas deben sujetarse a la Constitución y las leyes. Es de esperar que antes de adoptarse cualquier decisión populista, se deje claramente establecida las facultades y obligaciones que deberían cumplir las instituciones armadas, previa una amplia discusión en el congreso, y el Estado, a través de sus autoridades, se haga efectivamente responsable de sus resoluciones que sin duda afectarán en el futuro a sus ciudadanos e instituciones.

Hipotética Paradoja

Por Patricio Quilhot Palma

Con estupor, hemos leído en el Diario Oficial de la República del reciente 6 de Julio el Decreto N° 32, suscrito por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en el cual se declara Monumento Nacional una serie de instalaciones y sectores del antiguo Complejo Maderero de Panguipulli, incluyendo al “Campamento Guerrillero N° 83”, calificándolo como “el único vestigio material, públicamente conocido del Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro, implementado por el MIR como parte de la Operación Retorno, en su intento por asentar espacios de resistencia armada que posibilitasen la formación e insurgencia armada”.

Esta desvergonzada apología desmitifica el negacionismo de la izquierda política, al reconocerse formalmente la existencia de criminales acciones armadas, financiadas, planeadas, organizadas, equipadas y dirigidas desde una potencia exterior, en contra del orden establecido en nuestra patria. El Consejo de Monumentos Nacionales, consecuente con su ideologizado desempeño, ha conseguido la firma del gobierno del señor Sebastián Piñera Echeñique, para promulgar una exaltación a un grupo guerrillero, que proveniente de Cuba, se infiltró en Chile en los años 1980 y 1981, para llevar a cabo sabotajes, atentados y otros actos criminales.

No debe sorprender la indigna cesión a las presiones de la izquierda anarquista o ꟷmás bienꟷ la complicidad con aquellas, de parte del actual gobierno de Chile, caracterizado éste por sucesivas y reiteradas torpezas, casi siempre originadas en caprichos inexplicables, en la irreflexión y en el oportunismo populista, donde el “parecer” siempre domina al “ser”.

Se trate de una cesión o de la búsqueda del aplauso de sus adversarios, lo concreto es que el gobierno avala formalmente hoy la existencia de organizaciones armadas, aun cuando ellas provengan de una potencia extranjera o de una ideología de alcances internacionales.

Este impropio gesto ratifica la carencia de análisis prospectivo de las medidas que adopta el gobierno, al no medir las consecuencias que pueden derivar de su decisión. En este caso, junto con estimular el desarrollo de las organizaciones terrorista-subversivas ꟷcomo las que operan hace años en la Araucaníaꟷ, el reconocimiento homérico a un grupo de asesinos entrenados y equipados para atacar al Estado de Chile, desmitifica la mentira que rodea a la actuación de la FF.AA. y de Seguridad, en la defensa constitucional del territorio chileno amenazado por grupos de origen extranjero.

Algo tan evidente como ello, es arteramente soslayado por la mal llamada justicia de los DD.HH., la cual procesa y condena a cientos de militares y policías chilenos por haber luchado en contra de organizaciones terrorista-subversivas, tales como el “Destacamento Toqui Lautaro” que hoy es elevado a los altares del heroísmo patrio por el gobierno del señor Sebastián Piñera, dando la peor señal posible para la tranquilidad futura de nuestro país. La empresa MIR ꟷcomo tuviera la gentileza de reconocerla la Contraloría General de la Repúblicaꟷ puede ahora exigir indemnizaciones por el “emprendimiento” fracasado en su “Campamento Guerrillero 83”, mientras los integrantes de la Compañía de Comandos N°8 son encarcelados por cuanto “ …detentaban el brazo armado operativo del ejército a cargo de la neutralización de la guerrilla…”, tal como reza textualmente el fallo emitido en Mayo de 2016 por la Corte de Apelaciones de Valdivia.

Sinceramente, no hay forma de comprender el silencio cómplice de la derecha política, cada vez más merecedora del apelativo despectivo de “derechita cobarde”, por permitir los desvaríos populistas de quien lidera su gobierno y no atreverse a enfrentar con coraje y decisión al verdadero enemigo de la institucionalidad: la izquierda fracasada que sigue sembrando la discordia y promoviendo la venganza. La actuación de esta clase de derecha, inconsciente del futuro al que la conducen sus adversarios recuerda ꟷpor desgraciaꟷ la cabeza gacha de un vacuno que, mirando tristemente hacia el suelo, camina rumbo al matadero.

El sistema de justicia chileno, por su parte, sigue seducido o subyugado por la agresiva amenaza proveniente de una izquierda que trata de sobrevivir mediante una ofensiva suicida. Los buenos jueces siguen sin reaccionar, permitiendo que se siga sembrando la imagen de un Poder Judicial sometido por las fuerzas ideológicas y por una creciente corrupción. Los tiempos cambian inexorablemente y por más que los interesados lo resistan, el cambio arribará tarde o temprano. Las consecuencias para quienes han desaplicado la Ley serán ꟷcon seguridadꟷ mucho peores que las que se puedan derivar de contener hoy la reacción amenazante de grupúsculos de extrema izquierda.

Después del decreto emitido por el gobierno del señor Piñera, suscrito en su nombre por la Ministra Consuelo Valdés Chadwick, no cabe aceptar argumentos estúpidos como que “no existía un estado de legalidad” al momento de combatir para desarticular el intento de iniciar una guerra de guerrillas en el Sur de Chile. Por ello es inaceptable que se siga encarcelando a oficiales, suboficiales y soldados por haber usado sus armas para enfrentar a esta lacra de asesinos, enviados por el régimen castrista a matar a chilenos y a arrasar con sus campos y ciudades. El mismo argumento podría ser esgrimido en unos años, cuando una patrulla militar de muerte a algún grupo de narcotraficantes, en un control de frontera, tan livianamente asignado a sus misiones por este mismo gobierno.

Hace ya mucho tiempo que la gente de la Araucanía pide a gritos que algo como la aniquilación del Destacamento N° 83 suceda en su territorio, mientras los sucesivos gobiernos miran convenientemente hacia el lado y dejan fluir los acontecimientos. Siendo absolutamente necesario que se exija al gobernante cumplir su obligación con la seguridad del Estado, a la luz de torpezas como la de este decreto y los inauditos pasos de la justicia en contra de los militares, cuesta creer que algún oficial o suboficial vaya a cumplir la orden de combatir a un guerrillero que años después va a ser proclamado como héroe, mientras él va a la cárcel. La paradoja es que ꟷpor el contrarioꟷ puede parecerle más rentable crear su propia guerrilla, esperando indemnizaciones, pensiones y homenajes.

Mala Espina….

Por Cristián Labbé Galilea

Esta semana nuestra tertulia se centró en el anuncio presidencial que involucraba a las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico.

Mayoritariamente, las opiniones apuntaron: en primer lugar, a que no se veía muy claro cómo operaría esta medida y, en segundo lugar, a la duda de si se habían evaluado bien los riesgos que esta disposición podría acarrear. Como alguien dijo: “no les vaya a salir más malo el remedio que la enfermedad”.

Los comentarios apuntaron a las múltiples aclaraciones que, sobre la materia, han tenido que dar las autoridades, y a las disimiles reacciones de los diferentes sectores políticos. El “gatuperio” que generó la iniciativa fue tremendo, lo que permite suponer que surgió entre cuatro paredes, y que hay muchas cosas que no están suficientemente claras. Según se comenta, la medida fue “prematuramente gatillada” por los resultados en las encuestas de aceptación presidencial. (Vaya uno a saber….).

Al respecto, las opiniones coincidieron en que una decisión de esta naturaleza, que involucra áreas tan sensibles como la seguridad nacional y tan peligrosas como el narcotráfico, no se puede improvisar; que es necesario el desarrollo de planes estratégicos de largo y corto plazo; que hay que afinar temas logísticos, tecnológicos, de comunicación… (suma y sigue); pero además y, de forma prioritaria, es imprescindible revisar las experiencias que se han vivido en otros países (México, Colombia, Venezuela, la experiencia Europea), etcétera.

No es llegar y decretar, en un simple acto comunicacional, que las FF.AA. “apoyarán el combate al narcotráfico”. Una misión de esa naturaleza requiere entrenamiento, preparación, coordinación inter e intra instituciones; ni qué decir de los problemas que se pueden generar producto de una eventual superposición de funciones con las fuerzas policiales, e incluso con el poder judicial.

Uno de los presentes que había estudiado el tema señaló: “hay estudios que indican que, si bien estas misiones parten como algo provisorio, de carácter restringido y colaborativo, con el tiempo generan un nivel de involucramiento del cual resulta casi imposible desprenderse”. Luego de otras referencias acotó: “Es muy probable que gradualmente se vaya debilitando el Poder Nacional, en su componente militar, al dedicarlo a labores que no le son propias y que además son de naturaleza doméstica”.

No faltó quien consideró que la “militarización del combate al narcotráfico” expondría a las FF.AA. a múltiples acusaciones de parte de activistas y organizaciones de derechos humanos, lo que a la larga terminaría por afectar su relación con la comunidad civil. Otro de los presentes, con más agudeza, advirtió que si a eso se le sumaba la conducta garantista de la justicia actual, el delincuente -como suele ocurrir- quedará en la impunidad y los soldados complicados.

En resumen, son muchas las dudas que esta iniciativa genera en el ambiente, pero como la idea no es oponerse por oponerse, ni mucho menos, que la autoridad se quede con los brazos cruzados, lo que hasta aquí se ha dicho permite concluir que….  ¡esta iniciativa da mala Espina!, porque el tema es demasiado complejo y no se soluciona con un mero decreto dictado “entre gallos y medianoche».

¿Justicia o populismo?

Por Roberto Hernández Maturana

Tras diez años de discusión, la noche del martes la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, con una indicación impulsada por el diputado René Saffirio: que los delitos que hayan sido cometidos a partir de 1990, fecha en que Chile adscribió a la Convención sobre los Derechos del Niño, puedan ser retroactivos.

En resumen, los congresistas estimaron que respecto de estos delitos pueden violar el principio básico de la irretroactividad de las normas que ordenan la persecución penal. Así, mañana podría también establecerse tribunales especiales o, llegados a este punto, por qué no, sancionar conductas con efecto retroactivo.

Al respecto muchos juristas y legisladores han rasgado vestiduras, manifestando que aun  cuando estos abusos son atroces, la resolución de la Cámara sería de un  populismo irresponsable y atentatorio contra los principios civilizatorios.

Advierten los estudiosos y profesores del derecho, que esto podría inducir a una reducción del estándar probatorio, porque es muy difícil que cuando hayan pasado 30 o 40 años existan pruebas contundentes del delito, lo que permitiría a los jueces condenar por presunciones e indicios poco precisos y concluyentes. Y si los jueces no admitieran este tipo de pruebas más débiles deberían absolver con lo que la imprescriptibilidad puede convertirse en un gesto que resulte más teórico que práctico. También existen críticas sobre las razones por las cuales se daría este trato de favor a las víctimas de ciertos delitos y no de otros, como aquellos relacionados con derechos humanos . En el Congreso hay actualmente en tramitación varios proyectos que proponen declarar la imprescriptibilidad de delitos funcionarios, cohecho, ejecuciones ilegales, tráfico de inmigrantes y trata de personas, femicidio, parricidio, infanticidio, delitos terroristas, etc. Igualmente, la existencia de dificultades para que las víctimas tomen conciencia del abuso sufrido se puede verificar también cuando las personas sean jóvenes de 18 o más años.

Para el académico Hernán Corral, que expuso en el Senado respecto a la irretroactividad de la norma con respecto a hecho anteriores a la entrada en vigencia de la futura ley , está «debe considerarse contraria a la Constitución por lesionar en algunos casos la cosa juzgada judicial y en todos la garantía constitucional de la propiedad».

Adicionalmente, el abogado penalista Juan Carlos Manríquez ha planteado que la aprobación de la norma puede significar «un quiebre con la tradición jurídica nacional muy profundo» porque «se alterarían otras reglas, como la seguridad jurídica».

Por otra parte, el abogado Enrique Aldunate, dijo que «No se puede comparar, la pérdida de vidas por delitos relacionados con DDHH con un hecho puntual que afecta la libertad sexual», dijo en referencia al hecho de que la imprescriptibilidad sí se aplique para delitos de lesa humanidad diciendo que  «esa sinonimia no puede ser aceptada».

Para el académico de la U. del Desarrollo, Alejandro Leiva, la imprescriptibilidad «va a generar problemas probatorios, porque transcurridos 30 o 40 años, para que se logre probar un delito de esta naturaleza, (la seguridad) disminuye muchísimo, y eso atenta contra la certeza de los fallos y aumenta la posibilidad de error judicial».

Se ha dicho finalmente que  los legisladores prrtenden imponer su visión por sobre las garantías, y lo hacen en aparente defensa de valores superiores, para perseguir conductas deleznables o para proteger víctimas merecedoras de apoyo, pero se agrega también que el fin no justifica cualquier medio, porque al validarse ciertos medios no solo se sacrifica la seguridad jurídica del presunto delincuente, sino la seguridad de toda la sociedad

El debate que se inicia es interesante, porque más allá de la necesidad de castigar estos deleznables delitos, se puede caer en acusaciones difíciles de probar después de años de cometido el presunto delito…, pero si la justicia pone al acusado en la “necesidad” de demostrar que no cometió el delito por el que se le acusa, entonces la injusticia es infinitamente peor… y eso es precisamente lo que hoy continúa ocurriendo con muchos ex uniformados que siendo jóvenes subalternos en 1973 hoy son acusados a base de testimonios de  víctimas o testigos… o presuntas víctimas o testigos, colocando muchas veces a los acusados en la imposibilidad de demostrar que no estuvieron donde se les acusa haber estado, cuando el caso debería ser exactamente al revés, la justicia debe demostrar que el acusado sí estuvo o participó en los hechos por los que se les acusa… pero no solo a base de testimonios, si no de pruebas concretas.

Es muy interesante  conocer lo que afirma sobre la memoria engañosa la doctora  Elizabeth Lofthus, una psicóloga y matemática estadounidense, que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar la memoria humana para determinar la solidez de esta, partiendo de la hipótesis de que el entorno y todo lo que rodea al momento del almacenamiento de un recuerdo o su recuperación influyen,

y esa influencia era negativa en cuanto a la calidad del recuerdo. Así la Dra Lofthus afirma que todo nuestro ayer, nuestro aprendizaje, nuestro yo, se basa en la memoria, que es como el camino que nos muestra de donde vinimos, preguntándose ¿cuánto podemos confiar en ese camino?

Elizabeth Lofthus concluye que en un juicio, la memoria de un testigo es la evidencia más peligrosa a la que puede recurrirse. Si un testigo define a un acusado y lo entrega como culpable, básicamente este ya puede ser considerado culpable ante la justicia.

Estudios anteriores ya demostraron que la memoria era frágil y presentaba falsos recuerdos, por ejemplo autores como John D. Bransford y Marcia K. Johnson fueron precursores a los estudios de Lofthus en este tema

Volviendo al cuestionamiento que hoy se hace a la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad a partir de 1990, fecha en que Chile adscribió a la Convención sobre los Derechos del Niño, puedan ser retroactivos, cabe preguntarse si lo que realmente nuestros legisladores quieren  legislar para un estado justo o se están entregando al populismo y veleidades de voluble mayorías.

Nuestros parlamentarios no deberían olvidar que someterse en democracia sin reglas, ni límites, al arbitrio de la opinión de las mayorías, atenta contra las libertades y la democracia misma

 

Oportunismo, venganza y testimonios falsos

Por Christian Slater Escanilla

El último que habló de revanchismo y oportunismo político o más bien dicho de “venganza” y no justicia, fue un actuario (abogado) que trabajaba con el Juez Mario Carroza, (Radio Universidad de Chile, viernes 05 de enero de 2018). Fue desvinculado de esa labor y nunca más supimos de él. También podríamos comentar las decenas de casos en que, a través de una “ficción jurídica” se condenó a ex militares, donde además se utilizó un procedimiento judicial que quedó derogada entre los años 2000 y 2005. Lo que se llamó la Reforma Procesal Penal.

Ni hablar de los jueces que, reabriendo causas —juzgadas y cerradas en plena democracia— vuelven a investigar y, en algunos casos, condenan sin nunca haber interrogado o conversado personalmente con los enjuiciados por estos temas. Son los mismos que han dejado de perseguir a terroristas y criminales que se pasean libremente por Chile y el mundo. Los mismos que reconocen su color político de izquierda. Pero, más aún, establecen absoluciones para terroristas como el que secuestró a Cristián Edwards. Sumemos los que son protegidos por el comunismo internacional y viven libremente en México, Francia o Argentina. Ellos son intocables.

Condenas que se realizan con la verdad única y exclusiva del Juez quien, indebidamente amparado en el antiguo sistema procesal penal, es el único que persigue, interroga, juzga y sentencia. Para ello, utilizan testigos que después de más de 40 años, creen recordar cosas que nunca sucedieron o las recuerdan —para no ser mal pensado— de una forma diferente a cómo realmente sucedieron. Esto se reconoce como el desarrollo de memorias distorsionadas o totalmente falsas. Al respecto, la Doctora en psicología Elizabeth Loftus, de la Universidad Irving de California, nos comenta: “hay muchos individuos en nuestra sociedad que han sido encarcelados por crímenes que no cometieron. En Estados Unidos un proyecto recopiló más de 300 casos de personas que habían sido encarceladas por error. Cuando esos casos fueron analizados, se descubrió que la principal causa de equívoco fue la memoria defectuosa, el testimonio defectuoso de los testigos”. Al respecto, estimado lector, puede encontrar en la WEB, innumerables reportajes sobre este tema.

No está de más recordar que en Chile —algo que sigue pendiente— el Código Penal establece el delito de prevaricación para los jueces de todo tipo y fiscales judiciales, cuando fallen contra lo que indica la ley vigente, lo mismo cuando se dicten sentencias manifiestamente injustas.

Que lo anterior, algún día, se investigue y se revisen las condenas dictadas, aún es parte, de la esperanza de muchos chilenos. O, al menos, teniendo a la vista lo señalado por los estudios de la Doctora Loftus, se cuestione y definitivamente se anule el exagerado valor que los Jueces le dan a las declaraciones de testigos que, muchas veces, tienen antecedentes alcohólicos, de drogadicción o poseen un escaso nivel intelectual.

Golpe queremos

Por Joaquín García Huidobro Correa

Nuestros poderes del Estado no están de acuerdo acerca de qué Venezuela debería ser invitada a la cuenta presidencial, porque hay dos y están enfrentadas a muerte. Para el presidente del Senado, la representante de Guaidó y de la casi totalidad de los trescientos mil connacionales suyos que viven en Chile, simplemente no existe.

“Todo se arreglaría con un golpe de Estado en Caracas”, dicen numerosos venezolanos y repiten en voz baja bastantes chilenos; pero las posibilidades no parecen muchas y Guaidó sigue vagando como alma en pena.

Las razones de la ausencia de ese golpe parecen sencillas a primera vista: los chavistas aprendieron del caso chileno y saben que hay que tener bajo control a las Fuerzas Armadas. Lo vio Carlos Altamirano en su tiempo, quien tenía claro que el futuro de la Unidad Popular exigía alinear a los militares con la revolución socialista. Ese era el Altamirano fiero, no el hombre que murió esta semana, el que reconocía haberse equivocado.

Otros piensan que los militares son apenas unos títeres de fuerzas más poderosas (EE.UU., Rusia, China y Cuba) y que la decisión final no depende de ellos.

Las explicaciones, en principio, parecen perfectas: no hay golpe porque eso lo deciden otros o porque Maduro se compró a las FF. AA.; los militares viven como reyes mientras el pueblo se muere de hambre. Además, él controla la judicatura y tiene a su país militarmente ocupado por Cuba. Esto explica en parte la brutalidad de su represión, que difícilmente la ejercerían unos venezolanos chavistas sobre sus compatriotas.

Sin embargo, esos razonamientos presentan una debilidad. Suponen que los 250 mil uniformados venezolanos son todos unos corruptos o débiles, y que apenas hay un par de patriotas en ese mundo castrense. ¿No habrá una explicación distinta o al menos complementaria de las anteriores?

Es verdad que Chávez y Cuba aprendieron del ejemplo chileno de 1973, pero también nuestro caso actual tiene enseñanzas interesantes que ofrecer; no a Maduro, sino a los militares venezolanos. Se trata de unas lecciones amargas, capaces de disuadir al militar más patriota de intentar esa aventura golpista que muchos proponen.

No cabe negar que en Venezuela hay hambre, tortura, desabastecimiento, inseguridad, carencia de medicinas básicas, represión a los disidentes, desnutrición infantil creciente, violación de la Constitución y falta de libertad. Además, casi todos los gobiernos democráticos han desconocido la legitimidad del régimen de Maduro. Pero los numerosos soldados y asesores cubanos que están instalados en ese país son cosa seria, y además, el gobierno cuenta con una Milicia Bolivariana numerosa y violenta.

Si los militares intentan tomar el poder habrá tiroteos, muertos y abusos, tanto por exceso de fuerza como por la acción de criminales que llevan uniforme, como en todo golpe de Estado. Por otra parte, no se desarma de un día para otro la burocracia chavista que ocupa el aparato estatal ni resulta hacerlo con guante blanco. Así las cosas, habrá miles de exonerados y exiliados. Cabe la posibilidad de que el golpe sea exitoso y que Venezuela retorne a la normalidad, pero será un proceso de años. Entretanto, vendrá una nueva generación, que no vivió esa historia y la juzgará con otros esquemas mentales. Los juristas desarrollarán sus teorías y todo será visto como una cuidadosa operación de exterminio, donde no solo el criminal, sino hasta el chofer veinteañero que conducía un jeep será acusado de genocidio, como sucedió en Chile.

Los que hoy llaman “gallinas” a los militares, mañana estarán dedicados a enriquecerse y mirarán para otro lado. Es posible que subsistan núcleos de violencia chavista y muchos pedirán “mano dura”, como una vez lo hicimos nosotros, que “solo queríamos un poco de orden”. Hoy decimos que no tenemos responsabilidad por lo que pasó en Chile, como tampoco la izquierda. Los civiles de uno y otro lado decimos: “Lo siento, yo quería otra cosa”.

Los militares venezolanos no son corruptos ni cobardes; no, al menos, la mayoría de ellos; incluso es posible que haya en sus filas muchísimos patriotas. ¿Por qué, entonces, no hay golpe? Porque hasta ahora no existe un número suficiente de ingenuos que lo intenten cuando saben lo que les sucederá dentro de unos años.

En efecto, un penal en la isla Margarita para los responsables de esos crímenes servirá para limpiar la conciencia del resto de la sociedad, como en nuestro Punta Peuco, donde hay de todo. Ellos representarán la quinta esencia del mal, mientras miles de venezolanos habrán vuelto al país y no querrán oír hablar de esos parias. Así lo dirán las encuestas, ese curioso mecanismo que fuerza a los gobiernos a confinar esos fantasmas que nos recuerden que una vez dijimos: “Golpe queremos”. Venezuela está como Chile hace 46 años, pero su caso podría ayudarnos a entender que las cosas son más complejas de lo que pensábamos Altamirano y muchos de nosotros el 10 de septiembre de 1973. Sus militares lo saben y por eso no quieren dar ese doloroso paso.

Asesinos Soft

Por Roberto Hernández Maturana

Recientemente, un estudiante de Derecho de la Universidad Católica, Johnny Olate,  denunció anónima y falsamente mediante las redes sociales al ex candidato presidencial del Movimiento Gremial a la FEUC, José  Ignacio Palma, acusándolo públicamente de abuso sexual: ello según manifestó después, como una especie de venganza, la narración de la supuesta “víctima”, otra estudiante universitaria concertada con Olate, se diseminó virtualmente y sus consecuencias fueron durísimas para Palma, quien fue linchado en las redes sociales, insultado y escupido en los patios de la universidad, crucificado públicamente con declaraciones destempladas y virulentas, motejado como “abusador”, hecho que entre otras consecuencias lo llevó a perder la elección para presidente de la Federación de Estudiantes de la UC, en la que incluso se le quiso impedir votar.

La “venganza” de Olate condenó así al asesinato de imagen y lapidación colectiva del “acusado”, en un acto de ejecución digno del circo romano, o de las decapitaciones en la revolución francesa.

Esta nefasta costumbre de la funa pública, a la larga puede tener (la historia así nos lo indica) una tendencia oscilante desde la inquisición de un signo a la de otro del signo opuesto…, pero los inquisidores y funadores o funadoras no estudian historia…,  ellos creen que son la historia y de esta forma empieza a aparecer: el “abuso del abuso”, denuncias al voleo convertidas en arma política. Y si alguien se atreve a insinuar una mínima crítica a esas prácticas, corre también el riesgo de ser “funado”.

Por ello, sería lamentable que el análisis del caso de José Ignacio Palma quede reducido a la justa reivindicación del afectado, o al sólo reproche personal a quien le calumnió, requiere un análisis profundo como sociedad que con toda seguridad ( ya se ve) no ocurrirá, desperdiciándose una oportunidad para recordar que las acusaciones falsas existen, y para reflexionar acerca del poder que le estamos reconociendo a cualquier denuncia, no corroborada y previa a toda investigación judicial, de constituirse en un antecedente suficiente para destruir la credibilidad y la honra de una persona poniendo en su contra al público y al sistema legal, desde el primer día.

La verdad es que hace tiempo se evidencia en nuestra sociedad una nueva forma de inquisición operando de facto en las redes sociales e incluso en algunos medios de comunicación social, lo que puede llevarnos como sociedad a  efectos devastadores para el ejercicio de la libertad y el debate intelectual. De este modo podemos ver en forma creciente, humillantes “mea culpa” públicos de autoridades, políticos e intelectuales, que tiemblan de miedo de perder sus posiciones, trabajos, o carreras académicas, haciéndonos recordar la Rusia de Stalin, o la China de Mao.

El caso de Palma es tan burdo y vergonzoso que muchos han tenido que salir a pedirle perdón, avergonzados de que recientemente querían hacer rodar su cabeza. ¿Pero cuántos hay que, habiendo sufrido acusaciones e investigaciones y probada su inocencia, no han recibido ninguna disculpa pública por la injusticia que les hicieron, por el “abuso” de que fueron víctimas?

Estamos hoy ante una sociedad que “construye historia” y olvida la historia, reflejando una crisis moral y valórica de nuestra sociedad, llevando décadas dando un mal ejemplo a nuestros jóvenes, a nuestros hijos; a tal punto que en la Universidad centro del saber, del aprendizaje e investigación, nuestros estudiantes hoy se entrenan para derrotar a sus adversarios creando falsas denuncias, como en este caso fue abuso sexual.

Por otra parte, esta generación se ha criado en la práctica de la ignorancia y el desconocimiento de la historia, siendo altamente intolerantes con el que piensa distinto, con el que se interpone en sus intereses y objetivos, en síntesis: la mentira y la falsa denuncia esta pasando a ser un hábito irresponsable entre nosotros.

Esta práctica es conocida hace muchos años por una generación completa de ex uniformados, que  siendo jóvenes subalternos en 1973 integraban las FF.AA. y que han sufrido las consecuencias de una deformación histórica institucionalizada , además del asesinato colectivo de imagen, mediante falsas denuncias y “ficciones jurídicas”, como práctica empleada por un sector político para perseguir con justicia o sin ella, o sirviéndose de ella (importa más la acusación a la bandada),  a través de una prensa ideologizada y sensacionalista y, de una verdadera maquinaria de la mentira usada por politizadas organizaciones de Derechos Humanos, ante la indiferencia de todos los  sectores políticos, que observan con cómplice indiferencia, como se juzga fuera del Estado de Derecho a quienes sirvieron al país cumpliendo órdenes hace ya más de 45 años

Pocos hoy se preguntan ante denuncias al voleo, acerca de la veracidad de las acusaciones por hechos deleznables que circulan en las redes sociales y que derivan rápidamente en linchamientos públicos. Nadie cuestiona que la verdad política no sea fruto del “tuiteo” o del “posteo”, pocos reflexionan en lo lógico; es más fácil aceptar el rumor y la instantaneidad de las redes sociales. Las asambleas cara a cara han sido reemplazadas por asambleas virtuales, donde cientos de cobardes denunciantes anónimos no dan la cara.

 

La sensación de vulnerabilidad es grande al constatar que hoy cualquiera está  expuesto a sufrir los efectos devastadores de una acusación falsa. Porque para el autor de una falsedad decir “soy víctima”, implica utilizar dos palabras mágicas frente a las cuales la posibilidad de resistencia es mínima. El discurso irreflexivo en favor de la víctima pone a gran parte de la prensa y del público del lado de cualquier relato, verosímil o no, que atribuya a otro la comisión de un delito. Lo que no debería serlos es creer esa mentira. Pero para ello…, cuestionar es necesario la reflexión y el interés en conocer la verdad, algo de lo que en forma creciente, parecemos cada vez interesarnos menos.

La historia se escribe con la izquierda

Por Cristian Valenzuela Guzmán, Director de Desarrollo, Facultad de Derecho en Pontificia Universidad Católica de Chile

No busco en estas líneas empatar lo inempatable. Las violaciones a los derechos humanos no se justifican ni se contextualizan nunca. Pero no deja de ser curioso como múltiples actores políticos han salido a alabar la figura de Carlos Altamirano. Desde la izquierda más extrema, pasando por la DC y hasta la vocera de Gobierno, se han centrado en dotar a Altamirano de esa aura de revolucionario, que huyó y sufrió en el exilio, y que en su propia conversión se transformó en el artífice de la reconciliación chilena y de la recuperación política, económica y social de nuestro país. Claro, todas estas alabanzas son posibles porque la historia se escribe con la izquierda. Con la mano cargada por la ultra izquierda.

En verdad, lo que estos relatos omiten fue la responsabilidad primaria y fundamental que le cupo a Altamirano en la crisis total de la Unidad Popular. Como dirigente socialista, presionó y presionó al fracasado Gobierno de Allende, atizó a las masas y jugó con las ilusiones de millones de chilenos al generar las condiciones para el colapso total de nuestro país. La política chilena entró en crisis y Altamirano fue uno de los grandes responsables de que ello ocurriera. Que duda cabe que frases como ““La conjura de la derecha sólo puede ser aplastada con la fuerza invencible del pueblo unido a tropas, clases, suboficiales y oficiales leales al gobierno constituido” fueron llamados directos a la confrontación entre chilenos. O cuando afirma que “El golpe se aplasta con la fuerza de los trabajadores”, no buscaba sino seguir profundizando las divisiones entre los chilenos y amenazar la legítima reivindicación que distintos poderes del Estado y actores políticos querían buscar del fracasado Gobierno de Allende.

Aún así, luego de varias décadas, tenemos que asistir silenciosos al funeral de este verdadero héroe de la Patria que, a pocos días de las Glorias Navales, pareciera que algunos quisieran equiparar a Prat o a tantos otros héroes eternos por su supuesto aporte a la restauración democrática. No puedo sino disentir de esa mirada tan parcial. ¿Cuáles fueron las virtudes de Altamirano? ¿Provocar con su retórica la guerra civil en Chile? ¿Arrancarse del país para vivir en Berlín y París? ¿Regresar al ostracismo en Chile? Altamirano pertenece a ese exclusivo club de izquierdistas arrepentidos que gozan de la impunidad de sus actos en el pasado y que viven el presente como testimonios vivos del romanticismo revolucionario que muchos aún añoran.

Varios de ellos, terroristas confesos, que caminan libremente por la calle y que fueron liberados de culpa por sus delirios de juventud. Algunos de ellos siguen dictando cátedra, participando del análisis político y plenamente integrados en la sociedad capitalista que tanto lucharon por derribar. Otros, increíblemente, están sentados en el Congreso, recibiendo sueldos y pensiones que pagamos todos los chilenos y sin haber cumplido un día en la cárcel por los crímenes, complicidades y omisiones de su época. Por último, están los que siguieron robando, secuestrando y amedrentando, y que siguieron viviendo en clandestinidad, hasta que los pillaron. Esos que nunca renunciaron a sus nefastos ideales y que, sin perjuicio de ello, siguen siendo venerados por las nuevas generaciones de izquierda, sea que estén presos en Brasil o libres caminando por las calles de París.

¿Quién le cobró la cuenta a esos revolucionarios fracasados? ¿Quién los funó? ¿Quiénes los fustigan hoy, en la hora de su muerte, increpándolos por todo el daño que hicieron en vida y las consecuencias irreparables de sus actos antipatriotas? Muy pocos. Casi nadie.

En la otra vereda, cientos de oficiales, suboficiales, clases y soldados siguen pagando las culpas, en la cárcel, por lo que ocurrió hace 45 años atrás. A ninguno de ellos la historia les favorece ni hay capítulo alguno de su trayectoria que pueda aminorar sus condenas. No, ellos fueron los únicos violadores de los derechos humanos de los chilenos y todo el régimen asociado a sus crímenes debe ser borrado de la faz de la tierra. Sus honores degradados, sus familias perseguidas, su historia eliminada. Las estatuas se las lleva Allende, los honores, Altamirano. A estos hombres, la prisión y el destierro ideológico.

Para la izquierda, narradora exclusiva de los acontecimientos de Chile en las últimas décadas, los únicos responsables de la destrucción de Chile en 1973 son las Fuerzas Armadas y los civiles que participaron en el régimen militar. Ellos no se pueden arrepentir, ellos no pueden cambiar. Ni ellos, ni nosotros sus hijos, podemos cuestionar la historia ni participar de los procesos de modernización actual del país, porque cargamos con una deuda histórica que jamás será saldada y que ellos se encargan, una y otra vez, de seguir reescribiendo cuando muere algún antiguo jerarca.

No busco en estas líneas empatar lo inempatable. Las violaciones a los derechos humanos no se justifican ni se contextualizan nunca. Pero lo que es inaceptable, es que la izquierda siga escribiendo la historia a su manera y nos imponga, desde su falso altar moral, a todos estos héroes fracasados, que no solo no son virtuosos, sino también son culpables de la división de Chile y responsables de sus horrores.

Murió esperando justicia

Por Roberto Hernández Maturana

El 30 de enero de 2019, tras 16 años de investigación, el juez Alejandro Madrid dictó sentencia condenatoria contras seis procesados por su presunta participación en el homicidio del ex Pdte Eduardo Frei Montalva. En un fallo, de más de 800 páginas, el magistrado condenó al principal imputado, el médico Patricio Silva Garín a diez años de cárcel como autor del delito de homicidio simple.

Recientemente, el 8 de mayo pasado, el Dr Silva Garín falleció a los 90 años de edad. Se le había condenado en primera instancia por su responsabilidad al operar al ex Mandatario por segunda vez -luego de su agravamiento tras una primra operación.

Al ex Pdte Frei Montalva se le realizó una primera intervención de hernia al hiato por parte del doctor Augusto Larrain, A consecuencia “una sutura mal realizada”- se habría producido una infección postoperatoria, con una consecuente infección del intestino delgado que requirió de una difícil segunda operación para cortar el intestino, con gran riesgo infeccioso. Esta segunda operación estuvo a cargo del doctor Patricio Silva Garín, entonces coronel de Servicio de Sanidad del Ejército, quien se desempeñaba en el Hospital Militar, y que en la misma época del homicidio de Frei Montalva. El doctor Silva Garín se habría hecho cargo de esa segunda operación, porque el doctor Larraín no se encontraba en Santiago cuando se produjo la urgencia. El Dr Silva Garín siempre manifestó a diversos medios de prensa que el ex Mandatario “se murió de una enfermedad que no se pudo arreglar, esa es la única verdad”.

La familia lamentó que “al dolor de su partida, se suma la impotencia de saber que ya no verá el fin del proceso en que fue injustamente vinculado por las mas infundadas imputaciones que, lamentablemente, encontraron respaldo en un fallo judicial de primera instancia, que ha sido transversalmente cuestionado”.

Ascanio Cavallo. El autor de la “Historia oculta del régimen militar” y la “Historia oculta de la transición”, escribió una columna en La Tercera titulada “Frei”, donde desglosó -y desarmó- minuciosamente las conclusiones de los más de 16 años de investigación del Ministro Madrid.

Así, quien fuera director de la revista Hoy -emblema de la oposición al régimen militar- señaló que no se pudo “‘acreditar con certeza’ que hubiese una autoridad superior tras el crimen. En consecuencia, por ahora, nadie ordenó ese crimen”. En la semana del fallecimiento de Silva, Cavallo volvió a plantear su opinión en T13 radio y no otros medios subrayó que al Dr Silva se le acusó de “cosas laterales, como haber sido médico militar” y que el fallo le parece “mal fundado”.

Ascanio Cavallo manifiesta que el fallo le parece sumamente insuficiente desde el punto de vista de las pruebas que aporta para sostener las acusaciones. Creo que son acusaciones fundadas en meras suposiciones. No se ha demostrado que exista un crimen ni se ha demostrado lo más importante en un crimen que es el arma, cómo se cometió y en definitiva quién lo cometió. El juez ha hecho acusaciones a las personas que están en los alrededores. “El doctor Patricio Silva fue el que hizo la segunda operación, no la primera, por lo tanto, es difícil sostener que él inició la cadena, más bien fue un continuador. Y de lo que se le acusa son de cosas laterales como haber sido médico militar, haber sido el encargado del hospital del Estadio Nacional, de algunas clínicas del Ejército. O sea, la acusación consiste en haber pertenecido al Ejército y a mí eso me parece que es muy ineficiente.”

Lo importante aquí es destacar que procesos como los vividos por el Dr Silva lo viven también hoy cientos de ex uniformados, que en su mayoría siendo jóvenes subalternos, soldados, suboficiales u oficiales integraron las Fuerzas Armadas en 1973. Ellos son citados a comparecer a un tribunal sin asistencia de abogado, donde el imputado y los testigos declaran al tenor de las preguntas del actuario en un procedimiento escrito de carácter secreto en la etapa de sumario y mediado a través de actuarios, donde una sola persona, el juez, es el encargado de investigar y dictar sentencia, lo cual  difícilmente,  le permite un necesario distanciamiento para dictar una sentencia más objetiva.

Es decir, no Hubo para el Dr Silva, ni hay para los ex uniformados procesados la presencia del Juez de Garantía, quien es el único autorizado para disponer el ingreso a un recinto penitenciario, como si lo hay para el resto de los chilenos, donde hay un Ministerio Público, a cargo de la instrucción en el proceso, dirige y coordina la labor policial durante la investigación garantizando una mayor imparcialidad; donde el procedimiento se hace en forma oral, público, en que las partes están ante el Ministerio Público, Juez de Garantía o Jueces de Tribunal Oral en lo Penal directamente, sin intermediarios; donde el Fiscal, estudia los antecedentes de la investigación y acusa ante el Juez de Garantía, en presencia del Defensor; donde acusados y testigos deben ser interrogados por un Fiscal y un Defensor ante el o los Jueces, en términos claros y comprensibles; donde se restringe la prisión preventiva a los casos realmente necesarios y amplía otras posibilidades de medidas cautelares contra el imputado; donde las pruebas de testigos, peritos, material y de cualquier otro tipo, para que tenga valor, deben rendirse en el juicio oral y público.

Todas estas garantías de procedimientos legales  que son aplicadas a todos los chilenos, le son negadas a los ex uniformados que son juzgados bajo un sistema procesal penal derogado en Chile el año 2005, pero que se mantuvo para los procesos a los ex uniformados.

Sin duda que cualquier tribunal del sistema procesal penal que hoy rige para todos los chilenos excepto para los ex uniformados, habría considerado insuficientes las pruebas presentadas para acusar al Dr Garín… como también consideraría insuficientes las pruebas que hoy se usan bajo el antiguo sistema procesal penal ya derogado en Chile, pero vigente para los ex uniformados para acusarlos judicialmente por hechos acaecidos hace mas de 45 años.

Finalmente lo que se pide lo que se exige no es misericordia, sino la aplicación de una justicia “justa”, la misma que hoy se da a todos los chilenos, excepto a los ex uniformados que sirvieron en el régimen militar.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Independencia de los Estados

Por Roberto Hernández Maturana

El Pleno de la Corte Suprema chilena, anunció que, en cumplimiento de un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declarará que varias condenas penales ejecutoriadas por delitos de violencia en La Araucanía «no pueden permanecer vigentes», ya que según la CIDH, se habría violado el principio de legalidad y la presunción de inocencia, al mantener vigente y aplicable la Ley Antiterrorista a las referidas personas. Por ello, se condenó al Estado a «adoptar todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole para dejar sin efecto» dichas sentencias.

Los mismos derechos que hoy  son negados a cientos de ex uniformados, condenados o procesados que en su mayoría siendo jóvenes subalternos, soldados, suboficiales u oficiales integraron las Fuerzas Armadas en 1973 y que son citados a comparecer a un tribunal sin asistencia de abogado, donde el imputado y los testigos declaran al tenor de las preguntas del actuario en un procedimiento escrito de carácter secreto en la etapa de sumario y mediado a través de actuarios, donde una sola persona, el juez, es el encargado de investigar y dictar sentencia, lo cual  difícilmente,  le permite un necesario distanciamiento para dictar una sentencia más objetiva y donde finalmente son condenados a base de «ficciones jurídicas», o «pruebas» que son inaceptables en el nuevo sistema procesal penal vigente en Chile desde el año 2005 para todos los chilenos, excepto para los ex uniformados.

De esta forma la Corte Suprema resolvió dejar sin efecto las sentencias argumentando las obligaciones internacionales asumidas por Chile (y recogidas constitucionalmente en el artículo 5 inciso 2 de la Constitución) y el principio de inexcusabilidad que la afecta, en cuanto a no poder dejar sin resolver un asunto que se le plantee, aun sin haber una ley que lo zanje.

La insólita decisión de la Corte Suprema, revela que la CIDH está excediendo con mucho el rol que le confiere la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, para imponer criterios morales e ideológicos con prescindencia de las políticas y leyes aprobadas por cada país.

Cabe hacer notar que en las últimas décadas la CIDH ha asumido una posición crecientemente intrusiva y autoritaria. A pretexto de efectuar una interpretación «evolutiva» de los tratados, crea derechos que no figuran en la Convención o Pacto de San José, como cuando condenó a Chile en el caso de la jueza Karen Atala, el año 2015 en que se alegó la responsabilidad internacional del Estado chileno por violaciones cometidas mediante una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que le revocó a la Sra.  Atala la tuición de sus tres hijas (5, 6 y 10 años de edad) fundándose exclusivamente en prejuicios discriminatorios basados en su orientación sexual.

Por si lo anterior fuera poco, la Corte IDH pretende que la forma en que ella entiende la Convención obligue a todos los Estados, y que sus tribunales internos, en caso de encontrar leyes o normas que contradigan esa jurisprudencia, deben declararlas contrarias a la Convención.

Lo más preocupante es que la Corte ha comenzado a sostener que también puede pronunciarse sobre la vulneración de derechos económicos, a pesar de que la Convención los excluye como derechos exigibles. Nuestro sistema educacional, previsional y de salud, y sus reformas, quedarán bajo la lupa de estos organismos internacionales.

Los hechos comentados se tradujeron finalmente en una declaración bastante tibia del gobierno chileno, quien junto a  los gobiernos de Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay, al tiempo de reafirmar su compromiso con el sistema interamericano de derechos humanos, pidieron respetar la autonomía de los Estados, y conceder un margen de apreciación sobre cómo proteger esos derechos conforme a sus propios procesos democráticos generando un importante debate acerca del rol que cumplen los organismos internacionales.

De ésta forma parece urgente y necesario que el Estado en su conjunto se haga cargo institucionalmente del problema, implementando las modificaciones legales que sean necesarias para solucionar el vacío jurídico producido con la resolución de la Corte suprema chilena.

Quizás dadas la evidente interferencia que la CIDH demuestra en la vida de los países lo esperable era proponer una profunda modificación del Pacto de San José para que el sistema interamericano de derechos humanos recupere su subsidiariedad y sea integrado por juristas imparciales, que respeten las reglas y no las amañen para impulsar agendas político-partidistas.

No obstante lo anterior, los hechos confirman la necesidad de discutir abiertamente y ojalá – algo que parece imposible  – discutir sin los apasionamientos políticos  que el tema conlleva  la «importancia que en este caso tiene el principio de la subsidiariedad para la distribución de competencias del sistema interamericano», especialmente si consideramos que el autoritarismo judicial de  la Corte IDH tienen como aliados en cada Estado a sectores políticos que comparten su ideario liberal-progresista. Una muestra de cómo funciona esta «coalición» es el acuerdo de solución amistosa que el gobierno chileno aceptó para aprobar el matrimonio «homosexual». La denuncia fue hecha por el Movilh, y la Presidenta Bachelet, sin consulta al Congreso ni a la ciudadanía, suscribió el acuerdo con la Comisión, poniendo a Chile en la disyuntiva de, o aprobar esa ley o ser demandado como violador de derechos humanos.

La necesidad de resolver esta situación despejaría muchas interrogantes tanto del sistema judicial vigente en Chile, como también incluso de quienes concurren a nuestros tribunales, al saber que una nueva instancia judicial, por sobre los tribunales chilenos asoma en el horizonte

 

Corrupción y posverdad, los males de nuestro tiempo

Por Roberto Hernández Maturana

La corrupción que se ha venido detectando en nuestras instituciones revela una enfermedad de nuestra sociedad en su conjunto cuyas causas son difíciles de determinar, pero que alcanzamos a percibir en las características más profundas del ser humano y que parecen inherentes a él.

Y ello no solo es propio de la sociedad chilena, sino más bien parece ser un fenómeno que se está dando en el mundo entero.

China lucha contra la corrupción decretando pena de muerte incluso, para los personajes públicos que caen en ella. Noticias de corrupción en los países de Europa del este son frecuentes; el mismo Putin ha sido acusado de corrupto…, tampoco está libre de este flagelo los EE.UU.N.A., cuyos políticos y jueces son cuestionados frecuentemente por corrupción.

Entre varios de nuestros vecinos la corrupción se ha institucionalizado y son varios los países en que sus ex presidentes son hoy juzgados por corruptos; en Brasil Lula cumple condena en prisión; en Argentina la ex presidenta Cristina Fernández con varios requerimientos de la justicia y en Perú, varios ex mandatarios investigados, donde el suicidio del ex presidente Alan García desnuda trágicamente los tiempos que vivimos.

No deja por otra parte de ser relevante las palabras que nos dejara el ex presidente  peruano en su mensaje póstumo: “en estos tiempos de rumores y odios repetidos que las mayorías creen verdad, he visto como se utilizan los procedimientos (judiciales) para humillar, vejar y no para encontrar verdades”.

¿Está Chile libre de la corrupción que se percibe en otras partes del mundo?

Si bien las causas y hechos que definen la corrupción contemporánea van mucho más allá de lo expresado por el presidente García en su carta final, vale la pena detenerse a meditar en como en la era de la información y la posverdad se construyen “realidades” y se asesina mediáticamente a personas, instituciones, incluso a grupos generacionales completos, mediante el uso y abuso de la justicia, decretando la muerte en vida de los acusados, antes incluso que los procesos terminen y la justicia cumpla su rol.

Hay expertos constructores de posverdades, especialistas en deformar la historia y ejecutar públicamente a cualquiera contrario a sus intereses, no esperando el fallo de la justicia, para promover el linchamiento del contrario por parte de multitudes manipuladas

Y hablando de posverdades, realidades construidas y asesinatos de imagen, hace poco estuve en una reunión de ex militares, todos ellos subalternos en los años del gobierno militar, la mayoría pasando  los 60 años.  Impresiona constatar que casi todos los asistentes habían sido llamados a comparecer ante un tribunal por hechos acaecidos hace 46 años, impresiona también constatar el número de procesados por la justicia en espera de un fallo definitivo, todos ellos procesados hace ya largos años, bajo el antiguo sistema procesal penal derogado en Chile el año 2005,  la mayoría sin haberle visto nunca la cara al juez que los juzga, sino solo a actuarios; todos ellos procesados a base de testimonios febles, que van desde recordar la voz, encontrar un parecido físico  del acusado con el presunto autor del hecho por el que se le acusa (¡más de 40 años después!); o porque pertenecía a la unidad militar en la fecha de los hechos que se investigan, o porque perteneció antes o después, por lo tanto “debía saber”. Pero no sólo en esa reunión habían procesados condenados en primera o segunda instancia…, también habían absueltos en primera instancia, por haberse comprobado su no participación en los hechos por los que se les acusaba, pero que aún mas de un año después, siguen procesados porque la justicia, las cortes superiores, no han visto sus casos, con todas las restricciones e interdicciones y perjuicios que ello significa. Y no hablemos de los ex militares presos hoy encarcelados, condenados en idéntica forma a la ya descrita.

Así, lo expresado por el difunto ex presidente del Perú, la “realidad” más allá de la investigación necesaria, con la imparcialidad y justicia que corresponde, se ve manipulada  ante y por la prensa y ante la opinión pública condenando a una generación completa de ex uniformados como una “generación maldita”, expuesta a una constante acción de venganza más que de justicia, que practica la izquierda sustentada por múltiples organizaciones financiadas muchas de ellas desde el exterior, y que actúan con la complacencia de moros y cristianos y la indiferencia de un gobierno, que se comprometió con el mundo militar en retiro, no al “perdonazo”, sino a la búsqueda de una justicia “justa”, cosa que a la fecha no ha cumplido, ratificando que acá también “en estos tiempos de rumores y odios repetidos que las mayorías creen verdad”, se ve “como se utilizan los procedimientos (judiciales) para humillar, vejar y no para encontrar verdades”.

Volviendo al tema de la corrupción, el tren que empuja esta lacra que se vive en tantos lugares del globo  en nuestros días, ha sido empujado sin duda por un excesivo individualismo donde el yo está por sobre los demás, donde lo individual está por sobre lo colectivo, donde las redes sociales son usadas sin contemplaciones para “construir” realidades alternativas, donde el delincuente poblacional y el más alto directivo institucional persiguen lo mismo… la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida… una de las definiciones del hedonismo. Lo vemos en las investigaciones que hoy se hacen tanto en la iglesia Católica como Protestante, en el Ejército y Carabineros, en las presiones del mundo político sobre todos los ámbitos de la vida diaria para influir para aumentar sus cuotas de poder…, y últimamente en los extraños hechos que se investigan en el poder judicial que comienzan a destaparse en el máximo tribunal de Rancagua, que abarcan desde la negativa de la Corte Suprema que  desestimó iniciar de inmediato el proceso de remoción de los 3 ministros de esa Corte de Apelaciones, al estimar que no está finalizado el procedimiento disciplinario que tramita la ministra Rosa Maria Maggi por corrupción, y que faltaban antecedentes para proceder a la destitución al no contarse con un informe de la ministra instructora, hasta las hasta ahora no aclaradas intervenciones de parlamentarios en cosas propias de otro poder independiente del estado,  como las del Senador Letelier con los cuestionados ministros de la corte de Rancagua, y donde el fiscal de Alta Complejidad de O’Higgins, Sergio Moya, quien indaga los actos de corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua, acusa a su superior el fiscal regional Emiliano Arias  de haber actuado de manera irregular en el caso Caval, y haber obstruido la investigación en el caso de los jueces de la Corte, y tener un trato preferente con un abogado del Ministerio del Interior,  y haber filtrado información a un familiar en Puerto Montt, por lo que la Fiscalía Nacional deberá decidir si abrirá un sumario y/o una investigación penal contra Arias.

Así las cosas, para donde mire el ciudadano medio, ve enrarecido el ambiente y con un cierto dejo de angustia, ante la situación que viven las instituciones que son los pilares en que se debe sustentar el Estado y que constituyen las garantías  de una buena convivencia social pero que hoy son puestas a prueba en la fortaleza o fragilidad de las columnas doctrinarias que las sustentan.

Si las personas medianamente instruidas se muestran confundidas… ¿qué se puede esperar de jóvenes que no estudian, que no trabajan, que no tienen otro horizonte en la vida que aquel que les ofrece el rédito inmediato del mundo del narcotráfico y del delito violento por el cual saben que si son detenidos, a lo más sufrirán una pena muy menor?

La tarea es ardua; las instituciones no solo deben “ser”, sino que también “parecer”… deberán depurarse a si mismas para después volver a ser y practicar aquello ´para lo que fueron creadas.

Prevaricación contra el periodismo

Por Patricio Quilhot Palma

Hoy se ha conocido el que quizás podría ser el fallo judicial más emblemático sobre casos de derechos humanos. Una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ha acogido un Recurso de Protección de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ordenando al Diario La Tercera rectificar y pedir disculpas por una información publicada…¡en el año 1973!…

Tan sorprendente resolución judicial, adoptada por la actual candidata a la Corte Suprema, la ministra Dobra Lusic, acompañada por el conocido persecutor de casos de derechos humanos, el ministro Leopoldo Llanos y por la abogada Carolina Coppo, ha causado estupor en la comunidad nacional, en especial en quienes practican la disciplina jurídica. El fallo dado a conocer por la corte establece que un periódico de amplia circulación nacional, como La Tercera, cometió actos ilegales y arbitrarios al publicar, hace ꟷni más ni menos queꟷ cuarenta y cinco años atrás, una noticia respecto a la muerte de dos posibles terroristas, acto que habría vulnerado sus garantías constitucionales, consagradas en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política del Estado de Chile.

La mirada de un simple ciudadano, sin tener la formación de abogado, basta para darse cuenta que algo anda mal en un fallo de esta naturaleza. Una sanción judicial asignada a un caso de este tipo, ocurrido hace casi medio siglo, ya sería suficiente como para llamar la atención por su extemporalidad. Pero lo que raya en lo increíble, es la conexión realizada para ligarlo con “delitos de lesa humanidad”, basados, como siempre, en un Estatuto de Roma que recién en 2009 entró en vigencia en Chile. ¿El propósito de ello?: evitar tener que aplicar la prescripción.

Los militares en retiro, pertenecientes a la generación maldita ꟷaquella que fue llamada a actuar por la misma sociedad que hoy les vuelve la espaldaꟷ conocen perfectamente bien el tortuoso camino adoptado para eludir la prescripción, negar la aplicación de una amnistía jamás derogada y aplicar con efecto inconstitucionalmente retroactivo el concepto de “lesa humanidad”. Lo que nunca se habría esperado es que ello fuese a llegar a un ámbito como el de este caso.

Es gracias a esta peculiar forma de aplicar la Justicia, el que – en esta oportunidad – podamos observar una clarísima demostración de los inescrutables alcances de la campaña vengadora de un sector de la sociedad chilena, identificado con una izquierda derrotada en el pasado y hoy gravemente dañada por su soberbia corrupta. Comprobamos que la falta de obstáculos y la pasividad de la derecha política, permiten y seguirán permitiendo que esta campaña disociadora siga interfiriendo con la vida en paz que todos los chilenos deseamos.

Mientras no haya una reacción eficaz en contra de estos hechos, nadie ni nada impedirá que se siga prevaricando, es decir, que se sigan aplicando las leyes en contra de su espíritu y de los principios jurídicos que les dieron origen. Pese a lo oscura de estas situaciones, da la impresión que la sociedad chilena comienza a perder su pasividad y que el momento en que se exija el juzgamiento de los delitos de prevaricación no debiera estar muy lejos.

No cabe duda que hay buenos jueces que ꟷaunque sea en la intimidadꟷ deben repudiar esta peculiar forma de administración de justicia, discordando de la labor cometida por malos jueces y ministros en visita, designados éstos últimos por un Auto Acordado de la Corte Suprema y no por la Ley, como establece la misma Constitución Política que hoy citan como referencia para condenar.

Si no se pone coto a esto, podremos ver en el futuro a jueces juzgando a los militares chilenos de la Guerra del Pacífico, por el “asesinato cometido por agentes del estado” en contra de los soldados peruanos, durante la toma del Morro de Arica. O, a alguno más osado que el resto, permitiéndose considerar que la muerte de Lautaro y sus guerreros, en la ribera del Río Mataquito, fue un “genocidio”, cometido por razones de raza…lo que ꟷal tenor de lo que sucede en La Araucaníaꟷ quizás se encuentre más cerca de ocurrir de lo que imaginamos.

No es de esta forma que se logrará recuperar la confianza de una sociedad impactada por los actos de corrupción detectados en Rancagua y que recién comienzan a ser conocidos. Hechos como el que se comenta, muestran que el pequeño orificio en la represa comienza lenta pero inexorablemente a agrandarse, insinuando que el escándalo de la esa Corte de Apelaciones en ningún caso será el último. Como dijo Mosciatti, todo indica que sólo se trata de la punta del iceberg.

El problema es que por la vía institucional es casi imposible que se profundice una investigación que pone en riesgo a potentes grupos de poder. Para que ello ocurra es necesario ꟷuna vez másꟷ que la prensa investigue y exponga crudamente los hechos ante la opinión pública, obligando a los responsables a enfrentarlos.

Así ha ocurrido en la mayor parte de los casos y así debiera ocurrir, en especial cuando un poderoso grupo periodístico, como COPESA S.A., recibe este presente de Semana Santa, en que se viola toda lógica esperable y se deja en evidencia la maraña de influencias y manejos, provenientes del sector de siempre: una izquierda mañosa que – después de más de cuarenta años – no acepta que su derrota fue causada por sus propios errores y no por un grupo de jóvenes militares que solo cumplieron las órdenes que dictaron sus superiores, originadas éstas en la angustiosa demanda de un pueblo agobiado por el abuso revolucionario, tal como hoy ocurre con la nación hermana de Venezuela.

La prensa tiene la palabra y los chilenos los oídos para escuchar lo que tenga que decir. Las autoridades pueden esperar tranquilas, porque los hechos no quedarán en limbo en que se acostumbraba, cuando no había redes sociales.

¿Igualdad ante la ley? (basado en una historia real)

Por Roberto Hernández Maturana

El hombre de unos 60 años o más, un militar retirado, está sentado en una silla frente a un escritorio detrás del cual se encuentra una mujer joven que lo mira con actitud hosca. Al lado del hombre, sentado en otra silla, otro individuo mira hacia el techo con actitud indiferente.

La mujer se dirige autoritariamente a sus interlocutores, diciéndoles, que como actuaria del XXX juzgado del crimen, y en la investigación que lleva el Ministro en Visita XXX, que investiga los  hechos que llevaron a la muerte de tres personas el día XXX del mes XXX de 1973, les ha llamado a comparecer en una diligencia de “careo” (es decir confrontar a dos personas que relatan versiones contrapuestas de un hecho – algo que no existe en el sistema procesal penal vigente en Chile, pero si en el antiguo bajo el que se juzga a ex uniformados).

A continuación, se dirige al hombre sentado junto al ex uniformado y le solicita que relate las circunstancias y hechos que presenció el día XXX del mes XXX de 1973. El hombre relata hechos trágicos y lejanos, ante la mirada amarga del ex uniformado. El hombre finaliza su relato diciendo que recuerda que el ex uniformado que tiene al frente era uno de los militares que hace casi 46 años participó en la muerte de esas personas.

La actuaria se dirige al ex uniformado y le pregunta que tiene que decir, negando aquél terminantemente su participación en los hechos descritos. La actuaria pregunta entonces:

– “¿Dónde estaba Ud. el día XXX del mes XXX de 1973?”

– Responde el ex uniformado: ¿Cómo voy a recordar donde estaba un día determinado de hace más de 40 años si apenas puede uno recordar donde estuvo uno un día X del mes pasado?

– ¿Entonces no recuerda donde estaba?, porque su unidad militar se desempeñaba en la zona en que se relatan los hechos insiste la actuaria

– No, no recuerdo…, pero en los hechos en los que se me intenta involucrar no estaba…, un hecho así no se olvida.

– La actuaria se dirige entonces al hombre sentado junto al ex uniformado y le pregunta si tiene algo más que decir. “En mi recuerdo de hace 45 años atrás, en mi mente yo lo tengo a él”… dice.

– El ex uniformado vuelve a negar su participación y solicita entonces que quede textualmente en el expediente la forma en que su contradictor se ha expresado.

Días después el ex uniformado es detenido, sometido a proceso, despedido de su trabajo, confinado en un recinto militar a disposición del tribunal por más de un mes debiendo contratar un abogado, y pagar una fianza para poder salir en libertad, después de habérsele negado en reiteradas oportunidades por considerársele “un peligro para la sociedad”.

Un par de años después, en  circunstancias que rara vez ocurren y que normalmente han terminado con los ex uniformados condenados…, casi milagrosamente dado el tiempo transcurrido, y gracias a la reunión de antecedentes obtenidos por el propio acusado y no por la investigación del tribunal, el ex uniformado logra demostrar su ninguna participación en los hechos, lo que le permite ser absuelto por el juez, pero aún continúa procesado, arraigado, con firma mensual hasta que su causa sea resuelta en los tribunales superiores, dentro de meses o quizás años más.

Querido lector, el hecho que se relata es real…, por razones obvias no se entregan más detalles. Lo importante aquí es destacar que situaciones como estas la viven hoy cientos de ex uniformados, que en su mayoría siendo jóvenes subalternos, soldados, suboficiales u oficiales integraron las Fuerzas Armadas en 1973, son citados a comparecer a un tribunal sin asistencia de abogado, donde el imputado y los testigos declaran al tenor de las preguntas del actuario en un procedimiento escrito de carácter secreto en la etapa de sumario y mediado a través de actuarios, donde una sola persona, el juez, es el encargado de investigar y dictar sentencia, lo cual  lógicamente, no le permite un necesario distanciamiento para dictar una sentencia más objetiva.

Es decir, no hay para los ex uniformados procesados como si lo hay para el resto de los chilenos, la presencia del Juez de Garantía, quien es el único autorizado para disponer el ingreso a un recinto penitenciario, donde hay un Ministerio Público, a cargo de la instrucción en el proceso, dirige y coordina la labor policial durante la investigación garantizando una mayor imparcialidad; donde el procedimiento se hace en forma oral, público y desformalizado, en que las partes están ante el Ministerio Público, Juez de Garantía o Jueces de Tribunal Oral en lo Penal directamente, sin intermediarios; donde el El Fiscal, estudia los antecedentes de la investigación y acusa ante el Juez de Garantía, en presencia del Defensor; donde acusados y testigos deben ser interrogados por un Fiscal y un Defensor ante el o los Jueces, en términos claros y comprensibles; donde se restringe la prisión preventiva a los casos realmente necesarios y amplía otras posibilidades de medidas cautelares contra el imputado; donde las pruebas de testigos, peritos, material y de cualquier otro tipo, para que tenga valor, deben rendirse en el juicio oral y público.

Todas estas garantías de procedimientos legales  que son aplicadas a todos los chilenos, le son negadas a los ex uniformados que son juzgados bajo un sistema procesal penal derogado en Chile el año 2005.

A modo de conclusión, quisiera dejar aquí las consideraciones empleadas por Dn. Orlando Sáenz Rojas, ex Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril entre 1971 y 1974; opositor al régimen militar; Presidente del movimientos de independientes por el NO en el plebiscito de 1.988; que apoyó la candidatura de Patricio Aylwin quien fuera elegido Presidente en 1.989 ; y que fuera candidato a Senador en la V Región el mismo año, haciendo fervientes llamados a investigar y castigar  las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen militar; quien cansado de ver el abismo creado por la izquierda entre la civilidad y el mundo militar y constatar la injusta persecución masiva que vivían (y siguen viviendo los ex uniformados), escribió en Septiembre de 2013, en la conmemoración del cuadragésimo aniversario del movimiento militar de 1973, un artículo que él definió como “especialmente melancólico, podríamos llamar, dedicado al tema de la falsificación de lo ocurrido en 1973 y del significado del antes y después de lo que entonces había ocurrido”, expresando en algunos párrafos:

“Basta esta sucinta reflexión sobre lo que todos sabemos para sospechar la anchura y profundidad del abismo que se ha creado entre la sociedad civil y el mundo castrense a raíz del tratamiento que le ha dado la nueva democracia chilena a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante ese periodo. Y ello por razones tan numerosas como evidentes:

– Porque, en base a dudosos argumentos, se arrastró a tribunales civiles a muchos que debieron ser juzgados en su propio ámbito militar.

– Porque, en base a otros dudosos argumentos, se eludió la ley de amnistía y se anuló incluso el límite de tiempo mediante el inverosímil expediente de considerar la desaparición como delito de secuestro permanente.

– Porque muchos militares fueron condenados por los mismo tribunales civiles que fueron más culpables que ellos como instrumentos de los crímenes del régimen al que obsecuentemente sirvieron.

-Porque casi ninguno de los verdaderos responsables volitivos de esos crímenes desfiló ante los tribunales de justicia.

– Porque hoy, a 40 años de los hechos, se sigue acosando a muchos que eran subalternos de subalternos en aquella época.

– Porque se hizo tabla rasa del dogma de la obediencia debida, que hasta los aliados respetaron después de la Segunda Guerra Mundial, y a pesar del mayor genocidio que conoce la historia de la humanidad (solo se juzgó y condenó a aquellos en que se pudo demostrar que tenían el libre albedrío suficiente para evitar los crímenes en que participaron).

– Porque la casi mitad de Chile que casi logró prolongar el régimen militar hace 25 años enmudeció y desapareció como por encanto cuando llegó la hora del ajuste de cuentas. Hoy es tan difícil encontrar un pinochetista como fue difícil encontrar un allendista a los pocos meses de gobierno castrense.

– Porque el aprovechamiento político del asunto de los derechos humanos llegó a límites repugnantes el pasado septiembre, en que, con la propia colaboración del gobierno, se falsificó la historia en forma que el propio Homero habría envidiado.

– Porque ver a los comunistas embanderar el Penal Cordillera cuando su partido es miembro centenario de un panel internacional autor de los peores crímenes contra los derechos humanos que se conocen, es una afrenta insoportable para los militares chilenos (como que uno se suicidó de vergüenza).

– Porque la repetida historia de que todo lo ocurrido afecta a personas y no a la institución militar es un eufemismo que no creen ni los que lo afirman.

– Porque de sus caídos en la “guerra sucia” nadie se acuerda en el mundo civil, mientras que Santiago arde en cada aniversario del joven combatiente que cayó desafiando la ley y el orden.

Creo que Chile no puede vivir con un foso de recelo y resentimiento entre la sociedad civil y el estrato militar. No tenemos situación internacional para continuar con lo que, a estas alturas, no es otra cosa que un sainete en cuyo reparto nunca estuvieron todos los que son ni son todos los que estuvieron. Hace rato que sonó la hora en que, por el bien y la seguridad de Chile, hay que ponerse a la tarea de restaurar el respeto y la confianza entre esos dos universos. Yo no sé si los políticos chilenos han postergado esa imprescindible tarea por ceguera intelectual o por conveniencia electoral, como demostró el aquelarre de septiembre pasado, pero sí que sé que mejor harían en aplicarse a resolver este problema de imperativa importancia en lugar de perder el tiempo atendiendo a la agenda que les dictan los agitadores de la calle.”

Seis años han pasado desde que Orlando Sáenz escribió el artículo ya reseñado y nada ha cambiado…, lejos de eso…, viejos ex soldados y policías la mayoría subalternos en 1973, siguen siendo arrastrados a los tribunales con acusaciones vagas y sin las garantías de un debido proceso…

William Blackstone (1723 – 1780), jurista anglosajón parlamentario, autor de numerosos textos de derecho, cuyos escritos tuvieron influencia decisiva en el desarrollo de la Constitución de los Estados Unidos de América, dejó un principio del derecho penal, la fórmula de Blackstone (también conocida como ratio de Blackstone), que establece que: «es mejor que diez personas culpables escapen a que un inocente sufra».

Para la izquierda, los tribunales chilenos y el gobierno de Sebastián Piñera, este principio no existe, cuando de militares se trata, por lo que es posible afirmar que aplicar «justicia» de esta manera no es «justicia»… mas bien parece venganza por haber integrado las FF.AA. durante el régimen militar

Justicia doble

Por Miguel A. Vergara Villalobos, ex Cdte. en Jefe de La Armada

Después de investigar por más de tres lustros, el juez Madrid -en un discutido fallo- ha condenado a seis personas por la muerte del expresidente Frei Montalva. Para ello, se basó en presunciones, intuiciones, sospechas razonables o como se quiera llamarlas; pero tales “pruebas”, difícilmente habrían sido aceptadas bajo el actual sistema procesal penal, vigente en Chile desde hace más de doce años.

Sin embargo, por la fecha del presunto ilícito, la causa debió regirse por el antiguo sistema, que permite un amplio margen para la subjetividad, pues el mismo magistrado acusa, investiga y condena.

En concreto, sin mayores fundamentos, coexisten en el país dos sistemas de justicia: uno que respeta el debido proceso y otro que depende decisivamente del magistrado que lleva el caso.

Por años los militares procesados por derechos humanos, sometidos al sistema penal antiguo, han clamado por la liviandad de las pruebas con que son condenados, pero nadie los ha escuchado. En la mayoría de los casos, los jueces asumen que el acusado es culpable, por lo que debe probar su inocencia.

El “caso Frei” sacó a la luz lo que tan cómoda como injustamente se había aplicado por años para condenar a los exuniformados. Es de esperar que el mediático fallo del juez Madrid contribuya a que impere una sola justicia en Chile: la más justa.

Declaraciones tardías

Por Claudio Hohmann Barrientos

Ahora, en la hora nona, cuando la tragedia de una nación hermana estremece al vecindario latinoamericano, se escuchan declaraciones tardías en la izquierda reconociendo que en Venezuela ya no hay democracia y que lo que allí impera es…, bueno, una dictadura en toda la línea.

Pero las señales tempranas del ominoso rumbo que tomaban las cosas en las tierras de Bolívar abundaron desde la misma entronización del socialismo del siglo XXI. Hizo falta mucha pereza intelectual, cuando no una plena connivencia con la revolución chavista, para ignorarlas del todo. Por el contrario, se requería una enorme dosis de coraje para reconocer desde una izquierda insensible que los valores esenciales de la democracia estaban siendo sistemáticamente trastocados, poniendo en severo riesgo la libertad y los derechos humanos de los venezolanos.

Imágenes desgarradoras de países lejanos ahora provienen de nuestra América Latina natal, haciendo doblemente doloroso el impacto de la tragedia: la de ciudadanos hambrientos hurgando en los basurales en busca de comida; la de niños y ancianos que desfallecen hasta la muerte sin disponer de los remedios más comunes que se encuentran en cualquiera de los países de la región; la de familias completas que deben emigrar en condiciones cada vez más precarias. Nada de eso conmueve a los que defienden el chavismo de Maduro, incluso en el seno del mismísimo Partido Socialista, pieza esencial de la Concertación de Partidos por la Democracia que gobernó nuestro país con singular éxito por 20 años.

El colapso de la economía era todavía más previsible, aunque sus peores efectos asombran incluso a los expertos. Hacer desaparecer la mitad del PIB nacional en cosa de años sin una guerra de por medio va en camino a convertirse en un récord mundial. Pero lo cierto es que el socialismo del siglo XXI no ofrece la más mínima idea sobre cómo crecen y se desarrollan los países. Solo pudo prosperar circunstancialmente al alero de un commodity exportado a buen precio -el del petróleo alcanzó niveles extraordinarios justo cuando gobernaba Chávez-. Terminado el superciclo, quedó al desnudo una política económica que se empeñó en ahogar toda fuente de creación de riqueza, incluso la del propio petróleo que pudo convertir a Venezuela en el primer país desarrollado de nuestro continente. Pero gracias al virus mortal de la «simple tontería», en palabras de Carlos Peña, se encuentra ahora en el grupo de las naciones más pobres del mundo.

Para entender como se juzga hoy a los ex uniformados… guía para legos

Por Roberto Hernández Maturana, Coronel en Retiro del Ejército

El reciente fallo del caso Frei Montalva no ha dejado indiferente a ningún chileno, luego que después de 16 años de investigación, el juez Alejandro Madrid estableciera que el ex mandatario murió en la Clínica Santa María, el 22 de enero de 1982, “por la deficiente y tardía atención médica proporcionada al momento de su reingreso a la Clínica » y por “la introducción paulatina de un producto farmacológico no autorizado denominado Transfer Factor (…) o negligencias que paulatinamente deterioraron su sistema inmunológico y facilitaron la aparición de bacterias oportunistas”. El mismo fallo estableció por otra parte que se descartaba la presencia de sustancias tóxicas en los restos periciados, capaces de producir la muerte del ex Presidente y tampoco pudo establecer que el supuesto crimen fuera ordenado por las máximas autoridades de la época ni que los hechos derivaron de una “operación especial de inteligencia”.

No obstante lo anterior, el juez determinó condenar en primera instancia a seis personas, la mayor parte médicos, por el homicidio del ex Presidente, aun cuando a última instancia declaró en el proceso, el yerno del ex Presidente fallecido, el doctor Juan Pablo Becca, quien estuvo presente en las dos intervenciones quirúrgicas que se practicaron a Eduardo Frei en la Clínica Santa María, quien manifestó en el diario El Mercurio: “Tengo la absoluta convicción de que su muerte se debió a una complicación médica” agregando que el medicamento Transfer Factor que decidieron aplicarle para tratar la resistente infección que lo afectaba “se envió a Chile porque mal no le iba a hacer y le podría servir”, agregando luego que: “No sirvió para nada y no le produjo ningún daño; y pensar que se trajo con la intención de causarle algún daño no tiene ningún sentido”.

Por otra parte en la reciente semana fue sometido a proceso al ex Comandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre Espinosa, como presunto autor de tormentos a terceros, junto a otros dos oficiales en retiro, cuando, en el grado de Teniente, cumplía destinación en el Regimiento Arica de La Serena en 1973. El hecho se agrega a la reciente condena para el ex Comandante en Jefe del Ejército, dictada por el Juez Mario Carroza en primera instancia, a 3 años y un día de libertad vigilada, como encubridor de los hechos investigados como consecuencia del paso de la denominada “Caravana de la Muerte” por La Serena, en que 15 personas fueron fusiladas acusadas de subversión. En este sometimiento a proceso, el juez Vicente Hormazábal a cargo de la investigación que sometió a proceso y vincula con delitos de lesa humanidad al ex comandante en jefe del Ejército, aseveró que con las indagatorias «se logró determinar la existencia de delitos de tortura», en contra de 24 presos políticos, en 1973.

¿Qué tienen en común el proceso judicial con el que se está juzgando tanto a Cheyre, como a los médicos del caso Frei, como a todos los ex uniformados acusados por delitos  cometidos en 1973?…, todos han sido o  se encuentran juzgados bajo las normas del sistema procesal penal antiguo, y que fuera reemplazado por un sistema moderno con el que se juzga a todos los chilenos a partir del año 2005, excepto a los ex uniformados.

Lo anterior se basa en que el año 2009, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, 36 años después de los hechos acaecidos en 1973, Chile adhirió al estatuto de Roma y a la Corte Penal Internacional, y pese a que en 1997, la reforma constitucional que posibilitó la reforma procesal penal, estableció que el nuevo sistema se aplicaría solo a hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia, como consta en las actas del Congreso, para prevenir discusiones futuras sobre la operación de dos sistemas…, finalmente se estableció que los delitos calificados como de “lessa humanidad”, y declarados como imprescriptibles e inamnistiables, fueran abiertos e investigados bajo las normas del antiguo sistema procesal penal y no bajo el nuevo sistema.

Si ya fue extraño la apertura de casos prescritos por la ley, más extraño fue la decisión de que estos fueran investigados bajo un sistema procesal que fue derogado en nuestro país, por los motivos que veremos a continuación  con todas las desventajas e injusticias que motivaron el cambio de sistema.

Así, durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, se inició la reforma al Sistema Procesal Penal vigente desde comienzos del siglo pasado, que era inquisitivo  y escrito por uno nuevo acusatorio y oral.

El nuevo sistema (denominado «adversarial») se basa en la controversia entre las partes involucradas, la elección de las audiencias  como la metodología más eficiente para la toma de decisiones, y la inmediación, esto es que el juicio se desarrolla ante el juez, quien decide de inmediato de acuerdo con lo que vio, eliminándose los expedientes escritos del antiguo sistema y sus protagonistas son los Fiscales del Ministerio Público y los Defensores, que deben litigar (acusando y defendiendo al imputado respectivamente), en procedimientos orales, ante los Juzgados de Garantía o Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, según sea el caso.

Otra de las características de este sistema, es la existencia de criterios de oportunidad y salidas alternativas, que otorgan al ministerio público la posibilidad de regular su carga de trabajo y proveen de mejores respuestas al sistema penal frente al conflicto.

Este cambio que buscaba entregar “una mejor justicia a todos los chilenos” , fue implementado gradualmente en todas las regiones de Chile, iniciándose en la Región de Coquimbo  y la Región de la Araucanía el 16 de octubre de 2000, para terminar en la Región Metropolitana de Santiago el 16 de junio de 2005, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos Escobar.

De esta forma,  cuando en el nuevo sistema el fiscal del Ministerio Público investiga y dirige a las policías, mientras un tribunal integrado por tres personas dicta la sentencia; en el antiguo sistema con el que se juzga a los ex uniformados,  una sola persona es la encargada de investigar y dictar sentencia (el juez), lo cual no permite un distanciamiento para dictar una sentencia más objetiva, que es una de las objeciones que hoy se hace al juez Madrid en el caso Frei.

Mientras en el actual sistema que rige para todos los chilenos, las Policías deben poner a los detenidos ante el Juez de Garantía, quien es el único autorizado para determinar dicho ingreso; en el antiguo sistema con el que se juzga a los ex uniformados, el detenido es trasladado por la Policía de Investigaciones directamente a un recinto de reclusión  sin posibilidad de defenderse.

Mientras en el nuevo sistema las policías deben poner al detenido dentro de las 24 horas siguientes ante el Juez de Garantía; bajo el antiguo sistema un detenido puede permanecer en un recinto penitenciario hasta 5 días, sin estar procesado, ni haber visto al Juez.

Lo anterior, ha importado la vulneración de los derechos al debido proceso de todo procesado bajo el sistema procesal penal antiguo, sujeto a un procedimiento secreto, relativo a hechos acaecidos 40 años anteriores a la apertura de la causa, juzgado por un juez especial que denuncia, investiga y sanciona; donde el acusado debe prestar declaración sin presencia de abogado defensor, y sin tener posibilidades de preparar su defensa; afectándose su derecho a defensa jurídica, su derecho a guardar silencio y a la presunción de inocencia; a ser oído y a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial; a rendir y controvertir prueba; a que se pondere dicha prueba en la sentencia y se obtenga una sentencia debidamente motivada o fundada, sin límites temporales para la investigación, con una serie de restricciones a los testigos, donde, en definitiva, se condena sobre la base de presunciones, lo cual no sería posible bajo el nuevo sistema de persecución criminal y,  finalmente, a poder recurrir en contra de lo fallado; dejando bajo el antiguo sistema al acusado en indefensión criminal por lo que las defensas de los acusados en estos procesos reiteradamente han sostenido que se han violado sus garantías, porque en sus casos tramitados bajo el sistema antiguo, no existe evidencia directa que los inculpe y sus condenas se basan en presunciones.

El hacer subsistir el sistema persecutorio antiguo altamente restrictivo de sus derechos, en paralelo con el nuevo sistema penal acusatorio, que sí es respetuoso de sus garantías constitucionales, determina que dos personas perseguidas por el mismo ilícito, estarán o no amparadas en sus derechos constitucionales atendido únicamente la época en que ocurrieron los hechos, lo que infringe los principios de razonabilidad y proporcionalidad, así como la igualdad ante la ley, asegurada por el artículo 19 N° 2°de la Constitución.

Con toda seguridad, ninguna de las anomalías y “rarezas” evidenciadas tanto en el fallo del caso Frei, como en los procesos que han sentenciado a las 197 ex uniformados – que hoy cumplen condenas en Punta Peuco y Colina 1, (de los cuales 8 fallecieron sólo en 2018) y a los 1051 personas en calidad de procesados  acusados y condenados en primera y segunda instancia (ex uniformados y civiles),  según consta en Oficio Nº 590 emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile al 18 de julio de 2018, y a los más de 6.000 querellados por torturas – se habrían producido bajo el sistema procesal penal que rige para la gran mayoría de los chilenos desde el año 2005.

En este punto no puedo dejar de referirme a como en el año 2017 se denunciaron tratos crueles, inhumanos y degradantes ante el INDH y el Colegio Médico, respecto de 7 personas, todas las cuales fallecieron, a pesar de que el Servicio Médico Legal había informado que estaban en buenas condiciones para cumplir condena en régimen cerrado, sin que nadie haya dicho nada a la fecha; como se mantiene en régimen de prisión preventiva a adultos mayores no valentes, no obstante estar su condición certificada médicamente, y como desde el año 2014 a la fecha, no se ha concedido ninguna salida intrapenitenciaria, aduciendo las más increíbles argumentaciones. Incluso en el caso de 3 personas que se les denegó cumpliendo con los requisitos introducidos por la reforma al reglamento de establecimientos penitenciarios del año 2016, hecha justamente a medida y para que ex uniformados presos no pudieran acogerse.

Sin duda que el antiguo sistema procesal penal con el que se juzga a los ex uniformados presenta deficiencias y vicios que son inaceptables para cualquier estándar moderno y debe ser asimilado por el nuevo sistema.

La justicia debe ejercerse pero con acuciosidad, donde debe  predominar la objetividad dando a cada uno lo suyo.

No podemos dejar de mencionar el principio establecido por el jurista inglés William Blackstone «es mejor que diez personas culpables escapen a que un inocente sufra«. El sentido de justicia “justa” es tan antiguo que la fórmula establecida en este principio vinculada  al principio de inocencia del derecho procesal penal, fue expresada por primera vez en el libro titulado De Laudibus Legum Angliae (c. 1470) de Sir John Fortescue , en donde establecía que «uno preferiría que veinte personas culpables escapen a la pena capital en lugar de que una persona inocente sea condenada y sufra la pena capital».

Finalmente, es necesario dejar claro que lo que se pretende no es que no se haga justicia…, sino que ella sea ejercida de manera “justa”, de la misma manera que se ejerce para la casi totalidad de los chilenos.

Condena y legitimidad

Por César Ramos Pérez, Profesor de Derecho Penal Universidad Diego Portales

 A raíz de la reciente condena dictada en el caso del expresidente Eduardo Frei Montalva, se ha planteado nuevamente la discusión sobre la aplicación del Código Procesal Penal a hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigencia.

El innegable carácter histórico-político de ese proceso judicial es el contexto de la controversia en torno a la aplicación de los principios y normas de la reforma, frente al manifiesto déficit del antiguo sistema de corte inquisitivo, desde la perspectiva de los tratados internacionales de derechos humanos.

Como es bien sabido, el nuevo sistema procesal penal estableció una entrada en vigencia en forma gradual para las diversas regiones del país, solo para casos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia, siendo ello una excepción a la regla general de la aplicación de las leyes procesales in actum. Esa decisión se fundó en razones de naturaleza administrativa, con el objetivo de disminuir los impactos cuantitativos y cualitativos de la reforma.

Sin embargo, la discusión no se circunscribe a una mera viabilidad administrativa, pues más allá de una nueva institucionalidad, la reforma representó un compromiso por cumplir los estándares internacionales en relación a los derechos de los imputados. Así, por ejemplo, en el caso Pinochet se invocó la cautela de garantía del art. 10 del Código Procesal Penal, toda vez que el proceso infringiría el derecho a defensa, al no poder el imputado ejercerlo, en atención a sus problemas mentales.

La Corte de Apelaciones de Santiago indicó que la jurisdicción debe asegurar las condiciones para ejercer los derechos que le otorgan las garantías judiciales consagradas en la Constitución Política, en las leyes o en los tratados internacionales ratificados por Chile, y tiene por objeto, precisamente, “evitar que pudiere producirse una afectación sustancial de los derechos del imputado”.

Esto es, precisamente, el núcleo del análisis crítico de los efectos o resultados del sistema inquisitivo, a la luz de los parámetros actuales de las garantías fundamentales de un estado de derecho.

Por ello, un modelo que excluya en su configuración los elementos principales de un proceso penal, como es la diferencia institucional entre la posición de acusador y quien juzga, difícilmente podría asegurar el debido proceso y, en consecuencia, no puede ser expresivo de justicia procedimental, por tanto, tener legitimación.

En efecto, la organización del proceso penal constituye una definición legislativa concreta sobre las condiciones bajo las cuales debe ser ejercida la potestad del Estado, al perseguir y castigar los delitos.

Por ello, la discusión no plantea solo un problema de aplicación de disposiciones concretas, sino que trata de resolver si resulta legítima una condena que deriva de un proceso carente de resguardos institucionales que aseguren el pleno respeto de las garantías procesales.

Pues incluso frente a hechos delictivos graves, como son aquellos casos en que los propios agentes del aparato estatal vulneran deliberadamente los derechos fundamentales de los individuos, la imposición y ejecución de penas a sus autores exige que se trate de sanciones que emanen de un proceso previo, que respete las condiciones de legitimación propias de un Estado respetuoso de los derechos fundamentales de los intervinientes.

 

Más allá de Frei

 

Por Luis Cordero Vega, Académico Universidad de Chile

La decisión del juez Madrid en el caso Frei reabrió la discusión sobre mantener las reglas del antiguo sistema de enjuiciamiento criminal -en vigencia para hechos ocurridos con anterioridad a la implementación de la reforma procesal penal-, cuando se refieren a casos de violaciones a los derechos humanos. Para muchos existe una cuestión de constitucionalidad en esas reglas. El programa del Presidente Piñera planteó que pretendía igualar las “garantías” del antiguo proceso penal con las del nuevo, para darles agilidad.

El tema, que en apariencia pareciera no investir objeción, en materia de derechos humanos tiene importantes consecuencias, y las críticas formuladas a la sentencia del juez Madrid, así como las acciones interpuestas por condenados ante el Tribunal Constitucional (TC), son manifestación de esto.

Pareciera conveniente no olvidar que, en 1997, la reforma constitucional que posibilitó la reforma procesal penal estableció que el nuevo sistema se aplicaría solo a hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia. Esa reforma, como consta de las actas del Congreso, trató de prevenir discusiones futuras sobre la operación de dos sistemas. Bajo ese criterio, el TC sostuvo que la existencia de ambos sistemas procesales era constitucionalmente legítima.

Bajo el amparo de esas reglas, el Poder Judicial fue progresivamente estableciendo criterios en estos ilícitos. Los declaró crímenes contra la humanidad, aplicó en su favor el derecho internacional de los derechos humanos, indicó que la amnistía era contraria a una idea elemental de justicia, dispuso que eran imprescriptibles, porque afectaban la paz social y que las víctimas tenían derecho a la reparación íntegra.

En base a eso, en los últimos años, la Corte Suprema reestructuró el sistema de gestión de estos casos, no solo para permitir investigaciones efectivas, sino que también para que fuesen expeditas. Hoy se cuenta con siete ministros en visita extraordinarios para seguir tramitando y cerrar estos casos.

Según ha informado la Corte, entre 2002 y 2018 se dictaron 394 sentencias penales por violaciones a derechos humanos, en casos como secuestro calificado (175), homicidio calificado (108), homicidios simples (50), secuestro (37), detenciones ilegales (9), torturas, entre otros. Hasta finales del 2018 existían 322 personas acusadas y 191 con nuevos procesamientos. Como han dicho numerosas sentencias, estos delitos fueron cometidos por “agentes del Estado amparados en un manto de impunidad forjado con recursos estatales”.

Por su parte, los condenados han activado sus defensas sosteniendo que se han violado sus garantías, porque sus casos se tramitan en el sistema antiguo, no existe evidencia directa que los inculpe y sus condenas se basan en presunciones. Varios de estos casos han llegado en el último tiempo al TC. De ellos, dos han sido rechazados en votación estrecha, y existe cerca de una veintena pendientes. Lo que se decida ahí puede tener importantes consecuencias para lo alcanzado en justicia en derechos humanos.

De ahí que las críticas al caso Frei recordaran las estrategias legales de los condenados por violaciones a derechos humanos. Ha sido al amparo del sistema antiguo, incluidas las penas -que por cierto son bajas en relación con la crueldad de estos delitos-, que se ha ido construyendo un poco de verdad, a pesar de la nula colaboración de las instituciones armadas, que disponen de información para aclarar estos crímenes. De modo que, cualquier iniciativa de agilización de estos juicios no puede volver las cosas a la impunidad de hace dos décadas atrás, afectando así los limitados derechos que han conquistado las víctimas en este tiempo.

 

Caso Frei y doble justicia Penal

Por Hernán Corral Talciani, Profesor de  Derecho Civil;. Doctor en  Metodología de la Investigación Jurídica

 La sentencia dictada por el ministro Alejandro Madrid en la causa por la muerte del ex presidente Frei Montalva muestra a las claras que el antiguo procedimiento penal no satisface las garantías de un debido proceso, como lo exigiría una democracia respetuosa de los derechos humanos.

Para comprobarlo, basta con ponerse hipotéticamente en el escenario propio del proceso penal vigente e imaginar que el ministro Madrid, como investigador y fiscal, deba defender su sentencia como si fuera una acusación ante un tribunal oral en lo penal. ¿Alguien podría sostener que, con las debilidades argumentales, déficit probatorio, inconsistencias y faltas de rigor lógico de ese escrito, puestas en evidencia por juristas de todas las tendencias ideológicas, se podría conseguir que tres jueces llegaran a condenar por homicidio a las seis personas sancionadas por Madrid?

Recordemos que estamos ante un proceso en que la misma persona que investiga y acusa luego juzga y falla, con total desconocimiento del principio de imparcialidad. El investigador ha demorado casi dos décadas en la investigación y padeció la presión de que si no condenaba, se le tacharía de negligente por no haber cerrado antes el proceso. ¿Habría algún juez de garantía que consintiera en que un fiscal se tome un plazo de 16 años para investigar una causa? Digamos de paso que el plazo máximo de investigación según el Código Procesal Penal vigente no puede superar los dos años. Por otro lado, los jueces del tribunal penal solo ven la causa y las pruebas en las audiencias en que se desarrolla el juicio oral, no antes, y el estándar de prueba para condenar es alto: se requiere que adquieran una convicción más allá de toda duda razonable. Podríamos seguir enumerando las cualidades superiores del nuevo proceso en materia de transparencia, publicidad y presunción de inocencia, pero no es del caso justificar algo que, hoy por hoy, nadie discute. Por algo los defensores de Palma Salamanca y la Corte de París que resolvió negativamente la petición de extradición hecha por los tribunales chilenos se basaron, en parte, en las características inquisitoriales del juicio en que fue condenado.

El problema es que son muchos los procesos que, por versar sobre hechos anteriores a la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, se siguen tramitando conforme al antiguo , con todas sus falencias. En su momento, una previsión como esa era sensata y necesaria, ya que hubiera sido muy riesgoso que todas las causas del sistema antiguo atocharan el nuevo. Pero, ya a casi quince años de funcionamiento del nuevo sistema en todo el país, resulta sencillamente inaceptable que existan dos tipos de justicia penal, siendo una de ellas tan precaria como la del antiguo proceso, y que aplicar una u otra dependa de una circunstancia tan accidental como la fecha en la que ocurrieron los hechos que se investigan.

Hay que tener en cuenta, además, que si se aprueba el proyecto de ley que hace imprescriptibles los delitos sexuales contra menores, se podrán iniciar juicios cuyos hechos se remonten a fechas anteriores a la reforma, y con ello aumentarán las causas que han de sustanciarse conforme al antiguo Código de Procedimiento Penal.

Va siendo hora de reflexionar sobre cómo terminar de una vez por todas con esta anomalía de nuestro sistema de justicia penal, que implica una grave discriminación entre las personas; algunas con derecho a un proceso acusatorio con todas sus garantías, y otras solo con derecho a ser juzgadas por un juicio inquisitorio que está lejos de satisfacer las exigencias de un proceso justo.

Para esto sería conveniente reformar la disposición transitoria octava de la Constitución y disponer que, desde una determinada fecha, todos los procesos penales se sustancien por el nuevo sistema. Se agregaría que, desde esa misma fecha, las causas pendientes sean traspasadas desde la justicia antigua al Ministerio Público para que sigan tramitándose según las reglas del nuevo proceso desde el estado procesal que sea considerado equivalente.

Estamos ante un proceso en que la misma persona que investiga y acusa luego juzga y falla, con total desconocimiento del principio de imparcialidad.

 

La hipocresía y la estulticia de la justicia chilena

Por Fernando Thauby García

Me gusta definir los adjetivos que empleo: La hipocresía es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras, fingiendo o pretendiendo cualidades o sentimientos que, en realidad no tiene, proyectando una imagen falsa o irreal de ellos mismos, la hipocresía es engañar a los demás; es una de las tantas formas que adquiere la mentira.Es aparentar bondad o ejemplaridad, y aunque se esfuercen por parecer mejores personas de las que son, finalmente todo aquello no son más que apariencias basadas en la mentira.

La estulticia es la tontería que, por necedad o por ignorancia, caracteriza a una persona. Se refiere a aquellos que en sus actos, palabras, acciones u omisiones, demuestran falta de conocimiento, tacto o discreción en relación con determinados asunto y que, debido a ello, se comportan haciendo gala de su necedad, idiotez y falta de respeto ante determinadas cosas. Estulticia es la del ignorante incorregible.

Sinónimos de estulticia son necedad, estupidez, sandez, tontería, bobería, disparate, imbecilidad o idiotez.

La Justicia chilena, por lo menos la que se aplica a los militares, se caracteriza por su estulticia e hipocresía. Lo digo con pleno conocimiento de lo que afirmo.

Lo que sigue se basa, en lo principal, en una entrevista concedida por Guillermo Teillier, el  autor intelectual del asesinato de cinco escoltas del Presidente Pinochet; el contrabando de armas de Carrizal Bajo; la muerte de decenas de personas y lo mas grave, el engaño a muchos de sus jóvenes correligionarios que lo siguieron en su aventura criminal y absurda, en connivencia con el Dictador Militar de Cuba Fidel Castro Ruz, engaño del cual hasta ahora no se arrepiente.

“En 1985 el comité central del Partido Comunista aprobó la Tesis de la Sublevación Nacional, ampliación de la política de Rebelión Popular de Masas (PRPM) definida en 1980 por la dirección interior del PC y ratificada por su secretario general Luis Corvalán, exiliado en Moscú.

En 1980 Corvalán pronunció un discurso transmitido por Radio Moscú anunciando el giro en la línea de su partido: “El pueblo no tendrá otro camino que recurrir a todos los medios a su alcance, a todas las formas de combate que lo ayude, incluso de violencia aguda (terrorismo armado). Sus palabras eran la confirmación de la apuesta del PC para derrocar a Pinochet por medio de grandes movilizaciones populares usando todas las formas de lucha (armada) y la antesala del nacimiento oficial del FPMR, su brazo armado, en 1983. Ese año y el siguiente y  la llegada al país de oficiales de la organización preparados en Cuba y con experiencia en combate en Nicaragua, presentaban un cuadro auspicioso para agudizar el enfrentamiento contra el Gobierno de Chile.

Por eso, definida la tesis insurreccional en enero de 1985, la dirección interior del PC encabezada por Gladys Marín y Guillermo Teillier, junto a Luis Corvalán, dieron luz verde a la internación de armas de Carrizal Bajo, la operación de mayor envergadura de la historia de la colectividad; y decretaron 1986 como el “Año Decisivo” para tumbar a Pinochet.

Podemos apreciar que el Partido Comunista declaró e hizo la guerra al gobierno de Chile a partir de 1980 y la ratificó, amplió y agudizó en 1985, poniéndose como plazo para su culminación en 1986, el “año decisivo”.

Pregunta: Con la estrategia de la rebelión popular de masas (1985) ¿hubo un cambio en la línea política del Partido Comunista de Chile trazada en sus diferentes congresos?

Respuesta: No hubo precisamente un cambio en la línea política, sino la incorporación de una nueva táctica, del uso de todas las formas de lucha, pacíficas o violentas, e incluso el empleo de las armas para echar abajo la dictadura. A la dictadura no se le podía poner fin mediante nuevas declaraciones y protestas. En el curso del mes de abril de 1981 se realizaron apagones a lo largo del país, voladuras de puentes y de líneas de trenes de Santiago al sur, de Valparaíso a Santiago y San Felipe a Los Andes. Fue asaltada la Armería Morandé y capturadas sus armas. En el mes de mayo de 1981 se tomaron las agencias periodísticas Asociated Press y ANSA, transmitiéndose a través de ellas proclamas en contra de Pinochet, fue asaltada la Armería Italiana con la consiguiente captura de armas. En julio hubo un nuevo apagón que abarcó a gran parte del país. En agosto se realizó un asalto y captura de armas en las Armerías Ricci, Italiana y Real. En septiembre se produjo un nuevo apagón nacional y toma y quema de trenes de la línea Santiago-Valparaíso.

A la lucha contra la dictadura se incorporaron de más en más, con sus propias formas y sus propios métodos todos los partidos de la Unidad Popular, la Democracia Cristiana, los radicales y gente sin militancia política.1986 fue el año de las grandes protestas, el año del Atentado a Pinochet en el Cajón del Maipo y del desembarco de las armas del Frente Manuel Rodríguez en Carrizal.

Existía alguna persecución por “Pensar distinto”. No, el Partido Comunista delegado por la Unión Soviética, apoyado por Fidel Castro, por el dictador de la República de Alemania Comunista y otros delincuentes internacionales se coludieron para “Hacer algo”: intentar el asalto armado al Gobierno Militar e imponer el mismo gobierno marxista, incapaz, corrupto y desquiciado que las FFAA de Chile habían sacado de sus posiciones de poder en 1973.

La banda de frenéticos que en 1973 se habían apoderado del poder político, económico y social de Chile  -creando una situación similar a la de Maduro en la Venezuela de hoy día- intentaba en 1986 volver a nuestro país con ayuda extranjera.

La gran diferencia respecto a Venezuela fue que las FFAA de Chile tomaron el bando del pueblo y con su apoyo, impidieron esa regresión totalitaria.

En este contexto de guerra armada financiada por potencias extranjeras y  apuntando a la derrota militar de las FFAA y de Seguridad de Chile, se produjo un enfrentamiento entre terroristas y fuerzas de seguridad.

Según lo investigó una funcionaria del Poder Judicial de apellido Cifuentes los hechos fueron los siguientes:

Cita Textual

 Que el día 10 de diciembre de 1985, alrededor de las 01:30 horas, Patricio Leonel González González, acompañado de dos sujetos no identificados, todos militantes del Frente Manuel Rodríguez, conducía el automóvil marca Datsun, modelo Sunny, patente EE 9769, por calle Arturo Prat de la comuna de Puente Alto, en dirección al oriente, llevando en el portamaletas dos subametralladoras calibre 9 mm, una escopeta de caza calibre 12, un revólver calibre .32, una pistola calibre 9 mm, 75 cartuchos calibre 9 mm, 10 cartuchos de caza calibre 12/65, dos granadas de mano y dos paquetes de explosivos sin elemento iniciador.

 Que el citado vehículo había sido sustraído a su dueño, Guillermo Eduardo Gotschlich Reyes, mediante intimidación, el día anterior, alrededor de las 21:00 horas, en calle Ricardo Matte Pérez de la comuna de Providencia.

 Que, al llegar a la intersección con avenida Concha y Toro, frente al Regimiento de Ingenieros N° 2 de Puente Alto, el referido automóvil fue interceptado por cuatro sujetos vestidos de civil, Iván de Jesús Belmar Fuentes -actualmente fallecido-, Juan Orlando Muñoz Orellana, Nelson Mario Pérez Cabezas y Ramón Antonio Venegas Arenas, todos funcionarios de Carabineros de Chile, quienes tras seguir al vehículo, lo anticiparon (lo adelantaron), se parapetaron en el lugar y, luego, se abalanzaron sobre él, disparando en contra de sus ocupantes, con las subametralladoras UZI, calibre 9 mm, que portaban.

 Que, ante lo ocurrido, descendieron del vehículo el copiloto y la persona que ocupaba el asiento posterior, quienes se dieron a la fuga por avenida Concha y Toro en dirección al sur.

5° Que el conductor Patricio González González resultó herido y permaneció al interior del móvil, el que se desplazó por la citada avenida en dirección sur oriente, colisionando en contra de una caseta del regimiento antes aludido.

6° Que González González recibió seis impactos balísticos: tres de ellos en el tórax, uno de los cuales lesionó el hígado, transfixió el esófago y desgarró casi totalmente la aorta torácica; uno en el muslo izquierdo y dos en la cabeza, uno de los cuales penetró a la cavidad craneana, lacerando el lóbulo frontal derecho, lesiones que le causaron la muerte.

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte Apelaciones de San Miguel, Alarcón, condenó a tres suboficiales en retiro de Carabineros, en calidad de autores del delito consumado de homicidio calificado de Patricio Leonél González González. Ilícito perpetrado el 17 de diciembre de 1985, en la comuna de Puente Alto.

En el fallo (causa rol 1-2011), la ministra en visita condenó al Sargento 1° Ramón Antonio Venegas Arenas, al ex cabo segundo Nelson Mario Pérez Cabezas y al ex suboficial Juan Orlando Muñoz Orellana a 10 años y un día de presidio efectivo y las sanciones accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condena; más el pago de las costas del proceso.

En el aspecto civil, el fallo condena al Estado de Chile a pagar una indemnización de $250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos), desglosados en $100.000.000 para la madre de la víctima y $50.000.000 para cada uno de sus tres hermanos.

Fin de la Cita Textual

En la situación de guerra planteada a Chile por el Partido Comunista ¿cuál sería la forma en que las fuerzas del orden representadas por esos carabineros debían actuar?. ¿Tal vez pasándoles un parte por exceso de velocidad? ¿invitándolos a deponer su actitud?.

La funcionaria Judicial es una fiel representante del Poder Judicial Chileno: Hipócrita y dominada por la estulticia

«¡bien muerto el perro!»

Por Roberto Hernández Maturana

En la tradicional “Fiesta de los Abrazos” que hace anualmente el Partido Comunista, la diputada Marisela Santibáñez, del PRO, luego de un discurso en el que no se entendía muy bien lo que decía, manifestó que no le interesaba que en las noticias se debatiera sobre la polera del diputado Boric con el rostro acribillado del senador Jaime Guzmán, «porque si yo fuera tan radical como soy, yo digo ¡bien muerto el perro! Y perdónenme los que creen que no es así, pero bien muerto el perro. Lo digo con convicción», siendo aplaudida por los asistentes.

La diputada del casi desaparecido partido de Marco Enríquez-Ominami, creyó al parecer que el ejercicio público de su cargo es algo así como una vitrina para gritar consignas, como si se estuviera en un estadio de fútbol en otro de los tan típicos actos de infantilismo de la izquierda, como esos en los que algunos de sus seguidores se dejándose embobar por las formas, ponen los puños en alto y gritan consignas altisonantes, sin antes detenerse a pensar de verdad lo que se está diciendo con tanta “convicción”, más allá de repetir como papagayo una máxima aprendida, que en este caso y como casi siempre ha ocurrido con estos hechos, no contribuyó en nada a la discusión de ideas, ni menos a la desarticulación del legado de Jaime Guzmán que busca la izquierda.

Como era de esperar, la mencionada declaración no pasó desapercibida… Santibáñez después de intentar una poco convincente disculpa, presentó licencia por 15 días y retomaría sus labores recién el próximo 28 de enero;  sus colegas de la izquierda mirando para el lado se han desmarcado de la misma, tratando que se olvide el temporal mediático, evitando condenarla como lo hubieran hecho con fiereza si la situación hubiese sido a la inversa.

En la derecha, o mejor dicho “centro derecha” como le gusta autodenominarse, el Presidente Sebastián Piñera manifestó “me parece que esas palabras son de una falta de humanidad, de una crueldad, de una falta de respeto por otro ser humano”, agregando que “cuando una persona ha sido asesinada en democracia, que lo traten de perro y bien muerto, habla tan mal de la diputada que me bajó entre indignación por lo que dijo y pena por lo que es”.

A su vez el diputado Javier Macaya del área más “liberal” de la UDI sentenció «son declaraciones que demuestran un desprecio absoluto a la democracia» y agregó que «estamos convencidos de que este cobarde ataque a la familia de Jaime Guzmán deja al descubierto lo peor del ser humano. Justificar lo injustificable solo deja al descubierto una admiración por la cultura de la muerte que muchos en la izquierda avalan y promueven», para más adelante afirmar que las declaraciones de Santibáñez «en nada contribuyen a la convivencia y el reencuentro que todos los chilenos piden”.

Cabe preguntarse aquí ¿es esto real?, ¿todos los chilenos piden reencuentro y una pacífica convivencia?

La respuesta desgraciadamente podemos encontrarla en las estúpidas declaraciones de la honorable, sumadas a los festejos de Boric al recibir una polera con la figura del Senador Guzmán baleado en su cabeza, las iniciativas de la izquierda para bloquear cualquier iniciativa de carácter  humanitario, para permitir que los ancianos presos políticos militares enfermos o desahuciados puedan morir en sus casas, las violentas manifestaciones de todo tipo que el gobierno se ha visto incapaz de gestionar en forma eficiente, el olvido de la historia “tal como fue”, promovida por la izquierda y aceptada cobardemente por la derecha, para blanquear la imagen del gobierno de Salvador Allende y presentar a las nuevas generaciones el pronunciamiento cívico militar de 1973 (o golpe militar para quienes quieran llamarlo así), como una siniestra asonada militar provocada por un sangriento grupo de generales ávidos de poder, ocultando que fue  precisamente ese mismo clima de odio, descalificación y violencia alentado por la izquierda mas radical, que sumados al pésimo gobierno de la coalición llamada Unidad Popular liderada por Allende, el que nos condujo 11 de Septiembre de 1973.

Fueron precisamente dichos como los de Santibáñez que evidencian el pensamiento de los radicales de la izquierda, ese que considera perros, gusanos o humanoides a los adversarios, el que aplaude su eliminación física, y que no le plantea conflictos morales, lo que condujo en el pasado a los trágicos hechos de 1973. La diputada parece no darse cuenta de las implicancias de esa lógica despiadada, que fue la fuente de tantos crímenes y sufrimientos en nuestro país. Si ella justifica el asesinato de un hombre de derecha, otros perfectamente pueden justificar el asesinato de los adversarios de izquierda. Es el discurso del odio y de la incitación a la violencia.

Santibáñez y otros “lideres” de la izquierda, parecen confundir la política con el futbol,   donde los barristas solo determinan al adversario por una cuestión de “tradición” y de “pasión”, y no por haber identificado en este a un antagonista ideológico; los barristas no entienden de antagonismos, solo hacen como si lo hicieran, para así encontrar una identidad antes de buscarla realmente… pero hay que reconocer que en esto a la izquierda le ha ido bien…, hay muchos que con criterio de rebaño siguen ciegamente este discurso.

Demás está decir que el ejercicio de la democracia demanda de todos los ciudadanos, y en primer lugar de los parlamentarios, la defensa  fundamental de la vida civilizada, el respeto a la dignidad humana y, ciertamente, la racionalidad política.

Finalmente cabe preguntarle a nuestros parlamentarios si el famoso proyecto de ley respecto del negacionismo, va a contemplar alguna sanción respecto de frases y opiniones como las expresadas por la diputada Santibáñez. ¿O solamente va a sancionar expresiones referentes a la obra del gobierno militar?

Negacionismo y Libertades condicionales

Por Roberto Hernández Maturana

Se acaba el año 2018 y ciertamente podemos decir que no ha sido un buen año para los ex uniformados presos y perseguidos políticos.

Desilusionados una vez más de la falta de cumplimiento por parte del gobierno  de su propio programa, y de los compromisos contraídos durante la campaña presidencial, el mundo militar en retiro ve con preocupación y tristeza como la persecución político – judicial de sus pares continúa corregida y aumentada.

Sólo este año ocho de ellos murieron en prisión esperando un indulto presidencial que nunca llegó, solicitado por razones humanitarias derivado de la condición de edad o salud de los solicitantes.

La persecución a los ex militares y policías continúa, y continúa desgraciadamente ante la creciente indiferencia de una sociedad permeada por una campaña implacable a nivel nacional e internacional y que nació prácticamente desde los inicios del gobierno militar, para contar la historia a su plena conveniencia, logrando el olvido de la mayoría y la indiferencia ante la injusticia en la forma y en el fondo, en cómo se procesa a los acusados por delitos contra los derechos humanos durante el régimen militar, logrando así algo más dramático que el odio, cual es la indiferencia. El odio sí, lo mantienen vivo ciertos sectores de izquierda… y como no, si ya les ha redituado varios millones de dólares en indemnizaciones pagadas por el Estado por cada causa fallada a su favor.

Así el año se va, con una decisión del tribunal Constitucional ante la aprobación el pasado 20 de noviembre por la Cámara de Diputados, de la ley que aumenta las exigencias para que condenados por crímenes contra los derechos humanos referido a las libertades condicionales a quienes están en prisión, que dispone las exigencias para que los condenados por hechos relacionados con DD.HH. obtuvieran el beneficio cumpliendo dos tercios de la pena (los reos comunes el cincuenta por ciento) y, y haber colaborado con la investigación, aunque el TC determinó que no exigirá la expresión arrepentimiento público a reos acusados por estos delitos.

De esta forma, no importando una conducta intachable previa o durante el cumplimiento de la pena o que algún preso presente edad muy avanzada, o se encuentre aquejado por enfermedades graves, terminales o invalidantes, deberá conforme lo dispone la ley, morir con casi toda certeza en la cárcel. Por lo anterior, el abogado Adolfo Paúl Latorre ha dicho que “es válido preguntarnos si la justicia se identifica con castigo y si ese castigo ha de ser el encierro o un dolor equivalente al padecido por la víctima; lo que es más parecido a venganza que a justicia.”

Otra mala noticia, no ya sólo para los ex uniformados presos y perseguidos políticos es el debate que se ha abierto por un artículo impulsado por la diputada del Partido Comunista Carmen Hertz, aprobado por la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, y que busca incluir la prohibición del negacionismo dentro del proyecto de ley que tipifica el delito de incitación a la violencia, que ingresó al Congreso en la época de Michelle Bachelet. Este propone sancionar con penas de cárcel que podrían llegar hasta los 10 años -aunque otras podrían ser cumplidas fuera de las rejas-, multas de siete dígitos y sanciones más duras para funcionarios públicos contempla, hasta ahora, el proyecto de ley que busca tipificar la incitación a la violencia, al odio, y el negacionismo. Pero aún falta que llegue a la sala de la Cámara de Diputados. Puntualmente Carmen Hertz propone sancionar a quien justifique, apruebe o niegue las violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, acreditadas por la Comisión de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig), por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura (Valech).

El texto, tal como se encuentra en este preciso instante, contiene además otra norma que esta vez sí preocupa al gobierno: una modificación que haría extensiva la responsabilidad de estos delitos a la persona jurídica, lo que, dado el caso, eso podría derivar en el cierre de medios de comunicación, o bien en el de una iglesia si un pastor determinado califica como autor de estos ilícitos.

Lo concreto es que este proyecto plantea poner una mordaza puntualmente a quienes reivindiquen al Gobierno Militar, con ese eterno relativismo de la izquierda que justifica las violaciones a los derechos humanos en las dictaduras de izquierda y reclama histéricamente la acción de gobiernos que no son de izquierda o los critican.

En Chile el Gobierno Militar terminó con un 44% de aprobación. Prácticamente la mitad de los chilenos consideró, en un comienzo, que fue un buen gobierno y quería prolongarlo en el tiempo, y aunque hoy esa cifra podría ser menor, quienes reivindican al Gobierno Militar tienen el legítimo derecho de expresar públicamente sus opiniones, sin que ello le signifique pena de cárcel.

Llama la atención que estudiosos de la materia, como la académica de la U. Católica y doctora en Filosofía, María Alejandra Carrasco, indique que la medida tiene tintes autoritarios. «De alguna manera, son precisamente los regímenes que cometen violaciones a los Derechos Humanos los que instituyen este tipo de leyes que prohíben decir cosas. Uno puede pensar en los artículos que contenía originalmente la Constitución de 1980, que prohibía el comunismo», explica.

Finalmente, los ciudadanos de a pie quedamos con las siguientes dudas:

¿Realmente el chileno común creerá que cuando la diputada Camila Flores o José Antonio Kast dicen que consideran que el gobierno de Pinochet fue bueno lo están haciendo con ánimo de injuriar?, ¿o se dan cuenta que ellos están defendiendo su propia visión ideológica?

¿Realmente se busca legislar para proteger la dignidad de los grupos victimizados que proclaman estar siendo sistemáticamente vulnerados con el discurso de otros, o se busaca limitar la libertad de expresión del adversario político devenido en enemigo, para que no puedan decir lo que en verdad piensa?

Para que vamos a hablar de La Araucanía y el desgobierno en la zona

En todos estos temas, es el Gobierno quien tendrá la última palabra, pero tristemente muchos chilenos tenemos cada vez menos esperanzas en lo que este haga… se ha caracterizado por el incumplimiento de sus compromisos y el no respeto a su propio programa.

¡No Estado de Derecho!

Por Jaime Manuel Ojeda Torrent, PhD.Universidad Libre de Bruselas
En estricto rigor, Francia está cumpliendo legal y moralmente con su derecho de asilar al terrorista Palma Salamanca, considerando que en Chile, los Tribunales de Justicia, no respetan las leyes y los reglamentos nacionales e internacionales vigentes, en materia de Derechos Humanos. Es decir no hay Estado de Derecho.
Los jueces chilenos que llevan las causas relacionadas con los Derechos Humanos, prevarican políticamente y como consta en los fallos de DD.HH., han ignorando o dejando de aplicar es profeso entre otras, las siguientes leyes y normas legales vigentes: Ley de amnistía (D.L,2191 de 1978), la ley 20.357 que tipifica los delitos de lesa humanidad, las normas legales relativas a la prescripción de la acción penal, las normas sobre la cosa juzgada, las normas legales y los preceptos constitucionales y de tratados internacionales sobre DD.HH., ratificados por Chile , que establecen el principio de legalidad. Además no consideran como agravante, que la supuesta víctima era terrorista.
Esta irregularidad legal en materia de DD.HH., es permanentemente reclamada públicamente por expertos jurídicos, como el abogado Adolfo Paúl Latorre.
En síntesis, existen numerosas justificaciones legales para que Francia y todos los países democráticos asilen a chilenos como el terrorista Palma Salamanca, por considerar que en nuestro país los Tribunales de Justicia en materia de Derechos Humanos, se prevarica políticamente.

Libertades condicionales: los beneficios que mantienen en tensión al mundo político

Por Andrea Bustos C. Tomado del periódico digital U de Chile, Domingo 4 de Noviembre de 2018

El pasado 9 de octubre la comisión mixta que analizó el proyecto de ley de libertades condicionales despachó su informe, el que se espera sea revisado por la Sala del Senado durante la próxima semana. Sin embargo, la UDI informó que acudirán al Tribunal Constitucional porque no están conformes con el aumento de exigencias que se busca legislar, en particular a lo que refiere a los condenados por delitos de lesa humanidad.

El 31 de julio pasado la Corte Suprema liberó a cinco reos de Punta Peuco bajo el beneficio de libertad condicional. La decisión desató una polémica que incluso incluyó una acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Antonio Valderrama. Sin embargo, la moción fue rechazada en la Cámara de Diputados con 73 votos en contra, y 64 a favor.

Pero esta no fue la única respuesta que se generó tras dicha liberación, pues en paralelo se reanudó el debate parlamentario en torno al proyecto de ley de libertades condicionales que estaba frenado en el Congreso desde 2016. El 8 de agosto se conformó una comisión mixta que comenzó a analizar las discrepancias entre ambas cámaras para establecer mayores exigencias para acceder a los beneficios carcelarios, grupo que finalmente despachó su informe el pasado 9 de octubre, y se espera que este sea sea votado la próxima semana en la Sala del Senado.

En el trabajo parlamentario se establecieron condiciones más exigentes para acceder al beneficio en el caso de reos condenados por delitos graves, contra menores de edad o crímenes de lesa humanidad y contra los derechos humanos, guiándose plenamente por la aplicación de tratados internacionales a los que suscribe Chile. Además, se aclaró que la libertad condicional es un beneficio y no un derecho.

Pero la arista que más polémica ha causado entre el oficialismo y la oposición es lo que refiere a los condenados por crímenes de lesa humanidad, pues el Estatuto de Roma establece en su artículo 110 que para que estos reos reciban la revisión de su pena deben cumplir con al menos dos tercios de su condena, o 25 años cuando se trata de cadena perpetua.

La solicitud se puede realizar siempre y cuando él o la condenada cumpla con algunos requisitos, como que la persona haya prestado una cooperación eficaz desde el principio de las investigaciones, que haya facilitado el cumplimiento de las órdenes de la Corte, cambio de circunstancias que justifique la reducción, que la conducta del solicitante revele “una auténtica disociación de su crimen”, las posibilidades de reinsertar al condenado en sociedad y también considera los efectos que su liberación pueda causar en la estabilidad social.

Para el senador del Partido Socialista, y miembro de la Comisión Mixta que analizó el proyecto, Alfonso de Urresti, dentro de la Sala del Senado es muy probable que exista una mayoría de parlamentarios que apruebe el proyecto tal cual lo definió la Comisión, y señaló que “ esperemos tener los votos para ello, es de toda sensatez y se ha hecho después de una profundo análisis del carácter que tiene que tener la libertad condicional en nuestro ordenamiento jurídico, especialmente con la distinción en los violadores de derechos humanos”.

Sin embargo, desde los partidos oficialistas la decisión de la Comisión Mixta no ha parecido justa, por lo que ya anunciaron que están reuniendo las firmas para recurrir al Tribunal Constitucional. Específicamente en la UDI planean oponerse al proyecto porque las exigencias impuestas referentes a la colaboración y el arrepentimiento serian características de regímenes absolutistas e imposibles de cumplir.

Según informó La Tercera, el partido está trabajando en conjunto a la Fundación Jaime Guzmán el texto que servirá de sustento para acudir al TC, y entre sus argumentaciones para contradecir el proyecto se aludiría que poner estas exigencias a los condenados por delitos contra los derechos humanos afectaría el principio de igualdad ante la ley.

Además, la UDI querría objetar que solicitar arrepentimiento, que se entiende como un sentimiento propio de la persona, afectaría la libertad de conciencia y, por tanto, sería inconstitucional establecerlo como requisito.

El diputado Juan Antonio Coloma explicó que efectivamente recurrir al TC es una decisión ya tomada dentro de su bancada, porque “es evidente que no hay igualdad ante la ley, y es por hechos como que se piden requisitos que son imposibles de cumplir, requisitos mas allá que lo que pide el Estatuto de Roma para personas que han cometido delitos en cualquier parte del mundo”.

El parlamentario explicó que “se solicita que haya una colaboración sustancial y que esta haya sido acreditada en juicio mediante una circunstancia atenuante, y como son sentencias ejecutoriadas muchos ya no pueden optar al requisito”. Agregó que por razonamientos como estos sienten que más que un ánimo de justicia, la intención es imposibilitar a un grupo de reos a acceder al beneficio de libertad condicional.

Respecto de esta posibilidad de llegar al Tribunal Constitucional, el senador De Urresti comentó que los parlamentarios están equivocados, y que si tomarán esta medida es porque “están respondiendo a los intereses de proteger a estos genocidas, entiendo y comprendo su vinculación, pero si revisamos la legislación internacional hay un tratamiento distinto por la magnitud de este tipo de delitos y creo que Chile se va inclinar por ahí”.

Para Nancy Yáñez, directora del Centro de Derecho Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma, y a los que Chile adhiere, están establecidos de esa forma para los delitos de lesa humanidad precisamente por el carácter que tienen estos crímenes, y porque se quiere salvaguardar el derecho de las víctimas y dar sanciones que impidan la repetición de este tipo de hechos.

Yáñez explicó que si se exige arrepentimiento y colaboración es  porque se debe garantizar justicia, sobre todo si se entregará un beneficio. En ese sentido, dijo que apelar a la inconstitucionalidad es inconsistente con los principios que estructuran la normativa de derechos humanos, esto porque las exigencias están determinadas así porque de la mano del arrepentimiento viene la entrega de información que permita entregar justicia a las víctimas, y por lo tanto el reo podría calificar para recibir eventuales beneficios.

“Si yo quiero tener un tratamiento diferenciado y quiero gozar de un beneficio tengo que dar señales de que estoy arrepentido y colaboro con la justicia. Si hay pruebas consistentes de que la persona fue una secuestrador y se desconoce el paradero de la persona secuestrada, no puede ese sujeto apelar a la libertad de consciencia para perpetuar la desaparición de personas”, explicó. Agregó que la decisión de acudir al TC “es una mirada tendenciosa, destinada a eludir la justicia y favorecer la impunidad de quienes cometieron estos crímenes que no pueden ser tolerados en una democracia”.

En paralelo, el Gobierno está trabajando un proyecto de Ley Humanitaria, el que permitirá mediante un proceso judicial poder definir quién, cómo y cuándo podrá acogerse a una situación de enfermedad grave terminal o de invalidez total, física o mental para someterse al indulto.

Sin embargo, este proyecto también ha tenido reparos, ya que, aunque es apoyada por la UDI y RN, los partidos quieren que la edad mínima para dar el beneficio sea los 70 años, mientras que el Ejecutivo buscaba normar el beneficio desde los 80.

Frente a esta situación, lo más probable es que el Gobierno busque instalar una edad intermedia que deje contenta a ambas partes y así poder contar con apoyo para levantar la ley.

Durante la revisión en Comisión Mixta del proyecto de libertades condicionales, ya se rechazó una propuesta del Ejecutivo que pretendía otorgar beneficios carcelarios a los enfermos octogenarios, por lo que una ley en si misma podría nuevamente tener reparos o rechazos de la oposición.

 

Memoria e historia

Por Lucía Santa Cruz

Recorriendo pueblos europeos es usual encontrar memoriales recordatorios de sus hijos abatidos en las guerras mundiales: una estatua al soldado desconocido y una placa con cientos de nombres de los caídos. El propósito es rendirles un homenaje y conmover la conciencia respecto de las consecuencias de las guerras. Por cierto, no encontraremos junto a estos monumentos una ‘contextualización’ sobre sus causas o sobre los efectos del Tratado de Versalles.

Nuestro Museo de la Memoria es eso: apela, sin contexto ni explicación causal, a los sentimientos, y busca horrorizar. Se basa en la premisa de que es necesario tomar conciencia de las violaciones ocurridas a través de la prisión sin debido proceso, la tortura o el asesinato. Esto permite una identificación empática con el sufrimiento experimentado por compatriotas y debería tener un poder de sanación y de advertencia.

Quienes vivimos el quiebre de la democracia sabemos que un enfrentamiento que divide al país en amigos y enemigos irreconciliables, cuando cada grupo llega al extremo de pensar que para sobrevivir debe ser a expensas de la vida del otro, tiene como el costo más alto la eliminación de la línea divisoria entre el bien y el mal, esa línea que surge en forma espontánea, sin necesidad de reflexión previa, entre lo que está permitido y lo que nunca, bajo ninguna circunstancia, se puede cometer. Las crisis profundas y las experiencias límites conllevan inevitablemente el imperio de dilemas morales complejos.

Por eso, la restauración de la democracia exige restituir en forma clara y sin matices cuál es el ‘deber ser’ de una sociedad que se precie de ser medianamente humana e ilustrada. La apelación emocional de los memoriales es una forma de contribuir a ello.

Sin embargo, para lograr el propósito, más importante aún, de que esto no vuelva a ocurrir no basta con reiterar como un mantra ‘Nunca más’. Es imperativo tener una comprensión profunda de los contextos y las causas, y no se puede renunciar al deber intelectual que se nutre no solo de la memoria, sino de la historia. Quienes no quieren asumir la responsabilidad de haber promovido la violencia y la revolución pretenden sofocar un debate al respecto, argumentando que cualquier intento por analizar ese período equivaldría a una justificación de lo ocurrido. Siempre ha habido intentos autoritarios para manipular la historia y controlar la memoria, y es contra eso que la historiografía lucha. Porque los países necesitan memoria, pero también historia, que no es solamente testimonial, sino que trata de buscar desapasionadamente la verdad, presentando en forma rigurosa y completa los eventos y desarrollos del pasado, dándoles una interpretación coherente con ellos. El cumplimiento de los estándares requeridos en esta disciplina no garantiza obviamente el establecimiento de una verdad única y final, no solo porque todo conocimiento científico es conjetural, sino porque las interpretaciones históricas son por naturaleza ‘construcciones frágiles’, siempre sujetas a nuevos descubrimientos, a nuevas preguntas y enfoques, y por eso la discusión y el debate son indispensables para permitir la reinterpretación del pasado.

Como sociedad, hay preguntas que no podemos ni debemos eludir. ¿Qué sucede cuando una minoría del país aspira a imponer, al margen del Estado de Derecho, un cambio revolucionario que la mayoría rechaza? ¿Qué ocurre cuando se apoya la vía armada como método legítimo de la lucha política o se promueve la guerra civil? ¿Cuáles son las consecuencias de predicar el odio y de tratar de destruir, por ‘formal y burguesa’, la democracia representativa, única forma de gobierno capaz de hacer prevalecer las libertades y los derechos humanos?

En suma, la derecha debe convivir con la memoria; y la izquierda, tolerar la historia.

Sobre libertades condicionales

De Cartas al Director diario El Mercurio 15 de Agosto de 2018

Por Carlos Künsemüller  Loebenfelder, Profesor titular de Derecho Pena, Ministro de la Corte Suprema y Presidente del Instituto de Ciencias Penales de Chile.

Respecto de las libertades condicionales:

  1. En mi comentario anterior (10 de agosto), argumenté que la libertad condicional no implica una reducción o disminución de la pena originalmente impuesta al condenado, como lo declara expresamente el artículo 1º del D. Ley 321: «no extingue ni modifica la duración de la pena».
  2. Los más connotados representantes de la doctrina penal chilena de la época moderna coinciden con el profesor don Enrique Cury en cuanto a que «…quien está en libertad condicional no ha cesado de cumplir su pena, solo significa que la cumple de una manera distinta» (Derecho Penal, Parte General, 7ª edición, 2005, pág. 724). Basta, para reafirmar lo anterior, con revisar las opiniones de Labatut Glena, Etcheberry, Politoff, Matus y Ramírez, Bullemore y McKinnon, ninguno de los cuales puede ser identificado con posiciones contrarias al respeto irrestricto de los derechos humanos.

Otro de los grandes del Derecho Penal chileno, Eduardo Novoa Monreal, a quien se le rinde en estos días merecido homenaje a través del libro «Derecho y cambio social. Estudios críticos en homenaje a Eduardo Novoa Monreal», DER ediciones 2018, precisa en su obra que «…jurídicamente, la libertad condicional no es una forma de reducir o acortar la condena o de remitir una parte de ella: la duración de ella se mantiene, pero en lugar de cumplirse recluido en el establecimiento penal, se entiende cumplida estando fuera de este en uso del beneficio» (Curso de Derecho Penal Chileno, Parte General, T.II, 2005, pág. 314).

3. En el ámbito del Derecho Comparado cobra especial importancia la opinión de un profesor alemán muy respetado por los penalistas chilenos, como es Hans Heinrich Jescheck, quien en su «Tratado de Derecho Penal, Parte General», redactado conjuntamente con Thomas Weigend, expresa que «la libertad condicional no implica una modificación de la pena sino que es una medida penitenciaria» (traducción de Miguel Olmedo Cardenete, 5ª edición, pág. 915).

4. Lo que el artículo 110 del Estatuto de Roma proscribe es la reducción de las condenas; esto es, la disminución del tiempo de privación de libertad impuesto en la sentencia firme, sin que previamente se acrediten ciertos requisitos; esta situación es totalmente ajena a la libertad condicional, según creo haber expresado claramente, con el aval de los maestros penalistas y lo debería saber, además, incluso sin tan ilustre compañía, todo jurista o candidato a este estatus.

5. Dejo constancia que esta opinión, emitida con fines didácticos, es a título meramente personal y no vincula a ninguna otra persona natural ni jurídica.

Amedrentando al Poder Judicial

Por Roberto Hernández Maturana

Recientemente el Pleno de la Corte Suprema emitió una Declaración Pública en que rechaza la intención de los partidos políticos que integran el Frente Amplio y la ex Nueva Mayoría, de acusar constitucionalmente a tres integrantes de la 2da. Sala (Sala Penal) de dicha Corte Suprema, luego que esta otorgara la libertad condicional a siete ex uniformados cumpliendo condena en el presidio de Punta Peuco.

De esta forma, el máximo tribunal del país estimó que esta posible acción es una «grave afectación de la autonomía de los magistrados» que amenaza «la autonomía indispensable“ para el desempeño de los jueces.

En una declaración de cinco puntos, el Pleno considera que esta posible acción también pone en riesgo “la vigencia del Estado de Derecho y el respeto de las competencias y facultades propias de las autoridades, conforme a la Carta Fundamental”.

Junto con reconocer las potestades de los integrantes de la Cámara de Diputados para ejercer los mecanismos de control que consagra la Constitución Política del Estado, es necesario destacar que en esta declaración de 5 puntos el máximo tribunal de la república hace notar la imprescindible necesidad de que en un Estado de Derecho se respete  las competencias y atribuciones de las distintas autoridades estatales, conforme a los pesos y contrapesos que la Constitución Política de la República.

Destaca a continuación entre entre las bases del mismo Estado de Derecho se asegura a todas las personas la garantía de un debido proceso legal y que incluso la Naciones Unidas han manifestado que “los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los derechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualquiera sectores o por cualquier motivo (principio 2), por lo cual “no se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterán a revisión las decisiones judiciales de los tribunales” (principio 4), postulados que ha hecho suyos la Cumbre Judicial Iberoamericana.

Manifiestan los jueces que ha sido en el ejercicio de sus potestades jurisdiccionales, que los ministros de la Segunda Sala Penal acogieron los recursos de amparo interpuestos en favor los ex uniformados condenados, lo que origina esta acusación “dado el diferente entendimiento que los parlamentarios patrocinantes tendrían en torno a la forma como se aplicó el derecho en el caso.”

A continuación nos indica el Pleno de la Corte Suprema que el cuestionamiento a una resolución judicial implica la revisión de la misma por un organismo extraño y por vías diferentes de la jurisdiccional, lo que se considera reñido con el ordenamiento constitucional, generando “una grave afectación de la autonomía de los magistrados, y por lo mismo de la efectiva vigencia de la garantía de los ciudadanos de contar con un  juez independiente e imparcial.”

Notable es el cierre de esta Declaración Pública en que los magistrados concluyen que “Lo que está en riesgo con este proceder no son los cargos de los jueces de la Corte Suprema, sino la autonomía indispensable para su desempeño y, por ende, la vigencia del Estado de Derecho y el respeto de las competencias y facultades propias de las autoridades, conforme a la Carta Fundamental.”

La verdad es que hace mucho tiempo ha dejado de llamar la atención el doble estándar que la izquierda tiene cuando se trata de aceptar o no cualquier hecho ya sea judicial, social, moral, incluso económico, según sus propias conveniencias. Así ha sido históricamente, jugando con las leyes y el estado de Derecho. Lo hicieron durante el siglo 20 y continúa exactamente igual en el siglo 21, permaneciendo dentro del sistema del estado pero aceptando sus resoluciones solo cuando le ha convenido, basta recordar las ambigüedades  del gobierno de Salvador Allende y sus resquicios legales, además de los constantes ataques al poder judicial y que decir de los acuerdos políticos aprobados  por el Partido Socialista en el Congreso de Chillan, en noviembre de 1967, y en el Congreso de La Serena, en enero de 1971 donde permaneciendo en el sistema democrático manifestaba “’1.El PS, como organización marxista-leninista, plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación, para instaurar un Estado Revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural e inicie la construcción del Socialismo.

“2. La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y, a su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato burocrático y militar del estado burgués, puede consolidarse la revolución socialista”.

Está en el ADN de la izquierda protestar, victimizarse cuando le conviene, generar sus mártires, incluso sus santos, amedrentar a cualquiera que se oponga a sus objetivos, sean autoridades, entidades, personas, en fin todo lo que considere necesario para cambiar la historia.

La gran mayoría de los ex militares y policías procesados o presos, con conformidad o no, muchos de ellos sintiendo que se cometía una gran injusticia en la forma y en el fondo de sus procesos, finalmente han aceptado las resoluciones de la justicia, se han presentado a los tribunales cuando fueron requeridos y en su mayoría enfrentaron las condenas que les han afectado de por vida a muchos. Finalmente, el cumplimiento de la ley, de los reglamentos y las normas vigentes, las mismas que llevó a gran parte de ellos a cumplir las órdenes que se les impartieron en el pasado, les han llevado en el presente a aceptar el destino que los poderes del estado, el mismo que ayudaron a restituir en épocas turbulentas, hoy les impone gravemente… Está en su ADN, uno muy distinto que hasta hoy tienen una gran parte de la izquierda.

Amenaza a la independencia judicial

Editorial El Mercurio de Santiago, 12 de Agosto de 2018

La batalla por asegurar la independencia de los tribunales ha sido larga y dura en las democracias occidentales. Desde que Montesquieu propusiera tal idea en 1768 para moderar la monarquía absoluta y hasta nuestros días, no ha sido fácil garantizar a los jueces el ejercicio de una potestad no perturbada ni dirigida por el poder político. El anuncio por diputados de oposición de su decisión de presentar una acusación constitucional contra tres ministros de la sala penal de la Corte Suprema, «por notable abandono de deberes», levanta la pregunta: ¿se trata del ejercicio legítimo de una atribución legislativa o estamos ante una revancha política inadmisible que socava las bases de la independencia jurisdiccional?

Bajo la Constitución de 1980 se han presentado acusaciones a 17 ministros del máximo tribunal. Todas fueron rechazadas, salvo la que prosperó en 1992, únicamente contra el ministro Hernán Cereceda.

Se ha escrito mucho sobre el alcance del notable abandono de deberes como causal prevista por la Constitución para el juicio político a ministros de los tribunales superiores de justicia. Una primera tesis sostiene que solo podría acusarse a los magistrados por los llamados «delitos ministeriales», que son los ilícitos penales previstos para la función judicial. Es el caso de una actuación judicial corrupta, torcida, venal, constitutiva de cohecho, de prevaricación, que merece el reproche político de la remoción, además de las consecuencias penales propias. Otros sostienen que el notable abandono alcanzaría también actos judiciales que quebranten la ritualidad procesal indispensable para un juicio justo.

Unos y otros, empero, están de acuerdo en que es una grave distorsión utilizar el juicio político para imponer -desde el Congreso- criterios jurídicos de interpretación de leyes; tal cosa sería la negación misma de uno de los pilares fundantes de la democracia. En Chile, la Constitución prohíbe al Congreso Nacional ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes o revisar los fundamentos o contenidos de las resoluciones.

Si se analizan los antecedentes de la acusación que se anuncia, es fácil concluir que se trata de una simple discrepancia jurídica, de interpretación, de los parlamentarios, impropiamente reconducida a una amenaza de remoción. No hay aspectos ni éticos, ni procesales, ni menos penales en la hoja de los ministros. Los diputados, en suma, exigen que la Corte niegue la libertad condicional a los condenados por ciertos delitos de lesa humanidad, mientras las leyes y tratados internacionales no son claros en prohibir tal decisión y la Corte es del legítimo parecer de concederla. Como precisó un destacado abogado de oposición, es el mismo Congreso el que ha fallado en recoger tal criterio aprobando una ley específica que niegue el beneficio. En este contexto, ya la simple presentación y tramitación de la acusación sería una muy grave afectación de la independencia del Poder Judicial, por la vía de sembrar una amenaza de remoción a todos los magistrados que discrepen del parecer de los acusadores. El pleno del máximo tribunal lo ha descrito con lucidez, al advertir cómo la pretensión de revisar una decisión judicial por parte de un organismo ajeno a los tribunales no solo está reñida con el ordenamiento institucional, sino que además pone en cuestión «la garantía de los ciudadanos de contar con un juez independiente e imparcial».