Instituto Nacional, radiografía de la incapacidad

Por Roberto Hernández Maturana

Todos sabemos que hasta hace poco el Instituto Nacional  representaba la idea de que dentro de la educación pública,  la excelencia académica era su mejor característica, con un proyecto educativo dentro del marco estatal que promovía el mérito y la movilidad social, sin importar la condición social ni económica de sus estudiantes.

Actualmente el Instituto Nacional tiene más de 4.200 alumnos, siendo el liceo más grande del país. De ellos, 14 escolares fueron expulsados por la Ley Aula Segura, y otra docena se retiró del colegio, frenando así, la investigación que se realizaba en su contra, por los incontables desordenes y actos violentos que se vienen haciendo este año en dicho establecimiento,  y que han terminado por poner en jaque todo el proyecto educacional.

Así, un colegio que se destacaba por entregar al país egresados preparados con una gran calidad educacional muchos de los que alcanzaban cargos relevantes en la administración pública o privada, varios de ellos presidente de la nación, hoy presenta una reducción sostenida de su matrícula, las reiteradas movilizaciones por parte de estudiantes y profesores, y la consecuente pérdida de clases han causado estragos en la calidad del Instituto, causando además que numerosos alumnos, especialmente de enseñanza media pierdan  prácticamente su año completo de clases.

Lo que en un principio fueron hechos esporádicos,  protagonizados por violentista encapuchados y organizados, con el apoyo exterior de grupos politizados y anarquistas, paso a ser cotidiano en la comunidad escolar, con tomas y hechos violentos al interior del establecimiento contra profesores, destrucción de la ya deteriorada infraestructura, e incluso la quema del emblemático estandarte del colegio en medio del patio de honor, y el uso cada vez más frecuente de bombas molotov contra carabineros que concurren a evitar los desordenes, lo que ha obligado en numerosas oportunidades a suspender las actividades escolares.

Las demandas de los encapuchados  abarcan un amplio espectro, que en lo  inmediato comprende un cambio curricular, con una comisión interestamental para la elaboración de la implementación de la educación sexual, cívica y mental dentro del plan común.

Asimismo, exigen protocolos sobre violencia de género, persecución política, de movilizaciones (con horarios protegidos) y plagas que afecten a la salubridad. Eso se suma a solucionar los problemas internos respecto al NEM y al ránking; así como una rendición mensual de cuentas respecto al fondo SEP y subvención escolar.

Y, a largo plazo, los “estudiantes” exigen la derogación de la ley “Aula Segura”, rechazo a la ley de Admisión Justa, rechazo al Control Preventivo de Identidad a Menores, implementar una opción vegana en la Junaeb, y un no al “Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP11).

En realidad lo que parece evidente, es la intención de clausurar para siempre  las actividades del IN y porque no, poner fin a la educación municipalizada. Así bengalas, piedras y todo tipo de elementos contundentes han sido parte de la artillería que los encapuchados, vestidos con overoles, lanzan  constantemente desde el interior del colegio hacia la vía pública.

La crisis del emblemático liceo ocurre en medio del proceso de cambio de su rector. Actualmente, el colegio es dirigido por Fernando Soto, quien estará a la cabeza del recinto hasta el 30 de agosto. Luego, asumirá una autoridad interina, mientras la Alta Dirección Pública busca a un reemplazante para que llegue al puesto en marzo de 2019.

Las medidas adoptadas por el sostenedor, es decir la municipalidad de Santiago, como fue la identificación de  cada alumno, mostrando su carné de identidad para  entrar al establecimiento, para mantener un control de ingreso  fue  un fracaso, cuando un grupo de encapuchados desencadenó una serie de hechos de violencia al interior del establecimiento, agrediendo al personal del establecimiento, a otros alumnos y apoderados que querían poner fin a los desmanes, lanzando artefactos incendiarios desde el segundo piso del recinto, por la entrada de calle San Diego.

Ante la evidencia de que las medidas tomadas han resultado ser insuficientes para la complejidad de la situación actual del histórico colegio,  un nuevo actor entrará en escena, el Ministerio de Educación, cuando el alcalde Felipe Alessandri se reúna hoy  lunes con la ministra de Educación, Marcela Cubillos, para buscar una salida a la espiral de violencia que desde abril no ha parado.

Una de las posibilidades que se estudiarán será  cerrar anticipadamente el año escolar, con las notas que hay hasta ahora. Al respecto el alcalde Alessandri  señaló “eso es lo que vamos a ver este lunes con la ministra Cubillos y su equipo, esos límites los establece el Ministerio de Educación”, añadiendo que eso sería una alternativa extrema: “O nos paramos todos frente a los encapuchados, o frente a los hechos tendremos que cerrar el año”.

Finalmente,  resulta inexplicable que se haya llegado a este estado de cosas. Un grupúsculo de imberbes extremistas adoctrinados y alentados por un grupo de adultos interesados en generar caos,  han puesto de rodillas a una sociedad completa.

Ha fallado la autoridad y el aparato del Estado,  incapaz de imponerse; ha fallado la inteligencia policial incapaz de identificar a los violentistas; ha fallado la comunidad escolar incapaz de aislar a los extremistas y defender su colegio; ha fallado la sociedad en su conjunto,  que observa indolentemente como se destruye uno de los emblemas de la educación pública en Chile.

Frente a estos hechos, la indolencia y la pasividad no son una opción. Todos quienes creen en la libertad, tanto  los que estudiaron en sus aulas, como los apoderados, profesores y autoridades, deben unirse para  condenar tajantemente y erradicar de manera definitiva la violencia escolar, y volver a encender el primer foco de luz de la nación, para que siga siendo un espacio de oportunidades para tantos jóvenes de familias de clase media y más vulnerables del país.

Demandamos al gobierno, que de una vez asuma su responsabilidad de gobernar y cumpla  las expectativas para las cuales fue elegido. La tibieza no le atraerá electores de la izquierda y sí le hará perder  la adhesión de un electorado  que  comprometerá su continuidad en los próximos procesos electorales. El ejemplo argentino está a la vuelta de la esquina.

La crisis del Instituto Nacional…, y de la educación estatal

Por Roberto Hernández Maturana

La crisis del Instituto Nacional tiene múltiples causas. Desde luego la acción vandálica de unos violentistas organizados por grupos anarquistas, que parecieran querer acabar no solo con la infraestructura del establecimiento, sino que también con la vida de los docentes y demás estudiantes que si quieren estudiar.

El colegio más emblemático del país está en el centro de la polémica por un espiral creciente de violencia, con bombas molotovs en los patios, encapuchados con overoles blancos aleccionando estudiantes y constantes enfrentamientos con carabineros. Los distintos actores se culpan entre sí , y no hay indicios que indiquen que esto se detendrá en el corto plazo.

Mediante un documento titulado “Compendio de demandas del estudiantado del Instituto Nacional” – publicado por  CNN Chile – los estudiantes definieron peticiones que ellos consideran de  largo intermedio y corto plazo.

La implementación y/o mejora de la educación sexual, cívica y mental dentro del plan común del currículo escolar, todo esto en miras de un establecimiento plurisexual y co-educativo ha sido una de sus primeras y centrales demandas.

También los estudiantes que protestan exigen mayor transparencia en cuanto a la rendición de cuentas de los fondos de la Subvención Escolar Preferencial, una iniciativa que entrega recursos adicionales por cada alumno prioritario y preferente, a los sostenedores de establecimientos que han firmado con el MINEDUC un Convenio de Igualdad de Oportunidades y Excelencia Educativa; para la implementación de un Plan de Mejoramiento; también los protestantes exigen mayor transparencia la rendición de cuentas de los fondos de la subvención escolar.

Del mismo modo los protestantes piden generar foros interestamentales constantes para tratar y avanzar en temas de convivencia escolar dentro de la comunidad educativa.

También exigen medidas del ámbito de la salubridad, como lo es la reparación de filtraciones de cañerías, agua caliente en calderas, adaptación de baños, solución de problemas del cableado eléctrico, control de plaga de ratones, entre otras peticiones.

En el plano nacional, piden la derogación de la ley Aula Segura, la desmunicipalización efectiva y el fin al sistema de “voucher” de financiamiento. Asimismo, rechazan el proyecto de ley Admisión Justa y la ley de Control preventivo de identidad a menores.

Igualmente, piden la implementación de una opción vegana en los menú JUNAEB a nivel nacional. También exigen el rechazo Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, más conocido como TPP11.

Sin embardo, pareciera que lo que subyace en esta protestas realmente es la crítica al proyecto educativo que representa reunir en un mismo plantel a alumnos especialmente dotados para el estudio y llevarlos a un nivel de excelencia superior. Este proyecto sigue siendo un proyecto tan válido hoy como lo era en el momento de su fundación.

Así se ha intentado desacreditar esa visión educacional acudiendo a argumentos de discutible sustentación. Se ha buscado instalar la idea de que no habría ningún valor especial en esta experiencia, negándose a aceptar las diversas demostraciones en contrario.

La existencia de estos liceos, a diferencia de lo que a veces se plantea,, no impide ni contradice el propósito de mejorar el resto de la educación pública. Una política educacional debe reconocer también la distinción, pero este reconocimiento es precisamente el que parece estar a la base de los cuestionamientos: se niega la posibilidad de que estos liceos puedan definir exigencias académicas a sus postulantes en séptimo básico (algo que es habitual en la experiencia comparada, aunque con diferencias en el nivel escolar preciso en que ello se permite). Al mismo tiempo, se les transmite a los jóvenes que fueron seleccionados por esta vía que no tienen ningún mérito especial.

Si se miran las matrículas de las universidades y carreras más selectivas, es posible comprobar que los jóvenes provenientes de liceos estatales representan una proporción relativamente reducida, por debajo de la participación que tienen en el número total de quienes rinden la PSU. El grueso de ellos ha provenido tradicionalmente de unos pocos planteles, destacando entre estos el Instituto Nacional.

Las autoridades y la comunidad deben trabajar con unidad para rescatar este emblemático liceo. Es muy difícil para una comunidad educativa lidiar con esa falta de reconocimiento, totalmente inmerecida, por lo demás, a la luz de la nula evidencia con la que se argumenta al respecto.

Esta es una de las razones por las que es tan preocupante la situación por la que atraviesa ese emblemático establecimiento. Los niveles de violencia que se han observado este año, las suspensiones crecientes de clases, la tensión en su comunidad y la ausencia de autoridad hacen imposible crear las condiciones para desarrollar bien el proyecto educativo que lo ha caracterizado por más de dos siglos.

Lo que resulte de esta pugna, sin duda afectará a toda la educación pública.

Cubillos por “Ley Machuca»: «Es un reconocimiento de la izquierda de que no se la pudo con la educación pública

Fuente: soychile.cl 

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, insistió en sus críticas a la propuesta de la oposición que plantea que todos los colegios del país, incluso los de élite, reserven un 30% de sus matrículas para dar cabida a alumnos de sectores vulnerables.

La denominada «Ley Machuca», en reconocimiento a la afamada película de Andrés Wood que retrata la vida de un estudiante de baja situación económica en un colegio de élite nacional, es una iniciativa planteada por los parlamentarios de la oposición, desde la DC al Frente Amplio.Tal como en la película la ley busca que los colegios del país, incluidos los privados y de elite, reserven un 30% de sus matrículas a alumnos de sectores vulnerables, pero esta ley entra en contraposición al proyecto oficialista «Admisión Justa», motivo por lo que no ha tenido buena acogida en el gobierno.En ese sentido la Ministra Marcela Cubillos señaló esta jornada que la «Ley Machuca» sería “un reconocimiento de la izquierda de que no se la pudo con la educación pública», en tanto que como Gobierno, con «Admisión Justa» estarían buscando privilegiar «la decisión de padres y vuelve al mérito, esfuerzo y trabajo de los jóvenes», por sobre el «sistema aleatorio y sorteo computacional que existe actualmente».Cabe recordar que la titular de Educación señaló ayer vía Twitter que “(los diputados de oposición) llevan años hablando de educación publica y al final a lo que aspiran es a que a los más vulnerables los eduquen los colegios particulares pagados, que tienen lucro, seleccionan y los padres pagan (ni siquiera “copagan”) las matriculas. Puros atributos que se han empeñado en combatir”.Cabe recordar que el proyecto de la oposición aún no está terminado y podría incluir otras materias, las que apuntarían a la inclusión de niños con capacidades diferentes.

Es preferible ser castigado

Por Joaquín GarcíaHuidobro Correa

Lecciones que deja el caso Arcis

Editorial diario La Tercera, 4 de Junio de 2017

El Consejo Nacional de Educación decretó definitivamente el cierre de la Universidad Arcis, y tras dicha decisión, queda como resultado la fallida labor de un administrador provisional y las dudas respecto a qué efectos tuvo la participación del Partido Comunista (PC) en la debacle de la institución.

Si bien el cierre de proyectos educativos es un hecho especialmente lamentable, no es otra cosa que el reflejo de un sistema competitivo donde son los alumnos -y no un ente burocrático- quienes deciden el éxito de una institución de educación superior. A ello se suma el hecho de que el sistema comienza a estabilizarse, tras un periodo de crecimiento sostenido de la matrícula, razón detrás de muchas de las 33 instituciones que han cerrado en los últimos seis años.

La experiencia acumulada por los casos de la Universidad del Mar y Arcis -dos instituciones que lograron el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación- debiera ilustrar que la mejor solución para los alumnos pasa por su rápida reubicación en otras entidades. Asimismo, parece evidente que una medida como el administrador provisional no logró generar ningún efecto positivo y alargó innecesariamente el cierre de esta última institución.

Si bien el foco del actuar estatal deben ser los alumnos, conocer las causas de estos fracasos ayudaría a perfeccionar la institucionalidad del sistema y a evitar que se repitan errores. Dentro de ello cabe revisar los procesos de certificación del propio Estado, pues a pesar de su frondoso aparataje, todavía no es capaz de dar certezas sobre la calidad de un proyecto académico, lo que lesiona la fe pública.

También sería útil que el PC aclarara su participación en la Arcis. El partido ha sido un actor relevante en la discusión respecto a la educación superior en los últimos años, no siendo claro si tuvo conflictos de interés al momento de pronunciarse sobre distintas iniciativas gubernamentales.

A propósito de Arcis

Cartas al director de El Mercurio de Santiago, Sábado 04 de marzo de 2017

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Señor Director:

Todos los asuntos históricos trascendentes que me han ocupado tienen un vínculo que me define humanamente: soy profesor, quiero y respeto a todos mis estudiantes, y procuro la verdad para enseñar en la medida que es posible.

Hace unas semanas tuve una experiencia muy triste y dura. Me encontré con uno de mis buenos estudiantes, a quien no veía desde hacía tiempo. Iba vestido con overall y manejaba un carrito lleno de paquetes y cajas que debía entregar en una empresa. Me contó que, tratando de ahorrar algún dinero, había cambiado su matrícula e ingresado a la Universidad Arcis. Estaba él ahora en la ruina. Incluso endeudándose para pagar a una «casa de estudios» que seguía en revolucionaria y permanente huelga.

images-1La así llamada universidad comunista llegaba al puerto en que acaba toda forma de marxismo: la degradación y la explotación de los «explotados». Lo había visto ya en mi universidad berlinesa cuando comenzaron a llegar las víctimas (también chilenas) del «socialismo real».

Hace ya cerca de 100 años Lenin escribió un clásico que tituló «El imperialismo, la fase final del capitalismo». Hoy los comunistas de Corea, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Chile entregan material para un libro, «El lumpen-revolucionario, la fase final del comunismo». El hecho histórico se me reveló en la tragedia de mi buen estudiante, una tragedia que es la de cientos de víctimas de una ideología inhumana.

Prof. Dr. Víctor Farías 

Museos de las memorias

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Por Fernando Thauby García, Analista Político

El financiamiento, por parte de los gobiernos, de actividades culturales que contribuyan a la formación de los ciudadanos se ha prestado para múltiples abusos. En los regímenes autocráticos los gobiernos asignan esos recursos a quienes apoyan o promueven la ideología o las políticas que sus autoridades señalan, así sucede en Cuba, Venezuela y en Corea del Norte cuyos gobiernos vulneran las conciencias de la población, convirtiendo al arte, la cultura y la educación en vehículos de propaganda. En las sociedades democráticas esos recursos suelen asignarse mediante comisiones independiente que garanticen que la política y la cultura se mantengan separadas entre si.

El ejemplo más notable fue la BBC en Gran Bretaña de la pos guerra, cuyo gobierno controlaba la distribución general de recursos pero transfería a la BBC la potestad sobre las decisiones y operaciones diarias. Este modelo tuvo muy buena recepción y sirvió de facilitador cultural durante muchos años y otros países optaron por crear organismos parecidos.

En Chile, este modelo fue admirado e intentado aplicar, a comienzos de los años 90, mediante un modelo de asignación de recursos públicos a través de concursos a cargo de jurados independientes, que fue prontamente desvirtuado y luego abandonado hasta politizarse completamente.

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En Chile, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos fue construido durante los años 2008 y 2009 e inaugurado el 11 de enero de 2010, en el gobierno de Bachelet.

El 27 de febrero de 2012, en el gobierno de Sebastián Piñera, se firmó un acuerdo entre la  Dirección de Bibliotecas, Archivos, Museos (Dibam) para operativizar la ley de presupuesto Nº 20.557 de 2012 propuesta por el gobierno, transfiriendo $1.448.390.000 a la organización privada “Fundación Museo de la Memoria y los Derechos Humanos”, sin concurso alguno, es decir por una decisión de la mayoría política existente en el Congreso en esa fecha y cuya misión quedó establecida como “dar a conocer las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, es decir, durante la dictadura del general Pinochet”.

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El Museo de la Memoria costó $12.040.000.000 y requiere algo mas de $1.500.000.000 anuales para cubrir sus gastos operacionales.

Podemos ver que la toma de distancia política entre el Estado y la asignación de fondos a organizaciones culturales quedó eliminada por la dictación de una ley que permitió asignar directamente recursos públicos a una fundación privada elegida arbitrariamente.

La entonces directora de Dibam, Magdalena Krebs ingresada a esa organización en 1983, se opuso a esta asociación tanto porque el nuevo proyecto favorecía a esa empresa privada en forma muy desproporcionada respecto a otros museos y bibliotecas nacionales como por el evidente sesgo ideológico del mismo. directora-de-dibam-magdalena-krebsEsta actitud poco colaborativa posteriormente le costó el fin de su carrera en el Dibam por una campaña en su contra en las redes sociales y la acción de la Comisión de la Cultura y las Artes de la Democracia Cristiana.

En Junio de 2012 en una Carta a El Mercurio la Sra. Krebs manifestó que “Sería valioso que sus visitantes comprendiesen, por ejemplo, que entre muchos de los factores que contribuyeron a la destrucción de la democracia, tuvo un rol significativo la violencia imperante. A la luz de la contingencia que vivimos hoy, sería una gran contribución que el museo explicara los hechos anteriores al golpe, pues pondría una nota de atención sobre los límites, la necesidad de cuidar las formas y los procedimientos democráticos”, agregando: “En ese sentido, la opción que tomó el museo en cuestión, de circunscribir su misión sólo a las violaciones a los DD.HH., sin proporcionar al visitante los antecedentes que las generaron, limita su función pedagógica. La no existencia de consensos sobre la historia no exime al museo de su responsabilidad de ofrecer una visión amplia.”

Descalificándola los promotores de la visión acotada del Museo de la Memoria alegaron que “podríamos contextualizar también las purgas de Stalin, el Holocausto judío en la Alemania Nazi o las matanzas de Ruanda”. hanna-arendt-en-su-obra-la-banalidad-del-malA este respecto me parece que tanto en el estudio de la historia como en el derecho, el contexto da el marco imprescindible para comprender y valorar las acciones de los protagonistas, lo que en este caso en particular, se eliminó por completo. Respecto al Holocausto, es precisamente lo que hizo Hanna Arendt en su obra “La banalidad del mal”.

No sorprende que este tema genere un debate relativo a discrepancias políticas ni tampoco que existan personas que crean (o les convenga creer) que las violaciones a los derechos humanos no podrían ser “contextualizables” en muchos sentidos. En este ámbito, en Chile, en que la ideología, las pasiones y las conveniencias chocan tan frontalmente, no se ve viable un terreno común en el cual situar un debate conducente, sin embargo, esto no excluye otro tipo de cuestionamiento: el financiamiento público como validación para la existencia de un único Museo de la Memoria que ademas, al incorporar el logo de Dibam induce a creer que representa la opinión del gobierno de turno.

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Lo que existe y se elude enfrentar es la crítica a los mecanismos de financiamiento: ¿por qué subsidiar un único museo sobre un tema respecto al cual no se ha llegado a un consenso país y, por lo mismo, entregar recursos que llegan hasta los 1.400 millones de pesos anuales para una corporación cultural privada como ésta?. En diferentes países del mundo, existen museos dedicados a la memoria y los derechos humanos, o al mismo Holocausto, que cuentan básicamente con financiamiento privado o colaboraciones de individuos, lo que legítimamente les permite elegir y difundir su interpretación de la historia.

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En subsidio de lo anterior, parece evidente que una forma de neutralizar este déficit de ecuanimidad de los gobiernos pasa por la promoción y el apoyo a la diversidad de expresiones y a la mantención de archivos de carácter histórico con diferentes interpretaciones de una realidad que de por si es opinable y respecto de las cuales la opinión pública chilena se encuentra profundamente
dividida. En este orden de cosas, la realidad cotidiana en la Araucanía, en el Sename y recientemente en el ataque terrorista a un ejecutivo de Codelco en Santiago, confirman que contextos que llevan o promueven la violencia facilita la violación de los derechos humanos y cuya contención oportuna facilitaría la protección de estos últimos.

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El proceso de creación de un nuevo Museo de la Memoria en la ciudad de Concepción (Museo del Bio Bio) se encuentra avanzado y en proceso para iniciar su construcción el año 2018. El proyecto ganador ya fue seleccionado de entre 30 propuestas. Es interesante notar que el proyecto habla de dejar testimonio de “la represión política”, mezclando “causas con efectos”, creando de hecho “un contexto” que oficialmente es rechazado.

Dado que los estatutos de la Fundación para la Memoria y los Derechos Humanos incluyen a todo el país como su área de operaciones, no queda claro si el Museo de Concepción es una ampliación del Museo de Santiago o es una “franquicia” del Museo de la actual Corporación operada en el Bio Bio por otro grupo, pero lo que si queda claro de la información disponible es que su costo de construcción y operación será igual al actualmente existente: $12.000.000.000 y $1.500.000.000 anuales respectivamente y todo con cargo al Estado.

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También está en proceso otro Museo en Puerto Montt, en efecto, la prensa local informa que: “El Consejo Regional de Los Lagos, aprobó el presupuesto Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 2017, en donde están consideradas la licitación y comienzo de ejecución de las obras del Museo de la Memoria en Puerto Montt para el próximo año (2018). El estudio de Pre Factibilidad contratado por la Dirección de Arquitectura, con fondos FNDR, se ha implementado durante 2016 cumpliendo todas las etapas comprendidas y comprometidas en él”.

El financiamiento será igual a los museos de Santiago y al de Concepción: “para este proyecto, la dirección regional de arquitectura del MOP ha gestionado con Dibam (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos) el financiamiento para instalar el inmueble, una vez que los trabajos estén terminados”, considerando costo similares, $12.000.0000.000 para el edificio y $1.500.000.000 anuales para el gasto de operación.

Estos tres Museos implican un gasto operacional de $4.500.000.000 anuales para sus gastos de operación, algo desproporcionado respecto a otros gastos, por ejemplo, respecto al Sename o el Museo Histórico Nacional.

Sin exagerar es posible la repetición, a futuro, de estos Museos en Antofagasta e Iquique y tal vez en Arica y Punta Arenas.

Estas realidades y estos proyectos muestran la disposición del actual gobierno para invertir en apoyo a la cultura y la existencia de ingentes recursos para ello, lo que aun no se nota es la disposición a financiar de la misma manera a quienes tienen otras ideas respecto a la forma de evitar la violencia política y sus trágicas consecuencia como es la violación de los derechos humanos.

De la misma manera se aprecia un esfuerzo por crear una cadena de Museos que, además de difundir una visión sesgada, percibida como hostil y violenta hacia muchos chilenos, crea una red de sustento y refugio para centenares de funcionarios políticos cesantes y ayuda a establecer una base para la supervivencia de un tipo de políticas fracasadas en toda  la región y en Chile.

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En Chile hay diferentes Memorias respecto a la época de la violencia política, la destrucción de la democracia, la reconstrucción de la misma y de la lucha contra quisieron impedirlo, todos tienen el mismo derecho a recibir el apoyo del estado de Chile para exponer sus puntos de vista, otra cosa sería volver a un pasado que por opuestas razones, todos rechazamos. Este conflicto no de diluirá por olvido y acostumbramiento, sino que continuará acrecentando un tumor infeccioso que con seguridad explotará.

Hay dos tipos de memorias, debe haber dos tipos de museos.

Algo anda mal en Chile

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Por Marta Cruz-Coke de Lagos

He sido y sigo siendo una firme partidaria de una educación sexual infantil y juvenil. Incluso, hace años apoyé un hermoso proyecto que, naturalmente, fracasó. Ahora deseo expresar mi alarma por el texto sobre sexualidad juvenil emanado de la Municipalidad de Santiago (y justamente calificado de «aberrante» por el eminente psiquiatra don Ricardo Caponni ), no solo por el texto mismo, sino por las personas, los profesionales que estudiaron las preguntas planteadas, las respondieron, las publicaron y las están difundiendo.

images-5Recordemos primero lo obvio. La sexualidad es algo hermoso, es parte integrante de la persona, somos seres sexuados. Nuestro cuerpo es así expresión vital de esa sexualidad. Uno de los goces más profundos humanos es la unión consumada en el intercambio de amor. Porque la sexualidad humana es una sexualidad de significados, de emociones, es una sexualidad de la libertad en cuanto capacidad de opción libre; de libre, solidario y responsable encuentro con el otro. Y lo que hay que educar, sobre lo que hay que informar, es sobre los elementos valóricos y afectivos que conforman esa libertad.

Estas respuestas a las interrogantes sobre genitalidad emanadas de la natural confusión o ignorancia adolescente no constituyen una respuesta sexuada que incluya a toda la persona. Por quererse objetivas, son solo mezquinas, circunscritas a la mecánica genital, a sus atribuciones y circunstancias. Son ajenas a la responsable afectividad y profundas necesidades humanas, a los sueños, a la esperanza, a la posibilidad del amor.

descarga-6Son, en suma, respuestas livianas que han olvidado que una cosa son las preguntas que los adolescentes puedan hacer, y otra muy distinta las respuestas orientadoras de vida para el interlocutor juvenil que los adultos responsables deban dar.

Esto no ha sucedido. Está ocurriendo, en cambio, un daño grave a la conciencia juvenil. Porque ¿cómo no considerar grave que este texto, tan distorsionador del sentido común, haya sido elaborado por profesionales chilenos?, formadores y constituyentes de una familia, egresados de un sistema educacional chileno, de universidades chilenas, miembros de esta sociedad chilena. Lo grave, entonces, es que esta sociedad haya sido capaz de producir este texto. Este es un signo más de que «algo anda mal en Chile».

Bajarse de los patines

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Por Andrés Benítez, Ingeniero Comercial

Hace un tiempo, el entonces ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, prometió “bajar de los patines” a los alumnos de la educación particular, como una forma de emparejar la cancha y fortalecer los establecimientos públicos. Bueno, dos años después de sus palabras, los únicos que se bajaron de los patines fueron los alumnos del Instituto Nacional, liceo que esta semana perdió su calidad de excelencia por sus malos resultados académicos.

descarga (1)Fue un balde de agua fría para un establecimiento que acaba de celebrar 203 años de vida, y que entre sus exalumnos figuran 18 expresidentes y más de 30 premios nacionales en las distintas disciplinas. Desde que se estableció la certificación de excelencia, en 1996, el Instituto Nacional siempre la consiguió. Hoy no figura en la lista de casi tres mil colegios municipales y particulares subvencionados que la recibirán.

El caso del Instituto Nacional es la guinda de la torta de un problema más general, toda vez que cada día son menos los colegios municipales que no la reciben. Pero claro, que los malos resultados hayan alcanzado a los liceos emblemáticos, habla de la magnitud del problema.

Las cifras son lapidarias. El rendimiento en las pruebas Simce de Matemáticas y Lenguaje ha tenido una caída dramática en los últimos años en el Instituto. Sus alumnos dicen que boicotearon la prueba del último año, pero la verdad es que la tendencia a la baja venía desde hace varios años. Además, hay otro indicador que muestra de manera más evidente el deterioro académico del colegio: los resultados en la PSU. Mientras en 2012 más de un 30% de sus alumnos obtenía un puntaje igual o superior a 700 puntos en la citada prueba, el 2016 sólo lo alcanzó el 25%. Así, el Instituto pasó del lugar 15 al 48 en este indicador a nivel nacional.

descarga (2)Las causas de la debacle son muchas, pero no cabe duda de que desde el 2011, el año de las movilizaciones estudiantiles, el Instituto Nacional ha sido sujeto a numerosos paros y tomas, los que evidentemente han mermado su desempeño. Se estima que la actual generación ha perdido al menos un año de clases desde esa fecha. Y eso se tiene que notar.

La responsabilidad de esto es compartida. Partiendo por los alumnos, pero también de sus padres, profesores y las autoridades políticas que nunca actuaron con responsabilidad frente a la tomas. Como dijo un ex rector del establecimiento, les quitaron el poder a los directivos y profesores, y se lo dieron a los alumnos. El coqueteo de muchos políticos con los paros fue sin duda como echarle fuego a la hoguera. Las consecuencias están a la vista. Hoy, todos condenan aquello, pero ya es demasiado tarde.

descarga (3)Lo concreto es que los alumnos del Instituto Nacional, como los de otros liceos emblemáticos, se bajaron de los patines, algo que no deja de ser contradictorio con un gobierno que dice que su prioridad es la educación pública. Pero el legado de Bachelet en esto será justo lo contrario. En todo caso, se trata de una profecía autocumplida, porque nivelar para abajo nunca ha sido la solución a ningún problema.