El olvido y abandono de los presos políticos militares

Por Roberto Hernández Maturana, Coronel Ejército (R):

El 7 de Julio falleció en el Hospital de Carabineros, víctima de COVID contraído en prisión el SOF.de Carabineros Gerardo Meza, de más 80 años de edad.

Por otra parte, se encuentran graves en el Hospital Militar por COVID contraído en el penal, 2 Sub Oficiales Mayores ancianos, y otros 2 Suboficiales Mayores de Carabineros, también con COVID en el Hospital de Carabineros .

Se sabe además que hoy hay un alto número de contagiados en el pabellon de ex uniformados ancianos presos en Colina a quienes se les practicaron test rápidos.

Esta es la venganza de la izquierda, y la inhumanidad del gobierno de Sebastián Piñera y su ministro de Justicia Hernán Larraín y toda la clase política, indiferente a la muerte de cientos de ex uniformados, que hace 47 años siendo jóvenes subalternos, cumpliendo órdenes de sus superiores, debieron salir de sus cuarteles para evitar una guerra civil inminente.

Ellos fueron juzgados bajo un sistema procesal penal derogado en Chile el año 2005, por las graves fallas penales que presentaba, al ser un sistema inquisitorio y carente de garantías para el acusado, lo que motivó su reemplazo por un sistema más moderno, con el que hoy se juzga a todos los chilenos… excepto a los ex uniformados presos por delitos llamados de «Derechos Humanos».

Para ellos no ha habido justicia si no venganza, ante la indiferencia de una sociedad condicionada mentalmente por más de 30 años de adoctrinamiento, mediante la persistente difusión de una visión maniquea e unilateral de una historia presentada sin casualidad.

El gobierno de Sebastián Piñera y la clase política, excluyeron a los presos políticos militares del «proyecto conmutativo», que permitió a cientos de delincuentes comunes presos enfrentar la pandemia en sus casas. Se dijo entonces que se buscarían otras alternativas para los ex uniformados presos…

Pareciera que esa alternativa e intención es que los presos políticos militares deben salir en una sola condición… muertos.

Más temprano que tarde, la historia deberá hablar de la inhumanidad de una sociedad envilecida por el adoctrinamiento político solapado que envenenó también a sus gobernantes, legisladores y jueces.

Se dice que cuando la Patria está en peligro el hombre clama a Dios y al Soldado.
Cuándo el peligro pasa Dios es olvidado y el soldado despreciado.

Así las cosas, muy probablemente cuando ello vuelva a ocurrir, Dios no estará; habrá muerto en la conciencia de los hombres… y el soldado habrá muerto en un rincón de la historia.

Una persecución implacable

Por Cristián Labbé Galilea

Imposible que esta pluma, que este viejo soldado, soslaye ante sus lectores leales, ante sus amigos y amigos amigos y ante la comunidad en general -especialmente la juventud-, los momentos que hoy vive una causa de una implacable persecución política.

Con todas mis fuerzas proclamo una vez más mi total inocencia y la falsedad absoluta de lo que se me imputa. Para quien lo ignore, un sujeto, un solo sujeto, dados haber reconocido mi voz, cuarenta años después de ocurridos los hechos que alega; no hay más que su palabra, porque no hay persona en el mundo que sostenga o pueda soportar que lo que él dice es cierto.

El caso ha llegado a la Corte Suprema, mi última esperanza de justicia. Por eso es que reclamo, con mucha humildad, a los hombres de derecho, a los tribunales ya los jueces de mi país, que hagan prevalecer “la verdad verdadera” por sobre la mentira “verosímil”, los falsos testimonios y la libertad, ya de la letra, ya del espíritu de las leyes. Siempre confiar en que la justicia triunfe en los tribunales de los hombres de nuestra patria, no importa que desilusiones me lleve.

Reclamo también a parlamentarios y autoridades, que velen por el estado de derecho hoy tan peligrosamente menoscabado, ya Dios le ruego que en su infinita sabiduría pacífica los ánimos de mi país y abra paso a la concordia, la tolerancia, la paz.

Me hice soldado a los 13 años y desde entonces cumplí el juramento de «servir a mi patria hasta rendir mi vida si fuera necesario». Lo he hecho desde diferentes «trincheras», en catástrofes y emergencias, como ministro de estado, como alcalde, como profesor universitario … pero siempre como soldado, y eso no ha cambiado hasta hoy.

En efecto, enfrentado hoy a la adversidad, renuevo mi compromiso con los ideales de nuestra historia y nuestras tradiciones, así como mi respeto por la grandeza de aquellos que forjaron esta patria libre y soberana.

Comparado aflicciones con esos «soldados desconocidos» prisioneros de la mentira, privados hasta poder comunicar a la sociedad las injusticias que padecen … Soy uno de ellos, y por eso seguiré luchando hasta mi último aliento para que se impongan la justicia justa, la verdad verdadera y la paz realmente pacífica.

Con la serenidad que da la certidumbre de la inocencia, en esta columna extraordinaria quiero asegurar a mis lectores que sabré mantenerme íntegro, pues mi conciencia está tranquila, fortalecida por la dignidad y la fuerza de sentir que por las venas de este veterano soldado corre la Misma sangre que derramaron los valientes del 79…

El verdadero soldado sabe que las horas del heroísmo, del sacrificio, de la inmolación, son las horas de la gloria y del honor. Dios, que me condujo al Ejército siendo un niño, me ayudó a ser digno del nombre de soldado por todo el tiempo que a Él le plazca mantenerme en este mundo.

¿La Otra Mejilla…?

Por Cristián Labbé Galilea

Las pandemias pasan y dejan huellas. El Covid19 no será distinto, sólo que, por estar en sus primeras manifestaciones, vemos sus estragos como algo lejanos. Sin embargo, si bien la muerte no nos ha golpeado muy fuerte, intuimos que, sí o sí, los efectos políticos, económicos, sociales, incluso espirituales y culturales… van a llegar más temprano que tarde.

La sociedad no será la misma. Así ha pasado siempre en la historia de la humanidad. Sólo un ejemplo cercano: después del atentado a la Torres Gemelas, sin ser una pandemia, todo cambió… hubo que recuperar la seguridad, la confianza y proteger al ciudadano… vinieron las restricciones de todo tipo, de los derechos civiles, los controles rigurosos a las personas y sus desplazamientos, la inteligencia invasiva, la afectación a la privacidad… y muchos etcéteras. Imagínese, mi “cuarentenado” lector… cómo será después de esta calamidad.

Habrá nuevos héroes, aparecerán como siempre los “hombres de Dios”: los médicos, los funcionarios de la salud, los bomberos, los militares, y muchos otros, pero también se dejará ver “la miseria humana” con sus cicatrices difíciles de sanar.

Contrario a como actúa el virus que no segrega ni por sexo, religión, raza o posición socioeconómica, aparecerán quienes, en busca de “nuevos dividendos políticos”, no pierden la oportunidad para traicionar a quienes otrora “llamaron y respaldaron” cuando el país vivía momentos de aflicción y peligro.

Imposible, por más que estemos en la emergencia mas grande que ha tenido la humanidad, que esta pluma, que siempre ha privilegiado la prudencia y la paz cívica, no deje explícita constancia de la agresión y discriminación perpetrada contra esos “ancianos soldados” a quienes, privados de libertad, se les niega el derecho a un “indulto conmutativo” que se está otorgando a todos los detenidos bajo riesgo de contraer covid-19.

Convertidos en enfermos terminales, esos viejos soldados son personas que hace 50 años no tenían más de 20, y que cumplían órdenes superiores; hoy, inaceptablemente, son comparados por la autoridad política, con violadores, abusadores sexuales, asesinos y criminales, cuyas desviadas y perversas motivaciones son muy distintas a las de quienes actuaron convocados a defender la patria, su libertad y su futuro.

No se confunda mi justo lector, esta pluma -como muchos ciudadanos reconocidos- no está demandando nada especial, nada distinto al cumplimiento del sagrado principio de igualdad ante la ley.

Rotundamente, el virus Covid-19 está mostrando su letal efecto; pero bajo este manto de catástrofe se está consumando una impresentable discriminación contra esos viejos soldados, y se está confirmando hasta dónde la miseria humana puede dejar su cicatriz de injusticia, traición y venganza.

Si hoy los soldados, con humildad, han puesto una de sus mejillas para dejar atrás las ofensas, las humillaciones, y los agravios sufridos durante las movilizaciones violentistas, bastante más les costará poner la otra mejilla y olvidar que, en esta oportunidad, la Moneda ha mostrado la peor de sus caras.

La extradición: una oportuniad

Por Javier Leturia, abogado 

El acuerdo político-judicial que permitió la extradición del terrorista Hernández Norambuena, junto con ser la única fórmula posible, conforme a los tratados con Brasil, permite que uno de los asesinos de Jaime Guzmán se someta a la justicia chilena. Refuerza el imperio de la justicia que un delincuente prófugo sea reencarcelado y sometido a leyes y tribunales chilenos.

Refuerza también la democracia que se haga justicia a un emblemático terrorista subversivo, dando oportunidad a la igualdad ante la ley, en especial frente a violadores de derechos humanos. A su vez, la disminución de la pena -más teórica que real- que el acuerdo obliga, debería contribuir a un ambiente de superación de heridas y divisiones del pasado.

Debería…, pero dificultan la justicia y los valores republicanos al menos dos actitudes: el vergonzoso doble estándar de los jueces en las llamadas causas de derechos humanos y la pusilanimidad de los políticos de derecha.

Una torcida administración de justicia ha llevado a jueces a condenar a inocentes en base solo a presunciones, testimonios falsos o delitos ficticios, en contravención a la ley vigente y sin las condiciones mínimas de un debido proceso. Los jueces de derechos humanos, ¡no respetan los derechos humanos! Sabemos en cambio que hay terroristas -fácticos o autores intelectuales- que nunca han pisado un tribunal. De ahí que la extrema consideración del juez Carroza con el “Comandante Ramiro” provoque irritación y desconfianza.

Entre tanto, los políticos de derecha se apresuran en declarar que “condenan las violaciones a los derechos humanos”, agregando, sin distingos, que “los responsables están siendo juzgados”, desconociendo que la mayoría son inocentes y que aún quienes hayan cometido excesos en el combate antiterrorista -o incluso a pretexto de éste- tienen derecho a ser juzgados conforme a la ley y a un debido proceso, garantía que no admite excepciones.

Mientras no se diga claramente que el terrorismo viola los derechos humanos, que los terroristas son victimarios y no víctimas, no habrá justicia ni verdad histórica. Se ha abierto una buena oportunidad para el sinceramiento de la verdad y el fin de los dobles estándares.

¿FF.AA. combatiendo al narcotráfico?

Por Roberto Hernández Maturana

En Enero de 2017, el diario “el País” de México dio a conocer una carta de 20 militares presos acusados de excesos en el combate al narcotráfico

“Fuimos usados por el Estado mexicano. Se nos capacitó para una función y se nos ordenó hacer otra muy diferente (…) El señor Felipe Calderón, excomandante supremo de las Fuerzas Armadas, declaró la guerra al narcotráfico y fue un término muy desafortunado”. Así protestaban entonces los militares, ante el presidente de la República, la Cámara de Diputados y el Poder Judicial de la Federación. Todos estaban procesados o condenados por delitos cometidos durante los años duros de la Guerra contra el Narco, en el sexenio del ex presidente Calderón. Algunos cumpliendo penas de hasta 31 años.

Tras la llegada de Calderón al poder en diciembre de 2006, los militares por orden del gobierno, salieron de sus cuarteles y asumieron el papel de la policía en varios estados del país, en lo que se entendía como una situación extraordinaria…

En todo este tiempo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México denunció en torturas, abusos y asesinatos cometidos por militares. La presión se sintió al interior del Ejército, hasta el punto de que el secretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, había declarado el 9 de diciembre de 2016 que el Ejército no se siente a gusto persiguiendo delincuentes. “Nuestros soldados”, dijo, “ya le están pensando si le entran a seguir enfrentando a estos grupos, con el riesgo de ser procesados por un delito que tenga que ver con derechos humanos”. Cienfuegos pedía un “marco jurídico” para el actuar de la tropa, una ley que regulara su presencia en las calles.

La discusión versaba no tanto sobre la capacitación de los militares sino más bien sobre el marco jurídico, la necesidad de dar “seguridad” al Ejército cuando actuara en funciones policiales.

Para los críticos de Calderón y su Partido de Acción Nacioanal  (PAN) , fue su gobierno el verdadero responsable :  “quien los sacó a las calles sin preparación, quien los instruyó a hacer algo que produjo muertes colaterales”.

En su carta a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los militares mexicanos condenados decían: “Fuimos usados por el Estado mexicano en un fallido experimento donde resultó una cantidad enorme de víctimas colaterales y decenas de militares de poca graduación en prisión”.

Casi al final de la carta, los 20 militares concluyen: “¿Qué opina el Secretario de la Defensa Nacional? [Que] ‘Estamos haciendo una función para la que no estamos preparados’, [que] ‘ninguno de nosotros vino a las FFAA para hacer esto’. Si esto opina el titular de las Fuerzas Armadas, ¿dónde quedamos nosotros?”.

Traigo a colación esta carta a propósito de la firma por parte del Presidente Sebastián Piñera, el pasado 9 de julio, de un decreto que autoriza la participación de las FF.AA. en tareas de vigilancia, apoyo logístico, transporte y tecnología en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en las fronteras del país, cosa que hasta el día de hoy estaba limitado a Carabineros y la Policía de Investigaciones. La firma de este decreto ha generado una amplia discusión entre partidarios y críticos de la medida.

Si bien es cierto que la lucha contra el narcotráfico es uno de los principales desafíos en materia de seguridad que deben enfrentar los gobiernos, que se enfrentan al riesgo de que ese tipo de estructuras criminales se extiendan con los males asociados que arrastran: corrupción y violencia en distintos ámbitos y niveles al interior de la sociedad, y que el debate sobre cómo hacerle frente ha sido intenso, no se ha establecido un consenso sobre cómo lograr el objetivo. Por su parte el ministro de Defensa ha dicho que la medida solo se aplicará “en zonas fronterizas, y no en poblaciones”. ¿Quién asegura que en un par de meses más no sea precisamente ese el paso siguiente? Si, como ha dicho el Presidente, se trata de una guerra “sin tregua y sin cuartel”, ¿por qué no llevarlaa todos los ámbitos? Solo en mayo recién pasado, el Presidente Piñera fue explícito en reconocer que las Fuerzas Armadas “no están preparadas ni entrenadas para este tipo de materias”… y tenía razón. En la misma línea, su ministro del Interior aseguró en junio que “son las policías las que tienen las competencias, la preparación y el trabajo profesional para combatir el narcotráfico”. ¿Qué explica este cambio de parecer?

Existe no sólo un conflicto en materia de los objetivos definidos en la Constitución para cada institución involucrada, sino también serios riesgos para las mismas FF.AA. y para la sociedad involucra a las FF.AA. en materias que no les corresponden institucionalmente.

Las FF.AA. por la naturaleza de sus funciones distintas a las policiales, carecen de la capacitación para enfrentar procesos resguardados por garantías procesales y constitucionales. La detención y procesamiento de personas, la entrega de evidencia al Ministerio Público son procedimientos que no conocen los integrantes de las FF.AA., no tienen contacto con una investigación policial, no conocen los estándares establecidos ni los derechos de los detenidos, y esta formación no se entrega en una inducción de un par de horas, sino que son elementos que están en la base de la formación en las academias policiales.

A las FF.AA. se le está traspasando cierto nivel de responsabilidades que hasta ahora ha tenido Carabineros; eso significa cambiar de manera radical la forma como pensamos la labor de las policías, y también modificar el objetivo de las FF.AA. en el sentido de la protección de la soberanía.

No hay funciones específicas para las FF.AA. que puedan relacionarse con estas funciones, y en el decreto no queda claro tampoco cómo se coordinarán con la PDI, Carabineros y el Ministerio Público. ¿Cómo se resguardarán los principios y garantías de las personas que entrarán en contacto con el personal militar?, ¿quién responderá por la seguridad de los mismos medios militares en caso de emplearse coercitivamente contra narcotraficantes que se resistan violentamente a un control y que posteriormente sean perseguidos por organizaciones preocupadas de los derechos humanos de los delincuentes, por sobre la de las obligaciones que el estado le impone a las FF.AA. en esa delgada línea crítica, cuando un comandante deba resolver en la soledad del altiplano rechazar con fuerza letal una ataque también letal?

El decreto en comento presenta evidentes problemas de constitucionalidad: A las FF.AA. se les confía la “defensa de la patria y seguridad nacional”, mientras que a las policías se reserva el resguardo del “orden público y la seguridad pública interior”. El llamado “combate al narcotráfico” —un eslogan, no un concepto técnico— no está dentro de las funciones que la Constitución y la ley orgánica de las Fuerzas Armadas no contempla este tipo de misiones, y no se puede borrar esta diferenciación constitucional por vía de un reglamento.

Siempre es posible que una parte de la población demande medidas de este tipo y mañana pueden pedir “mano dura”… incluso “muy dura”; pero el Estado tiene que velar por el cumplimiento del bien común y resguardar un debido proceso, para eso justamente hemos elegido nuestros gobernantes: para que protejan los valores fundamentales, caer en estos populismos penales porque la población hipotéticamente lo ha solicitado es abrir la puerta a situaciones de las que en el futuro solo responderán los integrantes FF.AA. , normalmente los subalternos que se emplearán en estas misiones y no lo políticos que las han improvisado, quienes una vez mas  lavarán sus manos como Pilatos y condenarán unánimemente los «excesos cometidos»

Resguardar las fronteras, prevenir y controlar el narcotráfico son tareas fundamentales para este y cualquier gobierno. Es su obligación tomar medidas efectivas para ello; pero ellas deben sujetarse a la Constitución y las leyes. Es de esperar que antes de adoptarse cualquier decisión populista, se deje claramente establecida las facultades y obligaciones que deberían cumplir las instituciones armadas, previa una amplia discusión en el congreso, y el Estado, a través de sus autoridades, se haga efectivamente responsable de sus resoluciones que sin duda afectarán en el futuro a sus ciudadanos e instituciones.

Hipotética Paradoja

Por Patricio Quilhot Palma

Con estupor, hemos leído en el Diario Oficial de la República del reciente 6 de Julio el Decreto N° 32, suscrito por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en el cual se declara Monumento Nacional una serie de instalaciones y sectores del antiguo Complejo Maderero de Panguipulli, incluyendo al “Campamento Guerrillero N° 83”, calificándolo como “el único vestigio material, públicamente conocido del Destacamento Guerrillero Toqui Lautaro, implementado por el MIR como parte de la Operación Retorno, en su intento por asentar espacios de resistencia armada que posibilitasen la formación e insurgencia armada”.

Esta desvergonzada apología desmitifica el negacionismo de la izquierda política, al reconocerse formalmente la existencia de criminales acciones armadas, financiadas, planeadas, organizadas, equipadas y dirigidas desde una potencia exterior, en contra del orden establecido en nuestra patria. El Consejo de Monumentos Nacionales, consecuente con su ideologizado desempeño, ha conseguido la firma del gobierno del señor Sebastián Piñera Echeñique, para promulgar una exaltación a un grupo guerrillero, que proveniente de Cuba, se infiltró en Chile en los años 1980 y 1981, para llevar a cabo sabotajes, atentados y otros actos criminales.

No debe sorprender la indigna cesión a las presiones de la izquierda anarquista o ꟷmás bienꟷ la complicidad con aquellas, de parte del actual gobierno de Chile, caracterizado éste por sucesivas y reiteradas torpezas, casi siempre originadas en caprichos inexplicables, en la irreflexión y en el oportunismo populista, donde el “parecer” siempre domina al “ser”.

Se trate de una cesión o de la búsqueda del aplauso de sus adversarios, lo concreto es que el gobierno avala formalmente hoy la existencia de organizaciones armadas, aun cuando ellas provengan de una potencia extranjera o de una ideología de alcances internacionales.

Este impropio gesto ratifica la carencia de análisis prospectivo de las medidas que adopta el gobierno, al no medir las consecuencias que pueden derivar de su decisión. En este caso, junto con estimular el desarrollo de las organizaciones terrorista-subversivas ꟷcomo las que operan hace años en la Araucaníaꟷ, el reconocimiento homérico a un grupo de asesinos entrenados y equipados para atacar al Estado de Chile, desmitifica la mentira que rodea a la actuación de la FF.AA. y de Seguridad, en la defensa constitucional del territorio chileno amenazado por grupos de origen extranjero.

Algo tan evidente como ello, es arteramente soslayado por la mal llamada justicia de los DD.HH., la cual procesa y condena a cientos de militares y policías chilenos por haber luchado en contra de organizaciones terrorista-subversivas, tales como el “Destacamento Toqui Lautaro” que hoy es elevado a los altares del heroísmo patrio por el gobierno del señor Sebastián Piñera, dando la peor señal posible para la tranquilidad futura de nuestro país. La empresa MIR ꟷcomo tuviera la gentileza de reconocerla la Contraloría General de la Repúblicaꟷ puede ahora exigir indemnizaciones por el “emprendimiento” fracasado en su “Campamento Guerrillero 83”, mientras los integrantes de la Compañía de Comandos N°8 son encarcelados por cuanto “ …detentaban el brazo armado operativo del ejército a cargo de la neutralización de la guerrilla…”, tal como reza textualmente el fallo emitido en Mayo de 2016 por la Corte de Apelaciones de Valdivia.

Sinceramente, no hay forma de comprender el silencio cómplice de la derecha política, cada vez más merecedora del apelativo despectivo de “derechita cobarde”, por permitir los desvaríos populistas de quien lidera su gobierno y no atreverse a enfrentar con coraje y decisión al verdadero enemigo de la institucionalidad: la izquierda fracasada que sigue sembrando la discordia y promoviendo la venganza. La actuación de esta clase de derecha, inconsciente del futuro al que la conducen sus adversarios recuerda ꟷpor desgraciaꟷ la cabeza gacha de un vacuno que, mirando tristemente hacia el suelo, camina rumbo al matadero.

El sistema de justicia chileno, por su parte, sigue seducido o subyugado por la agresiva amenaza proveniente de una izquierda que trata de sobrevivir mediante una ofensiva suicida. Los buenos jueces siguen sin reaccionar, permitiendo que se siga sembrando la imagen de un Poder Judicial sometido por las fuerzas ideológicas y por una creciente corrupción. Los tiempos cambian inexorablemente y por más que los interesados lo resistan, el cambio arribará tarde o temprano. Las consecuencias para quienes han desaplicado la Ley serán ꟷcon seguridadꟷ mucho peores que las que se puedan derivar de contener hoy la reacción amenazante de grupúsculos de extrema izquierda.

Después del decreto emitido por el gobierno del señor Piñera, suscrito en su nombre por la Ministra Consuelo Valdés Chadwick, no cabe aceptar argumentos estúpidos como que “no existía un estado de legalidad” al momento de combatir para desarticular el intento de iniciar una guerra de guerrillas en el Sur de Chile. Por ello es inaceptable que se siga encarcelando a oficiales, suboficiales y soldados por haber usado sus armas para enfrentar a esta lacra de asesinos, enviados por el régimen castrista a matar a chilenos y a arrasar con sus campos y ciudades. El mismo argumento podría ser esgrimido en unos años, cuando una patrulla militar de muerte a algún grupo de narcotraficantes, en un control de frontera, tan livianamente asignado a sus misiones por este mismo gobierno.

Hace ya mucho tiempo que la gente de la Araucanía pide a gritos que algo como la aniquilación del Destacamento N° 83 suceda en su territorio, mientras los sucesivos gobiernos miran convenientemente hacia el lado y dejan fluir los acontecimientos. Siendo absolutamente necesario que se exija al gobernante cumplir su obligación con la seguridad del Estado, a la luz de torpezas como la de este decreto y los inauditos pasos de la justicia en contra de los militares, cuesta creer que algún oficial o suboficial vaya a cumplir la orden de combatir a un guerrillero que años después va a ser proclamado como héroe, mientras él va a la cárcel. La paradoja es que ꟷpor el contrarioꟷ puede parecerle más rentable crear su propia guerrilla, esperando indemnizaciones, pensiones y homenajes.

¿Justicia o populismo?

Por Roberto Hernández Maturana

Tras diez años de discusión, la noche del martes la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad, con una indicación impulsada por el diputado René Saffirio: que los delitos que hayan sido cometidos a partir de 1990, fecha en que Chile adscribió a la Convención sobre los Derechos del Niño, puedan ser retroactivos.

En resumen, los congresistas estimaron que respecto de estos delitos pueden violar el principio básico de la irretroactividad de las normas que ordenan la persecución penal. Así, mañana podría también establecerse tribunales especiales o, llegados a este punto, por qué no, sancionar conductas con efecto retroactivo.

Al respecto muchos juristas y legisladores han rasgado vestiduras, manifestando que aun  cuando estos abusos son atroces, la resolución de la Cámara sería de un  populismo irresponsable y atentatorio contra los principios civilizatorios.

Advierten los estudiosos y profesores del derecho, que esto podría inducir a una reducción del estándar probatorio, porque es muy difícil que cuando hayan pasado 30 o 40 años existan pruebas contundentes del delito, lo que permitiría a los jueces condenar por presunciones e indicios poco precisos y concluyentes. Y si los jueces no admitieran este tipo de pruebas más débiles deberían absolver con lo que la imprescriptibilidad puede convertirse en un gesto que resulte más teórico que práctico. También existen críticas sobre las razones por las cuales se daría este trato de favor a las víctimas de ciertos delitos y no de otros, como aquellos relacionados con derechos humanos . En el Congreso hay actualmente en tramitación varios proyectos que proponen declarar la imprescriptibilidad de delitos funcionarios, cohecho, ejecuciones ilegales, tráfico de inmigrantes y trata de personas, femicidio, parricidio, infanticidio, delitos terroristas, etc. Igualmente, la existencia de dificultades para que las víctimas tomen conciencia del abuso sufrido se puede verificar también cuando las personas sean jóvenes de 18 o más años.

Para el académico Hernán Corral, que expuso en el Senado respecto a la irretroactividad de la norma con respecto a hecho anteriores a la entrada en vigencia de la futura ley , está «debe considerarse contraria a la Constitución por lesionar en algunos casos la cosa juzgada judicial y en todos la garantía constitucional de la propiedad».

Adicionalmente, el abogado penalista Juan Carlos Manríquez ha planteado que la aprobación de la norma puede significar «un quiebre con la tradición jurídica nacional muy profundo» porque «se alterarían otras reglas, como la seguridad jurídica».

Por otra parte, el abogado Enrique Aldunate, dijo que «No se puede comparar, la pérdida de vidas por delitos relacionados con DDHH con un hecho puntual que afecta la libertad sexual», dijo en referencia al hecho de que la imprescriptibilidad sí se aplique para delitos de lesa humanidad diciendo que  «esa sinonimia no puede ser aceptada».

Para el académico de la U. del Desarrollo, Alejandro Leiva, la imprescriptibilidad «va a generar problemas probatorios, porque transcurridos 30 o 40 años, para que se logre probar un delito de esta naturaleza, (la seguridad) disminuye muchísimo, y eso atenta contra la certeza de los fallos y aumenta la posibilidad de error judicial».

Se ha dicho finalmente que  los legisladores prrtenden imponer su visión por sobre las garantías, y lo hacen en aparente defensa de valores superiores, para perseguir conductas deleznables o para proteger víctimas merecedoras de apoyo, pero se agrega también que el fin no justifica cualquier medio, porque al validarse ciertos medios no solo se sacrifica la seguridad jurídica del presunto delincuente, sino la seguridad de toda la sociedad

El debate que se inicia es interesante, porque más allá de la necesidad de castigar estos deleznables delitos, se puede caer en acusaciones difíciles de probar después de años de cometido el presunto delito…, pero si la justicia pone al acusado en la “necesidad” de demostrar que no cometió el delito por el que se le acusa, entonces la injusticia es infinitamente peor… y eso es precisamente lo que hoy continúa ocurriendo con muchos ex uniformados que siendo jóvenes subalternos en 1973 hoy son acusados a base de testimonios de  víctimas o testigos… o presuntas víctimas o testigos, colocando muchas veces a los acusados en la imposibilidad de demostrar que no estuvieron donde se les acusa haber estado, cuando el caso debería ser exactamente al revés, la justicia debe demostrar que el acusado sí estuvo o participó en los hechos por los que se les acusa… pero no solo a base de testimonios, si no de pruebas concretas.

Es muy interesante  conocer lo que afirma sobre la memoria engañosa la doctora  Elizabeth Lofthus, una psicóloga y matemática estadounidense, que ha dedicado gran parte de su vida a estudiar la memoria humana para determinar la solidez de esta, partiendo de la hipótesis de que el entorno y todo lo que rodea al momento del almacenamiento de un recuerdo o su recuperación influyen,

y esa influencia era negativa en cuanto a la calidad del recuerdo. Así la Dra Lofthus afirma que todo nuestro ayer, nuestro aprendizaje, nuestro yo, se basa en la memoria, que es como el camino que nos muestra de donde vinimos, preguntándose ¿cuánto podemos confiar en ese camino?

Elizabeth Lofthus concluye que en un juicio, la memoria de un testigo es la evidencia más peligrosa a la que puede recurrirse. Si un testigo define a un acusado y lo entrega como culpable, básicamente este ya puede ser considerado culpable ante la justicia.

Estudios anteriores ya demostraron que la memoria era frágil y presentaba falsos recuerdos, por ejemplo autores como John D. Bransford y Marcia K. Johnson fueron precursores a los estudios de Lofthus en este tema

Volviendo al cuestionamiento que hoy se hace a la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra menores de edad a partir de 1990, fecha en que Chile adscribió a la Convención sobre los Derechos del Niño, puedan ser retroactivos, cabe preguntarse si lo que realmente nuestros legisladores quieren  legislar para un estado justo o se están entregando al populismo y veleidades de voluble mayorías.

Nuestros parlamentarios no deberían olvidar que someterse en democracia sin reglas, ni límites, al arbitrio de la opinión de las mayorías, atenta contra las libertades y la democracia misma

 

Oportunismo, venganza y testimonios falsos

Por Christian Slater Escanilla

El último que habló de revanchismo y oportunismo político o más bien dicho de “venganza” y no justicia, fue un actuario (abogado) que trabajaba con el Juez Mario Carroza, (Radio Universidad de Chile, viernes 05 de enero de 2018). Fue desvinculado de esa labor y nunca más supimos de él. También podríamos comentar las decenas de casos en que, a través de una “ficción jurídica” se condenó a ex militares, donde además se utilizó un procedimiento judicial que quedó derogada entre los años 2000 y 2005. Lo que se llamó la Reforma Procesal Penal.

Ni hablar de los jueces que, reabriendo causas —juzgadas y cerradas en plena democracia— vuelven a investigar y, en algunos casos, condenan sin nunca haber interrogado o conversado personalmente con los enjuiciados por estos temas. Son los mismos que han dejado de perseguir a terroristas y criminales que se pasean libremente por Chile y el mundo. Los mismos que reconocen su color político de izquierda. Pero, más aún, establecen absoluciones para terroristas como el que secuestró a Cristián Edwards. Sumemos los que son protegidos por el comunismo internacional y viven libremente en México, Francia o Argentina. Ellos son intocables.

Condenas que se realizan con la verdad única y exclusiva del Juez quien, indebidamente amparado en el antiguo sistema procesal penal, es el único que persigue, interroga, juzga y sentencia. Para ello, utilizan testigos que después de más de 40 años, creen recordar cosas que nunca sucedieron o las recuerdan —para no ser mal pensado— de una forma diferente a cómo realmente sucedieron. Esto se reconoce como el desarrollo de memorias distorsionadas o totalmente falsas. Al respecto, la Doctora en psicología Elizabeth Loftus, de la Universidad Irving de California, nos comenta: “hay muchos individuos en nuestra sociedad que han sido encarcelados por crímenes que no cometieron. En Estados Unidos un proyecto recopiló más de 300 casos de personas que habían sido encarceladas por error. Cuando esos casos fueron analizados, se descubrió que la principal causa de equívoco fue la memoria defectuosa, el testimonio defectuoso de los testigos”. Al respecto, estimado lector, puede encontrar en la WEB, innumerables reportajes sobre este tema.

No está de más recordar que en Chile —algo que sigue pendiente— el Código Penal establece el delito de prevaricación para los jueces de todo tipo y fiscales judiciales, cuando fallen contra lo que indica la ley vigente, lo mismo cuando se dicten sentencias manifiestamente injustas.

Que lo anterior, algún día, se investigue y se revisen las condenas dictadas, aún es parte, de la esperanza de muchos chilenos. O, al menos, teniendo a la vista lo señalado por los estudios de la Doctora Loftus, se cuestione y definitivamente se anule el exagerado valor que los Jueces le dan a las declaraciones de testigos que, muchas veces, tienen antecedentes alcohólicos, de drogadicción o poseen un escaso nivel intelectual.

Golpe queremos

Por Joaquín García Huidobro Correa

Nuestros poderes del Estado no están de acuerdo acerca de qué Venezuela debería ser invitada a la cuenta presidencial, porque hay dos y están enfrentadas a muerte. Para el presidente del Senado, la representante de Guaidó y de la casi totalidad de los trescientos mil connacionales suyos que viven en Chile, simplemente no existe.

“Todo se arreglaría con un golpe de Estado en Caracas”, dicen numerosos venezolanos y repiten en voz baja bastantes chilenos; pero las posibilidades no parecen muchas y Guaidó sigue vagando como alma en pena.

Las razones de la ausencia de ese golpe parecen sencillas a primera vista: los chavistas aprendieron del caso chileno y saben que hay que tener bajo control a las Fuerzas Armadas. Lo vio Carlos Altamirano en su tiempo, quien tenía claro que el futuro de la Unidad Popular exigía alinear a los militares con la revolución socialista. Ese era el Altamirano fiero, no el hombre que murió esta semana, el que reconocía haberse equivocado.

Otros piensan que los militares son apenas unos títeres de fuerzas más poderosas (EE.UU., Rusia, China y Cuba) y que la decisión final no depende de ellos.

Las explicaciones, en principio, parecen perfectas: no hay golpe porque eso lo deciden otros o porque Maduro se compró a las FF. AA.; los militares viven como reyes mientras el pueblo se muere de hambre. Además, él controla la judicatura y tiene a su país militarmente ocupado por Cuba. Esto explica en parte la brutalidad de su represión, que difícilmente la ejercerían unos venezolanos chavistas sobre sus compatriotas.

Sin embargo, esos razonamientos presentan una debilidad. Suponen que los 250 mil uniformados venezolanos son todos unos corruptos o débiles, y que apenas hay un par de patriotas en ese mundo castrense. ¿No habrá una explicación distinta o al menos complementaria de las anteriores?

Es verdad que Chávez y Cuba aprendieron del ejemplo chileno de 1973, pero también nuestro caso actual tiene enseñanzas interesantes que ofrecer; no a Maduro, sino a los militares venezolanos. Se trata de unas lecciones amargas, capaces de disuadir al militar más patriota de intentar esa aventura golpista que muchos proponen.

No cabe negar que en Venezuela hay hambre, tortura, desabastecimiento, inseguridad, carencia de medicinas básicas, represión a los disidentes, desnutrición infantil creciente, violación de la Constitución y falta de libertad. Además, casi todos los gobiernos democráticos han desconocido la legitimidad del régimen de Maduro. Pero los numerosos soldados y asesores cubanos que están instalados en ese país son cosa seria, y además, el gobierno cuenta con una Milicia Bolivariana numerosa y violenta.

Si los militares intentan tomar el poder habrá tiroteos, muertos y abusos, tanto por exceso de fuerza como por la acción de criminales que llevan uniforme, como en todo golpe de Estado. Por otra parte, no se desarma de un día para otro la burocracia chavista que ocupa el aparato estatal ni resulta hacerlo con guante blanco. Así las cosas, habrá miles de exonerados y exiliados. Cabe la posibilidad de que el golpe sea exitoso y que Venezuela retorne a la normalidad, pero será un proceso de años. Entretanto, vendrá una nueva generación, que no vivió esa historia y la juzgará con otros esquemas mentales. Los juristas desarrollarán sus teorías y todo será visto como una cuidadosa operación de exterminio, donde no solo el criminal, sino hasta el chofer veinteañero que conducía un jeep será acusado de genocidio, como sucedió en Chile.

Los que hoy llaman “gallinas” a los militares, mañana estarán dedicados a enriquecerse y mirarán para otro lado. Es posible que subsistan núcleos de violencia chavista y muchos pedirán “mano dura”, como una vez lo hicimos nosotros, que “solo queríamos un poco de orden”. Hoy decimos que no tenemos responsabilidad por lo que pasó en Chile, como tampoco la izquierda. Los civiles de uno y otro lado decimos: “Lo siento, yo quería otra cosa”.

Los militares venezolanos no son corruptos ni cobardes; no, al menos, la mayoría de ellos; incluso es posible que haya en sus filas muchísimos patriotas. ¿Por qué, entonces, no hay golpe? Porque hasta ahora no existe un número suficiente de ingenuos que lo intenten cuando saben lo que les sucederá dentro de unos años.

En efecto, un penal en la isla Margarita para los responsables de esos crímenes servirá para limpiar la conciencia del resto de la sociedad, como en nuestro Punta Peuco, donde hay de todo. Ellos representarán la quinta esencia del mal, mientras miles de venezolanos habrán vuelto al país y no querrán oír hablar de esos parias. Así lo dirán las encuestas, ese curioso mecanismo que fuerza a los gobiernos a confinar esos fantasmas que nos recuerden que una vez dijimos: “Golpe queremos”. Venezuela está como Chile hace 46 años, pero su caso podría ayudarnos a entender que las cosas son más complejas de lo que pensábamos Altamirano y muchos de nosotros el 10 de septiembre de 1973. Sus militares lo saben y por eso no quieren dar ese doloroso paso.

La historia se escribe con la izquierda

Por Cristian Valenzuela Guzmán, Director de Desarrollo, Facultad de Derecho en Pontificia Universidad Católica de Chile

No busco en estas líneas empatar lo inempatable. Las violaciones a los derechos humanos no se justifican ni se contextualizan nunca. Pero no deja de ser curioso como múltiples actores políticos han salido a alabar la figura de Carlos Altamirano. Desde la izquierda más extrema, pasando por la DC y hasta la vocera de Gobierno, se han centrado en dotar a Altamirano de esa aura de revolucionario, que huyó y sufrió en el exilio, y que en su propia conversión se transformó en el artífice de la reconciliación chilena y de la recuperación política, económica y social de nuestro país. Claro, todas estas alabanzas son posibles porque la historia se escribe con la izquierda. Con la mano cargada por la ultra izquierda.

En verdad, lo que estos relatos omiten fue la responsabilidad primaria y fundamental que le cupo a Altamirano en la crisis total de la Unidad Popular. Como dirigente socialista, presionó y presionó al fracasado Gobierno de Allende, atizó a las masas y jugó con las ilusiones de millones de chilenos al generar las condiciones para el colapso total de nuestro país. La política chilena entró en crisis y Altamirano fue uno de los grandes responsables de que ello ocurriera. Que duda cabe que frases como ““La conjura de la derecha sólo puede ser aplastada con la fuerza invencible del pueblo unido a tropas, clases, suboficiales y oficiales leales al gobierno constituido” fueron llamados directos a la confrontación entre chilenos. O cuando afirma que “El golpe se aplasta con la fuerza de los trabajadores”, no buscaba sino seguir profundizando las divisiones entre los chilenos y amenazar la legítima reivindicación que distintos poderes del Estado y actores políticos querían buscar del fracasado Gobierno de Allende.

Aún así, luego de varias décadas, tenemos que asistir silenciosos al funeral de este verdadero héroe de la Patria que, a pocos días de las Glorias Navales, pareciera que algunos quisieran equiparar a Prat o a tantos otros héroes eternos por su supuesto aporte a la restauración democrática. No puedo sino disentir de esa mirada tan parcial. ¿Cuáles fueron las virtudes de Altamirano? ¿Provocar con su retórica la guerra civil en Chile? ¿Arrancarse del país para vivir en Berlín y París? ¿Regresar al ostracismo en Chile? Altamirano pertenece a ese exclusivo club de izquierdistas arrepentidos que gozan de la impunidad de sus actos en el pasado y que viven el presente como testimonios vivos del romanticismo revolucionario que muchos aún añoran.

Varios de ellos, terroristas confesos, que caminan libremente por la calle y que fueron liberados de culpa por sus delirios de juventud. Algunos de ellos siguen dictando cátedra, participando del análisis político y plenamente integrados en la sociedad capitalista que tanto lucharon por derribar. Otros, increíblemente, están sentados en el Congreso, recibiendo sueldos y pensiones que pagamos todos los chilenos y sin haber cumplido un día en la cárcel por los crímenes, complicidades y omisiones de su época. Por último, están los que siguieron robando, secuestrando y amedrentando, y que siguieron viviendo en clandestinidad, hasta que los pillaron. Esos que nunca renunciaron a sus nefastos ideales y que, sin perjuicio de ello, siguen siendo venerados por las nuevas generaciones de izquierda, sea que estén presos en Brasil o libres caminando por las calles de París.

¿Quién le cobró la cuenta a esos revolucionarios fracasados? ¿Quién los funó? ¿Quiénes los fustigan hoy, en la hora de su muerte, increpándolos por todo el daño que hicieron en vida y las consecuencias irreparables de sus actos antipatriotas? Muy pocos. Casi nadie.

En la otra vereda, cientos de oficiales, suboficiales, clases y soldados siguen pagando las culpas, en la cárcel, por lo que ocurrió hace 45 años atrás. A ninguno de ellos la historia les favorece ni hay capítulo alguno de su trayectoria que pueda aminorar sus condenas. No, ellos fueron los únicos violadores de los derechos humanos de los chilenos y todo el régimen asociado a sus crímenes debe ser borrado de la faz de la tierra. Sus honores degradados, sus familias perseguidas, su historia eliminada. Las estatuas se las lleva Allende, los honores, Altamirano. A estos hombres, la prisión y el destierro ideológico.

Para la izquierda, narradora exclusiva de los acontecimientos de Chile en las últimas décadas, los únicos responsables de la destrucción de Chile en 1973 son las Fuerzas Armadas y los civiles que participaron en el régimen militar. Ellos no se pueden arrepentir, ellos no pueden cambiar. Ni ellos, ni nosotros sus hijos, podemos cuestionar la historia ni participar de los procesos de modernización actual del país, porque cargamos con una deuda histórica que jamás será saldada y que ellos se encargan, una y otra vez, de seguir reescribiendo cuando muere algún antiguo jerarca.

No busco en estas líneas empatar lo inempatable. Las violaciones a los derechos humanos no se justifican ni se contextualizan nunca. Pero lo que es inaceptable, es que la izquierda siga escribiendo la historia a su manera y nos imponga, desde su falso altar moral, a todos estos héroes fracasados, que no solo no son virtuosos, sino también son culpables de la división de Chile y responsables de sus horrores.

Murió esperando justicia

Por Roberto Hernández Maturana

El 30 de enero de 2019, tras 16 años de investigación, el juez Alejandro Madrid dictó sentencia condenatoria contras seis procesados por su presunta participación en el homicidio del ex Pdte Eduardo Frei Montalva. En un fallo, de más de 800 páginas, el magistrado condenó al principal imputado, el médico Patricio Silva Garín a diez años de cárcel como autor del delito de homicidio simple.

Recientemente, el 8 de mayo pasado, el Dr Silva Garín falleció a los 90 años de edad. Se le había condenado en primera instancia por su responsabilidad al operar al ex Mandatario por segunda vez -luego de su agravamiento tras una primra operación.

Al ex Pdte Frei Montalva se le realizó una primera intervención de hernia al hiato por parte del doctor Augusto Larrain, A consecuencia “una sutura mal realizada”- se habría producido una infección postoperatoria, con una consecuente infección del intestino delgado que requirió de una difícil segunda operación para cortar el intestino, con gran riesgo infeccioso. Esta segunda operación estuvo a cargo del doctor Patricio Silva Garín, entonces coronel de Servicio de Sanidad del Ejército, quien se desempeñaba en el Hospital Militar, y que en la misma época del homicidio de Frei Montalva. El doctor Silva Garín se habría hecho cargo de esa segunda operación, porque el doctor Larraín no se encontraba en Santiago cuando se produjo la urgencia. El Dr Silva Garín siempre manifestó a diversos medios de prensa que el ex Mandatario “se murió de una enfermedad que no se pudo arreglar, esa es la única verdad”.

La familia lamentó que “al dolor de su partida, se suma la impotencia de saber que ya no verá el fin del proceso en que fue injustamente vinculado por las mas infundadas imputaciones que, lamentablemente, encontraron respaldo en un fallo judicial de primera instancia, que ha sido transversalmente cuestionado”.

Ascanio Cavallo. El autor de la “Historia oculta del régimen militar” y la “Historia oculta de la transición”, escribió una columna en La Tercera titulada “Frei”, donde desglosó -y desarmó- minuciosamente las conclusiones de los más de 16 años de investigación del Ministro Madrid.

Así, quien fuera director de la revista Hoy -emblema de la oposición al régimen militar- señaló que no se pudo “‘acreditar con certeza’ que hubiese una autoridad superior tras el crimen. En consecuencia, por ahora, nadie ordenó ese crimen”. En la semana del fallecimiento de Silva, Cavallo volvió a plantear su opinión en T13 radio y no otros medios subrayó que al Dr Silva se le acusó de “cosas laterales, como haber sido médico militar” y que el fallo le parece “mal fundado”.

Ascanio Cavallo manifiesta que el fallo le parece sumamente insuficiente desde el punto de vista de las pruebas que aporta para sostener las acusaciones. Creo que son acusaciones fundadas en meras suposiciones. No se ha demostrado que exista un crimen ni se ha demostrado lo más importante en un crimen que es el arma, cómo se cometió y en definitiva quién lo cometió. El juez ha hecho acusaciones a las personas que están en los alrededores. “El doctor Patricio Silva fue el que hizo la segunda operación, no la primera, por lo tanto, es difícil sostener que él inició la cadena, más bien fue un continuador. Y de lo que se le acusa son de cosas laterales como haber sido médico militar, haber sido el encargado del hospital del Estadio Nacional, de algunas clínicas del Ejército. O sea, la acusación consiste en haber pertenecido al Ejército y a mí eso me parece que es muy ineficiente.”

Lo importante aquí es destacar que procesos como los vividos por el Dr Silva lo viven también hoy cientos de ex uniformados, que en su mayoría siendo jóvenes subalternos, soldados, suboficiales u oficiales integraron las Fuerzas Armadas en 1973. Ellos son citados a comparecer a un tribunal sin asistencia de abogado, donde el imputado y los testigos declaran al tenor de las preguntas del actuario en un procedimiento escrito de carácter secreto en la etapa de sumario y mediado a través de actuarios, donde una sola persona, el juez, es el encargado de investigar y dictar sentencia, lo cual  difícilmente,  le permite un necesario distanciamiento para dictar una sentencia más objetiva.

Es decir, no Hubo para el Dr Silva, ni hay para los ex uniformados procesados la presencia del Juez de Garantía, quien es el único autorizado para disponer el ingreso a un recinto penitenciario, como si lo hay para el resto de los chilenos, donde hay un Ministerio Público, a cargo de la instrucción en el proceso, dirige y coordina la labor policial durante la investigación garantizando una mayor imparcialidad; donde el procedimiento se hace en forma oral, público, en que las partes están ante el Ministerio Público, Juez de Garantía o Jueces de Tribunal Oral en lo Penal directamente, sin intermediarios; donde el Fiscal, estudia los antecedentes de la investigación y acusa ante el Juez de Garantía, en presencia del Defensor; donde acusados y testigos deben ser interrogados por un Fiscal y un Defensor ante el o los Jueces, en términos claros y comprensibles; donde se restringe la prisión preventiva a los casos realmente necesarios y amplía otras posibilidades de medidas cautelares contra el imputado; donde las pruebas de testigos, peritos, material y de cualquier otro tipo, para que tenga valor, deben rendirse en el juicio oral y público.

Todas estas garantías de procedimientos legales  que son aplicadas a todos los chilenos, le son negadas a los ex uniformados que son juzgados bajo un sistema procesal penal derogado en Chile el año 2005, pero que se mantuvo para los procesos a los ex uniformados.

Sin duda que cualquier tribunal del sistema procesal penal que hoy rige para todos los chilenos excepto para los ex uniformados, habría considerado insuficientes las pruebas presentadas para acusar al Dr Garín… como también consideraría insuficientes las pruebas que hoy se usan bajo el antiguo sistema procesal penal ya derogado en Chile, pero vigente para los ex uniformados para acusarlos judicialmente por hechos acaecidos hace mas de 45 años.

Finalmente lo que se pide lo que se exige no es misericordia, sino la aplicación de una justicia “justa”, la misma que hoy se da a todos los chilenos, excepto a los ex uniformados que sirvieron en el régimen militar.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Independencia de los Estados

Por Roberto Hernández Maturana

El Pleno de la Corte Suprema chilena, anunció que, en cumplimiento de un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declarará que varias condenas penales ejecutoriadas por delitos de violencia en La Araucanía «no pueden permanecer vigentes», ya que según la CIDH, se habría violado el principio de legalidad y la presunción de inocencia, al mantener vigente y aplicable la Ley Antiterrorista a las referidas personas. Por ello, se condenó al Estado a «adoptar todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole para dejar sin efecto» dichas sentencias.

Los mismos derechos que hoy  son negados a cientos de ex uniformados, condenados o procesados que en su mayoría siendo jóvenes subalternos, soldados, suboficiales u oficiales integraron las Fuerzas Armadas en 1973 y que son citados a comparecer a un tribunal sin asistencia de abogado, donde el imputado y los testigos declaran al tenor de las preguntas del actuario en un procedimiento escrito de carácter secreto en la etapa de sumario y mediado a través de actuarios, donde una sola persona, el juez, es el encargado de investigar y dictar sentencia, lo cual  difícilmente,  le permite un necesario distanciamiento para dictar una sentencia más objetiva y donde finalmente son condenados a base de «ficciones jurídicas», o «pruebas» que son inaceptables en el nuevo sistema procesal penal vigente en Chile desde el año 2005 para todos los chilenos, excepto para los ex uniformados.

De esta forma la Corte Suprema resolvió dejar sin efecto las sentencias argumentando las obligaciones internacionales asumidas por Chile (y recogidas constitucionalmente en el artículo 5 inciso 2 de la Constitución) y el principio de inexcusabilidad que la afecta, en cuanto a no poder dejar sin resolver un asunto que se le plantee, aun sin haber una ley que lo zanje.

La insólita decisión de la Corte Suprema, revela que la CIDH está excediendo con mucho el rol que le confiere la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, para imponer criterios morales e ideológicos con prescindencia de las políticas y leyes aprobadas por cada país.

Cabe hacer notar que en las últimas décadas la CIDH ha asumido una posición crecientemente intrusiva y autoritaria. A pretexto de efectuar una interpretación «evolutiva» de los tratados, crea derechos que no figuran en la Convención o Pacto de San José, como cuando condenó a Chile en el caso de la jueza Karen Atala, el año 2015 en que se alegó la responsabilidad internacional del Estado chileno por violaciones cometidas mediante una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que le revocó a la Sra.  Atala la tuición de sus tres hijas (5, 6 y 10 años de edad) fundándose exclusivamente en prejuicios discriminatorios basados en su orientación sexual.

Por si lo anterior fuera poco, la Corte IDH pretende que la forma en que ella entiende la Convención obligue a todos los Estados, y que sus tribunales internos, en caso de encontrar leyes o normas que contradigan esa jurisprudencia, deben declararlas contrarias a la Convención.

Lo más preocupante es que la Corte ha comenzado a sostener que también puede pronunciarse sobre la vulneración de derechos económicos, a pesar de que la Convención los excluye como derechos exigibles. Nuestro sistema educacional, previsional y de salud, y sus reformas, quedarán bajo la lupa de estos organismos internacionales.

Los hechos comentados se tradujeron finalmente en una declaración bastante tibia del gobierno chileno, quien junto a  los gobiernos de Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay, al tiempo de reafirmar su compromiso con el sistema interamericano de derechos humanos, pidieron respetar la autonomía de los Estados, y conceder un margen de apreciación sobre cómo proteger esos derechos conforme a sus propios procesos democráticos generando un importante debate acerca del rol que cumplen los organismos internacionales.

De ésta forma parece urgente y necesario que el Estado en su conjunto se haga cargo institucionalmente del problema, implementando las modificaciones legales que sean necesarias para solucionar el vacío jurídico producido con la resolución de la Corte suprema chilena.

Quizás dadas la evidente interferencia que la CIDH demuestra en la vida de los países lo esperable era proponer una profunda modificación del Pacto de San José para que el sistema interamericano de derechos humanos recupere su subsidiariedad y sea integrado por juristas imparciales, que respeten las reglas y no las amañen para impulsar agendas político-partidistas.

No obstante lo anterior, los hechos confirman la necesidad de discutir abiertamente y ojalá – algo que parece imposible  – discutir sin los apasionamientos políticos  que el tema conlleva  la «importancia que en este caso tiene el principio de la subsidiariedad para la distribución de competencias del sistema interamericano», especialmente si consideramos que el autoritarismo judicial de  la Corte IDH tienen como aliados en cada Estado a sectores políticos que comparten su ideario liberal-progresista. Una muestra de cómo funciona esta «coalición» es el acuerdo de solución amistosa que el gobierno chileno aceptó para aprobar el matrimonio «homosexual». La denuncia fue hecha por el Movilh, y la Presidenta Bachelet, sin consulta al Congreso ni a la ciudadanía, suscribió el acuerdo con la Comisión, poniendo a Chile en la disyuntiva de, o aprobar esa ley o ser demandado como violador de derechos humanos.

La necesidad de resolver esta situación despejaría muchas interrogantes tanto del sistema judicial vigente en Chile, como también incluso de quienes concurren a nuestros tribunales, al saber que una nueva instancia judicial, por sobre los tribunales chilenos asoma en el horizonte

 

Corrupción y posverdad, los males de nuestro tiempo

Por Roberto Hernández Maturana

La corrupción que se ha venido detectando en nuestras instituciones revela una enfermedad de nuestra sociedad en su conjunto cuyas causas son difíciles de determinar, pero que alcanzamos a percibir en las características más profundas del ser humano y que parecen inherentes a él.

Y ello no solo es propio de la sociedad chilena, sino más bien parece ser un fenómeno que se está dando en el mundo entero.

China lucha contra la corrupción decretando pena de muerte incluso, para los personajes públicos que caen en ella. Noticias de corrupción en los países de Europa del este son frecuentes; el mismo Putin ha sido acusado de corrupto…, tampoco está libre de este flagelo los EE.UU.N.A., cuyos políticos y jueces son cuestionados frecuentemente por corrupción.

Entre varios de nuestros vecinos la corrupción se ha institucionalizado y son varios los países en que sus ex presidentes son hoy juzgados por corruptos; en Brasil Lula cumple condena en prisión; en Argentina la ex presidenta Cristina Fernández con varios requerimientos de la justicia y en Perú, varios ex mandatarios investigados, donde el suicidio del ex presidente Alan García desnuda trágicamente los tiempos que vivimos.

No deja por otra parte de ser relevante las palabras que nos dejara el ex presidente  peruano en su mensaje póstumo: “en estos tiempos de rumores y odios repetidos que las mayorías creen verdad, he visto como se utilizan los procedimientos (judiciales) para humillar, vejar y no para encontrar verdades”.

¿Está Chile libre de la corrupción que se percibe en otras partes del mundo?

Si bien las causas y hechos que definen la corrupción contemporánea van mucho más allá de lo expresado por el presidente García en su carta final, vale la pena detenerse a meditar en como en la era de la información y la posverdad se construyen “realidades” y se asesina mediáticamente a personas, instituciones, incluso a grupos generacionales completos, mediante el uso y abuso de la justicia, decretando la muerte en vida de los acusados, antes incluso que los procesos terminen y la justicia cumpla su rol.

Hay expertos constructores de posverdades, especialistas en deformar la historia y ejecutar públicamente a cualquiera contrario a sus intereses, no esperando el fallo de la justicia, para promover el linchamiento del contrario por parte de multitudes manipuladas

Y hablando de posverdades, realidades construidas y asesinatos de imagen, hace poco estuve en una reunión de ex militares, todos ellos subalternos en los años del gobierno militar, la mayoría pasando  los 60 años.  Impresiona constatar que casi todos los asistentes habían sido llamados a comparecer ante un tribunal por hechos acaecidos hace 46 años, impresiona también constatar el número de procesados por la justicia en espera de un fallo definitivo, todos ellos procesados hace ya largos años, bajo el antiguo sistema procesal penal derogado en Chile el año 2005,  la mayoría sin haberle visto nunca la cara al juez que los juzga, sino solo a actuarios; todos ellos procesados a base de testimonios febles, que van desde recordar la voz, encontrar un parecido físico  del acusado con el presunto autor del hecho por el que se le acusa (¡más de 40 años después!); o porque pertenecía a la unidad militar en la fecha de los hechos que se investigan, o porque perteneció antes o después, por lo tanto “debía saber”. Pero no sólo en esa reunión habían procesados condenados en primera o segunda instancia…, también habían absueltos en primera instancia, por haberse comprobado su no participación en los hechos por los que se les acusaba, pero que aún mas de un año después, siguen procesados porque la justicia, las cortes superiores, no han visto sus casos, con todas las restricciones e interdicciones y perjuicios que ello significa. Y no hablemos de los ex militares presos hoy encarcelados, condenados en idéntica forma a la ya descrita.

Así, lo expresado por el difunto ex presidente del Perú, la “realidad” más allá de la investigación necesaria, con la imparcialidad y justicia que corresponde, se ve manipulada  ante y por la prensa y ante la opinión pública condenando a una generación completa de ex uniformados como una “generación maldita”, expuesta a una constante acción de venganza más que de justicia, que practica la izquierda sustentada por múltiples organizaciones financiadas muchas de ellas desde el exterior, y que actúan con la complacencia de moros y cristianos y la indiferencia de un gobierno, que se comprometió con el mundo militar en retiro, no al “perdonazo”, sino a la búsqueda de una justicia “justa”, cosa que a la fecha no ha cumplido, ratificando que acá también “en estos tiempos de rumores y odios repetidos que las mayorías creen verdad”, se ve “como se utilizan los procedimientos (judiciales) para humillar, vejar y no para encontrar verdades”.

Volviendo al tema de la corrupción, el tren que empuja esta lacra que se vive en tantos lugares del globo  en nuestros días, ha sido empujado sin duda por un excesivo individualismo donde el yo está por sobre los demás, donde lo individual está por sobre lo colectivo, donde las redes sociales son usadas sin contemplaciones para “construir” realidades alternativas, donde el delincuente poblacional y el más alto directivo institucional persiguen lo mismo… la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida… una de las definiciones del hedonismo. Lo vemos en las investigaciones que hoy se hacen tanto en la iglesia Católica como Protestante, en el Ejército y Carabineros, en las presiones del mundo político sobre todos los ámbitos de la vida diaria para influir para aumentar sus cuotas de poder…, y últimamente en los extraños hechos que se investigan en el poder judicial que comienzan a destaparse en el máximo tribunal de Rancagua, que abarcan desde la negativa de la Corte Suprema que  desestimó iniciar de inmediato el proceso de remoción de los 3 ministros de esa Corte de Apelaciones, al estimar que no está finalizado el procedimiento disciplinario que tramita la ministra Rosa Maria Maggi por corrupción, y que faltaban antecedentes para proceder a la destitución al no contarse con un informe de la ministra instructora, hasta las hasta ahora no aclaradas intervenciones de parlamentarios en cosas propias de otro poder independiente del estado,  como las del Senador Letelier con los cuestionados ministros de la corte de Rancagua, y donde el fiscal de Alta Complejidad de O’Higgins, Sergio Moya, quien indaga los actos de corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua, acusa a su superior el fiscal regional Emiliano Arias  de haber actuado de manera irregular en el caso Caval, y haber obstruido la investigación en el caso de los jueces de la Corte, y tener un trato preferente con un abogado del Ministerio del Interior,  y haber filtrado información a un familiar en Puerto Montt, por lo que la Fiscalía Nacional deberá decidir si abrirá un sumario y/o una investigación penal contra Arias.

Así las cosas, para donde mire el ciudadano medio, ve enrarecido el ambiente y con un cierto dejo de angustia, ante la situación que viven las instituciones que son los pilares en que se debe sustentar el Estado y que constituyen las garantías  de una buena convivencia social pero que hoy son puestas a prueba en la fortaleza o fragilidad de las columnas doctrinarias que las sustentan.

Si las personas medianamente instruidas se muestran confundidas… ¿qué se puede esperar de jóvenes que no estudian, que no trabajan, que no tienen otro horizonte en la vida que aquel que les ofrece el rédito inmediato del mundo del narcotráfico y del delito violento por el cual saben que si son detenidos, a lo más sufrirán una pena muy menor?

La tarea es ardua; las instituciones no solo deben “ser”, sino que también “parecer”… deberán depurarse a si mismas para después volver a ser y practicar aquello ´para lo que fueron creadas.

Corte de Rancagua: razones para el desconcierto

Editorial diario El Mercurio de Santiago, domingo, 21 de abril de 2019

Inquietantes situaciones empiezan a rodear la investigación respecto de tres ministros de la Corte de Rancagua, suspendidos de sus funciones y objeto de gravísimas acusaciones. La denuncia formulada por el fiscal de alta complejidad contra su superior, el fiscal regional de O’Higgins, abre una nueva arista en este caso, cuyos alcances -dada la incompleta información de que por ahora se dispone- son difíciles de evaluar, pero suscitan inevitable desconcierto. Como reiteradamente se ha dicho, la eventual venalidad de un juez supone grave afectación del Estado de Derecho. Frente a ello y a la desconfianza ciudadana, solo cabe como respuesta el compromiso del Poder Judicial y del Ministerio Público con la clarificación total de los hechos, y la persecución y sanción de las eventuales responsabilidades involucradas.

Lamentablemente, varias de las señales recibidas por la opinión pública durante la semana a propósito de esta indagatoria han resultado confusas. En ese sentido, cabe mencionar también la precipitada votación realizada por la Corte Suprema respecto de abrir desde ya un cuaderno de remoción a los tres jueces suspendidos. Encontrándose en marcha las investigaciones, dicha votación solo produjo un efecto que era anticipable, cualquiera fuese su resultado, en cuanto a distraer la atención en relación a lo que debe ser hoy su único foco, esto es, el avance de la investigación, y dio pie a innecesarias especulaciones.

Por último, las explicaciones que se han conocido respecto de la gestión de un senador de la zona ante el fiscal nacional el año pasado tampoco han resultado particularmente felices.

¿De que justicia me habla?

Boletín informativo del Movimiento Nacional Sindicalista – MNS, No 133– 21 de abril 2019

El escándalo relacionado con los pormenores conocidos en relación a la suspensión de tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua ha estallado, aunque ya hay muchos tratando de bajarle el perfil. Lo que se ha sabido es gravísimo: se habla de prevaricación, nepotismo, enriquecimiento ilícito, magia negra, tráfico de influencias, drogas. El Ministerio Público no se escapa: un fiscal acusa a otro de obstrucción a la justicia y más. Al Fiscal Nacional, elegido en dudosas circunstancias (recordemos que se sospechaba que su designación acordada entre izquierda y derecha tenía como objetivo sancionar un “arreglín” para el caso Soquimich), ya no le cree nadie. La Corte Suprema rechazó, por un voto, iniciar el procedimiento de remoción de los jueces suspendidos, dejando una impresión de defensa corporativa, a pesar de explicitar sus razones. A menos que fructifiquen las maniobras para “echarle  tierra”, las ramificaciones y consecuencias pueden ser muy extensas, con el consiguiente daño para nuestras cacareadas “instituciones republicanas” y la reputación de “país menos corrupto de América Latina”.

Que el caso de los tres jueces de Rancagua sea sólo la punta del iceberg no nos extraña. Conocemos la prevaricación y las “ficciones jurídicas” desde hace años en los procesos a militares. La facilidad con que delincuentes con amplios prontuarios salen en libertad para reincidir hace temer que existan razones más allá de leyes poco eficaces.

Muchos dictámenes en la Araucanía hacen que la gente discuta si son dictados por temor o simpatía. Más sincero fue lo que dijo el ministro de Justicia: jueces de izquierda.

El estado de derecho está siendo minado por la corrupción del poder judicial, tolerada y eventualmente fomentada por los gobiernos del NO y facilitada por la ausencia de control externo. Por eso, Convergencia Nacional de Chile plantea que “todos los Poderes del Estado, deben ser controlados y evaluados en el cumplimiento de sus deberes, así como sancionados si ello no ocurre. El pueblo debe ejercer dicho control y sanción a través de su participación social.

¿Cómo el pueblo debe hacerlo? Por medio de un Consejo Nacional de Justicia (CNJ), que será una instancia de participación y un órgano de control autónomo con rango constitucional” (Nación y Estado, 2017).

Altos mandos militares y judiciales corruptos y clientela electoral comprada con bonos y subsidios fueron las herramientas del chavismo en Venezuela.

Prevaricación contra el periodismo

Por Patricio Quilhot Palma

Hoy se ha conocido el que quizás podría ser el fallo judicial más emblemático sobre casos de derechos humanos. Una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ha acogido un Recurso de Protección de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, ordenando al Diario La Tercera rectificar y pedir disculpas por una información publicada…¡en el año 1973!…

Tan sorprendente resolución judicial, adoptada por la actual candidata a la Corte Suprema, la ministra Dobra Lusic, acompañada por el conocido persecutor de casos de derechos humanos, el ministro Leopoldo Llanos y por la abogada Carolina Coppo, ha causado estupor en la comunidad nacional, en especial en quienes practican la disciplina jurídica. El fallo dado a conocer por la corte establece que un periódico de amplia circulación nacional, como La Tercera, cometió actos ilegales y arbitrarios al publicar, hace ꟷni más ni menos queꟷ cuarenta y cinco años atrás, una noticia respecto a la muerte de dos posibles terroristas, acto que habría vulnerado sus garantías constitucionales, consagradas en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política del Estado de Chile.

La mirada de un simple ciudadano, sin tener la formación de abogado, basta para darse cuenta que algo anda mal en un fallo de esta naturaleza. Una sanción judicial asignada a un caso de este tipo, ocurrido hace casi medio siglo, ya sería suficiente como para llamar la atención por su extemporalidad. Pero lo que raya en lo increíble, es la conexión realizada para ligarlo con “delitos de lesa humanidad”, basados, como siempre, en un Estatuto de Roma que recién en 2009 entró en vigencia en Chile. ¿El propósito de ello?: evitar tener que aplicar la prescripción.

Los militares en retiro, pertenecientes a la generación maldita ꟷaquella que fue llamada a actuar por la misma sociedad que hoy les vuelve la espaldaꟷ conocen perfectamente bien el tortuoso camino adoptado para eludir la prescripción, negar la aplicación de una amnistía jamás derogada y aplicar con efecto inconstitucionalmente retroactivo el concepto de “lesa humanidad”. Lo que nunca se habría esperado es que ello fuese a llegar a un ámbito como el de este caso.

Es gracias a esta peculiar forma de aplicar la Justicia, el que – en esta oportunidad – podamos observar una clarísima demostración de los inescrutables alcances de la campaña vengadora de un sector de la sociedad chilena, identificado con una izquierda derrotada en el pasado y hoy gravemente dañada por su soberbia corrupta. Comprobamos que la falta de obstáculos y la pasividad de la derecha política, permiten y seguirán permitiendo que esta campaña disociadora siga interfiriendo con la vida en paz que todos los chilenos deseamos.

Mientras no haya una reacción eficaz en contra de estos hechos, nadie ni nada impedirá que se siga prevaricando, es decir, que se sigan aplicando las leyes en contra de su espíritu y de los principios jurídicos que les dieron origen. Pese a lo oscura de estas situaciones, da la impresión que la sociedad chilena comienza a perder su pasividad y que el momento en que se exija el juzgamiento de los delitos de prevaricación no debiera estar muy lejos.

No cabe duda que hay buenos jueces que ꟷaunque sea en la intimidadꟷ deben repudiar esta peculiar forma de administración de justicia, discordando de la labor cometida por malos jueces y ministros en visita, designados éstos últimos por un Auto Acordado de la Corte Suprema y no por la Ley, como establece la misma Constitución Política que hoy citan como referencia para condenar.

Si no se pone coto a esto, podremos ver en el futuro a jueces juzgando a los militares chilenos de la Guerra del Pacífico, por el “asesinato cometido por agentes del estado” en contra de los soldados peruanos, durante la toma del Morro de Arica. O, a alguno más osado que el resto, permitiéndose considerar que la muerte de Lautaro y sus guerreros, en la ribera del Río Mataquito, fue un “genocidio”, cometido por razones de raza…lo que ꟷal tenor de lo que sucede en La Araucaníaꟷ quizás se encuentre más cerca de ocurrir de lo que imaginamos.

No es de esta forma que se logrará recuperar la confianza de una sociedad impactada por los actos de corrupción detectados en Rancagua y que recién comienzan a ser conocidos. Hechos como el que se comenta, muestran que el pequeño orificio en la represa comienza lenta pero inexorablemente a agrandarse, insinuando que el escándalo de la esa Corte de Apelaciones en ningún caso será el último. Como dijo Mosciatti, todo indica que sólo se trata de la punta del iceberg.

El problema es que por la vía institucional es casi imposible que se profundice una investigación que pone en riesgo a potentes grupos de poder. Para que ello ocurra es necesario ꟷuna vez másꟷ que la prensa investigue y exponga crudamente los hechos ante la opinión pública, obligando a los responsables a enfrentarlos.

Así ha ocurrido en la mayor parte de los casos y así debiera ocurrir, en especial cuando un poderoso grupo periodístico, como COPESA S.A., recibe este presente de Semana Santa, en que se viola toda lógica esperable y se deja en evidencia la maraña de influencias y manejos, provenientes del sector de siempre: una izquierda mañosa que – después de más de cuarenta años – no acepta que su derrota fue causada por sus propios errores y no por un grupo de jóvenes militares que solo cumplieron las órdenes que dictaron sus superiores, originadas éstas en la angustiosa demanda de un pueblo agobiado por el abuso revolucionario, tal como hoy ocurre con la nación hermana de Venezuela.

La prensa tiene la palabra y los chilenos los oídos para escuchar lo que tenga que decir. Las autoridades pueden esperar tranquilas, porque los hechos no quedarán en limbo en que se acostumbraba, cuando no había redes sociales.

Algo huele mal

Por Fabio Valdés C.

«Algo huele mal en Dinamarca», escribía Shakespeare en su famoso drama titulado Hamlet. Acá en Chile, observo que más de algo huele mal. Ya hemos sido testigos de irregularidades en que han incurrido miembros de instituciones relevantes de nuestro país. Todas ellas fueron o están siendo sometidas al escrutinio de nuestro Poder Judicial a través de sus jueces y fiscales.

Pero ahora la cosa es más grave, muchísimo más grave. Resulta que estamos presenciando que la única institución que debe dirimir los eventuales delitos y sus sanciones ha caído también en irregularidades que tienden un manto de dudas sobre la idoneidad profesional, la calidad ética y también sobre la imparcialidad de algunos de sus miembros.

Recordemos el insólito fallo del juez Madrid sobre el caso Frei Montalva a comienzos de este año, condenando a reputados médicos, varios de ellos muy cercanos al paciente, por un crimen imaginario (el propio juez descarta el envenenamiento, la premeditación y la conspiración) y poco o nada dice sobre la septicemia, asignada por muchos expertos, como la verdadera causa del fallecimiento del expresidente Frei. Su sentencia parece sustentarse solo en la delirante teoría del «contexto» represivo de la época. ¡Increíble irregularidad judicial que espero sea subsanada por los tribunales superiores!

Sigamos con el caso de la Corte de Apelaciones de Rancagua, hoy en trámite investigativo, donde la cosa al parecer no es solo de falta de idoneidad de algunos ministros, sino que de abierta corrupción de dinero que habría inducido a fallos contrarios a la correcta administración de justicia. ¿Quién detiene toda esta podredumbre?, se preguntará el ciudadano de a pie.

Yo acuso, parafraseando a Emile Zola ante los tribunales franceses, a que las más altas autoridades de nuestro Poder Judicial no solo se fijen en la paja del ojo ajeno, sino que también en la viga del propio y tomen las medidas que provoquen en su interior, lo mismo que buscaron con las sanciones que han aplicado a personeros de varias de nuestras instituciones.

Jueces venales

Por Carlos Peña González

Un trío de jueces acaba de ser suspendido por la Corte Suprema. Pesan sobre ellos indicios severos de haber aceptado pagos y dádivas a cambio de decisiones.

¿Cuán grave es esto y cómo se compara con los desfalcos de Carabineros o el desvío de fondos del Ejército?

Para saberlo, hay que dar un rodeo y explicar el papel de los jueces.

Una sociedad es básicamente un sistema de reglas, un conjunto de decisiones que regulan la interacción entre las personas y establecen las bases de la cooperación social. Y como las reglas son mudas -se trata de simples grafías en un papel-, todas las sociedades cuentan con un cuerpo profesional encargado de transmitir la lectura que debe dárseles: estos son los jueces.

Los jueces, en rigor, no tienen como tarea administrar justicia, sino, más precisamente, su tarea es la de interpretar las reglas. Si un observador externo -un visitante de otro mundo- quisiera saber cuáles son las reglas que disciplinan la cooperación social en un sistema legal como el chileno, sacaría poco con leer las reglas. Aprendería más leyendo las sentencias, puesto que en ellas se contiene la manera en que los jueces las interpretan.

Los jueces son los custodios de las reglas, enseñan con sus decisiones lo que es lícito y lo que no. Tienen la última palabra a la hora de decir qué es derecho y qué no.

Por esas importantes funciones que cumplen -tan importantes que es posible imaginar un país sin Congreso, pero no es posible imaginarlo sin jueces, como lo prueba el hecho de que hasta las dictaduras simulan tenerlos- es difícil exagerar la gravedad de lo que se está investigando en la Corte de Rancagua.

Allí, algunos ministros de la Corte -si le creemos a la denuncia- acostumbraban intercambiar decisiones por dinero. En una palabra, vendían sus resoluciones o, si se prefiere, se vendían a sí mismos (porque, después de todo, un individuo, y para qué decir un juez, es la suma de sus decisiones).

Pero eso quizá no sea lo único grave.

También es grave que, según se acaba de revelar, un senador de la república, , solicitara, de manera más o menos eufemística, que se aligerara el escrutinio sobre esos jueces cuando se comenzó a investigar alguna de sus irregularidades.

Cuando los jueces abandonan su papel -es lo que el senador advierte antes de solicitar al fiscal que modificara su conducta-, es el conjunto de la vida social la que comienza a quedar al garete. La reglas, que estaban diseñadas para ordenar la vida social y favorecer la cooperación entre las personas, de pronto desaparecen. Sin jueces -es decir, sin personas que estabilicen su significado y de esa forma dibujen la línea que divide lo lícito de lo ilícito- ya no hay reglas, hay simples grafías en

Si un político intercambia su voluntad por dinero (algo de lo que están acusados Jaime Orpis y Pablo Longueira), el problema compromete al proceso político; si un militar se apropia de recursos públicos, desviándolos del destino previsto por la ley (como se acusa al general Fuente-Alba), su conducta ensucia el prestigio de la institución a que pertenece y el del poder civil que debía controlarlo; pero si un juez vende su voluntad, la negocia con los litigantes y la transforma en mercancía, y hace todo esto en connivencia con abogados, entonces no es ni el proceso político el comprometido, ni una institución en especial la ensuciada, sino que son el conjunto de las reglas, las bases de la vida social, la garantía que los ciudadanos tienen de saber lo que es lícito y lo que es ilícito, lo que principia a desaparecer.

En una sociedad como la chilena, en la que conviven distintos puntos de vista acerca de lo que es bueno o correcto, el único parámetro compartido para guiar la vida común es la ley. Pero si los encargados de decir qué es lo que ella dice, cuál es el sentido o significado que posee, abdican de su deber por codicia, motivos alimentarios o lo que fuera, entonces ese único patrón de conducta compartido, el que permite que personas diversas puedan cooperar entre sí, se deteriora poco a poco y arriesga el peligro de desaparecer.

Y es que en manos de los jueces (y de los abogados) la sociedad ha puesto el principio que la constituye: un conjunto de reglas que deben ser administradas imparcialmente, sin consideración a los intereses individuales en juego y, en cambio, solo intentando discernir lo que ellas quieren decir.

Por eso, la sociedad debe reaccionar severamente si es que es verdad que esos ministros de Rancagua se dejaron seducir por el discreto encanto del dinero o si un senador de la república, Juan Pablo Letelier, solicitó de manera más o menos oblicua que la investigación respecto de un comportamiento irregular de esos jueces (un signo de lo que vendría) se aligerara. La opinión pública aún recuerda el caso de E. Matte intercediendo ante la fiscalía a favor de Karadima (en su favor hay que decir que de inmediato reconoció su error ) y nada justifica aceptar que una conducta semejante, solo porque ahora fue llevada a cabo por un senador, quede en la sombra, al margen del escrutinio y sin crítica alguna. ¿Qué podría explicar que un senador se entreviste con el fiscal nacional para aminorar el escrutinio que el Ministerio Público efectúa sobre unos ministros sospechoso de ejercer torcidamente su papel? Si el empresario respondió prontamente, es de esperar que lo mismo haga ahora Juan Pablo Letelier.

Después de todo, lo que no resultaría aceptable es que hubiera indicios de que un par de jueces traficaban con su voluntad y torcían las reglas y que un senador, el de la región en la que esos jueces ejercían, no haya sido capaz de advertir desde el comienzo la entidad del problema y, en cambio, hubiera sugerido morigerar el escrutinio.

Si un juez se vende -como habría ocurrido en la Corte de Rancagua-, el principio básico de la vida social comienza a desaparecer. Y si un senador interviene para aligerar el escrutinio sobre la conducta irregular de los jueces, el asunto es aún peor.

 

¿Igualdad ante la ley? (basado en una historia real)

Por Roberto Hernández Maturana

El hombre de unos 60 años o más, un militar retirado, está sentado en una silla frente a un escritorio detrás del cual se encuentra una mujer joven que lo mira con actitud hosca. Al lado del hombre, sentado en otra silla, otro individuo mira hacia el techo con actitud indiferente.

La mujer se dirige autoritariamente a sus interlocutores, diciéndoles, que como actuaria del XXX juzgado del crimen, y en la investigación que lleva el Ministro en Visita XXX, que investiga los  hechos que llevaron a la muerte de tres personas el día XXX del mes XXX de 1973, les ha llamado a comparecer en una diligencia de “careo” (es decir confrontar a dos personas que relatan versiones contrapuestas de un hecho – algo que no existe en el sistema procesal penal vigente en Chile, pero si en el antiguo bajo el que se juzga a ex uniformados).

A continuación, se dirige al hombre sentado junto al ex uniformado y le solicita que relate las circunstancias y hechos que presenció el día XXX del mes XXX de 1973. El hombre relata hechos trágicos y lejanos, ante la mirada amarga del ex uniformado. El hombre finaliza su relato diciendo que recuerda que el ex uniformado que tiene al frente era uno de los militares que hace casi 46 años participó en la muerte de esas personas.

La actuaria se dirige al ex uniformado y le pregunta que tiene que decir, negando aquél terminantemente su participación en los hechos descritos. La actuaria pregunta entonces:

– “¿Dónde estaba Ud. el día XXX del mes XXX de 1973?”

– Responde el ex uniformado: ¿Cómo voy a recordar donde estaba un día determinado de hace más de 40 años si apenas puede uno recordar donde estuvo uno un día X del mes pasado?

– ¿Entonces no recuerda donde estaba?, porque su unidad militar se desempeñaba en la zona en que se relatan los hechos insiste la actuaria

– No, no recuerdo…, pero en los hechos en los que se me intenta involucrar no estaba…, un hecho así no se olvida.

– La actuaria se dirige entonces al hombre sentado junto al ex uniformado y le pregunta si tiene algo más que decir. “En mi recuerdo de hace 45 años atrás, en mi mente yo lo tengo a él”… dice.

– El ex uniformado vuelve a negar su participación y solicita entonces que quede textualmente en el expediente la forma en que su contradictor se ha expresado.

Días después el ex uniformado es detenido, sometido a proceso, despedido de su trabajo, confinado en un recinto militar a disposición del tribunal por más de un mes debiendo contratar un abogado, y pagar una fianza para poder salir en libertad, después de habérsele negado en reiteradas oportunidades por considerársele “un peligro para la sociedad”.

Un par de años después, en  circunstancias que rara vez ocurren y que normalmente han terminado con los ex uniformados condenados…, casi milagrosamente dado el tiempo transcurrido, y gracias a la reunión de antecedentes obtenidos por el propio acusado y no por la investigación del tribunal, el ex uniformado logra demostrar su ninguna participación en los hechos, lo que le permite ser absuelto por el juez, pero aún continúa procesado, arraigado, con firma mensual hasta que su causa sea resuelta en los tribunales superiores, dentro de meses o quizás años más.

Querido lector, el hecho que se relata es real…, por razones obvias no se entregan más detalles. Lo importante aquí es destacar que situaciones como estas la viven hoy cientos de ex uniformados, que en su mayoría siendo jóvenes subalternos, soldados, suboficiales u oficiales integraron las Fuerzas Armadas en 1973, son citados a comparecer a un tribunal sin asistencia de abogado, donde el imputado y los testigos declaran al tenor de las preguntas del actuario en un procedimiento escrito de carácter secreto en la etapa de sumario y mediado a través de actuarios, donde una sola persona, el juez, es el encargado de investigar y dictar sentencia, lo cual  lógicamente, no le permite un necesario distanciamiento para dictar una sentencia más objetiva.

Es decir, no hay para los ex uniformados procesados como si lo hay para el resto de los chilenos, la presencia del Juez de Garantía, quien es el único autorizado para disponer el ingreso a un recinto penitenciario, donde hay un Ministerio Público, a cargo de la instrucción en el proceso, dirige y coordina la labor policial durante la investigación garantizando una mayor imparcialidad; donde el procedimiento se hace en forma oral, público y desformalizado, en que las partes están ante el Ministerio Público, Juez de Garantía o Jueces de Tribunal Oral en lo Penal directamente, sin intermediarios; donde el El Fiscal, estudia los antecedentes de la investigación y acusa ante el Juez de Garantía, en presencia del Defensor; donde acusados y testigos deben ser interrogados por un Fiscal y un Defensor ante el o los Jueces, en términos claros y comprensibles; donde se restringe la prisión preventiva a los casos realmente necesarios y amplía otras posibilidades de medidas cautelares contra el imputado; donde las pruebas de testigos, peritos, material y de cualquier otro tipo, para que tenga valor, deben rendirse en el juicio oral y público.

Todas estas garantías de procedimientos legales  que son aplicadas a todos los chilenos, le son negadas a los ex uniformados que son juzgados bajo un sistema procesal penal derogado en Chile el año 2005.

A modo de conclusión, quisiera dejar aquí las consideraciones empleadas por Dn. Orlando Sáenz Rojas, ex Presidente de la Sociedad de Fomento Fabril entre 1971 y 1974; opositor al régimen militar; Presidente del movimientos de independientes por el NO en el plebiscito de 1.988; que apoyó la candidatura de Patricio Aylwin quien fuera elegido Presidente en 1.989 ; y que fuera candidato a Senador en la V Región el mismo año, haciendo fervientes llamados a investigar y castigar  las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen militar; quien cansado de ver el abismo creado por la izquierda entre la civilidad y el mundo militar y constatar la injusta persecución masiva que vivían (y siguen viviendo los ex uniformados), escribió en Septiembre de 2013, en la conmemoración del cuadragésimo aniversario del movimiento militar de 1973, un artículo que él definió como “especialmente melancólico, podríamos llamar, dedicado al tema de la falsificación de lo ocurrido en 1973 y del significado del antes y después de lo que entonces había ocurrido”, expresando en algunos párrafos:

“Basta esta sucinta reflexión sobre lo que todos sabemos para sospechar la anchura y profundidad del abismo que se ha creado entre la sociedad civil y el mundo castrense a raíz del tratamiento que le ha dado la nueva democracia chilena a las violaciones de derechos humanos ocurridas durante ese periodo. Y ello por razones tan numerosas como evidentes:

– Porque, en base a dudosos argumentos, se arrastró a tribunales civiles a muchos que debieron ser juzgados en su propio ámbito militar.

– Porque, en base a otros dudosos argumentos, se eludió la ley de amnistía y se anuló incluso el límite de tiempo mediante el inverosímil expediente de considerar la desaparición como delito de secuestro permanente.

– Porque muchos militares fueron condenados por los mismo tribunales civiles que fueron más culpables que ellos como instrumentos de los crímenes del régimen al que obsecuentemente sirvieron.

-Porque casi ninguno de los verdaderos responsables volitivos de esos crímenes desfiló ante los tribunales de justicia.

– Porque hoy, a 40 años de los hechos, se sigue acosando a muchos que eran subalternos de subalternos en aquella época.

– Porque se hizo tabla rasa del dogma de la obediencia debida, que hasta los aliados respetaron después de la Segunda Guerra Mundial, y a pesar del mayor genocidio que conoce la historia de la humanidad (solo se juzgó y condenó a aquellos en que se pudo demostrar que tenían el libre albedrío suficiente para evitar los crímenes en que participaron).

– Porque la casi mitad de Chile que casi logró prolongar el régimen militar hace 25 años enmudeció y desapareció como por encanto cuando llegó la hora del ajuste de cuentas. Hoy es tan difícil encontrar un pinochetista como fue difícil encontrar un allendista a los pocos meses de gobierno castrense.

– Porque el aprovechamiento político del asunto de los derechos humanos llegó a límites repugnantes el pasado septiembre, en que, con la propia colaboración del gobierno, se falsificó la historia en forma que el propio Homero habría envidiado.

– Porque ver a los comunistas embanderar el Penal Cordillera cuando su partido es miembro centenario de un panel internacional autor de los peores crímenes contra los derechos humanos que se conocen, es una afrenta insoportable para los militares chilenos (como que uno se suicidó de vergüenza).

– Porque la repetida historia de que todo lo ocurrido afecta a personas y no a la institución militar es un eufemismo que no creen ni los que lo afirman.

– Porque de sus caídos en la “guerra sucia” nadie se acuerda en el mundo civil, mientras que Santiago arde en cada aniversario del joven combatiente que cayó desafiando la ley y el orden.

Creo que Chile no puede vivir con un foso de recelo y resentimiento entre la sociedad civil y el estrato militar. No tenemos situación internacional para continuar con lo que, a estas alturas, no es otra cosa que un sainete en cuyo reparto nunca estuvieron todos los que son ni son todos los que estuvieron. Hace rato que sonó la hora en que, por el bien y la seguridad de Chile, hay que ponerse a la tarea de restaurar el respeto y la confianza entre esos dos universos. Yo no sé si los políticos chilenos han postergado esa imprescindible tarea por ceguera intelectual o por conveniencia electoral, como demostró el aquelarre de septiembre pasado, pero sí que sé que mejor harían en aplicarse a resolver este problema de imperativa importancia en lugar de perder el tiempo atendiendo a la agenda que les dictan los agitadores de la calle.”

Seis años han pasado desde que Orlando Sáenz escribió el artículo ya reseñado y nada ha cambiado…, lejos de eso…, viejos ex soldados y policías la mayoría subalternos en 1973, siguen siendo arrastrados a los tribunales con acusaciones vagas y sin las garantías de un debido proceso…

William Blackstone (1723 – 1780), jurista anglosajón parlamentario, autor de numerosos textos de derecho, cuyos escritos tuvieron influencia decisiva en el desarrollo de la Constitución de los Estados Unidos de América, dejó un principio del derecho penal, la fórmula de Blackstone (también conocida como ratio de Blackstone), que establece que: «es mejor que diez personas culpables escapen a que un inocente sufra».

Para la izquierda, los tribunales chilenos y el gobierno de Sebastián Piñera, este principio no existe, cuando de militares se trata, por lo que es posible afirmar que aplicar «justicia» de esta manera no es «justicia»… mas bien parece venganza por haber integrado las FF.AA. durante el régimen militar

Justicia doble

Por Miguel A. Vergara Villalobos, ex Cdte. en Jefe de La Armada

Después de investigar por más de tres lustros, el juez Madrid -en un discutido fallo- ha condenado a seis personas por la muerte del expresidente Frei Montalva. Para ello, se basó en presunciones, intuiciones, sospechas razonables o como se quiera llamarlas; pero tales “pruebas”, difícilmente habrían sido aceptadas bajo el actual sistema procesal penal, vigente en Chile desde hace más de doce años.

Sin embargo, por la fecha del presunto ilícito, la causa debió regirse por el antiguo sistema, que permite un amplio margen para la subjetividad, pues el mismo magistrado acusa, investiga y condena.

En concreto, sin mayores fundamentos, coexisten en el país dos sistemas de justicia: uno que respeta el debido proceso y otro que depende decisivamente del magistrado que lleva el caso.

Por años los militares procesados por derechos humanos, sometidos al sistema penal antiguo, han clamado por la liviandad de las pruebas con que son condenados, pero nadie los ha escuchado. En la mayoría de los casos, los jueces asumen que el acusado es culpable, por lo que debe probar su inocencia.

El “caso Frei” sacó a la luz lo que tan cómoda como injustamente se había aplicado por años para condenar a los exuniformados. Es de esperar que el mediático fallo del juez Madrid contribuya a que impere una sola justicia en Chile: la más justa.

La ciudad de la funa

Por Pablo Ortúzar Madrid. Antropólogo Social

 En mi libro “El poder del poder” (2016) traté de explicar el origen de la autoridad política. Siguiendo al antropólogo René Girard, lo vinculé a la violencia sacrificial: las comunidades humanas suelen constituirse políticamente a través de la persecución y sacrificio de chivos expiatorios.

Estas persecuciones, además, suelen ser la forma en que se procesan las tensiones políticas una vez que la comunidad ya está constituida. Una forma fácil de recuperar la unidad es buscando enemigos comunes. Es por eso que el proceso penal se mantuvo en un estado particularmente primitivo y brutal por muchos siglos: estaba diseñado no para hacer justicia, sino para mantener la estabilidad del orden social mediante el sacrificio. Si era políticamente necesario que alguien fuera culpable, el sistema se encargaría de que lo fuera.

No es que este elemento sacrificial haya desaparecido del proceso penal en nuestros días, pero se ha visto limitado de manera importante y progresiva por las garantías procesales y la presunción de inocencia. Basta comparar el antiguo procedimiento penal con el nuevo.

Sin embargo, estas limitaciones a la “funa legal” no han detenido el ímpetu sacrificial de los colectivos humanos. La paranoica búsqueda de “culpables” por los incendios forestales es un buen ejemplo. El brutal linchamiento de lanzas en el paseo Ahumada es otro, así como también lo es la dinámica comunicacional generada en torno a Matías Pérez.

En todas estas situaciones, aunque por distintos motivos, se reemplaza la búsqueda de verdad y justicia por la búsqueda de un consenso sacrificial.

El caso Frei Montalva, finalmente, es quizás el ejemplo cercano más lamentable. Está atravesado por la voluntad de convertirlo en un asesinato, hayan o no pruebas. Lo que era una causa personal de una de las hijas del ex Presidente, movida por dudas legítimas que deben someterse a la justicia, se ha transformado en una causa identitaria para buena parte de la Democracia Cristiana y en una convicción política para buena parte de la izquierda cuya identidad sigue atada a Pinochet. Por hacer un punto político o por ordenar las huestes, hemos visto a quienes hacen nuestras leyes dispuestos a tirar por la ventana toda prudencia relativa al debido proceso o la presunción de inocencia, a validar como definitivo un fallo de primera instancia que prueba casi nada, y a acusar de conspiradores a quienes -desde muy distintas orientaciones políticas- los llaman a la sensatez. Y, lo que es más grave, hemos visto también a estos colectivos presionar no sólo para que los procesados sean tratados como culpables, sino para que personas sobre  las que no pesa ninguna acusación -como es el caso de Luis Castillo, actual subsecretario de redes asistenciales- lo sean también.

Esta es la primera vez que veo a un partido funar a alguien ofreciendo colaboración legislativa a cambio de su cabeza. La lógica que gobierna este procedimiento es propia de pandillas y no de legisladores. “Sin la justicia ¿qué serían de verdad los reinos sino bandas de ladrones?”, se preguntaba Agustín de Hipona. ¿En qué se convertirá Chile si los que hacen las leyes renuncian a cualquier pretensión de justicia?

 

Para entender como se juzga hoy a los ex uniformados… guía para legos

Por Roberto Hernández Maturana, Coronel en Retiro del Ejército

El reciente fallo del caso Frei Montalva no ha dejado indiferente a ningún chileno, luego que después de 16 años de investigación, el juez Alejandro Madrid estableciera que el ex mandatario murió en la Clínica Santa María, el 22 de enero de 1982, “por la deficiente y tardía atención médica proporcionada al momento de su reingreso a la Clínica » y por “la introducción paulatina de un producto farmacológico no autorizado denominado Transfer Factor (…) o negligencias que paulatinamente deterioraron su sistema inmunológico y facilitaron la aparición de bacterias oportunistas”. El mismo fallo estableció por otra parte que se descartaba la presencia de sustancias tóxicas en los restos periciados, capaces de producir la muerte del ex Presidente y tampoco pudo establecer que el supuesto crimen fuera ordenado por las máximas autoridades de la época ni que los hechos derivaron de una “operación especial de inteligencia”.

No obstante lo anterior, el juez determinó condenar en primera instancia a seis personas, la mayor parte médicos, por el homicidio del ex Presidente, aun cuando a última instancia declaró en el proceso, el yerno del ex Presidente fallecido, el doctor Juan Pablo Becca, quien estuvo presente en las dos intervenciones quirúrgicas que se practicaron a Eduardo Frei en la Clínica Santa María, quien manifestó en el diario El Mercurio: “Tengo la absoluta convicción de que su muerte se debió a una complicación médica” agregando que el medicamento Transfer Factor que decidieron aplicarle para tratar la resistente infección que lo afectaba “se envió a Chile porque mal no le iba a hacer y le podría servir”, agregando luego que: “No sirvió para nada y no le produjo ningún daño; y pensar que se trajo con la intención de causarle algún daño no tiene ningún sentido”.

Por otra parte en la reciente semana fue sometido a proceso al ex Comandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre Espinosa, como presunto autor de tormentos a terceros, junto a otros dos oficiales en retiro, cuando, en el grado de Teniente, cumplía destinación en el Regimiento Arica de La Serena en 1973. El hecho se agrega a la reciente condena para el ex Comandante en Jefe del Ejército, dictada por el Juez Mario Carroza en primera instancia, a 3 años y un día de libertad vigilada, como encubridor de los hechos investigados como consecuencia del paso de la denominada “Caravana de la Muerte” por La Serena, en que 15 personas fueron fusiladas acusadas de subversión. En este sometimiento a proceso, el juez Vicente Hormazábal a cargo de la investigación que sometió a proceso y vincula con delitos de lesa humanidad al ex comandante en jefe del Ejército, aseveró que con las indagatorias «se logró determinar la existencia de delitos de tortura», en contra de 24 presos políticos, en 1973.

¿Qué tienen en común el proceso judicial con el que se está juzgando tanto a Cheyre, como a los médicos del caso Frei, como a todos los ex uniformados acusados por delitos  cometidos en 1973?…, todos han sido o  se encuentran juzgados bajo las normas del sistema procesal penal antiguo, y que fuera reemplazado por un sistema moderno con el que se juzga a todos los chilenos a partir del año 2005, excepto a los ex uniformados.

Lo anterior se basa en que el año 2009, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, 36 años después de los hechos acaecidos en 1973, Chile adhirió al estatuto de Roma y a la Corte Penal Internacional, y pese a que en 1997, la reforma constitucional que posibilitó la reforma procesal penal, estableció que el nuevo sistema se aplicaría solo a hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia, como consta en las actas del Congreso, para prevenir discusiones futuras sobre la operación de dos sistemas…, finalmente se estableció que los delitos calificados como de “lessa humanidad”, y declarados como imprescriptibles e inamnistiables, fueran abiertos e investigados bajo las normas del antiguo sistema procesal penal y no bajo el nuevo sistema.

Si ya fue extraño la apertura de casos prescritos por la ley, más extraño fue la decisión de que estos fueran investigados bajo un sistema procesal que fue derogado en nuestro país, por los motivos que veremos a continuación  con todas las desventajas e injusticias que motivaron el cambio de sistema.

Así, durante el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, se inició la reforma al Sistema Procesal Penal vigente desde comienzos del siglo pasado, que era inquisitivo  y escrito por uno nuevo acusatorio y oral.

El nuevo sistema (denominado «adversarial») se basa en la controversia entre las partes involucradas, la elección de las audiencias  como la metodología más eficiente para la toma de decisiones, y la inmediación, esto es que el juicio se desarrolla ante el juez, quien decide de inmediato de acuerdo con lo que vio, eliminándose los expedientes escritos del antiguo sistema y sus protagonistas son los Fiscales del Ministerio Público y los Defensores, que deben litigar (acusando y defendiendo al imputado respectivamente), en procedimientos orales, ante los Juzgados de Garantía o Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, según sea el caso.

Otra de las características de este sistema, es la existencia de criterios de oportunidad y salidas alternativas, que otorgan al ministerio público la posibilidad de regular su carga de trabajo y proveen de mejores respuestas al sistema penal frente al conflicto.

Este cambio que buscaba entregar “una mejor justicia a todos los chilenos” , fue implementado gradualmente en todas las regiones de Chile, iniciándose en la Región de Coquimbo  y la Región de la Araucanía el 16 de octubre de 2000, para terminar en la Región Metropolitana de Santiago el 16 de junio de 2005, durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos Escobar.

De esta forma,  cuando en el nuevo sistema el fiscal del Ministerio Público investiga y dirige a las policías, mientras un tribunal integrado por tres personas dicta la sentencia; en el antiguo sistema con el que se juzga a los ex uniformados,  una sola persona es la encargada de investigar y dictar sentencia (el juez), lo cual no permite un distanciamiento para dictar una sentencia más objetiva, que es una de las objeciones que hoy se hace al juez Madrid en el caso Frei.

Mientras en el actual sistema que rige para todos los chilenos, las Policías deben poner a los detenidos ante el Juez de Garantía, quien es el único autorizado para determinar dicho ingreso; en el antiguo sistema con el que se juzga a los ex uniformados, el detenido es trasladado por la Policía de Investigaciones directamente a un recinto de reclusión  sin posibilidad de defenderse.

Mientras en el nuevo sistema las policías deben poner al detenido dentro de las 24 horas siguientes ante el Juez de Garantía; bajo el antiguo sistema un detenido puede permanecer en un recinto penitenciario hasta 5 días, sin estar procesado, ni haber visto al Juez.

Lo anterior, ha importado la vulneración de los derechos al debido proceso de todo procesado bajo el sistema procesal penal antiguo, sujeto a un procedimiento secreto, relativo a hechos acaecidos 40 años anteriores a la apertura de la causa, juzgado por un juez especial que denuncia, investiga y sanciona; donde el acusado debe prestar declaración sin presencia de abogado defensor, y sin tener posibilidades de preparar su defensa; afectándose su derecho a defensa jurídica, su derecho a guardar silencio y a la presunción de inocencia; a ser oído y a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial; a rendir y controvertir prueba; a que se pondere dicha prueba en la sentencia y se obtenga una sentencia debidamente motivada o fundada, sin límites temporales para la investigación, con una serie de restricciones a los testigos, donde, en definitiva, se condena sobre la base de presunciones, lo cual no sería posible bajo el nuevo sistema de persecución criminal y,  finalmente, a poder recurrir en contra de lo fallado; dejando bajo el antiguo sistema al acusado en indefensión criminal por lo que las defensas de los acusados en estos procesos reiteradamente han sostenido que se han violado sus garantías, porque en sus casos tramitados bajo el sistema antiguo, no existe evidencia directa que los inculpe y sus condenas se basan en presunciones.

El hacer subsistir el sistema persecutorio antiguo altamente restrictivo de sus derechos, en paralelo con el nuevo sistema penal acusatorio, que sí es respetuoso de sus garantías constitucionales, determina que dos personas perseguidas por el mismo ilícito, estarán o no amparadas en sus derechos constitucionales atendido únicamente la época en que ocurrieron los hechos, lo que infringe los principios de razonabilidad y proporcionalidad, así como la igualdad ante la ley, asegurada por el artículo 19 N° 2°de la Constitución.

Con toda seguridad, ninguna de las anomalías y “rarezas” evidenciadas tanto en el fallo del caso Frei, como en los procesos que han sentenciado a las 197 ex uniformados – que hoy cumplen condenas en Punta Peuco y Colina 1, (de los cuales 8 fallecieron sólo en 2018) y a los 1051 personas en calidad de procesados  acusados y condenados en primera y segunda instancia (ex uniformados y civiles),  según consta en Oficio Nº 590 emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile al 18 de julio de 2018, y a los más de 6.000 querellados por torturas – se habrían producido bajo el sistema procesal penal que rige para la gran mayoría de los chilenos desde el año 2005.

En este punto no puedo dejar de referirme a como en el año 2017 se denunciaron tratos crueles, inhumanos y degradantes ante el INDH y el Colegio Médico, respecto de 7 personas, todas las cuales fallecieron, a pesar de que el Servicio Médico Legal había informado que estaban en buenas condiciones para cumplir condena en régimen cerrado, sin que nadie haya dicho nada a la fecha; como se mantiene en régimen de prisión preventiva a adultos mayores no valentes, no obstante estar su condición certificada médicamente, y como desde el año 2014 a la fecha, no se ha concedido ninguna salida intrapenitenciaria, aduciendo las más increíbles argumentaciones. Incluso en el caso de 3 personas que se les denegó cumpliendo con los requisitos introducidos por la reforma al reglamento de establecimientos penitenciarios del año 2016, hecha justamente a medida y para que ex uniformados presos no pudieran acogerse.

Sin duda que el antiguo sistema procesal penal con el que se juzga a los ex uniformados presenta deficiencias y vicios que son inaceptables para cualquier estándar moderno y debe ser asimilado por el nuevo sistema.

La justicia debe ejercerse pero con acuciosidad, donde debe  predominar la objetividad dando a cada uno lo suyo.

No podemos dejar de mencionar el principio establecido por el jurista inglés William Blackstone «es mejor que diez personas culpables escapen a que un inocente sufra«. El sentido de justicia “justa” es tan antiguo que la fórmula establecida en este principio vinculada  al principio de inocencia del derecho procesal penal, fue expresada por primera vez en el libro titulado De Laudibus Legum Angliae (c. 1470) de Sir John Fortescue , en donde establecía que «uno preferiría que veinte personas culpables escapen a la pena capital en lugar de que una persona inocente sea condenada y sufra la pena capital».

Finalmente, es necesario dejar claro que lo que se pretende no es que no se haga justicia…, sino que ella sea ejercida de manera “justa”, de la misma manera que se ejerce para la casi totalidad de los chilenos.

General Cheyre: No lo hemos sabido defender. ni a él ni a su legado del “nunca más”.

Por Christian Slater Escanilla, Coronel de Ejército en Retiro

En esta primera semana de febrero a raíz de la sentencia dictada por el ministro Alejandro Madrid, sobre la causa de muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva, una gran cantidad de abogados, médicos, periodistas y de otras profesiones, han salido en defensa de los sentenciado

En esta primera semana de febrero a raíz de la sentencia dictada por el ministro Alejandro Madrid, sobre la causa de muerte del expresidente Eduardo Frei Montalva, una gran cantidad de abogados, médicos, periodistas y de otras profesiones, han salido en defensa de los sentenciados.

Tema sobre el cual me quiero referir, ya que, sobre la inconsistencia del fallo, tanto del mundo de la izquierda como de la derecha, creo que ya se ha dicho lo suficiente como para descalificarlo rotundamente. Al respecto se ha desnudado la falta de imparcialidad del antiguo código de procedimiento penal, lo que crudamente ha quedado a la vista de todos.

Un sistema inquisidor que se ha aplicado en la más absoluta impunidad a cientos de ex uniformados quienes, desde hace muchos años, saben y conocen su ineludible y cruel destino: la cárcel. Por culpa de un sistema donde un mismo ministro de justicia, investiga, acusa, juzga y condena.

Hubo que esperar hasta este mes de febrero del año 2019, para que la sociedad, ¡al fin!, pusiera atención a tamaña injusticia. Hoy, quienes defienden a los sentenciados, recién ponen el grito en el cielo. Antes no era necesario. Solo se trataba de ex uniformados, esos de los cuales la sociedad puede utilizar y burlarse a su conveniencia política para después desecharlos, como si ellos no tuvieran hijos, esposas, hermanos o familias que sufren por la indiferencia de quienes además les dan la espalda. En todo caso, felicito a estos valientes profesionales que, con su certera pluma, en columnas de opinión, cartas, comentarios y/o entrevistas en diferentes medios de comunicación —donde difícilmente puede acceder el mundo militar—rápidamente, pusieron el tema sobre la mesa.

Al igual que el procesamiento de ex uniformados, en el caso Frei, pareciera que solo se investigó lo que el ministro determinó importante o necesario, desestimándose declaraciones o diligencias en favor de los acusados, esas que ya todos conocen y que se han ventilados en los medios de comunicación. En este caso, el ministro investigador se demoró 16 años para establecer los culpables y las condenas, algo que en el actual Sistema Procesal Penal vigente, iniciado el año 2000 y en completa vigencia desde el 2005, no podría haber superado los dos años. Así, en este Chile “tan democrático”, con total impunidad se sigue juzgando a personas por el antiguo sistema Penal.

Pareciera adecuado, prudente, justo y necesario que al menos, en la fase de las apelaciones, a dichos ciudadanos, se les aplicara el actual Código Procesal Penal. Ya demasiados años han sufrido con el anterior sistema. De lo contrario, corren el riesgo de que sus penas sean aumentadas, tal como ya ha le sucedido a exmilitares. Riesgo al que también se deberán someter los actuales condenados por el ministro Madrid.

Hoy tenemos al ex Comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre Espinosa nuevamente privado de libertad que, por culpa de ese obsoleto sistema judicial, es perseguido una y otra vez por diferentes ministros de justicias que confían en las declaraciones de testigos que relatan lo que supuestamente sucedió solo en minutos o segundos y hace más de 45 años atrás.  Sentencias que se sustentan en consideraciones difíciles de comprender.

Un Comandante en Jefe al cual, como sociedad y como “familia militar”, no hemos sabido defender. Ni a él ni a su legado del “Nunca Más”. Con miedo y temor, esperamos que otros lo hagan y, peor aún, no nos sorprendemos ni nos avergonzamos, cuando ex uniformados, de otras instituciones o ex autoridades civiles, intervienen en su defensa y avalan su intachable trayectoria de honor y su legado, período de mando en que el Ejército alcanzó su mayor nivel de aceptación ciudadana. Eso es lo hacen hoy los que critican el fallo y defienden el honor, profesionalismo y trayectoria de los sentenciados por el ministro Madrid. Un ejemplo que no hemos sabido imitar.

Es cierto, somos una muestra de la sociedad, de esa misma que sin tener la moral suficiente es capaz de dar un ultimátum a Venezuela fomentando y apoyando un Golpe de Estado, similar al que hoy critican en Chile y cuyas responsabilidades no son de quienes lo provocaron, sino de quienes recuperaron la democracia. Un país con dos justicias y con los congresistas mejor pagados del mundo que se enfrenta a otro país con dos presidentes. Así y todo, pretendemos que desde Europa, nos miren con seriedad o que no nos comparen con el resto de Sudamérica.

Condena y legitimidad

Por César Ramos Pérez, Profesor de Derecho Penal Universidad Diego Portales

 A raíz de la reciente condena dictada en el caso del expresidente Eduardo Frei Montalva, se ha planteado nuevamente la discusión sobre la aplicación del Código Procesal Penal a hechos ocurridos con anterioridad a su entrada en vigencia.

El innegable carácter histórico-político de ese proceso judicial es el contexto de la controversia en torno a la aplicación de los principios y normas de la reforma, frente al manifiesto déficit del antiguo sistema de corte inquisitivo, desde la perspectiva de los tratados internacionales de derechos humanos.

Como es bien sabido, el nuevo sistema procesal penal estableció una entrada en vigencia en forma gradual para las diversas regiones del país, solo para casos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia, siendo ello una excepción a la regla general de la aplicación de las leyes procesales in actum. Esa decisión se fundó en razones de naturaleza administrativa, con el objetivo de disminuir los impactos cuantitativos y cualitativos de la reforma.

Sin embargo, la discusión no se circunscribe a una mera viabilidad administrativa, pues más allá de una nueva institucionalidad, la reforma representó un compromiso por cumplir los estándares internacionales en relación a los derechos de los imputados. Así, por ejemplo, en el caso Pinochet se invocó la cautela de garantía del art. 10 del Código Procesal Penal, toda vez que el proceso infringiría el derecho a defensa, al no poder el imputado ejercerlo, en atención a sus problemas mentales.

La Corte de Apelaciones de Santiago indicó que la jurisdicción debe asegurar las condiciones para ejercer los derechos que le otorgan las garantías judiciales consagradas en la Constitución Política, en las leyes o en los tratados internacionales ratificados por Chile, y tiene por objeto, precisamente, “evitar que pudiere producirse una afectación sustancial de los derechos del imputado”.

Esto es, precisamente, el núcleo del análisis crítico de los efectos o resultados del sistema inquisitivo, a la luz de los parámetros actuales de las garantías fundamentales de un estado de derecho.

Por ello, un modelo que excluya en su configuración los elementos principales de un proceso penal, como es la diferencia institucional entre la posición de acusador y quien juzga, difícilmente podría asegurar el debido proceso y, en consecuencia, no puede ser expresivo de justicia procedimental, por tanto, tener legitimación.

En efecto, la organización del proceso penal constituye una definición legislativa concreta sobre las condiciones bajo las cuales debe ser ejercida la potestad del Estado, al perseguir y castigar los delitos.

Por ello, la discusión no plantea solo un problema de aplicación de disposiciones concretas, sino que trata de resolver si resulta legítima una condena que deriva de un proceso carente de resguardos institucionales que aseguren el pleno respeto de las garantías procesales.

Pues incluso frente a hechos delictivos graves, como son aquellos casos en que los propios agentes del aparato estatal vulneran deliberadamente los derechos fundamentales de los individuos, la imposición y ejecución de penas a sus autores exige que se trate de sanciones que emanen de un proceso previo, que respete las condiciones de legitimación propias de un Estado respetuoso de los derechos fundamentales de los intervinientes.

 

Más allá de Frei

 

Por Luis Cordero Vega, Académico Universidad de Chile

La decisión del juez Madrid en el caso Frei reabrió la discusión sobre mantener las reglas del antiguo sistema de enjuiciamiento criminal -en vigencia para hechos ocurridos con anterioridad a la implementación de la reforma procesal penal-, cuando se refieren a casos de violaciones a los derechos humanos. Para muchos existe una cuestión de constitucionalidad en esas reglas. El programa del Presidente Piñera planteó que pretendía igualar las “garantías” del antiguo proceso penal con las del nuevo, para darles agilidad.

El tema, que en apariencia pareciera no investir objeción, en materia de derechos humanos tiene importantes consecuencias, y las críticas formuladas a la sentencia del juez Madrid, así como las acciones interpuestas por condenados ante el Tribunal Constitucional (TC), son manifestación de esto.

Pareciera conveniente no olvidar que, en 1997, la reforma constitucional que posibilitó la reforma procesal penal estableció que el nuevo sistema se aplicaría solo a hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en vigencia. Esa reforma, como consta de las actas del Congreso, trató de prevenir discusiones futuras sobre la operación de dos sistemas. Bajo ese criterio, el TC sostuvo que la existencia de ambos sistemas procesales era constitucionalmente legítima.

Bajo el amparo de esas reglas, el Poder Judicial fue progresivamente estableciendo criterios en estos ilícitos. Los declaró crímenes contra la humanidad, aplicó en su favor el derecho internacional de los derechos humanos, indicó que la amnistía era contraria a una idea elemental de justicia, dispuso que eran imprescriptibles, porque afectaban la paz social y que las víctimas tenían derecho a la reparación íntegra.

En base a eso, en los últimos años, la Corte Suprema reestructuró el sistema de gestión de estos casos, no solo para permitir investigaciones efectivas, sino que también para que fuesen expeditas. Hoy se cuenta con siete ministros en visita extraordinarios para seguir tramitando y cerrar estos casos.

Según ha informado la Corte, entre 2002 y 2018 se dictaron 394 sentencias penales por violaciones a derechos humanos, en casos como secuestro calificado (175), homicidio calificado (108), homicidios simples (50), secuestro (37), detenciones ilegales (9), torturas, entre otros. Hasta finales del 2018 existían 322 personas acusadas y 191 con nuevos procesamientos. Como han dicho numerosas sentencias, estos delitos fueron cometidos por “agentes del Estado amparados en un manto de impunidad forjado con recursos estatales”.

Por su parte, los condenados han activado sus defensas sosteniendo que se han violado sus garantías, porque sus casos se tramitan en el sistema antiguo, no existe evidencia directa que los inculpe y sus condenas se basan en presunciones. Varios de estos casos han llegado en el último tiempo al TC. De ellos, dos han sido rechazados en votación estrecha, y existe cerca de una veintena pendientes. Lo que se decida ahí puede tener importantes consecuencias para lo alcanzado en justicia en derechos humanos.

De ahí que las críticas al caso Frei recordaran las estrategias legales de los condenados por violaciones a derechos humanos. Ha sido al amparo del sistema antiguo, incluidas las penas -que por cierto son bajas en relación con la crueldad de estos delitos-, que se ha ido construyendo un poco de verdad, a pesar de la nula colaboración de las instituciones armadas, que disponen de información para aclarar estos crímenes. De modo que, cualquier iniciativa de agilización de estos juicios no puede volver las cosas a la impunidad de hace dos décadas atrás, afectando así los limitados derechos que han conquistado las víctimas en este tiempo.

 

Caso Frei y doble justicia Penal

Por Hernán Corral Talciani, Profesor de  Derecho Civil;. Doctor en  Metodología de la Investigación Jurídica

 La sentencia dictada por el ministro Alejandro Madrid en la causa por la muerte del ex presidente Frei Montalva muestra a las claras que el antiguo procedimiento penal no satisface las garantías de un debido proceso, como lo exigiría una democracia respetuosa de los derechos humanos.

Para comprobarlo, basta con ponerse hipotéticamente en el escenario propio del proceso penal vigente e imaginar que el ministro Madrid, como investigador y fiscal, deba defender su sentencia como si fuera una acusación ante un tribunal oral en lo penal. ¿Alguien podría sostener que, con las debilidades argumentales, déficit probatorio, inconsistencias y faltas de rigor lógico de ese escrito, puestas en evidencia por juristas de todas las tendencias ideológicas, se podría conseguir que tres jueces llegaran a condenar por homicidio a las seis personas sancionadas por Madrid?

Recordemos que estamos ante un proceso en que la misma persona que investiga y acusa luego juzga y falla, con total desconocimiento del principio de imparcialidad. El investigador ha demorado casi dos décadas en la investigación y padeció la presión de que si no condenaba, se le tacharía de negligente por no haber cerrado antes el proceso. ¿Habría algún juez de garantía que consintiera en que un fiscal se tome un plazo de 16 años para investigar una causa? Digamos de paso que el plazo máximo de investigación según el Código Procesal Penal vigente no puede superar los dos años. Por otro lado, los jueces del tribunal penal solo ven la causa y las pruebas en las audiencias en que se desarrolla el juicio oral, no antes, y el estándar de prueba para condenar es alto: se requiere que adquieran una convicción más allá de toda duda razonable. Podríamos seguir enumerando las cualidades superiores del nuevo proceso en materia de transparencia, publicidad y presunción de inocencia, pero no es del caso justificar algo que, hoy por hoy, nadie discute. Por algo los defensores de Palma Salamanca y la Corte de París que resolvió negativamente la petición de extradición hecha por los tribunales chilenos se basaron, en parte, en las características inquisitoriales del juicio en que fue condenado.

El problema es que son muchos los procesos que, por versar sobre hechos anteriores a la entrada en vigencia de la reforma procesal penal, se siguen tramitando conforme al antiguo , con todas sus falencias. En su momento, una previsión como esa era sensata y necesaria, ya que hubiera sido muy riesgoso que todas las causas del sistema antiguo atocharan el nuevo. Pero, ya a casi quince años de funcionamiento del nuevo sistema en todo el país, resulta sencillamente inaceptable que existan dos tipos de justicia penal, siendo una de ellas tan precaria como la del antiguo proceso, y que aplicar una u otra dependa de una circunstancia tan accidental como la fecha en la que ocurrieron los hechos que se investigan.

Hay que tener en cuenta, además, que si se aprueba el proyecto de ley que hace imprescriptibles los delitos sexuales contra menores, se podrán iniciar juicios cuyos hechos se remonten a fechas anteriores a la reforma, y con ello aumentarán las causas que han de sustanciarse conforme al antiguo Código de Procedimiento Penal.

Va siendo hora de reflexionar sobre cómo terminar de una vez por todas con esta anomalía de nuestro sistema de justicia penal, que implica una grave discriminación entre las personas; algunas con derecho a un proceso acusatorio con todas sus garantías, y otras solo con derecho a ser juzgadas por un juicio inquisitorio que está lejos de satisfacer las exigencias de un proceso justo.

Para esto sería conveniente reformar la disposición transitoria octava de la Constitución y disponer que, desde una determinada fecha, todos los procesos penales se sustancien por el nuevo sistema. Se agregaría que, desde esa misma fecha, las causas pendientes sean traspasadas desde la justicia antigua al Ministerio Público para que sigan tramitándose según las reglas del nuevo proceso desde el estado procesal que sea considerado equivalente.

Estamos ante un proceso en que la misma persona que investiga y acusa luego juzga y falla, con total desconocimiento del principio de imparcialidad.

 

“El Castillo de los Cobardes y la Cuna de los Perezosos”

Por Cristián Labbé Galilea

Por lo que se dice y se publica en las redes sociales deduzco que este verano ha estado muy variado: ¿cae o no cae Maduro?; a la señora Bachelet (la otrora paladín de los Derechos Humanos) ¿le comieron la lengua los ratones?; ¿será que nos acostumbramos a que los incendios en la Araucanía sean el pan nuestro de cada día? Y si a eso le agregamos los infaltables asaltos y crímenes que copan los noticiarios… hay tema para rato.

Nada es para “tomarlo a la chunga”, pero preocupa que ellos operen como distractores o “cortinas de humo” para un asunto del que hay muchos interesados en relegar a un segundo plano… me refiero al caso Frei Montalva y todo lo que en torno al proceso se ha dicho.

De producirse lo anterior quedarán en la oscuridad dos asuntos muy delicados: la pobreza argumental de quienes quieren involucrar al gobierno militar -y a terceros inocentes- en un deceso cuyas causas son exclusivamente médicas, y la vergonzosa actitud tanto de la familia del expresidente como de su partido político, la D.C.

Sobre el caso, son muchos los que a raíz de la sentencia del Ministro Madrid han salido a dar su versada opinión sobre lo sucedido. Respetados analistas, politólogos y periodistas han hecho ver que “la verdad verdadera” establece que no existe razón alguna para suponer que se está ante un magnicidio; más aún, han refrescado testimonios olvidados sobre el respaldo de Frei Montalva a la intervención militar del 73.

Médicos de diferentes especialidades, edades y prestigio -muchos de ellos detractores de Pinochet-, han tenido la estatura para hacer prevalecer la ética médica dando argumentos profesionales que desmienten la tesis de una conspiración política. Es decir han optado por “la salud saludable” (léase la medicina curativa y no culposa).

A lo anterior se suman los innumerables abogados y académicos del Derecho que, además de los argumentos jurídicos que descartan la responsabilidad judicial de los inculpados, han llamado la atención sobre la necesidad de una “justicia justa” y sobre lo impresentable que significa que en nuestro país existan dos sistemas procesales penales, lo que claramente es una discriminación en tiempos que se reclama la no discriminación social, religiosa, sexual, ideológica, etc…

El reivindicar una “Verdad verdadera”, una “Salud saludable” y una “Justicia justa”, fuera de representar una redundancia impresentable en una sociedad democrática, confirma la pobreza argumental de quienes -desde la perspectiva de la verdad, la medicina y el derecho- se han aferrado a una versión absurda de los hechos. Un poeta inglés (George Chapman, 1559 – 1634) definió esta actitud como:… “el castillo de los cobardes y la cuna de los perezosos”.

Por último, y de la forma más breve el segundo asunto: la actitud de la familia Frei. Nada de lo obrado por sus herederos (en especial su hija Carmen) y por su partido la D.C.,  se condice con el respeto que el país confiere (esté uno de acuerdo o no con él) al ex presidente Frei Montalva…

Será el tiempo y la fuerza de los hechos quienes se encarguen de echar por tierra “la fantasía política” del magnicidio, tal como ocurrió con el suicidio de Allende, que algunos quisieron instalar en la memoria histórica como asesinado por los militares, tema que hoy nadie discute.

 

Una sentencia sentencia condenatoria feble

Por Multigremial de Militares y Policías (R), FACIR

El Centro de Estudios Jurídicos de la Multigremial de Militares y Policías (R), FACIR, encabezado por el abogado Adolfo Paúl Latorre, es concluyente al señalar que la sentencia condenatoria dictada por el Ministro de Corte Alejandro Madrid, en el caso del Ex Presidente Frei Montalva, tras 15 años de investigación es “tan feble que no alcanza a cumplir con los estándares jurídicos que permitan dar por demostrados los hechos que llevaron a la muerte al ex mandatario, incluso, si este mismo caso se hubiera desarrollado bajo el actual sistema penal vigente en el país la causa habría sido sobreseída y todos absueltos”.

Explicaron los juristas de la Multigremial que ninguna Justicia debe condenar a un imputado si no está suficientemente acreditado el delito o si existe alguna duda razonable acerca de su participación culpable, sin embargo, en el proceso por el fallecimiento del ex Presidente el juez dictó sentencia condenatoria, pese a que informes de expertos extranjeros señalaban lo contrario y demostraban la inconsistencia del peritaje practicado por doctoras chilenas en 2008 que concluía que Frei habría sido envenenado con gas mostaza y talio.

Sistema Penal Antiguo: Principal Vulneración de DDHH

Afirmaron además que la sentencia en el caso Frei fue dictada de acuerdo al antiguo sistema de procedimiento penal; un sistema que vulnera el debido proceso. “Esto mismo viene afectando también desde hace un par de décadas a cientos de militares y policías ®, quienes han sido sometidos a este sistema antiguo que es muy funcional para condenar a un inocente, puesto que una misma persona como el Juez ejerce como instructor, investigador, interrogador, acusador utilizando los testimonios, con una absoluta falta de imparcialidad, y luego se convierte en sentenciador. Todo en una sola persona, siendo ésta una de las principales vulneraciones, pues quien acusa no puede ser la misma persona que dicta sentencia”.

Ha sido incluso la propia Corte Suprema –añadieron- la que ha señalado que “en un Estado Democrático de Derecho no resulta concebible que sus ciudadanos se encuentren sometidos a dos clases distintas de justicia” como es el caso que hoy se ve en los militares y policías (R) por hechos ocurridos más de 40 años atrás, y que salta a la contingencia por el caso Frei Montalva”.

Sentencia en el caso Frei

Editorial El Mercurio de Santiago, Chile 2 de febrero de 2019

La trascendencia de la figura del ex presidente Eduardo Frei Montalva y las presunciones que sostenían -desde 2009- la investigación del juez Madrid respecto de un posible homicidio del ex mandatario en el contexto de una intervención quirúrgica y sus posteriores complicaciones, en 1982, explican el interés que la opinión pública ha mantenido durante los 16 años de esa indagación, y la expectación con que se esperaba conocer el resultado de ese trabajo

La trascendencia de la figura del ex presidente Eduardo Frei Montalva y las presunciones que sostenían -desde 2009- la investigación del juez Madrid respecto de un posible homicidio del ex mandatario en el contexto de una intervención quirúrgica y sus posteriores complicaciones, en 1982, explican el interés que la opinión pública ha mantenido durante los 16 años de esa indagación, y la expectación con que se esperaba conocer el resultado de ese trabajo.
El miércoles concluyó esa espera y ha provocado justificado impacto la conclusión de este fallo de primera instancia: que el ex mandatario y principal figura política de la oposición al régimen militar fue víctima de un homicidio, según sostiene la sentencia, perpetrado por personas de su confianza por razones políticas.
Resulta difícil exagerar los alcances que tiene para la historia de Chile una conclusión así, y por lo mismo se entiende que -junto con las sentidas expresiones de dolor por parte de su familia- el fallo haya motivado el pronunciamiento de algunas de las más altas autoridades del país y de dirigentes de todo el espectro.

La relevancia de la resolución del juez Madrid -que deberá ser conocida ahora por los tribunales superiores de Justicia, ya que las partes han anunciado la presentación de recursos- exige que sus fundamentos logren cumplir con los estándares jurídicos que permitan dar por demostrados los hechos que llevaron a la muerte al ex mandatario, así como las responsabilidades que les cupieron en ellos a las personas que se condena.
En ese sentido -y en una primera aproximación a ese análisis- uno de los aspectos que resaltan de la sentencia que condenó a los seis acusados es que el juez se apartó de lo que muchos habían anunciado. Rechaza por falta de pruebas la hipótesis del envenenamiento con talio y gas mostaza -principal factor del procesamiento dictado por Madrid en 2009-, y al mismo tiempo desestima, por falta de evidencia, la existencia de una conspiración fraguada por sobre el grupo de los condenados, para atentar contra la vida del líder político. Por el contrario, una lectura preliminar del fallo muestra que la teoría del juzgador es compleja y ambiciosa: una sucesión de actos y omisiones, principalmente de uno de los médicos, habría provocado un deterioro paulatino del estado de salud del enfermo hasta su muerte. Esta sucesión de conductas, «que pudieron ser disimuladas como inadvertencias o negligencias» y que «dieron la apariencia que su deceso ocurrió por complicaciones derivadas de las intervenciones quirúrgicas a que fue sometido, haciendo imperceptible la intervención de terceros en su fallecimiento», respondían en realidad a una serie de hechos encaminados a dar muerte al paciente.
De ahí la intensidad con que se ha instalado la discusión en el mundo jurídico y también médico respecto de la solidez de los razonamientos e inferencias contenidos en el fallo para sostener la teoría del juzgador.

Particulares dudas suscita el hecho de que al parecer no existen pruebas suficientes de que los seis acusados se encontraban de alguna manera concertados para cometer o encubrir el delito, o siquiera que hayan actuado de un modo coordinado. Si, por otro lado, se descarta la existencia de una coordinación a nivel superior por falta de pruebas, resulta muy difícil entender de qué manera -al menos en el caso de los tres coautores- pudieron perpetrar el hecho conjuntamente. Otro tanto ocurre con la constatación de que el hecho se habría cometido dolosa o intencionalmente. El contexto político general; la pérdida del protocolo de la primera intervención quirúrgica; la falta de la última hoja de la ficha médica, donde debería constar su deceso; los peritajes toxicológicos desvirtuados; la indicación de una reintervención quirúrgica que a posteriori se estima innecesaria; la aplicación de un medicamento en fase experimental, y «la ocurrencia de diversas situaciones anómalas» -que el fallo menciona como bases de un conjunto de presunciones judiciales-, no parecen entretejerse en el razonamiento de la sentencia con la claridad ni densidad suficientes como para justificar la conclusión a que arriba el juez Madrid.

Esos y otros interrogantes deberán ser respondidos en las instancias judiciales superiores. Entre aquellos se encuentran las razones por las cuales no se asigna mayor valor a las declaraciones exculpatorias del doctor Beca, estrecho miembro del círculo familiar del exmandatario y uno de los principales testigos de los hechos médicos que concentran la atención de Madrid; sin embargo, solo fue citado a declarar pocas semanas antes de dictar sentencia.
La tarea de confirmar o revocar el fallo, valorando la totalidad de la prueba recogida por el ministro Madrid, corresponderá a los jueces de la Corte de Santiago que conozcan de los recursos de apelación.
En muchos aspectos, esta primera sentencia, dictada de conformidad al antiguo procedimiento penal, viene a ocupar un lugar análogo -en cierto sentido- al que hoy asignamos a la acusación del Ministerio Público. Esto explica, por ejemplo, que el fallo de Madrid use expresiones como que «lamentablemente» no se logró acreditar la existencia de una operación especial de inteligencia.

Recién ahora las pruebas serán examinadas por jueces que no se encuentran comprometidos con la instrucción ni con una teoría del caso favorable a afirmar la culpabilidad de los acusados.
Los hechos que busca establecer el fallo son de la mayor gravedad, y es un deber de justicia hacia la familia y el país que sean totalmente aclarados. Ello implica también cumplir con el debido proceso, incluyendo la presunción de inocencia. Al final de este largo caso, el país debe arribar a un juicio que no dé espacio a dudas ni a conjeturas.
Los hechos que busca establecer el fallo son de la mayor gravedad, y es un deber de justicia hacia la familia y el país que sean aclarados.
Recién ahora las pruebas serán examinadas por jueces que no se encuentran comprometidos con la instrucción.

Llegó la Hora de Zarandear el Avispero

Por Cristián Labbé Galilea

“¡No puedo creerlo¡” .” ¡Me resisto a pensar que es cierto!”., son las expresiones más repetidas a raíz del caso Frei Montalva. Y sorprende que provengan de personas muy distintas. Por un lado los cándidos que creen todo lo que escuchan y por el otro los sagaces que no pueden creer hasta dónde llega la miseria y la pequeñez de algunos políticos.
A los primeros, es imperioso entregarles información breve y contundente, para evitar que repitan como loros todo lo que escuchan, y a los segundos (los avispados) es fundamental exhortarlos a dejar la zona de confort para que, “con un agudo zumbido”, denuncien y viralicen esta desvergonzada maniobra política.
Partamos por dejar claramente establecido que, en relación a la muerte de ex-Presidente Frei Montalva, el Ministro Madrid descartó de plano el envenenamiento; por lo tanto, quienes hablan de que fue envenenado… ¡afirman una mentira!
⦁ …Lo cierto es que todos los peritajes realizados por prestigiosos laboratorios extranjeros concluyeron que ni el talio, ni ningún otro agente químico, había sido la causa de muerte; por lo tanto todo lo que se dice… ¡es mentira!
⦁ …Lo cierto es que el magistrado descartó la existencia de una conspiración para matar a Frei M.; por lo tanto… ¡mienten quienes dicen que fue un magnicidio!
⦁ …Lo cierto es que en ninguna parte se establece que la decisión de atentar contra el ex-Presidente proviniera de alguna autoridad superior; por lo tanto quienes involucran al Presidente Pinochet y al Ejército… ¡mienten descaradamente!
Por otra parte es importante llamar la atención sobre que:
⦁ …nada se dice en relación a que su yerno, el doctor Juan Pablo Beca, declaró que fue “testigo directo” de que las causas de la muerte a Frei M. se debieron a complicaciones derivadas de una operación realizada por su médico de cabecera (el doctor Augusto Larraín O.);
⦁ …nada se dice en relación a que la enfermera de cabecera del ex-Presidente era Victoria Larraechea, hermana de Marta, la señora de Eduardo Frei R.T.;

⦁ …nada se dice sobre que esta causa es vista con el sistema procesal antiguo, que fuera sustituido por el actual ya que era injusto e inquisitivo: el mismo ministro investiga, acusa y condena, lo que es hoy por hoy una aberración jurídica;

⦁ …nada se dice respecto a que los acusados por el ministro Madrid son todos civiles del “círculo de amigos, cerrado y de hierro” del ex Presidente, por lo que no está involucrado el Estado ni ningún militar (…ni soñar entonces con indemnizaciones);
⦁ …nada se dice sobre que lo informado es solo un fallo de primera instancia y que todavía quedan varias circunstancias para restablecer la verdad y la justicia.

Dicho lo anterior, es posible esperar que en las próximas etapas judiciales surja la verdad y se restablezca la justicia, con lo cual toda esta batahola comunicacional y política artificial se debiera venir abajo. Será en ese minuto cuando tendrán que responder los Lagos, los Piñera, los Ossandón y tantos otros “caraduras” que, sin mediar reflexión ni prudencia, se han aprovechado del momento para sacar mezquinos dividendos y fomentar el odio, la división y la mentira.
Por último, es indispensable imprimir un fuerte ánimo a esos muchos astutos, sagaces y “avispados” ciudadanos que no se dejan amilanar por difíciles que sean los tiempos. Ahora más que nunca hay que “agitar el avispero de la verdad” y salir a defenderla con fuerza y convicción.