No está perdida toda esperanza

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Cuando elevaban a los altares a la portadora de bombas incendiarias destinadas a ser lanzadas a vehículos de locomoción para impedir que la gente fuera a sus trabajos; y la justicia prevaricadora arrasaba con todas las leyes para perseguir a quienes enfrentaron ese terrorismo, el examen de las declaraciones de nueve ex conscriptos del Ejército, de un total de once, que participaron en los hechos, me ha hecho recobrar parte de mi fe en que subsiste una fibra moral intacta en nuestro pueblo.

Esos nueve han demostrado tener un coraje y una firmeza de carácter mayores que muchos de sus superiores uniformados.  No han cedido a la tentación de traicionar a otros, mentir y sumarse a la corriente dominante, que lo único que les pide, a una sola voz con una judicatura dominada por la politiquería y que contraviene las leyes, es que respalden la “verdad oficial”.

Y, todavía, uno de ellos ha tenido el coraje de autoinculparse de haber provocado accidentalmente el fuego que quemó a los dos activistas portadores de las bombas incendiarias. ¡Qué contraste moral entre las personalidades de esos nueve hombres modestos y una judicatura de izquierda que no tiene miramientos en mandarlos ilegalmente presos!

Esos únicos dos desertores del grupo ni siquiera están de acuerdo entre sí. Uno inculpa al teniente Castañer de haber iniciado el fuego con un encendedor; el otro al teniente Fernández de haberlo hecho con un fósforo. Pero los otros nueve coinciden en que ambos oficiales estaban alejados del estallido del fuego.

Entre los referidos nueve ha surgido la voz de Leonardo Riquelme Alarcón, quien, teniendo todo qué perder, da razones de conciencia, expresa no estar movido por ningún interés económico y confiesa que un movimiento accidental suyo propio provocó la ruptura de un envase explosivo y generó el fuego que quemó a Rojas y Quintana, al tiempo que los dos oficiales daban órdenes de que se les apagara.

Creo que nos han dado un ejemplo valioso en tiempos de corrupción generalizada, ilegalidad rampante y uso desatado de la mentira para conseguir dividendos políticos.

Tomado de un artículo de Hermógenes Pérez de Arce

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Reflexiones sobre el “caso quemados” y sus implicancias

La casa de campo del matrimonio Luchsinger-Mackay arde

La casa de campo del matrimonio Luchsinger-Mackay arde

La confesión de un ex conscripto que integró la patrulla que detuvo a Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas, víctimas del “caso quemados” ocurrido en 1986, durante una jornada de protesta, nos ha hecho volver la mirada nuevamente al escabroso tema de las “violaciones a los derechos humanos” del gobierno militar.

Según el tribunal, las víctimas fueron detenidas portando “elementos incendiarios” y, al tratar una de ellas de huir, uno de esos elementos se volteó e inflamó quemando a Quintana y Rojas, quienes fueron auxiliados por los militares. A continuación el capitán a cargo de la patrulla, a solicitud de Rojas, los liberó en vez de trasladarlos a un centro asistencial, lo que le valió ser condenado por cuasi delito de homicidio (esto significa que la culpabilidad del capitán consiste en haber omitido prestar a Rojas el auxilio que le habría evitado la muerte, actuando no con mala intención sino con descuido).

La otra versión consiste en que los muchachos fueron detenidos, luego uno de los militares los roció con combustible para amedrentarlos y a continuación otro les prendió fuego, aunque según otro ex conscripto una de las víctimas accidentalmente volteó una de las botellas con combustible generando la inflamación. Después, por orden de uno de los oficiales, las víctimas desfallecientes fueron metidas en sacos y arrojadas a una zanja en un lugar solitario. El hecho quedó sellado con un pacto de silencio entre los militares que se habría roto el 21 de julio recién pasado, motivando la reapertura del caso.

La versión del tribunal se me hace creíble porque está contenida en una sentencia pronunciada luego de un debido proceso, con primera y segunda instancia y ratificada por la Corte Suprema, y además esto último en 1993, más de tres años después de acabado el gobierno militar. Que las víctimas hayan sido detenidas portando bombas incendiarias también es creíble, pues en esa época era común que opositores realizaran actos de violencia con el fin de impedir el normal funcionamiento del país, como lanzar bombas molotov a microbuses o poner bombas en la calle o en universidades.

En favor de la otra versión, me parece posible que unos militares jóvenes y desquiciados hayan querido amedrentar a las víctimas rociándolos con combustible y que luego un accidente haya provocado la inflamación. Que uno de ellos haya actuado intencionalmente se me hace difícil de creer, aunque no lo descarto; sí así fue, se trata de un acto de salvajismo horroroso. Sin embargo, también hay razones para dudar: la publicidad con que ha actuado la Srta. Quintana y el ex conscripto que habló primero (incluyendo abrazo de perdón a la madre Rojas televisado en directo) y que el caso se haya reactivado en el momento más oportuno para el gobierno de Bachelet.

Primero, no es lógico ni justo usar el caso para desprestigiar al gobierno militar, pues ni el Presidente Pinochet, ni su Ministro del Interior, ni autoridad alguna de la época dieron orden de quemar a Quintana y a Rojas, más aún, me atrevo a asegurar que si hubiesen podido hacer algo para evitarlo, lo habrían hecho. Incluso para aquellos que atribuyen a las autoridades de la época una perversidad que raya en lo patológico, resulta claro que un caso como éste era inconveniente para la imagen tanto interna como externa del régimen.

Por lo mismo, en mi opinión las declaraciones de la Srta. Quintana en el sentido de querer proceder judicialmente en contra de autoridades civiles del gobierno militar desperfilan su actuar. Entiendo su rabia, pero sus declaraciones le dan a su caso una connotación política que, al no contar con fundamento racional, contribuye a dudar de sus intenciones y a generar asidero a una teoría de la conspiración. Me explico: el caso resurge cuando la popularidad de la presidenta cae en picada y el gobierno se ve complicado en su empeño por cambiar la Constitución de 1980, lo cual obviamente refuerza la idea de una supuesta necesidad moral de acabar con todo vestigio de la obra del gobierno de las FF.AA.

En enero de 2013 el matrimonio Luchsinger-Mackay fue asesinado y quemado en su casa de campo. En mi opinión, además de la responsabilidad directa de los asesinos, a la izquierda le cabe responsabilidad moral pues el hecho se enmarca en un conflicto que ha sido alentado explícita e implícitamente por ella. ¡Si hasta parlamentarios han asistido a reuniones de “comuneros” apoyándolos en sus reivindicaciones! Más responsabilidad tiene la izquierda en este caso que el gobierno militar en el caso quemados. Y, por supuesto, la presidenta Bachelet no ha recibido en La Moneda a los hijos del matrimonio, como tampoco el presidente del Senado o un periodista les ha perdido perdón a nombre del país.

Por todo esto, lamentando profundamente el drama ocurrido a la Srta. Quintana y a su compañero, y condenando tajantemente el actuar de los militares de ser cierta la segunda versión, le digo a usted, estimado lector, que si es de quienes valoran la obra del gobierno militar, no se sienta acomplejado, ni amedrentado ni culpable: la izquierda NO tiene autoridad moral para hablar de derechos humanos ni la tendrá nunca. En la historia ningún grupo humano, fuerza política, ideología, país o entidad del tipo que sea ha causado más muertes y sufrimiento que el socialismo desde 1917. Los izquierdistas de nuestro país lo saben y, cuando nos muestran su odio por apoyar las “violaciones a los derechos humanos”, en el fondo es el odio que sienten hacia ellos mismos por no poder liberarse de su ideología.

Tomado del artículo de Gastón Escudero Poblete

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Hacia un «punto final» en casos de DD.HH

El encubrimiento de la verdad

Curiosa reactivación de 6 casos de Derechos Humanos

Delito-Prevaricacion

Los hechos relativos a causas de DDHH se han tornado vertiginosos durante las últimas semanas. Resulta curioso, ya que coincide con la pésima evaluación ciudadana de Bachelet, con los casos de corrupción política, y el conflicto con los profesores.

Este viernes y luego que se conocieran nuevos antecedentes en el «Caso Quemados» se conoció que los siete involucrados deberán enfrentar a la justicia, seis de ellos como autores y uno como cómplice de los hechos ocurridos en 1986.

Al perecer fue el corolario de la acción prevaricadora de los jueces. ¿Se habrán concertado para dictar resoluciones al mismo tiempo con el afán de copar la agenda informativa nacional? ¿Y de ser así, que tipo de acciones gubernamental hubo sobre los tribunales supuestamente imparciales y objetivos?

También la opinión pública conoció novedades en el caso Víctor Jara. En la resolución, Vázquez procesó como autores de los delitos de homicidio calificado a los ex miembros del Ejército: Hugo Sánchez Marmonti, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Jorge Smith Gumucio, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana, Hernán Chacón Soto y Patricio Vásquez Donoso.

En el caso Frei Montalva, el 19 de mayo, y luego que el caso fuera cerrado en octubre de 2014, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó reabrir la investigación por la muerte del ex Presidente a solicitud de la defensa del doctor Valdivia, y los querellantes en la causa: Carmen Frei y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Caso Degollados: ha vuelto a reflotar luego de que la Corte de Apelaciones otorgara libertad condicional a Alejandro Sáez, uno de los condenados a cadena perpetua por los asesinatos. Familiares de las víctimas han denunciado el hecho y han presentado recursos para que se revoque el beneficio.

Operación Colombo: Hernán Crisosto, ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los DDHH de la Corte de Apelaciones de Santiago, condenó el pasado  miércoles a 76 ex miembros de la DINA por el secuestro calificado del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Sergio Arturo Flores Ponce,, víctima de la denominada “Operación Colombo”. El ministro dictó una condena de 13 años de presidio, en calidad de autores, a Manuel Contreras, César Manríquez, Pedro Espinoza, Marcelo Moren, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga.

Caso Gervasio: El pasado 28 de mayo el Servicio Médico Legal exhumó el cuerpo del cantautor uruguayo Gervasio para establecer si se trató de un crimen o un suicidio, tras petición de su hermana Blanca Viera.

 

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De terrorista a sicario

En estado crítico carabinero baleado en Peñalolén

El Estado de Derecho puesto en duda

Contexto de 1986, año del caso quemados

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1986 fue un año difícil para Chile. Las acciones armadas de extrema izquierda eran habituales y los líderes políticos de oposición justificaban la utilización de acciones violentas como medio de acción política.

En Chile los grupos de izquierda con características violentas surgieron en los años 1960, en el contexto de la radicalización que se vivió en la época de los llamados Tres tercios, influenciados por la Revolución cubana, los movimientos estudiantiles del Mayo francés de 1968 y el establecimiento de diversas guerrillas en América Latina. El principal grupo de este periodo fue el Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

Después del golpe militar de 1973 contra el gobierno de la Unidad Popular, que pretendía instaurar una dictadura del proletariado, estas acciones fueron protagonizadas por el Frente Manuel Rodríguez, incluyendo el fallido atentado contra el general Pinochet en 1986.

Muchos líderes de la derecha estaban públicamente amenazados de muerte y la infiltración de la izquierda en sindicatos y universidades eran la base organizativa de protestas en las poblaciones de Santiago y otras ciudades, que no consideraban los reveses de la economía internacional.

 

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Alcaldes advierten sobre baja en matrículas por paro docente

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