El Estado de Derecho

 

El Estado de Derecho ha consagrado una serie de Principios:

División de poderes. Teóricamente quien debería primar es el Poder Legislativo porque crea la ley, pero nos encontramos con la preponderancia es del Poder Ejecutivo. El Presidente de la República nombra a los jueces, vela por la conducta ministerial (fiscaliza), puede otorgar indultos, y además propone el presupuesto.

Principio de las Garantías Constitucionales. Son el resguardo de los ciudadanos ante las arbitrariedades del Estado, especialmente del poder administrador, es decir, del Poder Ejecutivo.

Principio de legalidad. Es un principio que se constituye como límite del actuar de los órganos del Estado, especialmente el poder administrativo. La ley es la norma que condiciona el actuar de los órganos del Estado:

Principio del Estado Social: Significa que todo el aparato público, especialmente el poder administrador, debe realizar toda su función en vista de los intereses públicos. El bien común es el motor de toda la actividad del Estado. Para ello el Estado debe respetar el desarrollo Individual.

Estado democrático. Es el Estado participativo, se participa a través de elecciones periódicas de Presidente de la República, parlamentarios, alcalde-concejales, hay una expresión de soberanía. Pero el Estado democrático no es sólo eso, hoy se abre a la participación de los ciudadanos en la administración del Estado, en la toma de decisiones que le van a afectar.

 

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El populismo busca líderes carismáticos

Violencia en el Centro de Justicia

Sobre el proyecto de ley que reforma la Constitución

El populismo busca líderes carismáticos

 

Lamentablemente el populismo se ha enquistado en la vida política de las naciones americanas. Susu efectos son nocivos para el normal funcionamiento y prestigio de las instituciones de los regímenes denocráticos, y en nada favorece la solución de los urgentes problemas de los ciudadanos.

Chile no es la excepción. Necesitamos líderes políticos enfocados en la racionalidad de los procesos institucionales y económicos necesarios para el progreso, que privilegien el diálogo e impulsen una efectiva reconciliación nacional en base al perdón. Solo así podremos mirar el futuro y enfrentarlo con voluntad y optimismo.

El populismo busca seducir con sus discursos y promesas sin sustento. Hay que mirar la realidad para mejorarla, sin manipular a las personas con menos educación.

Violencia en el Centro de Justicia

Defensoria Centro de Justicia de Chile

Parecen otros tiempos. Sin embargo, los hechos de violencia que afectaron a los parlamentarios de la UDI, Patricio Melero, María José Hoffmann, Ernesto Silva, y Felipe Cuevas, entre otros, que acompañaban a los cinco imputados de su bancada (Iván Moreira, Pablo Zallaquett, Felipe de Mussy y Jovino Novoa), fueron reales y lamentables.

La violencia ligada al quehacer político no es propia de un régimen democrático. Todo lo contrario, deteriora las relaciones entre partidos, que si bien pueden tener diferencias, están obligados a seguir las reglas del juego republicano.

Este hecho puntual, ocurrido en la entrada del Centro de Justicia, es sintomático del estado de cosas imperante. Hay sectores ciudadanos para los que el respeto a la dignidad de las personas no parece tener importancia. Desde el punto de vista legal, todo imputado tiene derecho a concurrir a los tribunales con resguardo de su integridad física y psicológica, y con dignidad.

Hernán Larraín sindicó como responsable al Partido Comunista. Aludió a un doble estándar de la colectividad de izquierda al decir “los vemos en La Moneda pero también en las calles agrediendo a la gente que va a acompañar pacíficamente a quienes están pasando por un mal momento”.

Chile merece paz y tranquilidad, y los órganos de la justicia deben garantizar que todos y cada uno de los ciudadanos, tengan el derecho de presentarse en las cortes sin miedo.

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Sobre el proyecto de ley que reforma la Constitución

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Sobre el proyecto de ley que reforma la Constitución

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Para nadie es un secreto que la iniciativa del Ejecutivo para reformar la Constitución, que ya se encuentra en trámite legislativo, generará una situación polémica y de división de la ciudadanía. Se pretende declarar imprescriptibles e inamnistiables los crímenes y delitos de guerra, lesa humanidad y genocidio, independientemente de la fecha en que hayan ocurrido los hechos. Además, los autores no estarían afectos a indulto u otros beneficios penitenciarios que signifiquen reducción o sustitución de las condenas privativas de libertad.

Nuestro país ya cuenta con una ley que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad (2009), y establece que: “La acción penal y la pena de los delitos previstos en esta ley no prescriben”. Por lo tanto, no pueden ser calificados como “delitos de lesa humanidad” hechos ocurridos con anterioridad a esa fecha.

Este principio de legalidad ha sido ratificado por convenios y tratados más importantes del mundo. Ninguna ley puede, en efecto, establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella. La ley no puede ser retroactiva. Chile no puede suspender, por motivo alguno, ni siquiera en caso de guerra, la vigencia de dicho principio legal.

Los tratados internacionales sobre derechos humanos, ratificados por Chile, y por lo tanto vigentes, se deben aplicar sin excepción. Ninguna ley puede ser dictada, si la norma entra en colisión con dichos tratados (priman sobre las legislaciones internas de los países). De acuerdo a ellos, la ley en trámite, solo sería aplicable a hechos ocurridos con posterioridad al 18 de julio de 2009.

 

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