Prevaricación judicial, un delito que no prescribe (1)

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La prevaricación es el delito que consiste en el incumplimiento de las obligaciones propias del cargo por parte de un funcionario, un juez o un abogado. Se comete cuando un juez dicta una sentencia que no es justa, e implica dictar maliciosamente resoluciones injustas (judiciales o administrativas) o faltar a sabiendas al cumplimiento  de los  deberes del cargo.

El Código Orgánico de Tribunales establece que el plazo para deducir acción contra un juez para hacer efectiva su responsabilidad criminal o civil es de seis meses contados desde el momento en que se hubiere notificado o pronunciado.

Sin embargo hoy, el delito de prevaricación judicial no prescribe cuando esta conducta tiene lugar en causas criminales condenatorias, en donde las libertades de las personas se ven comprometidas, por cuanto tal delito  en  este  caso, es un delito de lesa humanidad, a lo que Chile suscribió en Mayo del año 2009, en el conocido Estatuto de Roma.

La OEA y del  Comité  de Derechos Humanos de la ONU, tienen competencia para recibir denuncias sobre violaciones al debido proceso legal, por lo que cualquier persona puede presentar denuncias o comunicaciones individuales ante dichas instancias, por violaciones a las garantías del debido proceso.

Prevaricar es aplicar torcidamente el derecho. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “los tratados concernientes a esta materia están orientados, más que a establecer un equilibrio de intereses entre Estados, a garantizar el goce de derechos y libertades del ser humano”. El objeto es la protección de los derechos fundamentales en toda circunstancia y respecto de toda persona, independientemente de su nacionalidad, sexo, edad, raza, religión, opinión política, forma de pensar, origen social, posición económica o cualquier otra condición.

Debemos exigir el cumplimiento del derecho y repudiar todo intento que llame a dejarse seducir por la equidad, que seguirá siendo una constante tentación de los jueces sin advertir el daño que provocan.

 

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De lo que pocos quieren hablar

Palacio de tribunales

En Chile, los crímenes prescriben luego de 5 a 10 años de cometidos los delitos, por lo tanto no deberían estar presos los militares. Frente a ello, hay quienes dicen que los crímenes en materia de DDHH no prescriben acorde a los distintos tratados internacionales que ha suscrito Chile en materia de DDHH. El error de quienes argumentan eso, es que estos tratados fueron suscritos por Chile mucho después de cometidos los supuestos delitos y, acorde a la retroactividad de la ley penal, no se puede aplicar nuevas leyes al imputado cuando ya se han cometido los delitos.

También, como nuestros jueces sabían del error que estaban cometiendo al no cumplir la retroactividad de la ley penal, condenaron a los militares en base a una figura jurídica inexistente: el secuestro permanente, que implicaba que los militares seguían teniendo secuestradas a las víctimas hasta ahora para así saltarse de algún modo la prescripción de la pena; como si el anciano militar de 80 años tuviese a un mirista escondido en su casa el día de hoy; ¡absurdo!

Pero esto no acaba aquí, las injusticias suman y siguen: les dieron amnistía a todos los ex terroristas y absolutamente nada a los militares; pasándose a llevar otro principio básico del derecho: la igualdad ante la ley. La ley es ciega, por lo tanto, para todos por igual, sin importar si eres de izquierda o derecha, ciego o vidente, religioso o no religioso; en este caso militar o civil.

Pero, aún falta el tema más escandaloso de todo esto: las condenas sin pruebas. Mucho militares han sido condenados únicamente en base a “fundadas presunciones” sin prueba de nada e, incluso, muchas veces aun con pruebas no cometidos los delitos. Otro principio del derecho pasado a llevar: toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Luego de la Guerra Civil de 1891 que murieron entre 5 mil y 10 mil en solo un año (muchísimos más muertos que en los veinte años del gobierno militar), se dio amnistía para ambos bandos y se logró reconciliar el país a los pocos años de concluido el conflicto. La razón por la que Chile sigue estando, luego de 25 años de acabado el gobierno militar, dividido y no ha habido reconciliación; es porque no hay amnistía para ambos bandos y la justicia ha llegado solo a un bando.

José Antonio Vidal R.

Comentarios recibidos:

“Por fin alguien que hable con la verdad. Lo felicito”,  José Luis Silva.

“Excelente. Finalmente alguien escribe con la verdad de los hechos y el derecho. Felicitaciones!”, Juan Pedro

 

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El populista usa de modo discrecional los fondos públicos

Los cinco minutos de Dios

Velas para nuestros héroes

El populista usa de modo discrecional los fondos públicos

 

Todos los ciudadanos deben pagar impuestos. Con esos ingresos el Estado se encarga de financiar la educación, salud, y otros servicios sociales y públicos fundamentales. Se supone que la correcta administración de dichos recursos está basada en el bien común, teniendo presente las prioridades (contexto socio-económico). Los criterios de racionalidad y ecuanimidad dictan el contenido específico del gasto estatal.

El problema surge cuando asumen o entronizan regímenes populistas, de la mano de líderes carismáticos y con facilidad de palabra, que no hacen otra cosas que cultivar el engaño sistemático de los sectores más vulnerables de una población determinada. Estos gobernantes hechan mano del erario público para pagar favores políticos, financiar las redes partidarias que sustentan su operatividad en el poder, y para financiar políticas irracionales con el objeto de mantener lasimpatía de las masas.

Ello no logra otra cosas que mermar las arcas fiscales y, a largo plazo, deslegitimar el sistema de gobierno. Nuestro país ha vivido lamentables pasajes de la historia en que se expandió el gasto del Estado en forma irresponsable, con el único norte de impulsar medidas populistas con el claro signo ideológico. Las consecuencias son por todos conocidas.

 

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Velas para nuestros héroes

Educación en Finlandia, la fórmula del éxito (2)

El populismo busca líderes carismáticos

 

Lamentablemente el populismo se ha enquistado en la vida política de las naciones americanas. Susu efectos son nocivos para el normal funcionamiento y prestigio de las instituciones de los regímenes denocráticos, y en nada favorece la solución de los urgentes problemas de los ciudadanos.

Chile no es la excepción. Necesitamos líderes políticos enfocados en la racionalidad de los procesos institucionales y económicos necesarios para el progreso, que privilegien el diálogo e impulsen una efectiva reconciliación nacional en base al perdón. Solo así podremos mirar el futuro y enfrentarlo con voluntad y optimismo.

El populismo busca seducir con sus discursos y promesas sin sustento. Hay que mirar la realidad para mejorarla, sin manipular a las personas con menos educación.

Violencia en el Centro de Justicia

Defensoria Centro de Justicia de Chile

Parecen otros tiempos. Sin embargo, los hechos de violencia que afectaron a los parlamentarios de la UDI, Patricio Melero, María José Hoffmann, Ernesto Silva, y Felipe Cuevas, entre otros, que acompañaban a los cinco imputados de su bancada (Iván Moreira, Pablo Zallaquett, Felipe de Mussy y Jovino Novoa), fueron reales y lamentables.

La violencia ligada al quehacer político no es propia de un régimen democrático. Todo lo contrario, deteriora las relaciones entre partidos, que si bien pueden tener diferencias, están obligados a seguir las reglas del juego republicano.

Este hecho puntual, ocurrido en la entrada del Centro de Justicia, es sintomático del estado de cosas imperante. Hay sectores ciudadanos para los que el respeto a la dignidad de las personas no parece tener importancia. Desde el punto de vista legal, todo imputado tiene derecho a concurrir a los tribunales con resguardo de su integridad física y psicológica, y con dignidad.

Hernán Larraín sindicó como responsable al Partido Comunista. Aludió a un doble estándar de la colectividad de izquierda al decir “los vemos en La Moneda pero también en las calles agrediendo a la gente que va a acompañar pacíficamente a quienes están pasando por un mal momento”.

Chile merece paz y tranquilidad, y los órganos de la justicia deben garantizar que todos y cada uno de los ciudadanos, tengan el derecho de presentarse en las cortes sin miedo.

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Sobre el proyecto de ley que reforma la Constitución

El sectarismo vigente en Chile

El negocio de los derechos humanos en Latinoamérica

Sobre el proyecto de ley que reforma la Constitución

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Para nadie es un secreto que la iniciativa del Ejecutivo para reformar la Constitución, que ya se encuentra en trámite legislativo, generará una situación polémica y de división de la ciudadanía. Se pretende declarar imprescriptibles e inamnistiables los crímenes y delitos de guerra, lesa humanidad y genocidio, independientemente de la fecha en que hayan ocurrido los hechos. Además, los autores no estarían afectos a indulto u otros beneficios penitenciarios que signifiquen reducción o sustitución de las condenas privativas de libertad.

Nuestro país ya cuenta con una ley que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad (2009), y establece que: “La acción penal y la pena de los delitos previstos en esta ley no prescriben”. Por lo tanto, no pueden ser calificados como “delitos de lesa humanidad” hechos ocurridos con anterioridad a esa fecha.

Este principio de legalidad ha sido ratificado por convenios y tratados más importantes del mundo. Ninguna ley puede, en efecto, establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella. La ley no puede ser retroactiva. Chile no puede suspender, por motivo alguno, ni siquiera en caso de guerra, la vigencia de dicho principio legal.

Los tratados internacionales sobre derechos humanos, ratificados por Chile, y por lo tanto vigentes, se deben aplicar sin excepción. Ninguna ley puede ser dictada, si la norma entra en colisión con dichos tratados (priman sobre las legislaciones internas de los países). De acuerdo a ellos, la ley en trámite, solo sería aplicable a hechos ocurridos con posterioridad al 18 de julio de 2009.

 

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El negocio de los derechos humanos en Latinoamérica

Una democracia en cuestión

Igualdad ante la ley, un principio universal

El sectarismo vigente en Chile

Paseo Ahumada

Nuestro país conoce mucho, lamentablemente, del sectarismo en la vida política. Por causas históricas tales como la guerra fría (de la Latinoamérica se imbuyó) o la emergencia de regímenes totalitarios vinculados al marxismo en el continente, las reacciones que surgieron desde amplios conglomerados sociales y corporativos fueron plenamente justificables.

Pero el mundo ha cambiado, Chile ha cambiado; la lucha entre superpotencias e ideologías contrapuestas ya no existe. Por ello llama la atención que esta tendencia a hacer de un partido u otra organización política una secta, es decir, un grupo cerrado, fanático, celoso, intransigente, fundamentalista y beligerante, que descalifica a los que piensan diferente, continúe presente en grupos que se autodefinen como progresistas, democráticos y “reconciliadores” respecto de los hechos que el pasado nos dividieron como hijos de un mismo suelo.

Las disensiones ideológicas generan sentimientos muy fuertes de odio y de intolerancia entre sí. La revancha es su consecuencia; de ahí a la persecución, manifiesta u agazapada, hay solo un paso.

La pregunta fundamental es a quiénes afirmaron haber recuperado la democracia e iniciado un camino de (re) encuentro entre los chilenos a partir de 1990: ¿Por qué hoy, tras 25 años, siguen predicando ni perdón ni olvido? Es más, desde las instituciones de gobierno se alientan las acciones del poder judicial en orden a no aplicar con imparcialidad y ecuanimidad las leyes y normas vigentes, entendidas como conocidas y comunes a todos los ciudadanos.

La actitud intransigente desgasta en forma, pero segura, la convivencia nacional y el normal funcionamiento del mundo económico, dimensiones necesarias para centrar los esfuerzos en el futuro y no en el pasado, en el desarrollo y progreso para todos.

Políticos de todos los sectores se han negado a discutir y confrontar la situación de los exmilitares que continúan siendo procesados y encarcelados por casos afectos a la ley de amnistía vigente. Es un tema pendiente que no puede ser soslayado si por los medios de comunicación se evangeliza con el respeto a la diversidad, la tolerancia a las ideas y el respeto a la naturaleza digna de toda persona.

El negocio de los derechos humanos en Latinoamérica

 

Para nadie es un secreto que los juicios por presuntas violaciones a los Derechos Humanos por parte de ex-militares, tanto en Chile, Argentina y otros paises, se ha convertido en una lucrativa actividad para ciertos grupos de abogados (generalmente ligados a la izquierda política). Muchas veces los honorarios de los profesionales no son pagados por las familias de los involucrados en los hechos, sino por organizaciones del extranjero.

Los gobiernos de turno, inmersos en afanes electorales, fomentan el inicio de causas para atraer a una opinión pública (a) crítica respecto de los antecedentes históricos, que llevaron al quiebre de las democracias del continente a fines de los años 60 y durante la década siguiente.

Es lamentable que la defensa de principios universales se haya transformado en una «empresa». Tal situación no logra otra cosa que contribuir al desprestigio de los regímenes de gobierno actuales, alimentando el odio y la revancha. Difícil escenario para una efectiva reconciliación.

Chile merece

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Todo país se construye en base a principios permanentes y comunes a todos los ciudadanos, tales como el territorio, la identidad cultural y la historia. La constitución de los estados nacionales en Latinoamérica emergió como un proceso modernizador en que la libertad e igualdad fueron los ejes movilizadores de la emancipación del imperio español circunscrita a las fronteras naturales del continente.

Nuestra cultura reconoce el aporte de diversos pueblos que en el crisol de los hechos históricos dieron lugar al “ser nacional”. El pasado ayuda a entender el presente y a proyectar el futuro. El “somos chilenos”, entonces, se potencia a la luz de los principios ya formulados en las bases fundadoras de la República.

En un mundo globalizado y complejo como el actual, y producto de los avatares históricos, muchas personas sienten que hemos perdido el rumbo; un tiempo en que los principios fundamentales del ser nosotros ya no movilizan la acción política, legislativa, y de la justicia. Es más, en especial a sectores de las generaciones más jóvenes, parece no importarles el cómo esos elementos comunes están moldeando el presente y determinando el futuro.

Nuestra propuesta es a re-pensar lo que queremos para Chile. Recuperar, por cierto, lo bueno que hemos perdido, y a innovar con opiniones constructivas a un debate que se ha entrampado en la defensa de intereses particulares que no siempre calzan con las necesidades de todos. El bien común, no es un concepto abstracto, constituye la conciliación básica de las libertades públicas y la justicia igualitaria para todos. Condiciones básicas: transparencia y probidad.