Hacia un «punto final» en los casos de DD.HH

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El ex ministro de Defensa de Sebastián Piñera y Ricardo Lagos, Jaime Ravinet, afirmó que se debe buscar «la verdad, la justicia y la prescripción». Se trata de un ex militante DC que nunca se sintió cómodo en un conglomerado político que también integraban marxistas.

Propuso «punto final» en los procesos judiciales por derechos humanos y desmintió la existencia de un pacto de silencio entre ex militares y agregó que el Ejército ha colaborado en esclarecer los casos durante la democracia.

Ravinet planteó que se deben establecer plazos para acortar los procesos, ya que según él, no se pueden extender por años. «Una de las instituciones fundamentales de la paz social es la verdad, la justicia y la prescripción. El tiempo cura todo», aseveró.

En cuanto a los llamados crímenes de lesa humanidad, el ex ministro subrayó que en algún momento «hay que establecer ciertas condiciones y reglas para que, al menos, el proceso se agilice», resaltando que alargar las causas es «perjudicial».

«Las reglas son parejas y deberían ser para todos», dijo Ravinet aludiendo a la tan necesaria igualdad ante la ley en nuestro país. Sus dichos son acertados, en un momento en que el gobierno ha desplegado una ofensiva comunicacional basada en la reactivación de causas por derechos humanos.

Chile merece que sus ciudadanos sean tratados por la justicia como iguales. No hay personas de primera y segunda categoría.

 

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El encubrimiento de la verdad

Prensa condenó por adelantado a inculpados por caso quemados

Sin Verdad, sin Derecho, sin Destino

¿Podrá el Odio Salvar a Michelle Bachelet?

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Chile es parecido al país de “1984” de Orwell. Cuando en aquél el gobernante totalitario (léase “marxista” en el caso de Chile), se veía en algún apuro de imagen, concitaba a la ciudadanía a “un minuto de odio” contra el oficialmente declarado enemigo público número uno del régimen, que se llamaba Emmanuel Goldstein y, para efectos locales, Augusto Pinochet.

Acá la gobernanta marxista actual, afectada como nunca en su popularidad por las razones de todos conocidas, en este minuto está logrando convocar y distraer a la ciudadanía con su “minuto del odio”, resucitando un episodio ya aclarado, juzgado y terminado, el “caso Quemados”.

Y Carmen Gloria Quintana reapareció inmediatamente, por supuesto, ante los focos de la TV y se puso desde la partida al rescate de Michelle Bachelet. Lo irónico es que el 99,9% de los chilenos ya estaba convencido por la propaganda marxista de la mentira de que los militares habían quemado a Rodrigo Rojas y Carmen Gloria Quintana, pese a que la justicia (antes de ser copada por los marxistas) había establecido lo contrario como “verdad judicial”.

Ahora esta maniobra publicitaria, obtenida a partir de un ex militar que, con 29 años de atraso, ha experimentado una repentina epifanía o ha sido suficientemente motivado como para “darse vuelta la chaqueta”, o ambas cosas, lo ha venido a confirmar. El 99,9% de los chilenos, que de acuerdo a las normas del derecho y la razón, como normalmente sucede, estaban equivocados, ahora resulta que ¡estaban en lo cierto! “Tontilandia es así”, diría Jenaro Prieto.

Pero la opinión pública se maneja y es llevada de aquí para allá y de allá para acá a través de los medios. La maniobra político-propagandística es burda, ridícula, agujereada por múltiples contradicciones internas que no resisten ni siquiera el menor análisis lógico ni jurídico.

 

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¿No nos contagiaremos?

Curiosa reactivación de 6 casos de Derechos Humanos

De terrorista a sicario

Curiosa reactivación de 6 casos de Derechos Humanos

Delito-Prevaricacion

Los hechos relativos a causas de DDHH se han tornado vertiginosos durante las últimas semanas. Resulta curioso, ya que coincide con la pésima evaluación ciudadana de Bachelet, con los casos de corrupción política, y el conflicto con los profesores.

Este viernes y luego que se conocieran nuevos antecedentes en el «Caso Quemados» se conoció que los siete involucrados deberán enfrentar a la justicia, seis de ellos como autores y uno como cómplice de los hechos ocurridos en 1986.

Al perecer fue el corolario de la acción prevaricadora de los jueces. ¿Se habrán concertado para dictar resoluciones al mismo tiempo con el afán de copar la agenda informativa nacional? ¿Y de ser así, que tipo de acciones gubernamental hubo sobre los tribunales supuestamente imparciales y objetivos?

También la opinión pública conoció novedades en el caso Víctor Jara. En la resolución, Vázquez procesó como autores de los delitos de homicidio calificado a los ex miembros del Ejército: Hugo Sánchez Marmonti, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Jorge Smith Gumucio, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana, Hernán Chacón Soto y Patricio Vásquez Donoso.

En el caso Frei Montalva, el 19 de mayo, y luego que el caso fuera cerrado en octubre de 2014, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó reabrir la investigación por la muerte del ex Presidente a solicitud de la defensa del doctor Valdivia, y los querellantes en la causa: Carmen Frei y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Caso Degollados: ha vuelto a reflotar luego de que la Corte de Apelaciones otorgara libertad condicional a Alejandro Sáez, uno de los condenados a cadena perpetua por los asesinatos. Familiares de las víctimas han denunciado el hecho y han presentado recursos para que se revoque el beneficio.

Operación Colombo: Hernán Crisosto, ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los DDHH de la Corte de Apelaciones de Santiago, condenó el pasado  miércoles a 76 ex miembros de la DINA por el secuestro calificado del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Sergio Arturo Flores Ponce,, víctima de la denominada “Operación Colombo”. El ministro dictó una condena de 13 años de presidio, en calidad de autores, a Manuel Contreras, César Manríquez, Pedro Espinoza, Marcelo Moren, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga.

Caso Gervasio: El pasado 28 de mayo el Servicio Médico Legal exhumó el cuerpo del cantautor uruguayo Gervasio para establecer si se trató de un crimen o un suicidio, tras petición de su hermana Blanca Viera.

 

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De terrorista a sicario

En estado crítico carabinero baleado en Peñalolén

El Estado de Derecho puesto en duda

Violación sistemática de Derechos Humanos en Punta Peuco

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Las personas mayores privadas de libertad en el penal de Punta Peuco están siendo vulneradas en sus derechos fundamentales. El régimen intra-penitenciario que les ha impuesto Gendarmería no les permite acceder a beneficios propios de su edad y deterioradas condiciones de salud.

Las convenciones y tratados internacionales suscritos por Chile y, por lo tanto plenamente vigentes para todos nuestros ciudadanos, imponen la obligación al Estado de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

Los exuniformados no reciben “Cuidados paliativos”. La atención y cuidado activo, integral e interdisciplinario de pacientes cuya enfermedad no responde a un tratamiento curativo o sufren dolores evitables, es un derecho humano, que busca mejorar su calidad de vida hasta el fin de sus días.

En Punta Peuco los presos son sometidos a “Discriminación”. Cualquier distinción, exclusión, restricción que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos, es un atentado a la dignidad personal.

Tampoco se les garantiza un “Envejecimiento activo y saludable”. Es el proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, mental y social, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable.

Lo más grave, son sometidos a “Maltrato”, ya que Gendarmería y sus medidas les produce daño a su integridad física, psíquica y moral, y vulnera el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

 

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Prevaricación judicial, un delito que no prescribe (4)

Los Derechos Humanos de las personas mayores

El populista alienta la lucha de clases

Los Derechos Humanos de las Personas Mayores

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La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos han reafirmado la necesidad de consolidar un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos fundamentales de la persona.

Los organismos internacionales señalan la obligación de eliminar todas las formas de discriminación, en particular, por motivos de edad; resaltando que la persona mayor tiene los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras personas, y que estos derechos, incluido el de no verse sometida a discriminación fundada en la edad ni a ningún tipo de violencia, emanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano.

Surge la evidencia de dar cumplimiento a las leyes y programas de prevención de abuso, abandono, negligencia, maltrato y violencia contra la persona mayor, y la necesidad de contar con mecanismos nacionales que protejan sus derechos humanos y libertades fundamentales.

En Chile estas normas tienen plena vigencia y los órganos del Estado y la Justicia son los encargados de velar por su cumplimiento. Sin embargo, el respeto a los Derechos Humanos de las personas mayores que están presas en el penal de Punta Peuco no se aplican, ya que se les niegan beneficios intra-penintenciarios para los cuales cumplen los requisitos legales.

Muchos de los internos cuya dignidad no es garantizada, padecen enfermedades crónicas y se encuentran permanentemente en cama. Es urgente que la autoridad política y los tribunales den cumplimiento a las convenciones y tratados internacionales suscritos por nuestro país.

 

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El populista alienta la lucha de clases

Situación de Derechos Humanos en Punta Peuco

Hermógenes Pérez de Arce habla de Chile

Situación de Derechos Humanos en Punta Peuco

Penal de Punta Peuco

Penal de Punta Peuco

Gendarmería ha implementado acciones administrativas tales como obligar e los internos a formarse para inspección, cuatro veces al día. También redujo sus horarios de visita, con un control minucioso y lento para disminuir el tiempo de permanencia. La pregunta lógica es si dichas medidas nacen de las autoridades penitenciarias u obedecen a directrices de gobierno.

Los presos de Punta Peuco tienen un nivel cultural alto, ya que egresaron de Escuelas Matrices, con cursos de especialidad y de idiomas. Hay enfermos crónicos que no se levantan de sus camas; sin embargo, y pese a su avanzada edad, mantienen orden y aseo de los espacios.

A todos se les impide el acceso a la  computación y a la telefonía, como si el castigo, impuesto por la sentencia, fuera más allá del encierro o, pudieran usar la tecnología para generar algún daño.

Hace algún tiempo fueron sometidos a o una inspección de amanecida con perros. Son hechos expresivos de una falta de respeto hacia los derechos humanos de los condenados.

 

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Hermógenes Pérez de Arce habla de Chile

Comentario de Fernando Villegas

 El partido comunista dicta pauta al gobierno de Bachelet

Condenados por delitos de DD.HH. exigen sus derechos legales

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Cuatro recursos de protección fueron presentados por un grupo de nueve uniformados en retiro del Ejército, Armada y Carabineros, recluidos en el penal Punta Peuco. Ellos denunciaron ser víctimas de un trato desigual por parte del Tribunal de Conducta de ese recinto.

Dicho tribunal tiene la facultad de calificar a los internos en base a su conducta, así como también incluirlos en talleres, cursos y trabajos. En base a estos antecedentes, Gendarmería los cataloga en lista uno y lista dos.

El recurso presentado en la Corte de Apelaciones fue interpuesto por el abogado Maximiliano Murath. Explicó que sus representados fueron notificados el 5 de mayo de su inclusión en la “lista dos”, aún cuando, detalla, participaron en talleres, tuvieron buena conducta y han cumplido el “tiempo mínimo exigido”. Murath puntualiza que la decisión del Tribunal de Conducta de Punta Peuco se aplicó “arbitrariamente”.

La actitud de Gendarmería es inexplicable, ya que el 30 de junio envió cuatro informes reservados al tribunal de alzada. Entre otros puntos, dice que los reos tienen un “bajo compromiso delictual” y que “corresponde a la Comisión de Libertad Condicional la facultad exclusiva de resolver la concesión o no del beneficio”.

Esta situación se arrastra desde hace años y representa un entredicho a la igualdad ante la ley de todas las personas en nuestro país.

 

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Gobierno insiste en no otorgar beneficios a condenados por DDHH

Diputado comunista niega igualdad ante la ley en Chile

La imagen del gobierno en el exterior

Gobierno insiste en no otorgar beneficios a condenados por DDHH

La ministra de Justicia, Javiera Blanco, junto a Bachelet

La ministra de Justicia, Javiera Blanco, junto a Bachelet

El Ministerio del Interior apelará ante la Corte Suprema para evitar que Alejandro Sáez Mardones haga uso del beneficio que le dio ayer la Corte de Apelaciones. Ello pone en entredicho la igualdad ante la ley en Chile.

Quieren evitar que uno de los condenados por el asesinato de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino, ocurrido a fines de marzo de 1985, salga en libertad condicional.

El tribunal de alzada le dio el beneficio a Sáez Mardones, por haber cumplido la mitad de la pena. Cabe puntualizar que la ley establece dicha medida para todos los ciudadanos sometidos a pena aflictiva.

La ministra de Justicia, Javiera Blanco, quien dijo que si bien el Ejecutivo no comenta las decisiones judiciales, había conductas de Sáez que no se condecían con las que se piden para acceder al beneficio, como por ejemplo, mostrar arrepentimiento.

Blanco también anunció que revisará los reglamentos internos de Gendarmería. Además, adelantando que próximamente se discutirá en el Congreso el que los delitos de lesa humanidad no sean inprescriptibles ni amnistiables. La gravedad de tales declaraciones, es que se consagraría la existencia de personas de primera y segunda categoría legal.

 

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Diputado comunista niega igualdad ante la ley en Chile

La imagen del gobierno en el exterior

Los hijos y nietos de los prisioneros políticos hablan

Libro “Procesos sobre violación de derechos humanos”

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Es necesaria la reconciliación nacional en todos los ámbitos. La Constitución Política consagra derechos y garantías a todos los habitantes. Sin embargo, dichos principios no se están aplicando a miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

En la actualidad hay más de un millar de personas, en su mayoría de avanzada edad, que están procesadas o condenadas. A ellos se les aplica un régimen legal procesal y de fondo diferente que al resto de los ciudadanos, lo que implica falta de igualdad ante la ley.

La mayor parte de las sentencias son por el delito de “secuestro calificado” y no aplican la presunción de inocencia e invierten el peso de la prueba. Lo fundamental es que los jueces no han aplicado la ley de amnistía de 1978, o normas legales relativas a la prescripción de la acción penal o el beneficio temporal objetivo (media prescripción).

En otro sentido, se aplican tratados internacionales que no están vigentes en Chile mientras no se aplican otros que sí están vigentes. Los tribunales aseguran que los delitos cometidos por algunos militares son “de lesa humanidad”, en circunstancias que esos delitos no cumplen con el requisito del tipo penal para ser calificados como tales y que a la fecha de su ocurrencia no existía ninguna ley o tratado internacional incorporado en nuestro derecho interno y vigente en Chile que se refiriera a ellos.

Los crímenes de lesa humanidad fueron establecidos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ene incorporados en 2009. Como decía Quevedo: “Donde hay poca justicia es un peligro tener razón”.

Extracto de la presentación del libro “Procesos sobre violación de derechos humanos. Inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades”, del abogado Adolfo Paúl Latorre.

 

Chile merece perdón y reconciliación y, ante todo, igualdad ante la ley y de trato hacia las personas. Estos son pilares básicos para la convivencia nacional que necesita hoy, más que nunca mirar al futuro.

 

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Educación en Finlandia, la fórmula del éxito (1)

El populista usa y abusa de la palabra

El Estado de Derecho

El Estado de Derecho

 

El Estado de Derecho ha consagrado una serie de Principios:

División de poderes. Teóricamente quien debería primar es el Poder Legislativo porque crea la ley, pero nos encontramos con la preponderancia es del Poder Ejecutivo. El Presidente de la República nombra a los jueces, vela por la conducta ministerial (fiscaliza), puede otorgar indultos, y además propone el presupuesto.

Principio de las Garantías Constitucionales. Son el resguardo de los ciudadanos ante las arbitrariedades del Estado, especialmente del poder administrador, es decir, del Poder Ejecutivo.

Principio de legalidad. Es un principio que se constituye como límite del actuar de los órganos del Estado, especialmente el poder administrativo. La ley es la norma que condiciona el actuar de los órganos del Estado:

Principio del Estado Social: Significa que todo el aparato público, especialmente el poder administrador, debe realizar toda su función en vista de los intereses públicos. El bien común es el motor de toda la actividad del Estado. Para ello el Estado debe respetar el desarrollo Individual.

Estado democrático. Es el Estado participativo, se participa a través de elecciones periódicas de Presidente de la República, parlamentarios, alcalde-concejales, hay una expresión de soberanía. Pero el Estado democrático no es sólo eso, hoy se abre a la participación de los ciudadanos en la administración del Estado, en la toma de decisiones que le van a afectar.

 

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El populismo busca líderes carismáticos

Violencia en el Centro de Justicia

Sobre el proyecto de ley que reforma la Constitución

Violencia en el Centro de Justicia

Defensoria Centro de Justicia de Chile

Parecen otros tiempos. Sin embargo, los hechos de violencia que afectaron a los parlamentarios de la UDI, Patricio Melero, María José Hoffmann, Ernesto Silva, y Felipe Cuevas, entre otros, que acompañaban a los cinco imputados de su bancada (Iván Moreira, Pablo Zallaquett, Felipe de Mussy y Jovino Novoa), fueron reales y lamentables.

La violencia ligada al quehacer político no es propia de un régimen democrático. Todo lo contrario, deteriora las relaciones entre partidos, que si bien pueden tener diferencias, están obligados a seguir las reglas del juego republicano.

Este hecho puntual, ocurrido en la entrada del Centro de Justicia, es sintomático del estado de cosas imperante. Hay sectores ciudadanos para los que el respeto a la dignidad de las personas no parece tener importancia. Desde el punto de vista legal, todo imputado tiene derecho a concurrir a los tribunales con resguardo de su integridad física y psicológica, y con dignidad.

Hernán Larraín sindicó como responsable al Partido Comunista. Aludió a un doble estándar de la colectividad de izquierda al decir “los vemos en La Moneda pero también en las calles agrediendo a la gente que va a acompañar pacíficamente a quienes están pasando por un mal momento”.

Chile merece paz y tranquilidad, y los órganos de la justicia deben garantizar que todos y cada uno de los ciudadanos, tengan el derecho de presentarse en las cortes sin miedo.

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Sobre el proyecto de ley que reforma la Constitución

El sectarismo vigente en Chile

El negocio de los derechos humanos en Latinoamérica

Sobre el proyecto de ley que reforma la Constitución

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Para nadie es un secreto que la iniciativa del Ejecutivo para reformar la Constitución, que ya se encuentra en trámite legislativo, generará una situación polémica y de división de la ciudadanía. Se pretende declarar imprescriptibles e inamnistiables los crímenes y delitos de guerra, lesa humanidad y genocidio, independientemente de la fecha en que hayan ocurrido los hechos. Además, los autores no estarían afectos a indulto u otros beneficios penitenciarios que signifiquen reducción o sustitución de las condenas privativas de libertad.

Nuestro país ya cuenta con una ley que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad (2009), y establece que: “La acción penal y la pena de los delitos previstos en esta ley no prescriben”. Por lo tanto, no pueden ser calificados como “delitos de lesa humanidad” hechos ocurridos con anterioridad a esa fecha.

Este principio de legalidad ha sido ratificado por convenios y tratados más importantes del mundo. Ninguna ley puede, en efecto, establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella. La ley no puede ser retroactiva. Chile no puede suspender, por motivo alguno, ni siquiera en caso de guerra, la vigencia de dicho principio legal.

Los tratados internacionales sobre derechos humanos, ratificados por Chile, y por lo tanto vigentes, se deben aplicar sin excepción. Ninguna ley puede ser dictada, si la norma entra en colisión con dichos tratados (priman sobre las legislaciones internas de los países). De acuerdo a ellos, la ley en trámite, solo sería aplicable a hechos ocurridos con posterioridad al 18 de julio de 2009.

 

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El negocio de los derechos humanos en Latinoamérica

Una democracia en cuestión

Igualdad ante la ley, un principio universal

El sectarismo vigente en Chile

Paseo Ahumada

Nuestro país conoce mucho, lamentablemente, del sectarismo en la vida política. Por causas históricas tales como la guerra fría (de la Latinoamérica se imbuyó) o la emergencia de regímenes totalitarios vinculados al marxismo en el continente, las reacciones que surgieron desde amplios conglomerados sociales y corporativos fueron plenamente justificables.

Pero el mundo ha cambiado, Chile ha cambiado; la lucha entre superpotencias e ideologías contrapuestas ya no existe. Por ello llama la atención que esta tendencia a hacer de un partido u otra organización política una secta, es decir, un grupo cerrado, fanático, celoso, intransigente, fundamentalista y beligerante, que descalifica a los que piensan diferente, continúe presente en grupos que se autodefinen como progresistas, democráticos y “reconciliadores” respecto de los hechos que el pasado nos dividieron como hijos de un mismo suelo.

Las disensiones ideológicas generan sentimientos muy fuertes de odio y de intolerancia entre sí. La revancha es su consecuencia; de ahí a la persecución, manifiesta u agazapada, hay solo un paso.

La pregunta fundamental es a quiénes afirmaron haber recuperado la democracia e iniciado un camino de (re) encuentro entre los chilenos a partir de 1990: ¿Por qué hoy, tras 25 años, siguen predicando ni perdón ni olvido? Es más, desde las instituciones de gobierno se alientan las acciones del poder judicial en orden a no aplicar con imparcialidad y ecuanimidad las leyes y normas vigentes, entendidas como conocidas y comunes a todos los ciudadanos.

La actitud intransigente desgasta en forma, pero segura, la convivencia nacional y el normal funcionamiento del mundo económico, dimensiones necesarias para centrar los esfuerzos en el futuro y no en el pasado, en el desarrollo y progreso para todos.

Políticos de todos los sectores se han negado a discutir y confrontar la situación de los exmilitares que continúan siendo procesados y encarcelados por casos afectos a la ley de amnistía vigente. Es un tema pendiente que no puede ser soslayado si por los medios de comunicación se evangeliza con el respeto a la diversidad, la tolerancia a las ideas y el respeto a la naturaleza digna de toda persona.

El negocio de los derechos humanos en Latinoamérica

 

Para nadie es un secreto que los juicios por presuntas violaciones a los Derechos Humanos por parte de ex-militares, tanto en Chile, Argentina y otros paises, se ha convertido en una lucrativa actividad para ciertos grupos de abogados (generalmente ligados a la izquierda política). Muchas veces los honorarios de los profesionales no son pagados por las familias de los involucrados en los hechos, sino por organizaciones del extranjero.

Los gobiernos de turno, inmersos en afanes electorales, fomentan el inicio de causas para atraer a una opinión pública (a) crítica respecto de los antecedentes históricos, que llevaron al quiebre de las democracias del continente a fines de los años 60 y durante la década siguiente.

Es lamentable que la defensa de principios universales se haya transformado en una «empresa». Tal situación no logra otra cosa que contribuir al desprestigio de los regímenes de gobierno actuales, alimentando el odio y la revancha. Difícil escenario para una efectiva reconciliación.