El Estado de Derecho puesto en duda

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¿Existe alguna ley nacional o internacional que prohíba el otorgamiento de beneficios intra-penitenciarios a condenados por delitos de lesa humanidad? La respuesta es no. No existe ninguna ley en Chile o en el extranjero que prohíba el otorgamiento de beneficios intra-penitenciarios a condenados por crímenes de lesa humanidad.

¿Entonces por qué la justicia chilena se los niega a los exmilitares presos en Punta peuco?

Al contrario, en el Derecho Internacional la rehabilitación de los privados de libertad y su integración exitosa dentro de la comunidad constituyen uno de los objetivos básicos de los sistemas de justicia penal, doctrina a la cual Chile adscribe a través de la firma o ratificación de los correspondientes instrumentos internacionales.

Las leyes de derechos humanos y los estándares y normas de las Naciones Unidas, hacen referencia directa a la rehabilitación y reintegración social de la población penal, con el objeto de reforzar el respeto por los derechos humanos de los privados de libertad.

La Convencion Interamericana de Derechos Humanos señala que “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”.

La reclusión tiene por objeto lograr que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo; inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlo.

 

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El Estado de Derecho

 

El Estado de Derecho ha consagrado una serie de Principios:

División de poderes. Teóricamente quien debería primar es el Poder Legislativo porque crea la ley, pero nos encontramos con la preponderancia es del Poder Ejecutivo. El Presidente de la República nombra a los jueces, vela por la conducta ministerial (fiscaliza), puede otorgar indultos, y además propone el presupuesto.

Principio de las Garantías Constitucionales. Son el resguardo de los ciudadanos ante las arbitrariedades del Estado, especialmente del poder administrador, es decir, del Poder Ejecutivo.

Principio de legalidad. Es un principio que se constituye como límite del actuar de los órganos del Estado, especialmente el poder administrativo. La ley es la norma que condiciona el actuar de los órganos del Estado:

Principio del Estado Social: Significa que todo el aparato público, especialmente el poder administrador, debe realizar toda su función en vista de los intereses públicos. El bien común es el motor de toda la actividad del Estado. Para ello el Estado debe respetar el desarrollo Individual.

Estado democrático. Es el Estado participativo, se participa a través de elecciones periódicas de Presidente de la República, parlamentarios, alcalde-concejales, hay una expresión de soberanía. Pero el Estado democrático no es sólo eso, hoy se abre a la participación de los ciudadanos en la administración del Estado, en la toma de decisiones que le van a afectar.

 

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