Curiosa reactivación de 6 casos de Derechos Humanos

Delito-Prevaricacion

Los hechos relativos a causas de DDHH se han tornado vertiginosos durante las últimas semanas. Resulta curioso, ya que coincide con la pésima evaluación ciudadana de Bachelet, con los casos de corrupción política, y el conflicto con los profesores.

Este viernes y luego que se conocieran nuevos antecedentes en el «Caso Quemados» se conoció que los siete involucrados deberán enfrentar a la justicia, seis de ellos como autores y uno como cómplice de los hechos ocurridos en 1986.

Al perecer fue el corolario de la acción prevaricadora de los jueces. ¿Se habrán concertado para dictar resoluciones al mismo tiempo con el afán de copar la agenda informativa nacional? ¿Y de ser así, que tipo de acciones gubernamental hubo sobre los tribunales supuestamente imparciales y objetivos?

También la opinión pública conoció novedades en el caso Víctor Jara. En la resolución, Vázquez procesó como autores de los delitos de homicidio calificado a los ex miembros del Ejército: Hugo Sánchez Marmonti, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Jorge Smith Gumucio, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana, Hernán Chacón Soto y Patricio Vásquez Donoso.

En el caso Frei Montalva, el 19 de mayo, y luego que el caso fuera cerrado en octubre de 2014, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó reabrir la investigación por la muerte del ex Presidente a solicitud de la defensa del doctor Valdivia, y los querellantes en la causa: Carmen Frei y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Caso Degollados: ha vuelto a reflotar luego de que la Corte de Apelaciones otorgara libertad condicional a Alejandro Sáez, uno de los condenados a cadena perpetua por los asesinatos. Familiares de las víctimas han denunciado el hecho y han presentado recursos para que se revoque el beneficio.

Operación Colombo: Hernán Crisosto, ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los DDHH de la Corte de Apelaciones de Santiago, condenó el pasado  miércoles a 76 ex miembros de la DINA por el secuestro calificado del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Sergio Arturo Flores Ponce,, víctima de la denominada “Operación Colombo”. El ministro dictó una condena de 13 años de presidio, en calidad de autores, a Manuel Contreras, César Manríquez, Pedro Espinoza, Marcelo Moren, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga.

Caso Gervasio: El pasado 28 de mayo el Servicio Médico Legal exhumó el cuerpo del cantautor uruguayo Gervasio para establecer si se trató de un crimen o un suicidio, tras petición de su hermana Blanca Viera.

 

Enlaces anteriores:

De terrorista a sicario

En estado crítico carabinero baleado en Peñalolén

El Estado de Derecho puesto en duda

Prevaricación judicial, un delito que no prescribe (4)

Igualdad-ante-ley

Existe la práctica sistemática de estigmatizar, prejuzgar y condenar anticipadamente a los militares por el solo hecho de serlo, con absoluta inobservancia del principio de igualdad ante la ley, de la legislación vigente, de las normas del debido proceso y de los preceptos legales que los favorecen.

Muchas personas que pertenecieron a las Fuerzas Armadas y de Orden se encuentran procesadas o condenadas por delitos que no cometieron, que no estaban tipificados en la época en que habrían sido cometidos, o que están prescritos o amnistiados.

Las sentencias dictadas en las causas de DD.HH. no aplican el derecho preexistente y son, por lo tanto, arbitrarias e ilegítimas y se encuentran descalificadas como actos judiciales válidos. No se aplica el Estado de Derecho.

Todas las personas que cometieron asesinatos y actos de carácter terrorista fueron liberadas de responsabilidad penal (incluso por delitos cometidos con posterioridad al 11 de marzo de 1990); en cambio los militares, que también habrían observado una conducta reprochable, no resultan beneficiados por las mismas normas que liberaron de responsabilidad penal a las primeras.

Por otra parte, los militares son los únicos chilenos a quienes les es aplicado un procedimiento penal diferente y más desfavorable que el que se le aplica al común de los ciudadanos. Además, se les ha aplicado normas en forma retroactiva.

Tampoco se les ha aplicado el principio de humanidad, concediéndoles indultos, libertad condicional y otros beneficios carcelarios, reconociendo que no son un peligro para la sociedad, por cuanto se trata de personas disciplinadas, trabajo y familia. En definitiva, no ha existido un debido proceso.

El Poder Judicial es el encargado de administrar la justicia en la sociedad, y obtiene su legitimidad cuando aplica el derecho preexistente. En el caso de los exmilitares, la mayoría de las resoluciones judiciales son antijurídicas y han sido dictadas en fraude de ley.

 

Enlaces anteriores:

Los Derechos Humanos de las personas mayores

El populista alienta la lucha de clases

Situación de Derechos Humanos en Punta Peuco

Prevaricación judicial, un delito que no prescribe (3)

estatua-justicia-ciega-615x408

Algunos jueces no aplican leyes nacionales y tratados internacionales al juzgar a personal de las fuerzas armadas y de orden por casos de derechos humanos.

En la Constitución Política de la República, se establece claramente en su artículo N° 1, que todas las personas son iguales en dignidad y derechos,  y en su artículo N° 5  establece, que es un deber de los órganos del Estado, (en donde están incluidos los Tribunales de Justicia), hacer respetar y promover tales derechos garantizados en la Constitución, lo que obviamente se está cumpliendo solo para un tipo de ciudadano, en donde no se incluyen los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden.

Se cree que dentro de los ciudadanos hay enemigos  para los cuales las leyes vigentes en el país no se aplican. Todos somos chilenos y estamos amparados por las mismas leyes, de no ser así, aflora la paradoja,  ¿se están juzgando casos de derechos humanos, atropellando los derechos humanos?

En la legislación vigente de nuestro país, los delitos más graves  prescriben a los 15 años, de manera que al estar prescrito lo que fue un  delito o estar extinta la responsabilidad penal del inculpado, “el juez no dará curso a la querella”. Este fue el caso fallado por un juez cuando se presentó recientemente una querella en contra del señor Teillier y otros del FMR  por la muerte de cinco escoltas de la comitiva presidencial en 1986. En rigor, la resolución es correcta y apegada a derecho, el delito está legalmente prescrito.

Lo que no es correcto y es  ilegal,  es que tal ordenamiento no se aplique de igual forma al personal de las Fuerzas Armadas y de Orden que actuaron el 11 de Septiembre de 1973 y que por diversas circunstancias se vieron involucrados en muerte de personas.

¿Habrá en Chile una Justicia de primera categoría y otra de segunda categoría?

 

Enlaces anteriores:

Año Santo de la Misericordia

Las mentiras del socialismo del Siglo XXI

Periodista Rodrigo Guendelman interpeló a Bachelet

Prevaricación judicial, un delito que no prescribe (2)

fo 1 migracion-angelica

La prevaricación judicial, considerada un abuso de poder y un delito de lesa humanidad, ocurre cuando los jueces faltan al debido proceso, y a sabiendas, fallan contra la ley, haciendo prevalecer criterios de tratados internacionales que entraron en vigencia después de los hechos que son motivo de investigación, aplicando retroactividad de estos y dictando sentencias injustas en causas criminales de hechos ocurridos hace más de 40 años en nuestro país.

Es un atropello a los principios esenciales del Derecho Internacional, del Derecho penal y leyes expresas y vigentes, que se aplican solo a una parte de los ciudadanos, dando la impresión que existen dos justicias, una de primera y otra de segunda categoría.

Hoy en día, algunos jueces, están asumiendo una función que el Estado no les ha entregado, me refiero a la de legislador, por cuando interpretan las leyes, las que no necesitan ninguna interpretación, sino que la aplicación irrestricta.

En un mundo globalizado, es cada vez más notorio que un Estado, que de forma sistemática o prolongada viole los derechos de las personas, es un Estado precario, condenado a la inestabilidad. Velar por los derechos de los ciudadanos, que es la más importante de las obligaciones que tiene un Estado, equivale, a formar ciudadanos solidarios, cívicos y comprometidos con la comunidad.

Los derechos humanos, son pues, ante todo, valores esenciales de todas las personas. Los instrumentos internacionales para la protección de los derechos humanos, no son ni más ni menos, que un consenso internacional cada vez más amplio sobre estándares mínimos que, en gran parte del mundo han adquirido validez de derecho interno.

Los tratados internacionales pues, son instrumentos de acatamiento obligatorio por los Estados, y uno de sus elementos más importantes es el debido proceso. Por lo tanto, los jueces chilenos deben respetar los tratados internacionales.

 

Enlaces anteriores:

El populista reparte directamente la riqueza

Prevaricación judicial, un delito que no prescribe (1)

De lo que pocos quieren hablar