Curiosa reactivación de 6 casos de Derechos Humanos

Delito-Prevaricacion

Los hechos relativos a causas de DDHH se han tornado vertiginosos durante las últimas semanas. Resulta curioso, ya que coincide con la pésima evaluación ciudadana de Bachelet, con los casos de corrupción política, y el conflicto con los profesores.

Este viernes y luego que se conocieran nuevos antecedentes en el «Caso Quemados» se conoció que los siete involucrados deberán enfrentar a la justicia, seis de ellos como autores y uno como cómplice de los hechos ocurridos en 1986.

Al perecer fue el corolario de la acción prevaricadora de los jueces. ¿Se habrán concertado para dictar resoluciones al mismo tiempo con el afán de copar la agenda informativa nacional? ¿Y de ser así, que tipo de acciones gubernamental hubo sobre los tribunales supuestamente imparciales y objetivos?

También la opinión pública conoció novedades en el caso Víctor Jara. En la resolución, Vázquez procesó como autores de los delitos de homicidio calificado a los ex miembros del Ejército: Hugo Sánchez Marmonti, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Jorge Smith Gumucio, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana, Hernán Chacón Soto y Patricio Vásquez Donoso.

En el caso Frei Montalva, el 19 de mayo, y luego que el caso fuera cerrado en octubre de 2014, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó reabrir la investigación por la muerte del ex Presidente a solicitud de la defensa del doctor Valdivia, y los querellantes en la causa: Carmen Frei y el Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Caso Degollados: ha vuelto a reflotar luego de que la Corte de Apelaciones otorgara libertad condicional a Alejandro Sáez, uno de los condenados a cadena perpetua por los asesinatos. Familiares de las víctimas han denunciado el hecho y han presentado recursos para que se revoque el beneficio.

Operación Colombo: Hernán Crisosto, ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los DDHH de la Corte de Apelaciones de Santiago, condenó el pasado  miércoles a 76 ex miembros de la DINA por el secuestro calificado del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Sergio Arturo Flores Ponce,, víctima de la denominada “Operación Colombo”. El ministro dictó una condena de 13 años de presidio, en calidad de autores, a Manuel Contreras, César Manríquez, Pedro Espinoza, Marcelo Moren, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga.

Caso Gervasio: El pasado 28 de mayo el Servicio Médico Legal exhumó el cuerpo del cantautor uruguayo Gervasio para establecer si se trató de un crimen o un suicidio, tras petición de su hermana Blanca Viera.

 

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De terrorista a sicario

En estado crítico carabinero baleado en Peñalolén

El Estado de Derecho puesto en duda

Condenados por delitos de DD.HH. exigen sus derechos legales

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Cuatro recursos de protección fueron presentados por un grupo de nueve uniformados en retiro del Ejército, Armada y Carabineros, recluidos en el penal Punta Peuco. Ellos denunciaron ser víctimas de un trato desigual por parte del Tribunal de Conducta de ese recinto.

Dicho tribunal tiene la facultad de calificar a los internos en base a su conducta, así como también incluirlos en talleres, cursos y trabajos. En base a estos antecedentes, Gendarmería los cataloga en lista uno y lista dos.

El recurso presentado en la Corte de Apelaciones fue interpuesto por el abogado Maximiliano Murath. Explicó que sus representados fueron notificados el 5 de mayo de su inclusión en la “lista dos”, aún cuando, detalla, participaron en talleres, tuvieron buena conducta y han cumplido el “tiempo mínimo exigido”. Murath puntualiza que la decisión del Tribunal de Conducta de Punta Peuco se aplicó “arbitrariamente”.

La actitud de Gendarmería es inexplicable, ya que el 30 de junio envió cuatro informes reservados al tribunal de alzada. Entre otros puntos, dice que los reos tienen un “bajo compromiso delictual” y que “corresponde a la Comisión de Libertad Condicional la facultad exclusiva de resolver la concesión o no del beneficio”.

Esta situación se arrastra desde hace años y representa un entredicho a la igualdad ante la ley de todas las personas en nuestro país.

 

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Gobierno insiste en no otorgar beneficios a condenados por DDHH

Diputado comunista niega igualdad ante la ley en Chile

La imagen del gobierno en el exterior

De lo que pocos quieren hablar

Palacio de tribunales

En Chile, los crímenes prescriben luego de 5 a 10 años de cometidos los delitos, por lo tanto no deberían estar presos los militares. Frente a ello, hay quienes dicen que los crímenes en materia de DDHH no prescriben acorde a los distintos tratados internacionales que ha suscrito Chile en materia de DDHH. El error de quienes argumentan eso, es que estos tratados fueron suscritos por Chile mucho después de cometidos los supuestos delitos y, acorde a la retroactividad de la ley penal, no se puede aplicar nuevas leyes al imputado cuando ya se han cometido los delitos.

También, como nuestros jueces sabían del error que estaban cometiendo al no cumplir la retroactividad de la ley penal, condenaron a los militares en base a una figura jurídica inexistente: el secuestro permanente, que implicaba que los militares seguían teniendo secuestradas a las víctimas hasta ahora para así saltarse de algún modo la prescripción de la pena; como si el anciano militar de 80 años tuviese a un mirista escondido en su casa el día de hoy; ¡absurdo!

Pero esto no acaba aquí, las injusticias suman y siguen: les dieron amnistía a todos los ex terroristas y absolutamente nada a los militares; pasándose a llevar otro principio básico del derecho: la igualdad ante la ley. La ley es ciega, por lo tanto, para todos por igual, sin importar si eres de izquierda o derecha, ciego o vidente, religioso o no religioso; en este caso militar o civil.

Pero, aún falta el tema más escandaloso de todo esto: las condenas sin pruebas. Mucho militares han sido condenados únicamente en base a “fundadas presunciones” sin prueba de nada e, incluso, muchas veces aun con pruebas no cometidos los delitos. Otro principio del derecho pasado a llevar: toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

Luego de la Guerra Civil de 1891 que murieron entre 5 mil y 10 mil en solo un año (muchísimos más muertos que en los veinte años del gobierno militar), se dio amnistía para ambos bandos y se logró reconciliar el país a los pocos años de concluido el conflicto. La razón por la que Chile sigue estando, luego de 25 años de acabado el gobierno militar, dividido y no ha habido reconciliación; es porque no hay amnistía para ambos bandos y la justicia ha llegado solo a un bando.

José Antonio Vidal R.

Comentarios recibidos:

“Por fin alguien que hable con la verdad. Lo felicito”,  José Luis Silva.

“Excelente. Finalmente alguien escribe con la verdad de los hechos y el derecho. Felicitaciones!”, Juan Pedro

 

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El populista usa de modo discrecional los fondos públicos

Los cinco minutos de Dios

Velas para nuestros héroes

El Estado de Derecho

 

El Estado de Derecho ha consagrado una serie de Principios:

División de poderes. Teóricamente quien debería primar es el Poder Legislativo porque crea la ley, pero nos encontramos con la preponderancia es del Poder Ejecutivo. El Presidente de la República nombra a los jueces, vela por la conducta ministerial (fiscaliza), puede otorgar indultos, y además propone el presupuesto.

Principio de las Garantías Constitucionales. Son el resguardo de los ciudadanos ante las arbitrariedades del Estado, especialmente del poder administrador, es decir, del Poder Ejecutivo.

Principio de legalidad. Es un principio que se constituye como límite del actuar de los órganos del Estado, especialmente el poder administrativo. La ley es la norma que condiciona el actuar de los órganos del Estado:

Principio del Estado Social: Significa que todo el aparato público, especialmente el poder administrador, debe realizar toda su función en vista de los intereses públicos. El bien común es el motor de toda la actividad del Estado. Para ello el Estado debe respetar el desarrollo Individual.

Estado democrático. Es el Estado participativo, se participa a través de elecciones periódicas de Presidente de la República, parlamentarios, alcalde-concejales, hay una expresión de soberanía. Pero el Estado democrático no es sólo eso, hoy se abre a la participación de los ciudadanos en la administración del Estado, en la toma de decisiones que le van a afectar.

 

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El populismo busca líderes carismáticos

Violencia en el Centro de Justicia

Sobre el proyecto de ley que reforma la Constitución

Violencia en el Centro de Justicia

Defensoria Centro de Justicia de Chile

Parecen otros tiempos. Sin embargo, los hechos de violencia que afectaron a los parlamentarios de la UDI, Patricio Melero, María José Hoffmann, Ernesto Silva, y Felipe Cuevas, entre otros, que acompañaban a los cinco imputados de su bancada (Iván Moreira, Pablo Zallaquett, Felipe de Mussy y Jovino Novoa), fueron reales y lamentables.

La violencia ligada al quehacer político no es propia de un régimen democrático. Todo lo contrario, deteriora las relaciones entre partidos, que si bien pueden tener diferencias, están obligados a seguir las reglas del juego republicano.

Este hecho puntual, ocurrido en la entrada del Centro de Justicia, es sintomático del estado de cosas imperante. Hay sectores ciudadanos para los que el respeto a la dignidad de las personas no parece tener importancia. Desde el punto de vista legal, todo imputado tiene derecho a concurrir a los tribunales con resguardo de su integridad física y psicológica, y con dignidad.

Hernán Larraín sindicó como responsable al Partido Comunista. Aludió a un doble estándar de la colectividad de izquierda al decir “los vemos en La Moneda pero también en las calles agrediendo a la gente que va a acompañar pacíficamente a quienes están pasando por un mal momento”.

Chile merece paz y tranquilidad, y los órganos de la justicia deben garantizar que todos y cada uno de los ciudadanos, tengan el derecho de presentarse en las cortes sin miedo.

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Sobre el proyecto de ley que reforma la Constitución

El sectarismo vigente en Chile

El negocio de los derechos humanos en Latinoamérica

Sobre el proyecto de ley que reforma la Constitución

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Para nadie es un secreto que la iniciativa del Ejecutivo para reformar la Constitución, que ya se encuentra en trámite legislativo, generará una situación polémica y de división de la ciudadanía. Se pretende declarar imprescriptibles e inamnistiables los crímenes y delitos de guerra, lesa humanidad y genocidio, independientemente de la fecha en que hayan ocurrido los hechos. Además, los autores no estarían afectos a indulto u otros beneficios penitenciarios que signifiquen reducción o sustitución de las condenas privativas de libertad.

Nuestro país ya cuenta con una ley que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad (2009), y establece que: “La acción penal y la pena de los delitos previstos en esta ley no prescriben”. Por lo tanto, no pueden ser calificados como “delitos de lesa humanidad” hechos ocurridos con anterioridad a esa fecha.

Este principio de legalidad ha sido ratificado por convenios y tratados más importantes del mundo. Ninguna ley puede, en efecto, establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella. La ley no puede ser retroactiva. Chile no puede suspender, por motivo alguno, ni siquiera en caso de guerra, la vigencia de dicho principio legal.

Los tratados internacionales sobre derechos humanos, ratificados por Chile, y por lo tanto vigentes, se deben aplicar sin excepción. Ninguna ley puede ser dictada, si la norma entra en colisión con dichos tratados (priman sobre las legislaciones internas de los países). De acuerdo a ellos, la ley en trámite, solo sería aplicable a hechos ocurridos con posterioridad al 18 de julio de 2009.

 

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El negocio de los derechos humanos en Latinoamérica

Una democracia en cuestión

Igualdad ante la ley, un principio universal

El sectarismo vigente en Chile

Paseo Ahumada

Nuestro país conoce mucho, lamentablemente, del sectarismo en la vida política. Por causas históricas tales como la guerra fría (de la Latinoamérica se imbuyó) o la emergencia de regímenes totalitarios vinculados al marxismo en el continente, las reacciones que surgieron desde amplios conglomerados sociales y corporativos fueron plenamente justificables.

Pero el mundo ha cambiado, Chile ha cambiado; la lucha entre superpotencias e ideologías contrapuestas ya no existe. Por ello llama la atención que esta tendencia a hacer de un partido u otra organización política una secta, es decir, un grupo cerrado, fanático, celoso, intransigente, fundamentalista y beligerante, que descalifica a los que piensan diferente, continúe presente en grupos que se autodefinen como progresistas, democráticos y “reconciliadores” respecto de los hechos que el pasado nos dividieron como hijos de un mismo suelo.

Las disensiones ideológicas generan sentimientos muy fuertes de odio y de intolerancia entre sí. La revancha es su consecuencia; de ahí a la persecución, manifiesta u agazapada, hay solo un paso.

La pregunta fundamental es a quiénes afirmaron haber recuperado la democracia e iniciado un camino de (re) encuentro entre los chilenos a partir de 1990: ¿Por qué hoy, tras 25 años, siguen predicando ni perdón ni olvido? Es más, desde las instituciones de gobierno se alientan las acciones del poder judicial en orden a no aplicar con imparcialidad y ecuanimidad las leyes y normas vigentes, entendidas como conocidas y comunes a todos los ciudadanos.

La actitud intransigente desgasta en forma, pero segura, la convivencia nacional y el normal funcionamiento del mundo económico, dimensiones necesarias para centrar los esfuerzos en el futuro y no en el pasado, en el desarrollo y progreso para todos.

Políticos de todos los sectores se han negado a discutir y confrontar la situación de los exmilitares que continúan siendo procesados y encarcelados por casos afectos a la ley de amnistía vigente. Es un tema pendiente que no puede ser soslayado si por los medios de comunicación se evangeliza con el respeto a la diversidad, la tolerancia a las ideas y el respeto a la naturaleza digna de toda persona.

El negocio de los derechos humanos en Latinoamérica

 

Para nadie es un secreto que los juicios por presuntas violaciones a los Derechos Humanos por parte de ex-militares, tanto en Chile, Argentina y otros paises, se ha convertido en una lucrativa actividad para ciertos grupos de abogados (generalmente ligados a la izquierda política). Muchas veces los honorarios de los profesionales no son pagados por las familias de los involucrados en los hechos, sino por organizaciones del extranjero.

Los gobiernos de turno, inmersos en afanes electorales, fomentan el inicio de causas para atraer a una opinión pública (a) crítica respecto de los antecedentes históricos, que llevaron al quiebre de las democracias del continente a fines de los años 60 y durante la década siguiente.

Es lamentable que la defensa de principios universales se haya transformado en una «empresa». Tal situación no logra otra cosa que contribuir al desprestigio de los regímenes de gobierno actuales, alimentando el odio y la revancha. Difícil escenario para una efectiva reconciliación.

Una democracia en cuestión

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Desde diversos sectores de la vida nacional emergen voces de alerta respecto del estado de nuestra democracia. En occidente, esta es concebida como un régimen basado en la igualdad de los ciudadanos, gobernados por autoridades guiadas por la probidad. Sin duda, este principio está en franca decadencia y hemos perdido prestigio en el concierto internacional.

Las instituciones formales democráticas chilenas siguen funcionando. Sin embargo, ellas se han desnaturalizado y la clase política, más que gobernar y legislar de cara a los electores, parecen estarlo haciendo para los medios de comunicación.

El populismo es hoy, un mal endémico. Se dictan leyes para ser mejor evaluados en las encuestas y no con el bien común como norte. El efecto es nocivo, ya que las necesidades concretas de sectores importantes de la población no son satisfechas en medio de un espectáculo retórico que confunde, desorienta y enmascara los verdaderos intereses de los que juraron servir al pueblo soberano.

Prima el individualismo más extremo, el que paradójicamente deriva en masas indefinidas y (a) críticas. Los mismos jueces, quienes debieran orientar su actuar por la necesaria igualdad ante la ley, investigan y dictan sentencias preocupándose más por sus carreras en el poder judicial que por ser imparciales.

Este escenario es propicio a la vulneración de derechos universales, tales como el debido proceso, y condiciones de régimen penitenciario dignas, especialmente en el caso de las personas de edad avanzada y que padecen enfermedades crónicas.

Si queremos que nuestro sistema democrático vuelva a estar al servicio de los ciudadanos debemos dar pasos concretos en tal sentido: exigir transparencia y probidad a las autoridades, lograr que los jueces “apliquen las leyes vigentes” sin hacer diferencias de ningún tipo entre los procesados y, antes que nada, hacer un juicio de la historia.

Igualdad ante la ley, un principio universal

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Todos los ordenamientos jurídicos occidentales recogen el concepto de justicia, como aquél principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. De una u otra forma, hacen énfasis en que por encima de todo deben primar la justicia y la igualdad. Así, aparece vigente el dicho “ley pareja no es dura”.

Toda legislación está íntimamente ligada a la cultura, por ello es necesario analizarla en el contexto de los valores de una sociedad concreta y de las creencias individuales de cada persona. Es una virtud de las sociedades el otorgar a cada uno aquello que le pertenece o lo concierne. Puede entenderse a la justicia como lo que debe hacerse de acuerdo a lo razonable, lo equitativo o lo indicado por las leyes. Es una orientación básica para la vida civilizada.

Si la justicia no tiene en su aplicación una norma igualitaria, ninguna sociedad puede alcanzar la paz. Cuando la sociedad “pide justicia” frente a un delito, lo que hace es pedir al Estado y sus instituciones que garantice que el ilícito sea juzgado y castigado con la pena que se merece de acuerdo a la ley vigente.

El sustento cultural de la justicia -de acuerdo al consenso compartido a nivel social sobre qué es lo bueno y qué es lo malo- se traduce, en la práctica, en una fundamentación formal, que implica leyes escritas que son aplicadas por los tribunales competentes.

Normalmente se representa a la administración de justicia como una mujer que lleva en la mano una balanza equilibrada y que tiene sus ojos tapados vendados. De ahí la expresión “la justicia es ciega”. Con la metáfora se intenta decir que la justicia no mira a quien debe juzgar. Es decir, que actúa de manera equitativa y siempre tratando por igual a todos los ciudadanos con independencia de su raza, sexo, condición sexual, origen, o cualquier otra categoría.

Todas las personas son iguales ante la ley. Este principio universal no se ha mantenido siempre en la historia. La mujer, en muchas ocasiones, se ha quitado la venda para actuar según la conveniencia o según quien es la persona juzgada.