El populista alienta la lucha de clases

 

No se trata de otra cosa que de utilizar la vieja estrategía del imperio Romano: «Divide y gobernarás», o lo que es lo mismo, mantener artificialmente la existencia de un enemigo interno que justifique las medidas más aberrantes, tales como la expropiación de los medios de producción económica y el encarcelamiento de las personas que se opongan a tales abusos.

El marxismo sistematizó el odio hacia las clases sociales que, mediante el trabajo y el esfuerzo individual, habían logrado una mejor forma de vida. Los populistas de hoy continúan aplicando la premisa como una forma de congraciarse con las masas sociales más vulnerables.

El populista no cree en la unión de la nación. Solo le interesa mantener el poder y para lograrlo miente descaradamente a los ciudadanos y entrega dádivas y favores políticos de manera indiscriminada.

 

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Situación de derechos humanos en Punta Peuco

Hermógenes Pérez de Arce habla de Chile

Comentario de Fernando Villegas

El populista reparte directamente la riqueza

La riqueza es fruto del esfuerzo individual de las personas, de su creatividad y perseverancia. Es frecuente que los líderes populistas busquen congraciarse con las masas mediante la repartición de «dádivas». En el fondo, compran la simpatía de los ciudadanos ya que carecen de argumentos racionales.

Esta «repartija» indiscriminada de la riqueza nacinal deriva en el empobrecimiento de las arcas públicas y dudosos resultados sociales. Los líderes políticos deben actuar con responsabilidad, respetando ante todo la propiedad de las personas. Nada justifica la expropiación de los bienes de las personas que han trabajado duramente por ellos.

 

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Prevaricación judicial, un delito que no prescribe (1)

De lo que pocos quieren hablar

Los cinco minutos de Dios

El populista usa de modo discrecional los fondos públicos

 

Todos los ciudadanos deben pagar impuestos. Con esos ingresos el Estado se encarga de financiar la educación, salud, y otros servicios sociales y públicos fundamentales. Se supone que la correcta administración de dichos recursos está basada en el bien común, teniendo presente las prioridades (contexto socio-económico). Los criterios de racionalidad y ecuanimidad dictan el contenido específico del gasto estatal.

El problema surge cuando asumen o entronizan regímenes populistas, de la mano de líderes carismáticos y con facilidad de palabra, que no hacen otra cosas que cultivar el engaño sistemático de los sectores más vulnerables de una población determinada. Estos gobernantes hechan mano del erario público para pagar favores políticos, financiar las redes partidarias que sustentan su operatividad en el poder, y para financiar políticas irracionales con el objeto de mantener lasimpatía de las masas.

Ello no logra otra cosas que mermar las arcas fiscales y, a largo plazo, deslegitimar el sistema de gobierno. Nuestro país ha vivido lamentables pasajes de la historia en que se expandió el gasto del Estado en forma irresponsable, con el único norte de impulsar medidas populistas con el claro signo ideológico. Las consecuencias son por todos conocidas.

 

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Los cinco minutos de Dios

Velas para nuestros héroes

Educación en Finlandia, la fórmula del éxito (2)

El populista fabrica la verdad

Chile merece una política basada en la probidad y transparencia. La ciudadanía debe empoderarse de un mayor poder fiscalizador respecto de las actuaciones de los que han sido electos; solo así habrá certeza de su vocación pública y de que los guía la verdad.

No es posible que hoy se quiera re-escribir la historia con el objeto de manipular a las nuevas generaciones que no vivieron ciertos procesos complejos. Es necesario centrar los debates según análisis objetivos que, al menos, consideren más de un punto de vista.

 

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Libro «sobre procesos de violación de derechos humanos»

Educación en Finlandia, la fórmula del éxito (1)

El populista usa y abusa de la palabra

El populista usa y abusa de la palabra

 

Estamos en una era en que la comunicación es global e instantánea. Por lo tanto los mensajes, en este caso de los líderes políticos, cobran importancia. Para la sana convivencia democrática es fundamental cuidar de la forma que adquiere el lenguaje, ya que las falsas promesas, la descalificación personal y las ofensas solo contribuyen al desgaste de la política como sistema.

Los líderes populistas, en tanto privilegian el carisma, elaboran discursos para seducir a las masas plagados de promesas que saben, a ciencia cierta, que no podrán cumplir. En otras ocasiones gastan importantes sumas de los erarios nacionales en «regalos», tales como bonos injustificados cuyo único objetivo es ganar el favor electoral o revertir a una opinión pública adversa.

La retórica populista busca vincularse a la emoción y necesidades materiales de las personas, sobre todo de las más vulnerables. El discurso político debe estar basado en la lógica racional y en la responsabilidad. Para ello es necesario que los ciudadanos voten en base a programas realistas y centrados en el bien común.

 

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El Estado de Derecho

El populismo busca líderes carismáticos

Violencia en el Centro de Justicia

El populismo busca líderes carismáticos

 

Lamentablemente el populismo se ha enquistado en la vida política de las naciones americanas. Susu efectos son nocivos para el normal funcionamiento y prestigio de las instituciones de los regímenes denocráticos, y en nada favorece la solución de los urgentes problemas de los ciudadanos.

Chile no es la excepción. Necesitamos líderes políticos enfocados en la racionalidad de los procesos institucionales y económicos necesarios para el progreso, que privilegien el diálogo e impulsen una efectiva reconciliación nacional en base al perdón. Solo así podremos mirar el futuro y enfrentarlo con voluntad y optimismo.

El populismo busca seducir con sus discursos y promesas sin sustento. Hay que mirar la realidad para mejorarla, sin manipular a las personas con menos educación.

Sobre el proyecto de ley que reforma la Constitución

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Para nadie es un secreto que la iniciativa del Ejecutivo para reformar la Constitución, que ya se encuentra en trámite legislativo, generará una situación polémica y de división de la ciudadanía. Se pretende declarar imprescriptibles e inamnistiables los crímenes y delitos de guerra, lesa humanidad y genocidio, independientemente de la fecha en que hayan ocurrido los hechos. Además, los autores no estarían afectos a indulto u otros beneficios penitenciarios que signifiquen reducción o sustitución de las condenas privativas de libertad.

Nuestro país ya cuenta con una ley que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad (2009), y establece que: “La acción penal y la pena de los delitos previstos en esta ley no prescriben”. Por lo tanto, no pueden ser calificados como “delitos de lesa humanidad” hechos ocurridos con anterioridad a esa fecha.

Este principio de legalidad ha sido ratificado por convenios y tratados más importantes del mundo. Ninguna ley puede, en efecto, establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella. La ley no puede ser retroactiva. Chile no puede suspender, por motivo alguno, ni siquiera en caso de guerra, la vigencia de dicho principio legal.

Los tratados internacionales sobre derechos humanos, ratificados por Chile, y por lo tanto vigentes, se deben aplicar sin excepción. Ninguna ley puede ser dictada, si la norma entra en colisión con dichos tratados (priman sobre las legislaciones internas de los países). De acuerdo a ellos, la ley en trámite, solo sería aplicable a hechos ocurridos con posterioridad al 18 de julio de 2009.

 

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El negocio de los derechos humanos en Latinoamérica

Una democracia en cuestión

Igualdad ante la ley, un principio universal

El sectarismo vigente en Chile

Paseo Ahumada

Nuestro país conoce mucho, lamentablemente, del sectarismo en la vida política. Por causas históricas tales como la guerra fría (de la Latinoamérica se imbuyó) o la emergencia de regímenes totalitarios vinculados al marxismo en el continente, las reacciones que surgieron desde amplios conglomerados sociales y corporativos fueron plenamente justificables.

Pero el mundo ha cambiado, Chile ha cambiado; la lucha entre superpotencias e ideologías contrapuestas ya no existe. Por ello llama la atención que esta tendencia a hacer de un partido u otra organización política una secta, es decir, un grupo cerrado, fanático, celoso, intransigente, fundamentalista y beligerante, que descalifica a los que piensan diferente, continúe presente en grupos que se autodefinen como progresistas, democráticos y “reconciliadores” respecto de los hechos que el pasado nos dividieron como hijos de un mismo suelo.

Las disensiones ideológicas generan sentimientos muy fuertes de odio y de intolerancia entre sí. La revancha es su consecuencia; de ahí a la persecución, manifiesta u agazapada, hay solo un paso.

La pregunta fundamental es a quiénes afirmaron haber recuperado la democracia e iniciado un camino de (re) encuentro entre los chilenos a partir de 1990: ¿Por qué hoy, tras 25 años, siguen predicando ni perdón ni olvido? Es más, desde las instituciones de gobierno se alientan las acciones del poder judicial en orden a no aplicar con imparcialidad y ecuanimidad las leyes y normas vigentes, entendidas como conocidas y comunes a todos los ciudadanos.

La actitud intransigente desgasta en forma, pero segura, la convivencia nacional y el normal funcionamiento del mundo económico, dimensiones necesarias para centrar los esfuerzos en el futuro y no en el pasado, en el desarrollo y progreso para todos.

Políticos de todos los sectores se han negado a discutir y confrontar la situación de los exmilitares que continúan siendo procesados y encarcelados por casos afectos a la ley de amnistía vigente. Es un tema pendiente que no puede ser soslayado si por los medios de comunicación se evangeliza con el respeto a la diversidad, la tolerancia a las ideas y el respeto a la naturaleza digna de toda persona.

El negocio de los derechos humanos en Latinoamérica

 

Para nadie es un secreto que los juicios por presuntas violaciones a los Derechos Humanos por parte de ex-militares, tanto en Chile, Argentina y otros paises, se ha convertido en una lucrativa actividad para ciertos grupos de abogados (generalmente ligados a la izquierda política). Muchas veces los honorarios de los profesionales no son pagados por las familias de los involucrados en los hechos, sino por organizaciones del extranjero.

Los gobiernos de turno, inmersos en afanes electorales, fomentan el inicio de causas para atraer a una opinión pública (a) crítica respecto de los antecedentes históricos, que llevaron al quiebre de las democracias del continente a fines de los años 60 y durante la década siguiente.

Es lamentable que la defensa de principios universales se haya transformado en una «empresa». Tal situación no logra otra cosa que contribuir al desprestigio de los regímenes de gobierno actuales, alimentando el odio y la revancha. Difícil escenario para una efectiva reconciliación.

Una democracia en cuestión

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Desde diversos sectores de la vida nacional emergen voces de alerta respecto del estado de nuestra democracia. En occidente, esta es concebida como un régimen basado en la igualdad de los ciudadanos, gobernados por autoridades guiadas por la probidad. Sin duda, este principio está en franca decadencia y hemos perdido prestigio en el concierto internacional.

Las instituciones formales democráticas chilenas siguen funcionando. Sin embargo, ellas se han desnaturalizado y la clase política, más que gobernar y legislar de cara a los electores, parecen estarlo haciendo para los medios de comunicación.

El populismo es hoy, un mal endémico. Se dictan leyes para ser mejor evaluados en las encuestas y no con el bien común como norte. El efecto es nocivo, ya que las necesidades concretas de sectores importantes de la población no son satisfechas en medio de un espectáculo retórico que confunde, desorienta y enmascara los verdaderos intereses de los que juraron servir al pueblo soberano.

Prima el individualismo más extremo, el que paradójicamente deriva en masas indefinidas y (a) críticas. Los mismos jueces, quienes debieran orientar su actuar por la necesaria igualdad ante la ley, investigan y dictan sentencias preocupándose más por sus carreras en el poder judicial que por ser imparciales.

Este escenario es propicio a la vulneración de derechos universales, tales como el debido proceso, y condiciones de régimen penitenciario dignas, especialmente en el caso de las personas de edad avanzada y que padecen enfermedades crónicas.

Si queremos que nuestro sistema democrático vuelva a estar al servicio de los ciudadanos debemos dar pasos concretos en tal sentido: exigir transparencia y probidad a las autoridades, lograr que los jueces “apliquen las leyes vigentes” sin hacer diferencias de ningún tipo entre los procesados y, antes que nada, hacer un juicio de la historia.