El Estado de Derecho puesto en duda

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¿Existe alguna ley nacional o internacional que prohíba el otorgamiento de beneficios intra-penitenciarios a condenados por delitos de lesa humanidad? La respuesta es no. No existe ninguna ley en Chile o en el extranjero que prohíba el otorgamiento de beneficios intra-penitenciarios a condenados por crímenes de lesa humanidad.

¿Entonces por qué la justicia chilena se los niega a los exmilitares presos en Punta peuco?

Al contrario, en el Derecho Internacional la rehabilitación de los privados de libertad y su integración exitosa dentro de la comunidad constituyen uno de los objetivos básicos de los sistemas de justicia penal, doctrina a la cual Chile adscribe a través de la firma o ratificación de los correspondientes instrumentos internacionales.

Las leyes de derechos humanos y los estándares y normas de las Naciones Unidas, hacen referencia directa a la rehabilitación y reintegración social de la población penal, con el objeto de reforzar el respeto por los derechos humanos de los privados de libertad.

La Convencion Interamericana de Derechos Humanos señala que “Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”.

La reclusión tiene por objeto lograr que el delincuente una vez liberado no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo; inculcarles la voluntad de vivir conforme a la ley, mantenerse con el producto de su trabajo, y crear en ellos la aptitud para hacerlo.

 

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Violación sistemática de Derechos Humanos en Punta Peuco

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Las personas mayores privadas de libertad en el penal de Punta Peuco están siendo vulneradas en sus derechos fundamentales. El régimen intra-penitenciario que les ha impuesto Gendarmería no les permite acceder a beneficios propios de su edad y deterioradas condiciones de salud.

Las convenciones y tratados internacionales suscritos por Chile y, por lo tanto plenamente vigentes para todos nuestros ciudadanos, imponen la obligación al Estado de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

Los exuniformados no reciben “Cuidados paliativos”. La atención y cuidado activo, integral e interdisciplinario de pacientes cuya enfermedad no responde a un tratamiento curativo o sufren dolores evitables, es un derecho humano, que busca mejorar su calidad de vida hasta el fin de sus días.

En Punta Peuco los presos son sometidos a “Discriminación”. Cualquier distinción, exclusión, restricción que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos, es un atentado a la dignidad personal.

Tampoco se les garantiza un “Envejecimiento activo y saludable”. Es el proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, mental y social, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable.

Lo más grave, son sometidos a “Maltrato”, ya que Gendarmería y sus medidas les produce daño a su integridad física, psíquica y moral, y vulnera el goce o ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

 

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Situación de Derechos Humanos en Punta Peuco

Penal de Punta Peuco

Penal de Punta Peuco

Gendarmería ha implementado acciones administrativas tales como obligar e los internos a formarse para inspección, cuatro veces al día. También redujo sus horarios de visita, con un control minucioso y lento para disminuir el tiempo de permanencia. La pregunta lógica es si dichas medidas nacen de las autoridades penitenciarias u obedecen a directrices de gobierno.

Los presos de Punta Peuco tienen un nivel cultural alto, ya que egresaron de Escuelas Matrices, con cursos de especialidad y de idiomas. Hay enfermos crónicos que no se levantan de sus camas; sin embargo, y pese a su avanzada edad, mantienen orden y aseo de los espacios.

A todos se les impide el acceso a la  computación y a la telefonía, como si el castigo, impuesto por la sentencia, fuera más allá del encierro o, pudieran usar la tecnología para generar algún daño.

Hace algún tiempo fueron sometidos a o una inspección de amanecida con perros. Son hechos expresivos de una falta de respeto hacia los derechos humanos de los condenados.

 

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Condenados por delitos de DD.HH. exigen sus derechos legales

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Cuatro recursos de protección fueron presentados por un grupo de nueve uniformados en retiro del Ejército, Armada y Carabineros, recluidos en el penal Punta Peuco. Ellos denunciaron ser víctimas de un trato desigual por parte del Tribunal de Conducta de ese recinto.

Dicho tribunal tiene la facultad de calificar a los internos en base a su conducta, así como también incluirlos en talleres, cursos y trabajos. En base a estos antecedentes, Gendarmería los cataloga en lista uno y lista dos.

El recurso presentado en la Corte de Apelaciones fue interpuesto por el abogado Maximiliano Murath. Explicó que sus representados fueron notificados el 5 de mayo de su inclusión en la “lista dos”, aún cuando, detalla, participaron en talleres, tuvieron buena conducta y han cumplido el “tiempo mínimo exigido”. Murath puntualiza que la decisión del Tribunal de Conducta de Punta Peuco se aplicó “arbitrariamente”.

La actitud de Gendarmería es inexplicable, ya que el 30 de junio envió cuatro informes reservados al tribunal de alzada. Entre otros puntos, dice que los reos tienen un “bajo compromiso delictual” y que “corresponde a la Comisión de Libertad Condicional la facultad exclusiva de resolver la concesión o no del beneficio”.

Esta situación se arrastra desde hace años y representa un entredicho a la igualdad ante la ley de todas las personas en nuestro país.

 

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