Sobre el proyecto de ley que reforma la Constitución

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Para nadie es un secreto que la iniciativa del Ejecutivo para reformar la Constitución, que ya se encuentra en trámite legislativo, generará una situación polémica y de división de la ciudadanía. Se pretende declarar imprescriptibles e inamnistiables los crímenes y delitos de guerra, lesa humanidad y genocidio, independientemente de la fecha en que hayan ocurrido los hechos. Además, los autores no estarían afectos a indulto u otros beneficios penitenciarios que signifiquen reducción o sustitución de las condenas privativas de libertad.

Nuestro país ya cuenta con una ley que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad (2009), y establece que: “La acción penal y la pena de los delitos previstos en esta ley no prescriben”. Por lo tanto, no pueden ser calificados como “delitos de lesa humanidad” hechos ocurridos con anterioridad a esa fecha.

Este principio de legalidad ha sido ratificado por convenios y tratados más importantes del mundo. Ninguna ley puede, en efecto, establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella. La ley no puede ser retroactiva. Chile no puede suspender, por motivo alguno, ni siquiera en caso de guerra, la vigencia de dicho principio legal.

Los tratados internacionales sobre derechos humanos, ratificados por Chile, y por lo tanto vigentes, se deben aplicar sin excepción. Ninguna ley puede ser dictada, si la norma entra en colisión con dichos tratados (priman sobre las legislaciones internas de los países). De acuerdo a ellos, la ley en trámite, solo sería aplicable a hechos ocurridos con posterioridad al 18 de julio de 2009.

 

Enlaces anteriores:

El negocio de los derechos humanos en Latinoamérica

Una democracia en cuestión

Igualdad ante la ley, un principio universal

El sectarismo vigente en Chile

Paseo Ahumada

Nuestro país conoce mucho, lamentablemente, del sectarismo en la vida política. Por causas históricas tales como la guerra fría (de la Latinoamérica se imbuyó) o la emergencia de regímenes totalitarios vinculados al marxismo en el continente, las reacciones que surgieron desde amplios conglomerados sociales y corporativos fueron plenamente justificables.

Pero el mundo ha cambiado, Chile ha cambiado; la lucha entre superpotencias e ideologías contrapuestas ya no existe. Por ello llama la atención que esta tendencia a hacer de un partido u otra organización política una secta, es decir, un grupo cerrado, fanático, celoso, intransigente, fundamentalista y beligerante, que descalifica a los que piensan diferente, continúe presente en grupos que se autodefinen como progresistas, democráticos y “reconciliadores” respecto de los hechos que el pasado nos dividieron como hijos de un mismo suelo.

Las disensiones ideológicas generan sentimientos muy fuertes de odio y de intolerancia entre sí. La revancha es su consecuencia; de ahí a la persecución, manifiesta u agazapada, hay solo un paso.

La pregunta fundamental es a quiénes afirmaron haber recuperado la democracia e iniciado un camino de (re) encuentro entre los chilenos a partir de 1990: ¿Por qué hoy, tras 25 años, siguen predicando ni perdón ni olvido? Es más, desde las instituciones de gobierno se alientan las acciones del poder judicial en orden a no aplicar con imparcialidad y ecuanimidad las leyes y normas vigentes, entendidas como conocidas y comunes a todos los ciudadanos.

La actitud intransigente desgasta en forma, pero segura, la convivencia nacional y el normal funcionamiento del mundo económico, dimensiones necesarias para centrar los esfuerzos en el futuro y no en el pasado, en el desarrollo y progreso para todos.

Políticos de todos los sectores se han negado a discutir y confrontar la situación de los exmilitares que continúan siendo procesados y encarcelados por casos afectos a la ley de amnistía vigente. Es un tema pendiente que no puede ser soslayado si por los medios de comunicación se evangeliza con el respeto a la diversidad, la tolerancia a las ideas y el respeto a la naturaleza digna de toda persona.