Por Roberto Hernández Maturana
La actitud del diputado comunista Hugo Gutiérrez de negarse a mostrar su cédula de identidad y las de su familia, a una patrulla naval que se encontraba fiscalizando el cumplimiento de la cuarentena dispuesta para toda la población en la ciudad de Iquique, el Sábado pasado, y su posterior emplazamiento a los integrantes de la patrulla naval, advirtiéndoles que él era una autoridad superior a ellos y que no le correspondía ser fiscalizado, muestra o ignorancia, o mala fe por parte del parlamentario. En su caso, como diputado, la Constitución Política del estado define claramente su responsabilidad como parlamentario en la elaboración de leyes y en la fiscalización de los actos dl Gobierno, así como ciertas garantías o prerrogativas para proteger el desempeño independiente de su labor parlamentaria, como lo son la independencia de sus funciones, y el no poder ser procesado o privado de libertad sin el pronunciamiento de tribunales superiores, lo que se conoce como fuero.
El mismo diputado, que ha desafiado además a otras instancias de la institucionalidad que nos rige cuestionando por ejemplo al Tribunal Constitucional, ha invocado ahora, además equivocadamente, esa institucionalidad para evitar ser fiscalizado legalmente en esta pandemia, evidenciando la contrariedad de su discurso y el de su partido en pro de la igualdad, del término del abuso, y del cese de privilegios, mostrándonos claramente una vez más que lo que dicen, no se condice con los hechos, y deja a las claras el concepto del ejercicio de la autoridad que tiene el comunismo, donde solo la élite ejerce privilegios y la mayoría no tiene derecho a disentir, dejando la palabra «democrático» ,solo como un «marketing» de presentación.
Ahora Gutiérrez y su partido pretenden desviar la gravedad del asunto, acusando la filtración del video por parte de la armada, video que además el mismo viralizó en redes sociales, tratando de distorsionar los hechos, acusando inexistentes agresiones a su familia.
Nadie debe estar por encima de la ley, y es nuestro deber como ciudadanos evitar que esta clase de personajes llegue al parlamento, negándoles con nuestro voto cualquier posibilidad de ser reelecto.
Por otra parte, la huelga de hambre que llevan a cabo algunos condenados por ejercer eufemísticamente lo que se conoce como “violencia rural”, y que no son otra cosa que graves delitos que incluso han costado vidas humanas, se ha transformado en un nuevo “gallito” entre el gobierno y algunos dirigentes mapuches radicalizados.
Los huelguistas pretenden que sus condenas puedan ser cumplidas al interior de sus comunidades, fuera de los recintos penitenciarios, por ser dichos lugares incompatibles dicen con sus convicciones religiosas y patrones culturales, además de exigir que se les otorguen beneficios que no contempla la legislación chilena, y tratan de justificar los delitos de incendio y homicidios cometidos por algunos de ellos, como parte de una lucha “legitima” contra el Estado de Chile.
Estas peticiones descabelladas y extremas, solo pueden explicarse por la grave crisis institucional y política que hace años viene incubándose en nuestro país, ante la negligencia e inacción de sucesivos gobiernos que han llevado a una crisis de grandes proporciones a la Araucanía, y en este punto, es necesario volver a afirmar, como en el caso del diputado Gutiérrez, que la ley es obligatoria para todos y por todos debe ser cumplida.
Tampoco contribuyen al fortalecimiento del marco institucional los mensajes contradictorios que, muchas veces, entregan líderes políticos, como los parlamentarios que visitaron hace un tiempo a quien fuera condenado por delito de incendio con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger MacKay.
Hoy el Estado de Chile está siendo incapaz de garantizar el cumplimiento del orden público en la Araucanía, para no hablar del resto del País, aún cuando la mayor parte de la ciudadanía tanto mapuche como no mapuche en la zona está por la paz, por el desarrollo, por el crecimiento, el diálogo y el entendimiento.
Lamentablemente, quienes buscan garantías para delincuentes que usaron la violencia, lo hacen provocando más violencia, y destruyendo recintos que son muy importantes para esas comunidades, como han sido los siete municipios de la región que fueron ocupados por la fuerza, y posteriormente atacados y con graves disturbios y enfrentamientos entre mapuches radicalizados y ciudadanos (muchos de ellos mapuches), cansados de esperar que el estado imponga el Estado de Derecho, generándose incendios que afectaron a las municipalidades de Ercilla y Traiguén, y destrucción de inmuebles, vehículos y maquinaria.
A lo anterior se suma el incremento de encapuchados armados exhibiendo armas de grueso calibre, el derribo de una antena de telefonía y el ataque a un radar aeronáutico, así como los disparos hacia un helicóptero en vuelo, las denuncias de explosiones en la zona del viaducto del Malleco, y el provocado descarrilamiento ferroviario, el corte de caminos, además del descubrimiento de vínculos del narcotráfico con el violentismo, que evidencian la expansión y la agresividad del conflicto, pese a las medidas de control desplegadas por la pandemia y la vigencia del toque de queda nocturno.
Últimamente un nuevo actor ha entrado al conflicto; los dueños de Camiones, aquellos que deben recorrer los trayectos más largos del país y tienen temor de transitar por las rutas de La Araucanía, ante los reiterados incendios de camiones e incluso el asesinato de un conductor que descansaba en su camión en un alto, mientras transitaba por la zona, Los Sindicatos de dueñoe y conductores de camiones, han hecho presente que “los ataques amenazan la continuidad de la cadena logística, algo muy grave en la actual crisis sanitaria“, como dijo recientemente la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) , haciendo “un urgente llamado al gobierno y las autoridades a restablecer el orden, la seguridad y el Estado de Derecho, con el propósito de garantizar la vida e integridad de los conductores y personal que realiza las faenas de transporte por carretera”, para finalizar advirtiendo que “Sin lo anterior no existe posibilidad alguna de continuar las actividades diarias en forma normal” y que les resultan inexplicables los atentados incendiarios y la destrucción de vehículos de carga“, por no ser ellos parte del conflicto., habiéndose ya registrado repetidos cortes en el tránsito en la Ruta 5 ante demandas del gremio de camioneros por mayor seguridad en las rutas de La Araucanía.
De esta forma quienes tenemos algunos años, vemos con gran preocupación índices muy inquietantes de hechos que nos hacen recordar como hace 47 años, Chile sufrió una fractura que hasta hoy no ha sanado, exponiéndonos a repetir nuevamente una historia de sangre sudor y lagrimas, ante la incapacidad de las autoridades políticas y judiciales que entonces, al igual que hoy, pusieron al país en el camino sangriento de una guerra civil, que fue evitada por la intervención de las Fuerzas Armadas y de Orden, con los inevitables costos de tener que imponer la paz y levantar al país de la postración social y económica en que entonces se encontraba Chile, costos que hoy solo pagan olvidados en prisión viejos ex uniformados, entonces jóvenes subalternos en su mayoría.
Mal se ve el panorama actual de nuestro país, sumido en pandemia, recesión económica, creciente violencia, ausencia de entendimiento entre gobierno y oposición, pésimo ejercicio de la autoridad y una ciudadanía confusa y abrumada.
Ojalá todos seamos capaces de sacar el país adelante… y no tengamos que repetir la historia.
chile merece 