La vecindad del Chavo

La columna de Joe Black, El Mercurio de Santiago 30 de abril de 2016.

El Servicio Electoral es hoy, al menos para el oficialismo, una oficina pública antipática. En los últimos días, gran parte de la Nueva Mayoría ha hablado pestes del Servel porque este no les aceptó hacer sus trámites sin los comparecientes necesarios o sin las firmas requeridas.

Pero hubo un tiempo en que las cosas eran muy distintas. Esta semana, La Segunda recordó la época en que los partidos iban a inscribir sus listas para las elecciones y se quedaban tres días seguidos dentro del edificio del Servel. No se duchaban, no se cambiaban de ropa, dormitaban a ratos en los sillones, comían galletas y bebían café.

Esto era así porque a las 00:00 de la fecha límite el Servicio cerraba sus puertas, y no permitía el ingreso de nadie más. Como ocurre con los bancos, donde un guardia de azul clausura la entrada a las 14 horas en punto, pero los cajeros atienden hasta el último cliente en la fila, el Servicio Electoral permitía que se resolvieran todas las dudas y se chequearan todos los nombres de candidatos mientras nadie entrara o saliera del recinto pasada la medianoche. Y en ocasiones el trámite tomaba 48 o 72 horas.

Lo irónico es que no pocas veces unos pestilentes dirigentes políticos inscribían listas que denominaban «Por un Chile Limpio».

Pero uno mira hoy a la distancia esas anécdotas con ternura. Todos los que permanecían ahí estaban dispuestos a bajar de peso, a contraer pediculosis o a enloquecer en el encierro con tal de cumplir la ley. Honrar el estricto cumplimiento de las normas valía la pena cualquier sacrificio. Y cuando una vez una directiva no estuvo a la altura, simplemente renunció en pleno.

No quiero sonar nostálgico, pero no puedo evitar comparar esos tiempos con los actuales, en que quedan pocos devotos de cumplir con lo que señala el ordenamiento jurídico. ¿O quizás sea otra cosa? Es que la seguidilla de errores del oficialismo ante el Servel, por ejemplo, hace que uno llegue a la convicción de que los estropicios los han cometido «sin querer queriendo», como decía «El Chavo del 8», el inolvidable personaje de Gómez Bolaños.

«Es que fue sin querer queriendo», «es que no me tienen paciencia», me imagino diciendo a Isidro Solís, el abogado de la Nueva Mayoría, al ser interpelado. Hasta tiene un cierto parecido con «El Chavo». Y déjenme ir todavía más lejos con la comparación. ¿No les parece a ustedes que el Gobierno al menos sospechó que podía perder una de las piezas maestras de la reforma laboral en el Tribunal Constitucional? Se lo dijeron incluso asesores y partidarios cercanos. ¿Por qué perseveraron entonces? ¿Habrá sido sin querer queriendo?

Pero lamentablemente este caso no es lo único que en estos días parece sacado de la «Vecindad del Chavo». Se viene a la cabeza  «Don Ramón», el inquilino que nunca pagaba, cuando veo esa verdadera obsesión por la gratuidad de algunos sectores. O veo a la «Chilindrina», que exageraba su llanto, cuando miembros de la CUT salen a rasgar vestiduras porque perdieron un aspecto de la reforma laboral sabiendo que ganaron algo tan relevante como la huelga sin reemplazo.

Y para qué decir la cantidad de «brujas» y «brujos» (como se dice ahora) del departamento 71. Todo el mundo se enoja por todo hoy en día. Ya no se puede ni conversar. Y menos llegar a acuerdos. «Pi.pi-pi-pi-pi-pi-pi», diría el «Chavo del 8».

La decisión de Büchi

 

Por Andrés Benítez, Ingeniero comercial

En una semana, dos personajes del mundo económico-empresarial decidieron sacar la voz y hablar fuerte. Andrónico Luksic y Hernán Büchi tienen un discurso común: están incómodos con lo que está sucediendo en Chile. Pero llegan a conclusiones muy distintas. Mientras Luksic aparece como dispuesto a quedarse -“este es mi país igual que el tuyo”, dice-, Büchi anuncia su retiro. Se va para instalarse en una pequeña ciudad de Suiza, donde pretende pasar, junto a su familia, la mayor parte de su tiempo.

Son señales poderosas, sobre las cuales se puede o no estar de acuerdo, pero en ningún caso ignorarlas. Más que mal, se trata de personas importantes o poderosas en dos ámbitos cruciales para la vida del país. Luksic, la cabeza del mayor grupo empresarial chileno;  Büchi, uno de los padres del modelo económico de mercado. En suma, sus voces son muy escuchadas y que, de seguro, reflejan el sentir de no pocos.

Si lo común en ambos es su molestia, es indudable que Büchi va aún más lejos. Se puede decir que lleva las cosas al extremo, al plantear que la incerteza jurídica que se vive en Chile, lo obligan a partir. Pero ojo, esta posibilidad igual la menciona Luksic, pero la descarta. La cosa es que cuando uno pone un tema en la mesa, es porque se la ha cruzado por la mente. Aunque sea para negarlo.

Ambas posiciones son válidas. Uno no tiene que quedarse en un país si se siente incómodo y cree que puede tener más posibilidades o aportar más en otra parte. Juzgar aquello sería ir en contra de la globalidad, contra las millones de personas que en el mundo se cambian de país buscando mejores oportunidades. Porque, más allá de la incerteza jurídica, este es un fenómeno natural en estos días. Los países compiten por atraer talento. Por eso, la decisión de Büchi no es muy distinta a la de muchos jóvenes chilenos que están fuera o sueñan con partir. Puede que las razones sean diferentes, pero el resultado es el mismo.

Por su parte, la decisión de Luksic, quedarse, es también válida. Pero es personal. Él no tiene que necesariamente estar en Chile para manejar sus empresas. Si se queda es su opción y parece ser también la de la mayoría de sus pares. Pero eso no significa que sea para siempre.

La pregunta de fondo es por qué llegamos a esto. En parte, como dije, es un fenómeno propio de la globalidad. Pero, sin duda, se acrecienta cuando los países se estresan producto de políticas públicas que buscan imponer a cualquier costo un modelo frente al otro. Este gobierno ha sido muy claro en esto. Todo su discurso y reformas tienden a privilegiar una visión de corte estatal, sin reconocer el aporte de la iniciativa privada. Esto es injustificable aunque uno quiera hacer cambios. Y los resultados están a la vista.

Esto no significa que no hay que cambiar o reconocer errores. Si fuera por esto último, se tendrían que ir casi todos. Me imagino que esa no es la idea. Al menos no es el sustento de la democracia, ni menos la forma de alcanzar una sana convivencia. Por eso, el mensaje de Luksic y Büchi, deben ser motivo de alerta. Algo está pasando. Algo que no es bueno.

En defensa del Tribunal Constitucional

Por Raúl Bertelsen

El Tribunal Constitucional, al conocer del requerimiento de inconstitucionalidad interpuesto contra el proyecto de negociación colectiva, ha cumplido la función para la que fue creado en 1970. Eduardo Frei Montalva, el Presidente de la República que impulsó la gran reforma constitucional aprobada a fines de su mandato, justificó la creación del Tribunal señalando que se creaba para “resolver los conflictos de carácter jurídico que surjan entre el Ejecutivo y el Congreso, a propósito de la dictación de las leyes, cuando existan dudas respecto a la constitucionalidad de preceptos contenidos en los proyectos de leyes que se encuentren en tramitación parlamentaria” (“La Reforma Constitucional de 1970”. Editorial Jurídica de Chile 1970, p. 48).

No es, pues, un invento de la Constitución de 1980 la que introdujo elen Chile, pues ello ocurrió diez años antes. Y al restablecerlo, reprodujo letra por letra la atribución que ahora ha ejercido el Tribunal: “resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley”. Quienes propugnan el restablecimiento de la Constitución de 1925, es bueno, pues, que sepan que si ello ocurriere, se encontrarían con la misma facultad del Tribunal para ejercer el control preventivo de constitucionalidad de los proyectos de ley durante su tramitación en el Congreso Nacional.

El Tribunal Constitucional, o una Corte Suprema con similares atribuciones, es pieza clave en las democracias constitucionales contemporáneas. Así lo muestran los Tribunales, Consejos o Cortes Constitucionales surgidos en Europa después de 1945. La Corte Constitucional italiana, el Tribunal Constitucional Federal alemán y el Consejo Constitucional francés, modelos todos ellos del Tribunal chileno, son órganos que han cumplido una función importante en el control de constitucionalidad de las leyes, y algunos de ellos, también, en la tutela de los derechos fundamentales. Y lo mismo sucedería con el Tribunal Constitucional español en la década de los ochenta. Nada más lejano, entonces, de la caricaturización de los tribunales constitucionales como “enclaves autoritarios”, calificativo que se repitió años atrás en Chile.

Un constitucionalista argentino, Alfonso Santiago (h), califica las Cortes Supremas que ejercen funciones constitucionales, en permisivas, hostiles, activistas y moderadoras. La clasificación puede, también, aplicarse, a los Tribunales Constitucionales, y no es difícil, en la historia constitucional o en el derecho comparado, encontrar ejemplos. Una corte permisiva es, en la actualidad, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Venezuela que, invariablemente falla en favor del gobierno de Maduro; hostil fue, en cambio, la Corte Suprema norteamericana en los años de 1930 cuando, sistemáticamente, declaraba inconstitucionales las leyes del New Deal del Presidente Roosevelt; activista es, hoy día, la Corte Constitucional de Colombia, que impulsa una agenda liberal que ha llevado, incluso, a la legalización de la eutanasia. ¿Y un tribunal o corte moderadora? Pienso que el Tribunal Constitucional chileno es un buen candidato para ejemplificar este tipo.

Un examen, desapasionado y detenido de las sentencias de nuestro Tribunal Constitucional, muestra que a lo largo de sus diferentes etapas ha sido un moderador de los conflictos que, inevitablemente, surgen respecto a la interpretación de las normas constitucionales entre los diversos órganos del Estado. Esas diferencias en la interpretación de la Carta Fundamental, como  señalaba Frei Montalva en 1970, podían generar crisis graves entre los poderes públicos si no existían mecanismos de solución. El Tribunal Constitucional que se creaba, proveía la solución: “poner término, conforme a derecho, a ese tipo de diferencias, evitando de este modo que se creen conflictos que puedan amagar el normal desenvolvimiento de nuestro régimen democrático”. La fórmula sigue siendo válida y no conviene desecharle.

Críticas al Tribunal Constitucional

Carta al Director de El Mercurio de Santiago del 30 de Abril de 2016

La sentencia sobre la reforma laboral ha generado una injusta crítica contra el Tribunal Constitucional. Por esta vía queremos rescatar el aporte de esa institución esencial para el Estado de Derecho y para la democracia. Valoramos el trabajo serio y acucioso del Tribunal Constitucional y el papel que está llamado a jugar, fundamental para que la Constitución sea realmente la norma suprema. No es responsable criticar a una institución solo cuando sus sentencias nos desagradan. Más aún cuando esa institución no puede intervenir en el foro de la opinión pública.

La existencia del Tribunal Constitucional es anterior a la Constitución vigente. Nació en 1970 fruto de la reforma constitucional que lideró el Presidente Frei Montalva. Ahí fue que se le concedió la atribución para «resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso». Y, al igual que hoy, la inconstitucionalidad la podía solicitar el Presidente de la República -como lo hizo el Presidente Allende-, alguna de las cámaras o una minoría de los parlamentarios. Más tarde, la reforma del 2005 no modificó esta atribución y, por el contrario, con un amplio apoyo del Congreso se fortaleció al Tribunal concediéndole nuevas atribuciones.

Hoy algunos critican la labor de este órgano, pues limitaría a las mayorías. Pero no se requiere una investigación muy profunda para darse cuenta de que el estándar mundial es que existen órganos jurisdiccionales de esta naturaleza, que justamente limitan la decisión de las legislaturas para proteger la Constitución y defender los derechos. En otras palabras, la revisión judicial de las leyes es una cosa común y, antes o después de su promulgación, las decisiones de un Tribunal Constitucional pueden tener efectos generales que impiden que la ley mantenga su vigencia.

En definitiva, entre tanta crítica destemplada, hacemos un llamado a cuidar las instituciones y, en especial, a aquellas que cumplen un rol tan importante en el juego democrático, como es el Tribunal Constitucional.

Julio Alvear 
Víctor Manuel Avilés 
Ignacio Covarrubias 
Rodrigo Díaz de Valdés 
Constanza Hube
Miguel Ángel Fernández 
José Manuel Díaz de Valdés 
Francisco Leturia 
Alberto Naudon 
Alejandra Ovalle 
Álvaro Paúl 
Máximo Pavez 
Emilio Pfeffer 
Teodoro Ribera 
Luis Alejandro Silva 
Sebastián Soto 
Sergio Verdugo 
Marcelo Villagrán 
Ángela Vivanco 
Sebastián Zárate
Profesores de Derecho Constitucional

 

Lecciones de la historia

Por Gabriel Alliende Figueroa

Terminada la revolución civil de 1891, a sólo  tres meses de finalizado el conflicto con la mayor cantidad de muertos conocidos en la historia de Chile, la 1era Ley de amnistía se dictó en diciembre de 1891, y fue llamada «La vía Chilena de reconciliación política», ley muy necesaria por las persecuciones, asesinatos, expulsiones de la administración pública, confiscaciones de bienes,

encarcelamiento, destierros, asilos voluntarios y toda clase de feroces acciones contra los vencidos. Con la ley, solo podían ser procesados los principales jefes militares del balmacedismo, quedando libres de acusación todo el resto del ejército, así como tambien las familias chilenas abanderadas con el presidente constitucional. La ley en comento permitió bajar el considerable nivel de angustia que afectaba a buena parte de los chilenos. La misma ley permitió a numerosos compatriotas  volver al país y los oficiales y suboficiales presos del bando vencido  fueron puestos en libertad.
La segunda ley de amnistía aprobada a comienzos de 1893, tuvo un carácter específicamente militar para quienes habían servido a la república. En ella se contempló a generales y coroneles,  no considerados en la anterior ley y definió  las excepciones del indulto, negándoselos a a quienes atacaron el blindado Blanco Encalada y a quienes se apoderaron de la torpedera Lynch.

Esta segunda ley, además facultaba al Presidente de la República, para que  en el plazo de un año pudiera calificar a todos los militares del ejército y armada del bando vencido para su reincorporación, desde el grado de Sargento Mayor hacia arriba (Tenientes Coroneles, Coroneles y Generales), lo anterior debía ser ratificado por el Congreso.

Los hechos reseñados nos indican que no hemos aprendido de la historia, por el contrario la hemos pisoteado la muestra palpable son los miles de procesos y los presos militares, marinos, aviadores, carabineros e investigaciones que hoy cumplen condenas en prisiones del país, por hechos acaecidos hace 43 años.

La «humanidad» y más que todo la «caridad» pareciera no estar entre los códigos del gobierno. Una  muestra más de la indiferencia son su  inclemencia evidenciada  contra todo lo que lleve uniforme. Corazones duros, almas rebosantes de rencor; en sus conciencias no quieren estar los octogenarios detenidos en Punta Peuco; unos con alzheimer, otros privados de movimientos, otros dependientes de toda ayuda. Han tomado satisfacción durante 27 años, como los Vikingos antiguos, celebran alegres bebiendo la sangre de los que creen sus enemigos y que ayer eran solo jóvenes recién salidos de la adolescencia. ¿Porque los políticos del Chile de hoy aceptan esto?, ¿Dónde están las iglesias, sin importar a quien le recen se llamé Alá, Jehová o Jesucristo? ¿Dónde están las instituciones llenas de ética que aceptan la degradación del ser humano? No hemos aprendido las lecciones de la historia, como aquella que nos dejaros nuestros antepasados de la revolución de 1891 y quien no aprende de su historia está condenado a repetirla.

Hasta la fecha solo impera la frase «Ni perdón ni olvido»

 

Más que nada… una causa

Por Cristián Labbé Galilea

Enfrentado a la exigencia de explicar las causas de mis últimas decisiones, se me imponen dos antecedentes, tan sencillos como auténticos: primero, a temprana edad fui asiduo lector de “El libro de los porqué”, sección imperdible de la enciclopedia El Tesoro de la Juventud, y en sus páginas aprendí que todo, hasta lo más sencillo, tiene una causalidad; en segundo lugar, cada vez que dicto un curso en la universidad empiezo representando a mis alumnos lo importante que es actuar movidos por causas que le den sentido a nuestras vidas. Apoyado en diversos ejemplos y personajes, unos más sofisticados que otros, sabios prohombres algunos, otros no tanto, trato de ir haciéndoles encontrar el sentido de sus respectivos procederes.

Con este ánimo,y en aras de pasar por encima de pequeñeces, distingo hechos y convicciones que confluyen para fundamentar y explicarla declinación de una candidatura, por bien aspectada que se presentara, y que renunciar a un conglomerado político tiene más racionalidad que improvisación. Seguro de que la verdad nunca daña a una causa y de que no es necesario entrar en “comidillos”, la verdad en este caso es tan escueta como profunda… ¡no había otro camino, la consecuencia me exigía renunciar!

La sucesión dehechos genera una base sólida sobre la que se apoya el actuar de cada uno y un proceder correcto hace a una persona (autoridad) coherente, consecuente y por lo tanto confiable y predecible.

Siguiendo los hechos en estricto análisis, antes que las causas, se conocieron los “sorpresivos efectos”: ¡Irrevocable renuncia a la candidatura a Alcalde y a la UDI! ¿Se veía venir? Claramente sí, abundaban las señales: “algo olía mal en Providencia”. Pero sin embargo ya entonces se ocultaba vergonzosamente la verdad.  ¿Cuál era esa verdad? Que la candidata a la alcaldía ya había sido designada, por las cúpulas. ¿Primarias, encuestas? Nada lo cambiaría. Las cúpulas partidistas, por sí y ante sí, habían resuelto por Providencia.

Así, se dejó vencer el plazo para renunciar a los partidos e ir como independiente; se venció el plazo para inscribir las primarias…, se informó que había un acuerdo para ir a encuestas ¡y era falso! Entonces exigí: “Digan la verdad, o deberé decirla  yo.”

Aparte de dimes y diretes varios, más o menos detalles, etcéteras y etcéteras, los hechos responden a una sola causa: falta de honestidad,faltas a la verdad, en  las cúpulas.

Muchas personas se sienten inquietas y preocupadas al ver que las malas prácticas políticas persisten,y que por lo tanto la energía para participar en la gestión pública queda desprovista de brújula confiable. Las heridas que dejan en el ciudadano común y corrientelas dirigencias políticas, son tan graves comolas loas, abrazos y besos de quienes dicen querer cambiar las cosas pero que en circunstancias como esta  “brillan por su ausencia”.

Con el entusiasmo que me da conocer a ciencia cierta la justicia y la razón de nuestra causa, continuaremos en la acción. Apoyados en la historia y en el convencimiento de que los vientos futuros son favorables, esperamos que otros se sumen a este nuestro sueño de una política más independiente, transparente y amplia.

El funeral de Aylwin desde Punta Peuco

Por Fernando Thauby, Capitán de Navío en retiro

En mofa suele decirse que en todas las cárceles sólo hay inocentes, ningún culpable.  En este caso, leí cuidadosamente el proceso completo que condenó a mi amigo y él lo es. Lo substanciación del proceso la hizo el funcionario judicial Miguel Vásquez Plaza, de discutible solvencia técnica y poseedor de una clara noción de lo que es bueno para su carrera, quien expone los planteamientos que a su juicio materializan su culpabilidad, que hieren el sentido común de cualquier persona normal.

Pero esto es irrelevante, el problema de la verdad y la justicia quedó sumergido por la combinación siniestra del lucro y la venganza.

El lucro es grande. En efecto, un caso ganado implica una ganancia de aproximadamente $600.000.000, de los cuales un 60% van al abogado y el resto a los demandantes. Un negocio excelente y sin consecuencias. Si no logras una condena, no pasa nada; y lo mejor, un grupo de abogados puede llevar varias causas a la vez.

La venganza está ubicada en los creyentes en la lucha de clases y en la agudización de las contradicciones; en los promotores de toda clase de conflictos y enfrentamientos; en el cultivo sistemático del odio. Seres irrecuperables, parte de ese 10% de “tarugos redondos en agujeros cuadrados”, individuos inadaptados para la vida en comunidad. Sólo ellos podrían pergueñar una frase mas provocativa que “ni perdón ni olvido”.

Y digo provocativa porque nadie podría asegurar que ella se aplicará siempre en un solo sentido, desde ellos hacia nosotros, me parece que eso ya no fue así y si alguien cree que todas las tropelías y abusos cometidos contra los militares quedarán impunes, podría ser que esté cometiendo un grave error. Mas aun, podría ser que las semillas del odio plantadas por ellos y regadas constantemente con mentiras, exageraciones, “verdades oficiales” y campañas de prensa (¿en qué terminaron “los quemados”?) fructifiquen en violencia.

Es muy interesante el planteamiento del Padre Montes en una entrevista reciente respecto a este tema: “Yo creo algo que le escuché a don Patricio Aylwin. Él contó que cuando su papá era niño era la revolución de 1891, y acompañaba a su padre (abuelo de don Patricio) a la cárcel a ver a su propio padre (su bisabuelo). Y nunca se olvidó de eso. La conclusión que sacaba Aylwin era que este es un problema tan traumático, que se necesita que pasen dos generaciones: las que vivieron el tema de adultos y las que lo vivieron de niños. Yo creo que tiene bastante razón”.

Es interesante, ya que las heridas emocionales que sufrió el padre de Aylwin al ir con su padre a ver a su abuelo preso no pueden haber sido muchas, ya que después de esa revolución terrible, si hubo “perdón y olvido”, talvez porque en ese entonces no habían comunistas.

¿Cómo serán las heridas de los hijos de 35 años que está visitando a sus padres desde hace 20 años, presos de los “vencedores de los militares”, o que han tenido que enterrarlos después de haberlos visto agonizar tras las rejas o que en cada visita encuentran a sus ancianos que ni siquiera los reconocen?

Y está los nietos y después vendrán los bisnietos.

Mientras tanto, Teillier se mofa de los militares y se declara vencedor con el aplauso de la izquierda; el acoquinamiento de la derecha. y el silencio de los “cómplices pasivos” que se archienriquecieron durante y gracias al Gobierno Militar.

La perspectiva de esta conmemoración de la democracia, de esta celebración del “hombre bueno”, del demócrata impecable, del negociador eficaz, del castigador de los militares y del estadista que buscó y encontró a paz para Chile, se aprecia de muy distinta manera desde Punta Peuco, donde los prisioneros no tienen ninguno de los beneficios carcelarios legales porque el “sicólogo” determina que todos y cada uno de los internos no “está en condiciones de insertarse en la sociedad”.

Hombres de 70 a 85 años, incapaces de insertarse en la sociedad!. Unen la burla a la injusticia.

Todos son “informados” con un mismo escrito al cual el sicólogo cambia el nombre que encabeza el papel. A tanto llegó la desvergüenza que hasta el poder judicial ha dispuesto que los informes sean hechos por sicólogos independientes.

Pero que le hace una raya mas al tigre. Los militares han sido y siguen siendo víctimas de una conjura entre el poder judicial, -remodelado desde la obsecuencia al gobierno militar, a la obediencia perruna al gobierno civil-; una clase política cobarde, mezquina y corta de vista, y los que, como Aylwin, con vos susurrante y a media luz traicionaron, discriminaron y criminalizaron a los militares, tarea sórdida que dio paso a las comisiones Rettig; Valech 1; Valech 2 y otra mas destinada a repartir plata entre los que “no tocaron” en ninguna de las tres anteriores.

La guinda de la torta la puso Carlos Ominami, que tratando de exculpar su dolo exigió que “la justicia debiera ser mucho más cuidadosa en la forma como actúa”, porque “cometen desprolijidades”; sostuvo que los tribunales están actuando en “el contexto que da la calle”; y finalmente, “se enjuician de manera extremadamente severa prácticas que tienen que ver con un contexto distinto”, exigiendo lo que explícitamente los políticos de izquierda y derecha niegan a los militares.

Sería risible si no fuera el fundamento de una injusticia que, por siglos, será recordada en Chile y mostrada como ejemplo de prevaricación, incompetencia y cobardía del poder judicial y los políticos, en su trato a los militares.

Definitivamente, desde la perspectiva de Punta Peuco, las loas al “padre de la patria” -como lo valora un plumario de moda- no tienen ningún significado para ellos, es motivo de nuevas injurias, falsedades y ocultamiento de la verdad; es sólo mas de lo mismo.

Los llamados a la consciencia y al yo interior individual por los presos de Punta Peuco

Por Gabriel Alliende Figueroa

Quienes escribimos con cierta frecuencia sobre el tema, lo hacemos  para llegar hacia la profundidad de los sentimientos de la clase política que legisla y a la sociedad en su conjunto. El ejecutivo,la partitocracia, la  justicia, las iglesias de todos los credos, las instituciones, las universidades,la prensa hablada y escrita y a los hombres y mujeres buenos de Chile, para que comprendan que quienes esos viejos militares presos o procesados hoy, ayer eran cabos, sargentos, subtenientes, tenientes o capitanes. Ninguno de ellos tenía poder para tomar decisiones; tampoco participar en reuniones de coordinación. A ellos como subalternos sólo les correspondía tomar conocimiento y cumplir lo dispuesto, acorde a una legalidad vigente en ese momento, en que se vivía un estado de guerra interna, conforme a su grado y puesto en las instituciones a las que pertenecían.

Se llama a la sensibilidad colectiva, para informarles que quienes están detenidos, responden por sus superiores que ya no están en este mundo.

Nuestra verdad, me refiero a la militar, transita por vías diferentes: hubo quienes aprovecharon la crisis, para mandar sicarios para ajustar cuentas, o para hacer justicia por sus propias manos, por ello varios de nosotros debimos llevar a personas que eran halladas muertas abandonadas en la vía pública o en los caminos. En la morgue, ellos eran dejados por días, tal como iban llegando; todos ellos hoy son procesos que buscan formar la dualidad fallecido-militar.

Otro error es sindicar masivamente al ejército como autor, cómplice u otras figuras, algo totalmente alejado de la realidad. Nunca las tropas empleadas en esos aciagos días, recibieron órdenes que no fueran el hacer respetar las disposiciones que se impartían a la ciudadanía mediante bandos que emitía la recién asumida Junta de Gobierno.

El término «desaparecido», sensible desde lo profundo de la humanidad, tiene varias incógnitas, ¿cuántos de ellos son reales?; ¿cuántos de ellos se asilaron y no regresaron jamás a Chile?; ¿cuántos de ellos están ubicados y enterrados por sus familiares?; ¿cuántos de ellos fueron entregados a la morgue; ¿cuantos han aparecido sucesivamente?; ¿con cuántos de ellos nos hemos encontrado en el extranjero y que han narrado su asilo sin motivo y el traslado posterior de toda su familia?.., haciéndose recibir como perseguidos políticos.

Llamamos a la sensatez, ayer jóvenes de 22…, hoy seniles presos
Llamamos a la ecuanimidad…, hoy solo responden los militares
Llamamos a la Imparcialidad para juzgar los hechos del pasado…
Llamamos a la moderación…, no es cierta la violación a los DD.HH. como «política institucionalizada».

La sociedad visitaba todos los cuarteles, se hizo vida ciudadana en todo el país desde 1973-1990.
Las unidades militares siempre estuvieron abiertas para los lugareños donde se encuentran los regimientos, en ellos se jugaba fútbol los fines de semana, o tenis y a ellas concurrían invitados las autoridades del lugar , amigos del regimiento, apoderados, colegios, Ministros de Corte, Jueces, Vicarios, sacerdotes, párrocos, Contralores, Alcaldes, juntas de vecinos, etc.

Es bueno recordar que en la revolución de 1891, en las batallas de Concón y Placilla, murieron y fueron descuartizados los generales Barboza y Alcérreca, héroes del bando gobiernista. Sin embargo, por expresa orden del bando congresista, no se procesó a ningún soldado, cabo, sargento, subteniente, teniente o capitán del ejército de Chile que sirvió en el Ejército del derrotado Presidente Balmaceda.

No se puede pretender hacer una nueva constitución para Chile, cuando existe la profunda herida de miles de procesos abiertos, con centenares de viejos militares cumpliendo penas, o que ya cumplieron, o que fallecieron durante su cumplimiento.

La Constitución vista como la el alma de Chile, nacería innoble, sin un Chile reconciliado, por la imposición de una de las partes, los gobiernos desde 1990 a la fecha, todos han actuado con el mismo criterio.

Las constituciones, cualesquiera de ellas en Chile o en otros países, parten hablando de la familia, la sociedad, el estado, la persona humana….y en Chile no estarán representados en esa constitución los militares presos, ellos no tienen derechos. Así ha quedado demostrado durante 27 años sucesivos

Lo que nos queda después de la muerte del Presidente Aylwin

Por RobertoHernández Maturana

La muerte y recientes honores fúnebres del ex Presidente Dn. Patricio Aylwin Azocar (QEPD), ha permitido a los chilenos de hoy y de ayer vivir distintos sentimientos que vienen como recuerdos dolorosos del pasado o como alaridos vociferantes del presente.

Las exequias y el inevitable repaso de la vida, acciones y  legado del ex Presidente, han servido para repasar la historia reciente de Chile, gritándole verdades en la cara a los mayores de 50 adormecidos, acomodados y apoltronados en un conveniente olvido, y a las nuevas generaciones,  concientizadas y fanatizadas por 27 años de ser adoctrinadas con una versión unilateral de la historia.

Con el repaso de la vida política de Aylwin, volvió la verdad del desastroso gobierno de la Unidad Popular, liderada por Salvador Allende, y los desesperados e inútiles intentos del primero por buscar una salida democrática, a la guerra civil que se cernía sobre el Chile de entonces, ante la impune y aplaudida accion por parte de la coalición gobernante de movimientos extremistas como el MIR, la Brigada Elmo Catalán del PS, o la Brigada Ramona Parra del PC; el desabastecimiento, la escasez, la inflación galopante; los desordenes callejeros, traducidos en verdaderas batallas campales con muertos incluidos que entonces se daban en las calles de Santiago, en que los grupos antes nombrados se enfrentaban a los derechistas Patria y Libertad y Rolando Matus del Partido Nacional y a miles de ciudadanos de a pie que protestaban por la insostenible situación; las tomas y expropiaciones ilegales que a diario se producían; el miedo y la incertidumbre de los propietarios de pequeñas y grandes empresas, de grandes fundos y pequeñas parcelas; el alarmante incremento de bandas armadas; la aparición de numerosos “asesores” extranjeros, especialmente cubanos con instrucción militar, establecidos en industrias y ministerios…

Las evidencias históricas, tantas veces difundidas en estos dias, nos hablan de los esfuerzos de destacados políticos de entonces, como el ex Presidente Frei Montalva, de Patricio Aylwin, de la Iglesia Católica y de otros credos, y de distintos órganos del Estado,como la Corte Suprema y la Cámara de Diputados (acuerdo del 27 de Junio de 1973), que llamaban al gobierno a frenar el caos, imponer el estado de derecho y enfrentar la crisis económica y social que día a día se hacia mas grave. A lo anterior se sumaban los constantes llamados y provocaciones de gran parte de una ciudadanía angustiada a las FF.AA., que eran tratadas de “vendidas y entregadas al régimen de Allende” y el acoso a sus integrantes al lanzarles plumas y maíz en la víapublica,  o frente a los cuarteles daban testimonio de la alarmante situación que se vivía.

El repaso de la vida de  Aylwin hecho profusamente en estos días por los medios informativos, nos da cuenta de sus vanos esfuerzos por llegar como Presidente de la DC, y líder de la oposición, a un entendimiento con el gobierno de Allende para salvar al paísde su autodestrucción. Los indesmentibles testimonios históricos nos dan evidencia de la incapacidad de la clase política de entonces, cuando sobrepasado por los hechos el recién fallecido Presidente declarara al “Washington Post” el 26 de agosto de 1973,que si le dieran a elegir entre “una dictadura marxista y una dictadura de nuestros militares, yo elegiría la segunda”. Esto, parecen ignorar deliberadamente a las nuevas generaciones para no reconocer lo desesperada que entonces era la situación. Más grave aún es el “olvido de la antigua generación”, la de los padres, que hipócrita y convenientemente  cierran los ojos a sus recuerdos.

Posteriormente, al intervenir los militares y tomar el poder, los viejos políticos de entonces vieron con asombro y estupor que las intenciones de los “milicos”  no eran solamente deponer un gobierno incapaz e inepto, para entregárselo a los opositores a Allende, sino que pretendían hacer un gobierno refundacional desde sus cimientos, para lo cual los militares no tenían un tiempo determinado.

Entonces vino la nueva oposición, esta vez con los antiguos adversarios unidos para – mediante acciones tanto al interior del país como desde el exterior –  “derrocar al dictador”.

Hoy sólo los militares, en realidad, los subalternos de entonces (sus comandantes están muertos), purgan en prisión, o en injustos procesos, los errores de esa generación nonagenaria (de los abuelos), que condujo al país al desastre, siendo hoy el “pato de la boda”, los únicos a quienes se les hace responsables, en una suerte de caza de brujas que pareciera querer lavar la conciencia ciega y sorda de toda una sociedad egoísta.

Hoy, las nuevas generaciones, concientizadas y fanatizadas por 27 años de lavado cerebral, piensan que lo que hicieron sus próceres de la antigua concertación fue poco, y como si fueran lo opuesto al mito de Cronos, hoy quisieran devorarse a sus padres.

Así, desde la mala conciencia de quienes se han criado en un mundo mucho mejor que aquel en vivieron sus progenitores, jóvenes imberbes “empoderados” por sus padres y por la desprestigiada clase política, acostumbrados al facilismo y al consumo con infinitas posibilidades, como nuncatuvieron las generaciones anteriores, se permiten insultar a “los viejos”, deshonrando la memoria de uno de sus próceres en sus honras fúnebres, con infantiles y majaderas protestas.

Hechos similares se han visto en los actos públicos de hoy, como en los estadios, en que vergonzosamente no se ha respetado el “minuto de silencio” solicitado en  memoria del ex Presidente.

Este es el resultado de quienes hoy se cocinan en su propia salsa, ante una generación criada en la conciencia de sus derechos pero no de sus deberes, en la moral del “todo vale”, del “primero yo, después los demás”, con poca tolerancia al fracaso y al sentido de superación personal.

Chile puede volver a ser víctima de sus fantasmas del pasado, en una catastrófica implosión, al negarse a reconocer y reconocerse en su historia, victimas del autoengaño y la complacencia.

De esta forma seguimos construyendo nuestros propios demonios, a los que  si no logramos dominar, nos condenarán a repetir una y otra vez la historia.

AGUAS SUCIAS

Por Cristián Labbé Galilea

Todo hacía suponer que esta semana se entraba en tierra derecha, o, si se quiere (para los que todavía sienten complejos por sus convicciones), se tomaría la recta final hacia las elecciones municipales, programadas para octubre de este año. Entre martes y miércoles se vence el plazo que el legislador fijó  para que las coaliciones políticas, de uno y otro lado, inscriban en el SERVEL los precandidatos a alcaldes en aquellas comunas donde tengan más de uno. Todo muy democrático: se acababan las designaciones a dedo o por secretaría y el representante del sector lo elegirían los vecinos a través de elecciones primarias municipales. Excelente profundización y perfeccionamiento de nuestra democracia.

Pues bien, preocupadosal comprobar que tan loable intensión quedaba como letra muerta y que al mejor estilo de “iluminados” las cúpulas de Chile Vamos decidían, entre cuatro paredes, quiénes serían los candidatos a alcaldes del sector, lo que pasóal menos en Providencia, me hallaba definiendo una respuesta a tan ignominioso proceder…cuando se dejó caer el “diluvio” que causaría una catástrofe en todo el país y con particular intensidad en…¡Providencia! Mi  foco estratégico cambió inmediatamente.

Nadie pudo quedar indiferente al ver transformada Providencia, pleno siglo XXI, en un rio de barro, que a su paso destruía lo que se le pusiera por delante y arruinando literalmente todo aquello que personas comunes y corrientes, verdaderos emprendedores, con tanto esfuerzo habían construido: restaurantes, librerías, tiendas, subterráneos, muebles… ¡Qué más decir… si usted lo vio!

Siempre he sostenido que desde el punto de vista metropolitano Providencia es “la capital de la capital”, la comuna articuladora de la gran ciudad, y que con un urbanismo ejemplar constituye un referente citadino a nivel nacional e internacional. Se suma a lo anterior la “vocación de barrio” que tienen sus vecinos y que la hace, para muchos, una comuna en esencia aspiracional: son muchos los que sueñan con vivir en Providencia por su calidad de vida, la dimensión humana que muestra su desarrollo, sus parques y sus plazas, la oferta integral de sus servicios, su articulación en el transporte público, etcétera….

Al momento de analizar las características que definen los emprendimientos en la comuna se aprecia un alto nivel de medianas y pequeñas empresas del más variado tipo. Aquellas actividades  que conocemos como Pyme son el motor del desarrollo y de la generación de recursos a nivel local y permiten al municipio ser socialmente muy solidario y con una gran sensibilidad con los más necesitados. Existe meridiana claridad respecto de que Providencia es una comuna atractiva para invertir, base fundamental para que ese desarrollo genere la calidad de vida que enorgullece a sus vecinos y a la que legítimamente aspiran otros.

Hoy, todo se debe centrar en volver tan pronto como sea posible a la normalidad; ya se verá luego quién es el o los responsables del desastre. Pongo especial énfasis en este último punto pues si hay algo claro es que Providencia tiene un gobierno comunal extraordinariamente mediocre, cuya gestión se ha caracterizado por no hacer las cosas bien, muy al contrario. Del gobierno central mejor ni hablar.Ambos niveles con la desidia, inepcia y negligencia que los caracteriza intentanlavarse las manos, con el agua ya caída, y bien sucia.

Ominami rompe el círculo vicioso

Por Gonzalo Rojas Sánchez

Seguramente Carlos Ominami no pensó en las consecuencias que podían tener sus palabras una vez dictado el sobreseimiento en su juicio. El hombre estaba saliendo de un proceso penal, y es sabido que en esas condiciones toda persona pierde en parte la perspectiva de lo que dice, pendiente solo de su propia situación.

En buena hora, porque los dichos del ex senador socialista ayudan mucho a clarificar las cosas.

Tanto colaboran, que con toda seguridad más de algún izquierdista se habrá tomado la cabeza entre sus manos mientras exclamaba: ¡pero cómo dijiste eso, Carlos!

Porque con sus palabras Ominami contradijo tres de los dogmas fundamentales que sus correligionarios han sostenido en los últimos años.

En primer lugar, afirmó que «la justicia debiera ser mucho más cuidadosa en la forma como actúa», porque «cometen desprolijidades»; a continuación, sostuvo que los tribunales están actuando en «el contexto que da la calle»; y finalmente, la perla más cultivada, declaró su molestia porque «se enjuician de manera extremadamente severa prácticas que tienen que ver con un contexto distinto».

Y si los militares procesados o condenados alegaran que esas tres condiciones se aplican exactamente a ellos, ¿qué sucedería? Y si algún día los así llamados cómplices pasivos (aquellos que desde la nomenclatura Piñera también podrían ser enjuiciados) alegaran que no se les puede imputar responsabilidad alguna a partir de la doctrina Ominami, ¿qué sucedería? Que respecto de unos y de otros, militares o civiles partidarios del gobierno militar, la izquierda seguiría afirmando que esas tres consideraciones no tienen valor alguno.

Por una parte, nos dirían que el contexto no importa nada. Así lo han sostenido desde el primer día, anulando efectivamente toda posibilidad de discutir sobre el derecho de rebelión y sobre la legítima defensa respecto de los actos subversivos y terroristas. Ha sido imposible hacer razonar a la izquierda sobre sus tremendas culpas, las que explican algunas responsabilidades de sus represores. Por eso, si las palabras de Ominami permitieran ahora considerar el contexto del proyecto totalitario del gobierno allendista y de la agresión armada de los grupos subversivos, cuánto habrían ayudado a la justicia.

Además, en segundo lugar, la izquierda siempre afirmará que cuando los tribunales condenan a militares, la justicia no es jamás prevaricadora, a pesar de todas las evidencias que al respecto ha aportado Adolfo Paúl, nunca reconocidas, pero nunca contradichas. Ominami nos ha dicho que los jueces cometen desprolijidades: si esa expresión no fuera dramática para los militares y sus familias, sería la broma del año.

Y, en tercer lugar, la importancia de la calle. Qué bueno que el mismo Ominami experimente ahora la perversión de todo lo que él y su gente han gestado en los últimos 25 años, juzgando y condenando desde la ideología y el sentimiento, sin ninguna consideración por la historia y el derecho. Pero la izquierda también ignorará este reconocimiento, porque tiene en su mentalidad instalado el chip de la anulación de la verdad.

Pero es que se trata de delitos de lesa humanidad, argumenta el izquierdista. ¿Cómo hacerlo entender que justamente ese concepto es producto de un contexto dominado por el marxismo, aplicado por jueces prevaricadores y respaldado por organizaciones de fachada del PC que se hacen llamar «la calle»?

Ominami, seguramente sin quererlo -un hombre que viene del MIR, un hombre que viene del GAP-, ha logrado romper el círculo vicioso de la mentira histórica y judicial chilena. Si eso lo redime o no, importa poco. Lo que está en juego es, efectivamente, la justicia

Recuerdos Personales de Don Patricio

Por Hermógenes Pérez de Arce Ibieta

Fue una personalidad histórica decisiva del siglo XX y sus oscilaciones políticas tuvieron gran influencia en los destinos del país, tanto para librarlo de caer bajo un régimen totalitario, induciendo a los militares a derrocar al Presidente que se proponía instaurarlo, como para determinar, 17 años después y ya como Presidente él mismo, la injusta condena histórica y judicial de ellos, materializada hoy en más de mil procesos contrarios a derecho y más de un centenar de ex uniformados ancianos, enfermos o inválidos, en calidad de presos políticos.

Lo conocí como profesor de Derecho Administrativo en el cuarto año de la carrera, en la Universidad de Chile, en 1956. En el examen final fue benévolo conmigo y le quedé agradecido por eso.

Después, durante el gobierno de Frei Montalva, me llamaron la atención sus posturas extremas, pues lo había tenido siempre por un político moderado. Recuerdo en particular un discurso suyo de esos años llamando a la “reforma urbana” y la “reforma industrial” después de la reforma agraria, que ya estaba sembrando el caos y la discordia en los campos. Y fue el autor de la Ley Aylwin, que permitía a la CORA tomar posesión de los fundos que pretendía expropiar aun cuando no se hubieran cumplido los requisitos legales, ley que permitió derribar las últimas defensas que les quedaban a agricultores despojados.

Pero ya durante la Unidad Popular, que llegó al gobierno gracias a los votos de la DC en el Congreso Pleno, Aylwin se distinguió como un vehemente opositor y facilitó la formación de un frente conjunto con el Partido Nacional, de derecha; la Democracia Radical, de  centro, y el Partido de Izquierda Radical, esta última encabezada por el senador Luis Bossay y escindida de la UP.

Desde el Senado y como presidente de la DC Aylwin pronunció vehementes discursos condenatorios del régimen de Allende. Mantuvo con éste diálogos convocados por el, al tiempo que tenía contactos indirectos  con “el Grupo de los Quince”, integrado por generales de las tres fuerzas armadas que discutían la posibilidad de poner término al régimen que pretendía transformar a Chile en otra Cuba. A través del hijo del general Sergio Arellano Stark, joven militante DC, Aylwin puso en conocimiento del uniformado que el diálogo con Allende había fracasado definitivamente, lo que fue interpretado por los militares como una carta blanca para proceder a la remoción de este último.

También Aylwin fue co-redactor del Acuerdo de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de 1973, considerado el antecedente jurídico-político decisivo del pronunciamiento. Me cupo un papel en la preparación de ese documento, cuyo texto inicial redactó el ex ministro Enrique Ortúzar Escobar y que luego fue corregido por el senador Francisco Bulnes Sanfuentes (PN). Entregado el escrito al diputado DC Claudio Orrego Vicuña, éste lo puso en manos de Aylwin, que le introdujo varias modificaciones. En su tiempo recuerdo haber estimado que ellas “suavizaron” el texto, sin desvirtuar su explícito llamado a los uniformados “a poner término a las situaciones de hecho existentes”.

Aylwin encabezó la defensa de la Junta inmediatamente después del 11 de septiembre de 1973, junto a Frei Montalva, en la prensa nacional  y extranjera. En entrevista a NC News Services de Washington y Bonn, reproducida en el diario DC “La Prensa” de Santiago el 19 de octubre de 1973, expresó: “La verdad es que la acción de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros no vino a ser sino una medida preventiva que se anticipó a un autogolpe de Estado que, con ayuda de milicias armadas con enorme poder militar de que disponía el Gobierno y con la colaboración de no menos de diez mil extranjeros que había en este país, pretendían o habrían consumado una dictadura comunista”.

Ante las críticas por excesos en la represión argumentaba: “Es muy fácil convertirse en juez de otros que están peleando, mientras uno está cómodamente sentado en su escritorio. Yo no me siento con autoridad moral para juzgar si han sido excesivos o no, porque lo cierto es que los militares han tenido muchas bajas y han recibido la acción”.

Pero veinte años después aseguró que nunca había dicho lo anterior (ambas versiones quedaron perpetuadas en YouTube), se convirtió en juez de los militares, formó una comisión para condenarlos y exculpar a sus adversarios y clavó a los primeros en la picota pública de la ignominia nacional y mundial.

Pero fue durante el período en que Frei Montalva y Aylwin defendían a la Junta, entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973, que se produjeron mil 800 muertes, es decir, el 60% del total de todas las registradas durante el Gobierno Militar. Hoy la mayoría de los Presos Políticos Militares ilegalmente condenados son los mismos cuya acción Aylwin justificaba en 1973, y por los mismos hechos.

Él antepuso su conveniencia política a la consecuencia, y aquélla le aconsejaba en 1990 congraciarse con la extrema izquierda, a la que consagró como “víctima”, siendo que se proponía ser victimaria; “agredida”, habiendo sido la agresora; y “demócrata”, pese a su vocación totalitaria. Esto lo logró a través del “Informe Rettig”, que exculpó a la izquierda, designó a los muertos por ella como víctimas de una innominada “violencia política”, mientras los demás eran obra explícita de “agentes del Estado”. La culpa pasó a ser de los militares, no obstante que en 1973 él decía: “… cuando se produjo el pronunciamiento militar y se formó la Junta Militar de Gobierno, nosotros los democratacristianos habríamos faltado a la verdad y habríamos sido inconsecuentes si no hubiéramos reconocido que la responsabilidad fundamental de lo ocurrido proviene de la acción del gobierno de la Unidad Popular y que las fuerzas armadas no buscaron esto, sino que actuaron por patriotismo, con un sentido de responsabilidad frente al destino histórico de Chile…”

Pero veinte años después indemnizó generosamente al violentismo unipopulista y sentó las bases para perseguir judicialmente a los militares.

Fue un político astuto, que aprovechó hábilmente las circunstancias, como a fines de los ’80, cuando llegó a presidir la DC gracias al “Carmengate”, que tanto lo benefició, para infinita desazón de Andrés Zaldívar, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Gabriel Valdés, cuyas aspiraciones presidenciales resultaron defraudadas cuando “el único que no soy candidato” (Aylwin) alegó para sí un mejor derecho a la disputada presidencia de la DC, desde la cual después se las arregló para ser precisamente el postulante presidencial de la Concertación en 1989.

En 1990 formó, mediante un decreto jurídicamente ilegal y nulo, la “Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación». Tras publicarse su Informe, la Corte Suprema dijo (13 de mayo de 1991): “La Comisión no trepida en violentar el ámbito de sus atribuciones;… rebasó abusivamente las atribuciones que se le habían conferido y, extralimitándose en sus facultades, formuló un juicio apasionado, temerario y tendencioso, producto de una investigación irregular y de probables prejuicios políticos”. Así, sumado ello a las millonarias indemnizaciones y pensiones estatales a la extrema izquierda (hoy deben llegar a unos 300 millones de dólares anuales), Aylwin consiguió el apoyo de ese sector para sus propósitos políticos; o, en todo caso, la anulación de sus ínfulas revolucionarias durante su gobierno de cuatro años.

A la inversa, crucificó a los militares: mediante una carta inconstitucional a la Corte Suprema, pidió a los tribunales no aplicar la amnistía (“que mi gobierno respeta”, añadió) sino hasta la sentencia de término en los procesos, lo que hizo posible el desfile de militares por los tribunales y los expuso a las agresiones y la denigración de los  “guardianes del odio” en nuestro país.

Hoy se le reconoce a don Patricio haber manejado “la transición”, período que no tiene otro defecto que el de no existir, pues se transitó a la democracia y a la plena vigencia del articulado permanente de la Constitución de 1980 el mismo día 11 de marzo de 1990, con todas las reformas aprobadas por más del 90 por ciento de los votos en 1989. Después de eso no hubo transición alguna a ninguna parte y desde entonces vivimos en la plena democracia prevista en la misma Carta Fundamental.

Tenía don Patricio una candidez que lo hacía simpático y amigable, como cuando, en plena crisis de los “sobres con billetes” que los gobernantes concertacionistas se llevaban para la casa sin fundamento legal alguno, bajo el gobierno de Lagos, aquel confesó paladinamente a “El Mercurio” que esa práctica había comenzado bajo su gobierno: “fue una corruptela”, expresó. Y todo el mundo lo perdonó en el acto.

Cuando terminó su gobierno, en 1994, en mi columna de “El Mercurio” hice un balance de su gestión y concluí que lo mejor de ella había sido la actuación de la Primera Dama, señora Leonor Oyarzún. Hasta hoy mantengo ese predicamento, le hago llegar mi pesar por el deceso de su marido y elevo preces por el eterno descanso de su alma.

Los dichos históricos de Patricio Aylwin sobre Allende y Pinochet desde 1973

A los 97 años ha muerto don Patricio Aylwin Azócar (QEPD). Quien fuera Presidente de Chile entre el 11 de Marzo de 1990 y el 11 de Marzo de 1994, fue el primer Presidente del país elegido con posterioridad al Gobierno Militar. Su gobierno, acciones y pensamientos, de alguna forma pueden verse reflejados en la entrevista que se entrega a continuación:

Por Carolina Mascareño y Pablo Cádiz, diario La Tercera, 29 de Mayo de 2012

Patricio Aylwin (93 años), disparó las críticas y debates en las redes sociales y en el ámbito político, en donde parlamentarios de todos los sectores comentaron las declaraciones, sobre la situación política de Chile tras el golpe militar, y su evaluación del rol de Salvador Allende y Augusto Pinochet.

No obstante, este no es el primer episodio en el cual los dichos del ex Mandatario causan polémica.  Al reciente artículo del medio español se suma un largo historial de entrevistas y conferencias dadas durante los últimos 38 años por Aylwin, a contar de 1973, cuando el ex Presidente emitió sus primeras opiniones sobre el gobierno de la Unidad Popular y la intervención de los militares.

AGOSTO- SEPTIEMBRE DE 1973: LA EVALUACIÓN DEL GOBIERNO DE ALLENDE PREVIA Y POST AL GOLPE 

Días antes de producirse el golpe de Estado de 1973, el en ese entonces presidente de la DC, Patricio Aylwin, dijo en una entrevista a The Washington Post el 26 de agosto de 1973 que, si le dieran a elegir entre «una dictadura marxista y una dictadura de nuestros militares, yo elegiría la segunda».

Luego de producirse el bombardeo a La Moneda, el 17 de septiembre de 1973 el timonel de la falange aseveró, mediante una declaración pública a la prensa extranjera, que «el gobierno de Allende había agotado, en el mayor fracaso, la ‘vía chilena hacia el socialismo’, y se aprestaba a consumar un autogolpe para instaurar por la fuerza la dictadura Comunista».

«Las informaciones que nos transmite el cable revelan que lo sucedido en Chile se está enjuiciando en el exterior con mucho desconocimiento de la realidad», acotó.

En ese sentido, agregó que «la mayor prueba es la enorme dotación de armas que tenían las ilegales milicias marxistas que formaban un verdadero ejército paralelo, con un poder de fuego equivalente a 12 regimientos regulares y con la presencia activa de más de diez mil extremistas extranjeros».

Aylwin concluyó su declaración explicando que, «hasta la última quincena conversamos con el Presidente Allende y su gobierno, en busca de las rectificaciones indispensables para salvar a Chile del quiebre institucional y del desastre económico. Nuestros esfuerzos no encontraron acogida seria y su fracaso condujo a la intervención militar, que las Fuerzas Armadas y Carabineros no buscaban y que contradecía todas sus tradiciones».

27 ABRIL 1994- BALANCE SOBRE GOBIERNO MILITAR: «LA MAYOR TRAGEDIA FUERON LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS»

Una nueva polémica provocaron las palabras de Aylwin en la Universidad de la Sorbonne, en París, donde fue nombrado «Doctor honoris causa».

Durante su discurso, Aylwin afirmó  que «nuestra democracia es imperfecta, porque aún subsisten algunas de las limitaciones que dejó establecidas el autoritarismo».

Sin embargo, lo que generó mayor revuelo, fue el balance que hizo el ex mandatario del gobierno militar, donde «el mundo supo con horror de las gravísimas y masivas violaciones a los Derechos Humanos que se cometieron. Más de 3 mil personas fueron asesinadas o desaparecieron. Decenas de miles salieron al exilio, sufrieron prisión o fueron víctimas de arbitrariedades. Miles perdieron su trabajo entre ellos muchísimos profesores universitarios. Fue la peor tragedia de la historia de Chile».

El 12 de mayo del mismo año, a su regreso a Chile, Aylwin precisó esas aseveraciones, descartando haber planteado que la peor tragedia fue la existencia del régimen militar como tal.

«Lo que dije es que la mayor tragedia de Chile fueron las violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el gobierno militar, y eso lo mantengo», dijo a los medios de comunicación que lo esperaban a su llegada al aeropuerto de Santiago.

ENTREVISTA DIARIO EL PAÍS – 5 DE MAYO DE 1994

En medio de su gira por Europa, Aylwin también concedió una entrevista al medio español. Tras la polémica levantada por sus dichos en La Sorbonne, el entonces jefe de Estado chileno conversó con El País sobre el régimen militar y detalló que, tras salir del gobierno, consideró que «tal vez la permanencia de Pinochet ha ayudado a la estabilidad del proceso» de transición democrática.

«Yo lo que he dicho y sigo creyendo es que Pinochet no intentó cogobernar desde que yo asumí la Presidencia. Me dijo: ‘Yo como militar sé mandar y obedecer. Ahora usted es el Presidente y yo le obedezco a usted.  Tuvimos desacuerdos, naturalmente, pero en definitiva, nunca pretendió intervenir en la orientación de la política de mi gobierno, nunca desobedeció. La imagen del general Pinochet con la que salí de la Presidencia, de su conducta durante mi gobierno, no es la que pude temer cuando asumí el cargo», argumentó.

Consultado por las críticas a su postura de respaldo a la instauración del régimen militar, Aylwin sentencia que «si nos hubiéramos negado a ese camino, no habríamos tenido fuerzas para derribar a la dictadura».

16 DE MARZO DE 1995 – RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE PINOCHET 

En medio del discurso dado a la fundación Gulbelkian en Lisboa, Aylwin dijo que «la dictadura chilena no fue la de un caudillo carismático, como tantos en el Tercer Mundo, sino el gobierno institucional de las Fuerzas Armadas».

Asimismo, destacó que durante el régimen militar «no todo fue negro», y destacó obras como «las reformas económicas de saneamiento, liberalización y apertura de la economía chilena».

Ese mismo año, el 30 de octubre, si bien evitó referirse a la figura del ex gobernante en el marco de una visita de tres días a Punta Arenas, Aylwin dijo que Pinochet «es una personalidad bastante más compleja de lo que la gente cree y no es una figura que se pueda definir, simplemente, como en blanco y negro; tiene sus haberes y sus deberes». 

30 DE MARZO DE 1997: «PINOCHET NO PODRÍA EVITAR QUE SU RESPONSABILIDAD SEA DILUCIDADA NO SÓLO ANTE LOS TRIBUNALES, SINO NECESARIAMENTE ANTE LA HISTORIA»

Una de las entrevistas que más reacciones detonó, en el ámbito político, militar y de grupos defensores de los derechos humanos, fue la concedida en 1997 al diario mexicano, «Excelsior», donde dijo que «todos tuvimos la culpa, todos tenemos responsabilidades a partir de lo ocurrido en 1973. ¡Es que tuvimos una visión errónea de lo que eran los militares chilenos!». 

En el artículo, el ex Mandatario DC se refirió a su rol tras el golpe, aseverando que «en esa época yo actué honradamente y de acuerdo a mi conciencia, pero reconozco que me equivoqué medio a medio. Siento mía la tragedia ocurrida en Chile, pero combatí con fiereza la dictadura y, así como me equivoqué yo, nos equivocamos muchos».

En la entrevista, además, se le preguntó qué castigo le daría al general Augusto Pinochet, si retornara a la época de los tribunales de Nuremberg, que juzgaron a los nazis de la Segunda Guerra Mundial, el ex jefe de gobierno respondió que «quien dirige un gobierno con poderes omnímodos, en el que se cometen crímenes, hasta los más despreciables, como ocurrió con Pinochet, no podría evitar que su responsabilidad sea dilucidada no sólo ante los tribunales, sino necesariamente ante la historia».

22 DE MAYO DE 1997. CONFERENCIA EN LA FUNDACIÓN ORTEGA Y GASSET 

En el marco de una visita a Madrid, Aylwin dijo en una conferencia en la Fundación española Ortega y Gasset, que en el ’73, «fuimos víctimas de una excesiva ideologización, donde cada uno quiso imponer su proyecto histórico y eso condujo a la ingobernabilidad del país». 

En ese sentido, también apuntó a que, durante su gobierno, «en lo que indudablemente tuve no sólo molestias, sino que también algunas presiones, fue en el tema concreto de los derechos humanos», por parte de Augusto Pinochet.

Esto, según represento el ex Presidente, se vio plasmado en sucesos como «el ejercicio de enlace» y el «boinazo».

 

EL PAÍS DE URUGUAY- 12 DE NOVIEMBRE DE 1997 

Según consigna la prensa chilena de la época, en una entrevista dada al diario «El País» de Uruguay, Aylwin reafirmó su concepción en torno al rol que tuvo el ex general durante su gobierno.

En alusión a la posibilidades de una nuevo ruptura de la democracia durante su gobierno, Aylwin destacó que “más allá de mis diferencias políticas con el general Pinochet, en cuanto gobernante creo que su presencia contribuyó a que no tuviéramos ningún episodio de esa naturaleza en la transición chilena», y que «nunca vi ningún peligro de una posible ruptura de las instituciones durante mi mandato».

«Por eso creo que el general Pinochet cumplió bien con su función», agregó.

 

6 OCTUBRE DE 1998: POLÉMICA POR CITA DE LIBRO «EL REENCUENTRO DE LOS DEMÓCRATAS»

Una cita del libro de memorias de Patricio Aylwin, titulado “El reencuentro de los demócratas”, generó una fuerte controversia, justo en medio de la conmemoración de los diez años del triunfo del “NO”.

«Nosotros admitíamos que, lamentablemente, cierto periodo de la dictadura era necesario, pero pensábamos que debía ser lo más breve posible; dos, tres o cinco años».

Posteriormente, Aylwin aclaró que la frase aparece como la versión de una conversación que sostuvo con el general Oscar Bonilla, quien se desempeñaba como ministro del interior en 1974, donde «nosotros le pedimos que se den una serie de garantías, y yo le planteo que lamentablemente comprendemos que puede haber casos en que una dictadura sea necesaria, pero debe ser por un corto tiempo».

Para el ex Mandatario,  más que justificar la dictadura, sus declaraciones apuntaban a «admitir el hecho de que (los militares) ahí estaban y que era explicable que eso hubiera ocurrido, pero nada más. Si se empieza a escudriñar palabra por palabra todos los párrafos del libro, pueden ocurrir muchas cosas (…) puede que haya que entrar a dar muchas explicaciones, pero creo que el libro hay que juzgarlo en su contexto».

La orfandad de los soldados del ayer

Por Gabriel Alliende Figueroa

A partir de 1990 quienes eran adherentes definidos del gobierno cívico militar, se han ido desembarcando de aquel, en particular los políticos. Hoy con cientos de militares presos y más de mil causas en pleno desarrollo, quienes sostenidamente recibieron el apoyo en las urnas de la familia militar, reniegan  hasta de «nuestra existencia», Sebastián Piñera por un lado vio en ellas los votos necesarios para hacer la diferencia, prometió, dijo lo que queríamos escuchar y después nos mostró que su pensamiento era diametralmente distinto, lideró a través del subsecretario Ubilla la apertura de cientos de procesos, nombró como Ministro de Defensa a Andrés Allamand, político que siempre mostró desprecio por el mundo militar, ratificando ese desprecio al ignora las tradiciones y formalidades militares en sus ceremonias y rutinas diarias y  que presentó proyectos en defensa donde a las FFAA eran dejadas totalmente dependientes del alero político en su situación presupuestaria y sin la capacidad de programar adecuadamente la mantención de su equipamiento.

Piñera cerró el Penal Cordillera y  no tuvo misericordia ninguna con los presos en la recta final de su vida, no podrá entonces esperar nada del mundo militar en retiro.

Últimamente la UDI  a través de su actual  presidente ha marcado su distanciamiento del Gobierno Militar presuntamente para parecer más “democrática”, constituyéndose así en otro partido político  que va a añorar los importantes votos de la familia uniformada retirada pero activa en todos los frentes ciudadanos.
Los DDHH han sido manoseados, exagerados, aumentados y utilizados políticamente. Que hubo fallecidos por ambos lados los hubo, pero unas almas tienen redención política y las otras no. Los otrora fuertes hombres vestidos con el uniforme de la patria, han aceptado ser los únicos responsables de la crisis del 73 y años siguientes.

El uniformados en retiro hoy pagan con cárcel su participación en el Gobierno Militar, pero… ¿Quiénes están  pagando? los que ayer eran cabos o sargentos, subtenientes, tenientes y capitanes. Lógico, la edad promedio de un coronel en 1973 era de 50 años y si hoy estuviera vivo tendría 96. Esas realidades conforman la incongruencia de la sociedad chilena más profunda, ayer asustados por la situación que se vivía, temerosos de perder su libertad y/o sus bienes, conminando a las FF.AA a salvar al país para evitar una guerra civil o sencillamente arrancando al exterior. Hoy que todo eso pasó muchos de ellos manifiestan  su reprobación con voz severa «por las atrocidades cometidas en cuanto a los derechos humanos».

La democracia cristiana tiene otra vez la histórica posibilidad de inclinar con sus votos el futuro de Chile, sin DC no hay nueva mayoría. Esta última cada día da pasos más largos hacia la izquierda totalitaria, un ejemplo es el camino constituyente, que tendrá un origen innoble o por mejor decirlo una suma de mentes colonizadas y hábilmente dirigidas.
El resto es izquierda pura que solos suman el 33% del electorado.

Este análisis está pensado para demostrar que los presos políticos militares, por historia y por realidad actual, solo recibirán el pago de Chile, nadie levanta voces por ellos, la iglesia, bueno la iglesia alimentó este marketing desde la vicaría de la solidaridad, los evangélicos, me parece que de ellos se puede esperar algo, ¿pero que pasa con los hombres buenos de Chile?, ¿que le sucede a nuestra sociedad que no se da cuenta que tiene bajo rejas a los que les dieron libertad?, SÏ el tema es ese. El 11 de septiembre de 1973 pudimos ver  como la mayoría de las personas celebraban el término del caos destapando botellas de champagne, otras, en menor cantidad se opusieron violentamente.

La tranquilidad llegó y con ella la normalidad. Se restablecieron los servicios públicos, la locomoción y las ciudades empezaron con su rutina, los entes productivos se pusieron a trabajar, se devolvieron empresas, volvió la productividad, la inflación desatada empezó a bajar paulatinamente, se acabaron las colas y los productos empezaron a llegar con normalidad a los supermercados. En el verano de 1974 la ciudadanía salió de vacaciones, unos al norte, otros al sur, y los más al litoral central, era el país que volvía a vivir sin temor. Así se reiniciaba el camino hacia un mejor Chile por la senda del progreso cuyos frutos podemos gozar hasta el día de hoy.

Pero….., tenemos a viejos militares presos, enfermos, la sociedad lo sabe, pero ya conquistaron la libertad, ellos…, los militares….., ¡que se las arregle como puedan!, ya no son necesarios…, bueno, excepto en los temporales, terremotos, maremotos, volcanes en erupción, crecidas de ríos, aludes y los temibles aluviones que se llevan poblados y ciudades.

¿Acaso se puede pensar que  toda una generación de entonces jóvenes de 22 años estaba permeada por la maldad? Hoy parte importante de esa generación ha sido sancionada con medidas carcelarias para ser pagadas durante 5 vidas. Nunca es tarde los ancianos, enfermos de Punta Peuco siguen esperando ser liberados, siguen confiando…, siguen muriendo.

José Zalaquett aboga por beneficios penitenciarios a ancianos: «La justicia no excluye la humanidad»

Por Lilian  Olivares , El Mercurio, domingo, 17 de abril de 2016

«Haré lo que me pida usted, que me pare en una pierna… estoy a su disposición», le contesta el abogado al fotógrafo que le solicita unos minutos.

El hombre de mente lúcida impresiona con su sencillez. Acomoda el bastón que hoy le ayuda a mantener erguida su imponente estatura y sale al hall del edificio donde dicta clases, cuidando no tropezar.

José Zalaquett Daher (74) es uno de los académicos que más ha profundizado en el tema de los derechos humanos.

-Usted mismo pudo haber sido víctima, ya que fue exiliado…

-Estuve preso un par de veces también, pero nunca me torturaron, y como usted ve, estoy vivo.

-¿Cuál es el mejor recuerdo que guarda de la época en que fue del MAPU?

-No tengo buenos recuerdos de esa época.

-¿Por qué?

-Yo creo que pensábamos que bastaba con los ideales para llegar a buen puerto, a pesar de que diéramos golpes de timón bastante alocados. Y resulta que provocamos una división muy grande entre los chilenos. Y eso es algo que no puede dejar un buen recuerdo.

Sus vivencias, su análisis y sus estudios lo convirtieron en un referente. Fue jefe del comité ejecutivo internacional de Amnistía Internacional, integró la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que hizo el «Informe Rettig», formó parte de la Mesa de Diálogo, fue miembro de la Comisión Interamericana de DD.HH. y codirigió el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, su alma mater donde hasta hoy -y durante 22 años- enseña un curso… de derechos humanos. Ello, en paralelo al trabajo que desempeña en la UDD, donde dicta cursos bajo el sistema Masive Open Online Course (MOOC), con 19 mil alumnos del mundo.

Fuimos a preguntarle por un debate que inició este año el sacerdote jesuita Fernando Montes, que luego saltó al tapete en la discusión de la agenda corta antidelincuencia, y que quedó congelado en medio de una agitada discusión: ¿Hay que darles beneficios humanitarios a presos ancianos? Y de ser así, ¿a todos o a algunos que no hayan cometido delitos gravísimos o de lesa humanidad?

-¿Cuál es su punto de vista en este tema?

-En materia de graves crímenes, el derecho internacional moderno ha señalado que los crímenes de guerra, los más graves, o los contra la humanidad, deben siempre ser sometidos a la justicia. Esto no excluye, a mi juicio, medidas de humanidad en casos calificados.

Entre Rudolph Hess y Erich Honecker

Recuerda que él era dirigente de Amnistía Internacional cuando el líder nazi Rudolph Hess, que había sido condenado por el tribunal de Núremberg a cadena perpetua, quedó solo en la cárcel de Spandau.

-Amnistía Internacional les escribió a las autoridades de los aliados que administraban la cárcel: Estados Unidos, Unión Soviética, Inglaterra y Francia, pidiéndoles que una persona de edad muy avanzada no quedara en confinamiento solitario. La gente nos decía: «Él es un monstruo». Nosotros respondíamos: «Él será un monstruo, pero nosotros no». Nosotros no pedíamos ni la libertad de Hess ni tampoco que le dieran una medalla o facilidades extraordinarias, sino simplemente que no se le mantuviera en confinamiento solitario a una persona de tan avanzada edad.

Después de 41 años preso, casi ciego, con una pierna inmóvil y con demencia senil, en 1987, siendo el único recluso «en esa enorme cárcel de Spandau», murió.

También hay otro caso, recuerda Zalaquett y relata uno donde sí lo dejaron libre:

-El de Erick Honecker, el antiguo gobernante de la República Democrática Alemana que había dado la orden de disparar a matar a los que intentaran cruzar el Muro de Berlín. Y se le iba a juzgar por eso. Pero los médicos descubrieron que tenía un cáncer al hígado que no le iba a permitir vivir durante todo el proceso del juicio. Entonces lo dejaron ir y efectivamente se murió. Y su viuda todavía vive en La Reina, y sale a comprar el pan los días sábados, y va a las fiestas de los Abrazos del Partido Comunista, y aún añora la República Democrática Alemana; dice que la reunificación fue una de las grandes tragedias.

Concluye:

-En definitiva, estos dos casos muestran que la justicia no excluye la humanidad. Y si hay una persona que, por ejemplo, tiene un avanzado alzhéimer, que ni siquiera sabe donde está, que ya no existe como identidad, que es un cuerpo que no tiene memoria ni conciencia, no tiene sentido mantenerla en la cárcel. La medida de humanidad ni siquiera sería para él, sino para su familia, con el fin de tenerlo cerca en sus últimos días.

-Durante el debate en el Congreso, el senador Alberto Espina planteó qué pasaría si un hombre comete una violación a los 74 años y se establecen los 75 años como edad para no estar en la cárcel. ¿Quedaría libre después de un año? ¿Qué le respondería al senador?

-Yo respondería que la justicia debe hacerse, pero esto no significa que la pena debe ser necesariamente una cárcel. O sea, la persona debe responder ante la justicia. Y naturalmente hay un baldón, una marca de infamia en el hecho de que se condena a esta persona. Y si tiene que cumplir la pena en su domicilio si se aprueba una ley semejante pasada cierta edad, o por condiciones de salud, eso significa una pena todavía, porque no puede hacer lo que se le plazca, sino que tiene que mantenerse dentro de su domicilio.

Acota: «Pero yo creo que la medida de humanidad no admite distinciones dependiendo de la gravedad del delito. Por ejemplo, una persona con alzhéimer pudo haber cometido los crímenes más atroces, pero ya no es esa persona; ni siquiera sabe él quién es.

«El infame asesino de Tucapel Jiménez ya no es un monstruo»

-Don José, ¿usted conoce Punta Peuco?

-No, no he estado nunca ahí. Pero de las descripciones que he leído, entiendo que el penal Cordillera era un campo de vacaciones y Punta Peuco estaría a la altura de los estándares internacionales. El problema no es que Punta Peuco tenga condiciones al nivel de una cárcel escandinava, sino que el resto de los reclusos chilenos vive en condiciones miserables en la cárcel, inhumanas.

-¿Qué le parece la frase «ni perdón ni olvido»?

-Yo encuentro que esa frase no se contradice con medidas de humanidad, porque yo escribí también en «El Mercurio» un artículo hace 15 años que se llamaba «Justicia con clemencia». Y despertó en su momento mucho debate. Planteaba clemencia para personas que contribuyen con la verdad y muestran arrepentimiento. Por ejemplo, el señor Herrera Jiménez, que fue el asesino infame en su momento de Tucapel Jiménez, que lo degolló y después mató a un señor en Valparaíso para hacer creer que efectivamente él le había dado muerte… en ese momento, Herrera Jiménez era un monstruo. Yo diría que después de 25 años en la cárcel ya no es un monstruo. Ha pedido perdón en todos los tonos, ha reconocido que estaban locos ellos; estábamos locos nosotros, los opositores al régimen, también. Y ha colaborado con la verdad. Pero él no ha recibido ninguna medida de clemencia, y tengo entendido que tuvo un cáncer al riñón. Entonces, en el caso de él, no se trata de que no sea un crimen atroz. Merece toda la condena porque es atroz, pero esa persona ya no es un criminal y ha cumplido una pena que quizás es más larga de la que en muchos países se permite como máxima.

-El caso de Herrera Jiménez es extremo en el delito, pero ¿qué piensa del castigo a aquellas personas que están presas en Punta Peuco porque trasladaron a una comandancia a una persona que después desapareció, y se les acusa de «secuestro permanente»?

-Creo que la justicia debe determinar el grado de castigo, dependiendo de las pruebas y la gravedad del crimen que se haya demostrado. Pero, a mi juicio, la ley debiera permitir medidas de humanidad en casos de edad muy avanzada o de una grave enfermedad.

 

Arauco en llamas

Columna de Joaquín García – Huidobro, El Mercurio, domingo 17 de abril de 2016

He sido un ingenuo. El día de la elección de Michelle Bachelet, pensé cándidamente que la experiencia política de su conglomerado tendría ventajas comparativas a la hora de resolver el más grave de los problemas que afectan al país: la violencia en La Araucanía. Me equivoqué rotundamente. Desde la vuelta a la democracia, la Nueva Mayoría se ha sacado la peor nota, por lejos, a la hora de enfrentar la inseguridad en la IX Región.

Los historiadores del futuro se devanarán los sesos para dar respuesta a la cuestión de cómo la autoridad estuvo más preocupada de manejar los cabildos que de cautelar la integridad y la paz del país. Se preguntarán, en suma, cómo pudo ser posible tanta frivolidad.

En los últimos días, la violencia empieza a extenderse a otros territorios y cobra nuevas víctimas. Es más, ha agregado la furia antirreligiosa a los ingredientes malsanos que ya tenía. Dentro de poco, se contarán por decenas las iglesias católicas y evangélicas que habrán sido víctimas de nuestra FARC criolla, que ahora empieza a aplicar métodos propios del Estado Islámico.

Resulta difícil encontrar una causa única para estos últimos actos de terror contra la religión. Uno podría afirmar que no es un fenómeno original: basta con pensar que se trata de una antigua afición de la izquierda anarquista, que ama el resplandor de las iglesias en llamas.

También cabe pensar que es la reacción desesperada de unas personas que ven que Santiago está demasiado lejos y que no ha habido una solución política a sus reivindicaciones. Quizá se trata simplemente de un acto estúpido, fruto de la ingenua pretensión de sacar de esta zona del país todo lo que venga del extranjero, para volver a una supuesta pureza original del pueblo mapuche, anterior al contacto con la cultura occidental. Quienes llevan a cabo estos actos delictivos en contra de la fe cristiana están, sin saberlo, realizando algo semejante al proyecto que tenían los nazis para volver al paganismo de sus antepasados, en reemplazo de ese producto judío que llamamos «cristianismo» («uno o es alemán o es cristiano. No puedes ser los dos», decía Hitler, dando muestras de que la sutileza intelectual no era lo suyo). Se trata, en definitiva, de proyectos reaccionarios, que apuestan a volver a un pasado que previamente ha sido mitificado.

Esta actitud es particularmente ridícula, porque los mismos que destruyen iglesias o queman camiones como modo de expresar su xenofobia, no dudan en utilizar un celular (un aparato que no ha sido diseñado ni producido en Carahue), y también emplean cosas tan extranjeras como internet, autos, computadores, idiomas europeos; constituyen ONGs; mantienen toda suerte de redes internacionales; reciben apoyo de asesores extranjeros, y no le hacen asco al financiamiento proveniente del Primer Mundo. En suma, la suya es una contradicción en los hechos.

Por otra parte, tampoco resulta muy sensato ver el cristianismo como algo europeo. Aunque Europa es incomprensible sin el cristianismo, el cristianismo está lejos de ser un producto de ese continente, como se puede aprender en los libros de historia de segundo o tercero básico.

Quizá exista también otra razón para que las víctimas de estos actos de terrorismo sean precisamente las capillas donde se reúnen los cristianos para su culto, o que son aprovechadas por las comunidades para realizar asambleas, toda ella gente que jamás va a devolver la agresión con la misma moneda. 

Esas pequeñas construcciones de lata, hechas de material muy sencillo, recuerdan a los cultores de la violencia una verdad muy incómoda: existen límites para la acción política; no es lícito hacer cualquier cosa, ni siquiera cuando uno cree que está sirviendo a una causa noble. El pueblo, la nación, la raza o el Estado no constituyen el bien supremo de la existencia.

Esas modestas capillas ponen ante sus ojos la verdad de que no resulta aceptable quemar ancianos o persuadir por el terror, que conductas como esas ofenden al pueblo mapuche, porque son profundamente inhumanas. Y ese recuerdo resulta tan incómodo, que prefieren reducir esos templos a cenizas, de modo que desaparezcan de su vista y su memoria esas construcciones cuya sola existencia cuestiona su pasión destructiva.

 

Astucia constitucional

Columna de Carlos Peña, El Mercurio, 17 de Abril de 2016

Esta semana, la Presidenta inició la participación ciudadana que, bajo la mirada atenta (es un decir) de un grupo de observadores, debiera sentar las bases del proyecto de nueva Constitución a que el Gobierno aspira.

Desgraciadamente, este proceso -no vale la pena ocultarlo- está erizado de verdaderos pases de mano.

Todo el proceso se desenvolverá en apenas cinco meses y no se requiere ser experto para saber que en él tendrán un lugar de relevancia lo que podrían llamarse las «minorías consistentes»: grupos de personas galvanizadas por la búsqueda de un propósito común que se impondrán, con relativa facilidad, a las simples agregaciones de individuos (descontado que tendrán más propensión a participar quienes quieren cambiar la Constitución que los que no). ¿Significa esto que hay que descreer del proceso? No necesariamente; pero la honradez intelectual obliga a sacudirse la ilusión de que en los cabildos «cada voluntad contará como una y nada más que una» (Bentham) y subrayar que, en cambio, se verificará por enésima vez aquello de que es «sorprendente la facilidad con que los muchos son dominados por los pocos» (Hume).

Al oír a la Presidenta en su discurso del martes, el público pudo tener la impresión de que se iniciaba un diálogo entre iguales, donde cada uno tendrá la misma oportunidad de hacer valer su punto de vista y persuadir a los demás. Los creyentes de Habermas debieron aplaudir (para este autor la democracia reposa sobre el ideal de un diálogo sin coacciones). Pero nada de eso ocurrirá. Los cabildos, no hay que engañarse, serán una suerte de focus group ampliado (quien inventó esto se debe ganar la vida en eso), cuyo resultado se asemejará a una lista de preferencias (como esas que los asesores de empresas construyen mediante encuestas al consumidor) ¿Inútil? No del todo; pero no es necesario maltratar la inteligencia de la gente presentando eso como un diálogo deliberativo acerca del tipo de vida en común a que aspiran los ciudadanos.

De otra parte, ha habido una cierta ambigüedad subyacente en todo esto a la que ha contribuido (sin quererlo, por supuesto; pero es de esperar que ya se hayan dado cuenta) el grupo de observadores.

La ambigüedad consiste en lo siguiente: en realidad el Ejecutivo ha dado inicio a un proceso tendiente (con todas las restricciones ya subrayadas) a formar una voluntad, o una apariencia de voluntad, que le permita elaborar lo que, en su opinión, debe ser el contenido de una nueva Constitución o de una reforma radical a la ahora vigente. No obstante que eso es así (que todo este proceso está obviamente destinado a formar el proyecto gubernamental en esta materia), la composición del grupo de observadores y la retórica que se ha utilizado al echarlo a andar dan la errónea impresión de que el proceso tiene por objeto sentar las bases de un proyecto que ex anteinteresa y vincula a todas las fuerzas políticas. Esa es la ventaja escondida que tiene para el Gobierno el proceso constituyente: ser un procedimiento que presume ser imparcial y que, por eso, pretenderá obligar a todos sea cual fuere su resultado. Es cosa de imaginar lo que ocurrirá en octubre: habrá un documento que se presentará como la opinión imparcial de la ciudadanía, ese sector social que, como diría la Presidenta, había sido hasta ahora desplazado por los expertos, ¿qué argumentos tendrá una fuerza política para oponerse a él? El sueño del político, que los intereses de su sector aparezcan como las ideas y los intereses de todos, que lo particular aparezca como universal, se habrá cumplido en este caso a la perfección.

En eso consiste exactamente el proceso constituyente: un focus group ampliado, cuyos resultados, recogidos en el proyecto gubernamental, podrán más tarde exhibirse como la expresión de una decisión política del pueblo.

Se ha subrayado poco la astucia (ya que no el rigor, ni la sinceridad) de ese diseño que permite que en Chile corran, de forma paralela, dos procesos: uno, el constituyente de los cabildos que el Gobierno recogerá como suyo a contar de octubre; otro, el que decidan llevar adelante los órganos de representación a partir de 2017. Y cuando ambos entren en conflicto, el Gobierno tendrá a su alcance un argumento irrefutable: ¿acaso el pueblo no se pronunció ya? ¿No hubo un grupo de observadores plural que al vigilar con pasión de voyeur garantizó que no hubiera distorsiones a la hora de saber lo que la ciudadanía quería?

No cabe duda.

El Gobierno puede tener tropiezos múltiples en materia de políticas públicas, pero a juzgar por este diseño no tiene ninguno a la hora de jugar al ajedrez de la política.

 

 

Chile Vamos saca “por secretaría” candidatura Labbé, por Providencia. No le permitirán medirse en Primarias Democráticas con Matthei

DiarioCHILE.CL

El ex alcalde Cristián Labbé, quien mantuvo su plena confianza en la institucionalidad del partido UDI  y de  los anuncios de primarias democráticas por parte de sus dirigentes, hoy observa como toda la “palabrería política” se derrumba, ante las declaraciones de la UDI y de los dirigentes de  Chile Vamos.

Los timoneles han “bloqueado” la realización de primarias en Providencia, para impedir cualquier posibilidad de Labbé  para postular como candidato, pese a ser la opción  con mayor intención de votos, según todas las encuestas presentadas hasta la fecha.

En pocas palabras, no se aplicó democracia, se entregaron mensajes falsos a la ciudadanía y se engañó al  ex alcalde, ya que  se le había asegurado que existiría un método confiable y transparente, para que democráticamente se defina entre su candidatura o la de la ex candidata presidencial, Evelyn Matthei.  En su minuto, la misma Evelyn Matthei, dijo que ella quería primarias y no ser una candidata impuesta por la UDI, sin embargo, ante los actos recientes, Matthei no ha realizado declaración alguna.

Cabe recordar que años atrás, fue el partido UDI el que insistió permanentemente por traer a Labbé a militar en la hoy cuestionada contienda política. Tras varias insistencias, el entonces  edil mejor evaluado del país, decidió firmar como militante de ese partido, para colaborar en el crecimiento de la UDI.  Hoy, el mismo partido en el que creyó y apoyó, literalmente  traiciona al bien comportado y respetuoso militante Labbé, ya que al parecer, “no les serviría” para las intenciones actuales de la contienda de derecha, la que intenta “revivir” tras los escándalos de corrupción y procesamientos judiciales  a sus líderes fundacionales.

Labbé también estaría siendo golpeado por el partido, ya que cuando el ex edil tenía plazo legal para renunciar y levantar una candidatura independiente, la UDI le aseguró de que no era necesario ya que se garantizaría que podría competir en primarias y ganar con el voto, su derecho a postular. Al parecer, Larraín y Cia, olvidaron dicho compromiso,  o todo fue parte de un plan  para engañar al ex alcalde, hasta último minuto y obligarlo a renunciar “por dignidad” a su candidatura.

La actual directiva liderada por Hernán Larraín (político peor evaluado junto a Pizarro), también ha realizado cuanta acción sea necesaria, para intentar “borrar con el codo”, cualquier lazo con el gobierno militar chileno, llegando al nivel de decir públicamente, que  nunca  lo apoyó,  siendo que dicha colectividad fue fundada por sub secretarios del general Augusto Pinochet.

Ante la  alta  desaprobación ciudadana hacia Larraín, además  de  ver caer todo el proyecto UDI por corrupción, el partido ha  decidido cambiar de imagen corporativa, nuevo logo, nuevos colores  y adoptaron la determinación de cortar la cabeza de quien no les sirva para su proyecto de resucitar al alicaído partido, el que ha perdido el rumbo y la confianza del país. En definitiva, la UDI parece estar aterrorizada ante posibles resultados catastróficos en las próximas elecciones municipales.

Ex jefe de fuerzas militares se defiende por críticas tras 27F: «Intentan amordazarme»

Las declaraciones entregadas al diario La Segunda el 03 de Marzo de 2014  por el General en Retiro Guillermo Ramírez Chovar, quien se desempeñó como Jefe de Zona en Estado de Catástrofe en la octava Región, para restaurar el orden en la Octava Región, después del terremoto que afectó a gran parte del país el 27 de Febrero de 2010,  cobran relevancia ante el proceso actualmente en curso que afecta a varias ex autoridades de gobierno de ese momento. 

Una dura respuesta dio el general (r) Guillermo Ramírez a los cuestionamientos que hicieron los ex ministros Edmundo Pérez Yoma, Sergio Bitar y Francisco Vidal, luego de que el ex uniformado opinara que hubo «demora» del gobierno de la época en decretar el uso de las FF.AA. para contener los desórdenes, después del 27F de 2010.

Ramírez sostuvo el jueves en La Segunda que «los caprichos o gustillos personales o colectivos» en esos casos «Chile no se los merece». Ante ello reaccionaron los ex secretarios de Estado: Bitar sostuvo que «ahora es muy fácil pontificar», mientras que Pérez Yoma indicó que «no entiendo que una persona profesional use adjetivos como ‘gustillos’ o ‘caprichos’. No me parecen adjetivos de un general». Mientras que Vidal dijo que «hace un juicio político sin asidero».

Frente a esto, Ramírez replicó este lunes que a él se le solicitó una entrevista «sobre un tema que conozco vivencialmente, aspecto sobre el que expresé mi opinión sin agraviar a nadie, ni pretender favorecer a un sector político, respecto de otro. Y lo más importante, sin faltar a la verdad incontrarrestable de los hechos vividos el 27F, hechos que todos los chilenos sin exclusión tienen derecho a conocer».

«Lamento profundamente la animosidad de los tres ex ministros en sus declaraciones en bloque, las que más que aportar información valiosa que sirva a nuestra población ante nuevas catástrofes, buscan equivocadamente censurar, amordazar o inhibir a un ciudadano y militar en condición de retiro, el que tiene legal, moral y éticamente las mismas facultades y derechos que ellos para hablar sobre cualquier tema de interés nacional. Este es el primer error de estos ex ministros, porque nuestra gente identifica la liviandad de sus argumentos, la monserga y la astucia dialéctica», aseveró.

 

¿Una nueva Constitución para Chile?

Por Jaime García Covarrubias

En Chile desde el Reglamento constitucional provisorio de 1811,12, 14 y constituciones 1818, 22,23,28,33,1925 y 80 se hicieron por expertos constitucionalistas. Todas estas constituciones fueron factibles de reformar y, a mi juicio, algo funcionaron.

Los cabildos es volver atras ya que son organos representativos medievales y monarquicos en sociedades donde las poblaciones eran reducidas. Se dejaron de lado ya que fueron superados por las formas democraticas.
Todas estas participaciones masivas, de origen fascista son «un opio para el pueblo» porque lo hacen creer que participa pero son inutiles,inmanejables, y finalmente se llegara si o si  al grupo de expertos quienes tendran que manejar, en este caso, millones de propuestas dispersas.
Desde que se discutio la Constitucion de EEUU se tenia este tema presente  ( ver Madison y Hamilton) y en el presente es motivo de estudio de los politologos en el mundo de como conciliar el crecimiento de las poblaciones con la participacion y la democracia.
La institucionalidad democratica no debe debilitarse ya que el problema no son las democracias sino que los «democratas» que las tripulan.
Lo importante finalmente es el plebiscito que la apruebe o repruebe y que deberia tener un quorum de sobre el 70 %.

Oposición critica duramente actuar del Gobierno frente al proceso constituyente

Fuente emol.com

Duras críticas al actuar del Gobierno frente al proceso constituyente han formulado parlamentarios y dirigentes de Chile Vamos, esto tras las críticas de algunos miembros del Consejo de Observadores Ciudadano respecto a la campaña comunicacional presentada por el Ejecutivo. El jefe de la bancada RN, Germán Becker, manifestó que «es preocupante la forma en que se está llevando a cabo este proceso constituyente. Creemos que se están utilizando los medios de comunicación de una forma que no es habitual en nuestro país. Esto sucede en otros países, donde se obliga a los medios a transmitir cadena nacional con un sólo propósito y es que salga como ellos quieren». Respecto de los cuestionamientos de los observadores, Becker aseguró que «me aparece que este proceso ha sido muy poco transparente y por eso entiendo que algunos hayan renunciado. La verdad es que este Consejo de Observadores más bien observa por la prensa lo que está pasando en el proceso constituyente». El senador RN Alberto Espina aseveró que «emplazamos al Gobierno para que entregue la nómina de los 216 facilitadores que han sido seleccionados y que, de manera absolutamente incomprensible, no quiere entregar quiénes son», Espina recalcó que en los próximos días Chile Vamos presentará una propuesta sobre la materia, por lo que «queremos desvirtuar cualquier afirmación que se haga en el sentido que nosotros obstaculizar o impedir que se lleve adelante un proceso de reformas a la Carta Magna. Nuestra Constitución necesita y requiere mejorarse». Asimismo, el líder de la UDI, Hernán Larraín, pidió que les den «la posibilidad de tener también una franja de televisión donde digamos lo que nosotros pensamos sobre esta materia. Porque no puede ser de interés público aquello que le conviene al Gobierno políticamente». Para la presidenta del PRI, Alejandra Bravo, «los cabildos que ha implementado el Gobierno para el denominado proceso constituyente será sólo un simulacro con forma democrática para engañar al pueblo de Chile de un texto constitucional que seguramente ya está redactado conforme a lo que la Presidenta Bachelet, la izquierda y el PC piensa y creen que de ser una nueva Constitución, dejando fuera a la oposición». Y agregó que consideran que «ese es su proceso constituyente sólo del Gobierno y de nadie más. No nos representa». UDI anuncia ofensiva Desde la UDI el jefe de los diputados, Juan Antonio Coloma, aseguró que «el Gobierno tiene un doble discurso evidente. Por una parte, la Presidenta llama a la participación y al pluralismo; pero por otra, pretenden manipular a la opinión pública a través de un docureality y publicidad en televisión, saltándose la mínima aprobación por parte del consejo de observadores». Los diputados UDI anunciaron que realizarán una presentación ante el Consejo Nacional de Televisión (CNTV) para solicitar que los spots publicitarios no sean difundidos, ya que estarían contraviniendo las normativas legales. «Vamos a ir al CNTV por los spots publicitarios que se aprobaron para que sean transmitidos por televisión abierta.

La Ley establece de forma específica en qué momentos se puede recurrir y qué se entiende por interés público», dijo el diputado Renzo Trisotti (UDI). Su par Arturo Squella (UDI) precisó que «sobre los spots, es al menos curioso que el Gobierno haya elegido un camino de dudosa constitucionalidad para promover un cambio a la constitución. El Gobierno debe dar cuenta de ello».

La trampa del Proceso Constituyente

Por Luis Larraín

Oscar Ortiz, que es senador en Bolivia, me contó cómo fue el proceso que terminó con la modificación de la Constitución de ese país que permitió la primera reelección de Evo Morales más allá de lo que la Carta Fundamental disponía. Los parlamentarios fueron encerrados en el Congreso a cuyas puertas se les echó llave por fuera para votar la reforma. Evo convocó a una concentración y se instalaron allí parlantes que iban transmitiendo en directo los pormenores de la votación. Cuando llegaba el turno de un senador para emitir su voto, los parlantes difundían su nombre entre la concurrencia. Aquellos que en ese ambiente se atrevieron a votar contra la reforma podían escuchar la detonación de una poderosa bomba de ruido que seguía a cada voto negativo. Oscar, con bastante inquietud, votó que No, y luego él y su familia sufrieron el  correspondiente bullying. Por supuesto, en esas condiciones no fueron suficientes los votos negativos y Evo se reeligió. Sólo hace algunos meses, cuando pretendía hacerlo por cuarta vez, su intento fue rechazado por el voto popular.

Este “momento Constitucional”, como les gusta decir a los Constitucionalistas con un dejo de siutiquería (que me perdonen mis amigos dedicados a tan noble especialidad), fue, claro, un poco extremo. Pero lo que pretende hacer Bachelet con su proceso constituyente tiene un elemento común: una brutal presión a los parlamentarios que tendrán que votar las modificaciones a la Constitución de acuerdo a nuestra institucionalidad.

Claro, porque la Constitución que nos rige tiene un mecanismo muy claro para ser reformada: requiere dos tercios de los votos de los parlamentarios en ejercicio. Por eso el “proceso constituyente”, de acuerdo a nuestra institucionalidad, sería tan simple como elaborar un proyecto de ley que modifica la Constitución y someterlo a su aprobación en el Congreso. Sin embargo, como sabemos, la Presidenta anunció un largo proceso, cuyo objetivo, a mi juicio, es presionar a los parlamentarios para que aprueben una nueva Constitución.

El proceso de Michelle no es tan bruto como el de Evo. De partida es más buena onda. Con un Consejo de Observadores con personajes de distintas actividades artísticas, deportivas, entre otras, que tienen en general buena imagen como garantes, se realizarán durante este año 2016 Cabildos ciudadanos en los cuales la gente (así de amplio) discutirá sobre cambios a la Constitución o una Nueva Constitución. Este proceso concitará mucha atención de la prensa y podría tener, por su carácter itinerante, un efecto parecido al de la Pequeña Gigante en su paso por Santiago hace algunos años.

Es previsible que los ciudadanos invitados a este ejercicio entreguen todo tipo de ideas acerca de qué debiera contener esta Constitución. El ex Presidente Lagos contó en una reunión a la que me tocó asistir, que en su proyecto Tu Constitución un señor había propuesto incluir en la nueva carta fundamental un sistema para trasladar agua desde el sur del país hacia el norte. Las propuestas, alentadas por aquellos que conciben a la Constitución como un mecanismo idóneo para garantizar derechos sociales, transformarán, con toda seguridad, a este ejercicio en la elaboración de una verdadera lista de supermercado.

En el fondo, lo que la Presidenta está haciendo es utilizar un procedimiento extra institucional. Como bien lo ha denunciado Mauricio Rojas, estamos frente a un ejercicio de populismo constitucional.

Pero para financiar todo este ejercicio, la Presidenta tuvo que idear un mecanismo que le permitiera usar la plata de todos los chilenos para pagar los gastos de la campaña comunicacional que significa el proceso constituyente. Y para eso aprobó en la Ley de Presupuesto 2016 partidas presupuestarias y glosas (otra vez las glosas) que habilitan al gobierno para hacerlo. Un uso ilegítimo de los recursos públicos a mi juicio.

En Cadena Nacional, la Presidenta lanzó esta semana la campaña.

Recién el año 2017, después de toda esta parafernalia, el gobierno presentará al Congreso un proyecto de ley para reformar la Constitución, acompañado de una lista de “sugerencias” emanadas del Proceso Constituyente. Hay que ver cómo será esa votación.

Comunistas presentaron al gobierno su propuesta constitucional

Crónica Digital, Santiago de Chile, 15 de septiembre 2015

El sistema democrático chileno debe ser representativo y con un sistema multipartidista; el Estado chileno debe tener un carácter plurinacional y multicultural; debe existir un Parlamento con una sola Cámara; el país debe tener una economía mixta y los derechos sociales deben estar garantizados constitucionalmente; debe terminar la doctrina de la “seguridad nacional” y del “enemigo interno” al interior de las Fuerzas Armadas y policiales.

Esos son posicionamientos esgrimidos en la propuesta de Nueva Constitución hecha por el Partido Comunista de Chile y que este lunes 14 de septiembre fue entregada al Ministro del Interior, Jorge Burgos, por varios integrantes de la dirección de la colectividad, encabezada por el presidente del PC, Guillermo Teillier.

El documento se titula “Una Nueva Constitución. Hacia un Estado más democrático” y plantea de manera concreta los contenidos que debería tener una Carta Magna del país, en el marco de análisis y discusión constitucional, que incluye el proceso constituyente planteado en el programa de la Nueva Mayoría.

El texto está dividido en las temáticas consideradas fundamentales por los comunistas: La soberanía debe radicar en el pueblo; Chile debe ser una república democrática, representativa y participativa; Congreso Unicameral; Economía mixta; El derecho de propiedad;  Disminuir la desigualdad;Desarrollo Sustentable y Sostenible; Respeto a los derechos humanos fundamentales; Democracia y Equidad de Género; Democracia y derechos sociales y colectivos; Estado Unitario y descentralizado.

Como síntesis, los comunistas plantean que la nueva Carta Fundamental debe reflejar “la época de cambios que el país vive” y garantizar “el pleno respeto a los derechos fundamentales de chilenas y chilenos, incluidos no solo los derechos y libertades individuales, sino también los derechos políticos, sociales, económicos, medioambientales, que signifique un mejoramiento sustantivo en las condiciones y calidad de vida del pueblo”.

La propuesta del PC habla de que “la soberanía debe radicar en el pueblo, titular de la potestad constituyente originaria”, y que debe existir un sistema democrático representativo, “con un sistema multipartidista que fomente la cultura política de la población”.

Se indica que “las Fuerzas Armadas han de estar subordinadas a las autoridades del Estado elegidas por la ciudadanía, y debe erradicarse de ellas toda doctrina de confrontación o represión contra el pueblo así como la doctrina extranjera de la llamada ‘seguridad nacional’ que concibe al pueblo como ‘el enemigo interno’”.

Para el Partido Comunista, la Constitución debe establecer que “Chile debe ser una república democrática, representativa y participativa, cuyo Estado unitario y descentralizado debe reconocer su diversidad, su carácter plurinacional y multicultural con respeto pleno a la identidad propia de los pueblos indígenas y en condiciones de igualdad”.

Además, se considera un “sistema multipartidista (que) fomente la cultura política de la población”.

Se añade que “el mandato de los Presidentes de la República debe ser de 4 o 5 años, con posibilidad de reelección”.

Sobre el Poder Legislativo, para los comunistas debe haber un Congreso unicameral, es decir, “un Parlamento con una sola Cámara, elegido proporcionalmente en relación al número de habitantes, eliminando toda discriminación para postular a dichos cargos”.

Se manifiesta que “debe terminarse con la institución  medioeval de los fueros, y proceder a una adecuación general de la dieta y demás beneficios exagerados de los parlamentarios y las facultades de fiscalización deben ser de obligatorio cumplimiento para el gobierno; debe igualmente ponerse fin al secretismo parlamentario”.

En cuanto a la estructura económica, el planteamiento del PC es que haya una “economía mixta” con un papel preponderante del Estado para posibilitar “mejores condiciones de vida para el pueblo. Una economía mixta es una economía flexible y se corresponde con nuestro tiempo histórico”. Se habla también de poner fin “a la concepción del Estado ‘subsidiario’”.

Se sostiene también que “el  Estado debe tener el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los yacimientos mineros y de todos los recursos naturales de toda índole” y se dice que “el cobre debe ser efectivamente renacionalizado”.

El texto de características de la Nueva Constitución presentado por el PC habla de contar en el país con un “desarrollo sustentable y sostenible” y se sostiene que “el modelo de desarrollo nacional debe apuntar a la integración de los factores productivos y el medio ambiente”.

También se manifiesta que “la nueva institucionalidad debe ser particularmente cuidadosa en el establecimiento y debido resguardo de los derechos humanos básicos como, por ejemplo, la vida, la integridad física y psíquica, la libertad de pensamiento y de expresión, el derecho a la información, a la verdad, a la justicia, a la reparación, al acceso a los bienes culturales, a la participación igualitaria en los asuntos de la política y el Estado, es decir los llamados derechos de primera, segunda y tercera generación y con estricto respeto a las Convenciones y Tratados Internacionales suscritos por Chile en estas materias y que han sido objeto de observaciones por los organismos internacionales”.

Se aborda el tema de equidad de género, se dice que “Chile está en deuda con las mujeres” y se afirma que “una democracia efectiva debe integrar el género de forma transversal, a fin de consagrar los derechos humanos de las mujeres en el texto constitucional y además rediseñar las instituciones que reproducen las inequidades entre hombres, mujeres y transexuales”.

En un punto del documento, el PC señala que “la nueva Constitución debe garantizar de modo especial los derechos sociales que consagre, asumiendo el Estado una responsabilidad propia que no excluye del cumplimiento de estos derechos a todos los integrantes de la sociedad”.Específicamente se indica que “no es necesario mantener el Tribunal Constitucional como una instancia que rigidiza la interpretación de la Constitución. Este Tribunal debiera convertirse en un Tribunal de Derechos Constitucionales encargado de cautelar el futuro régimen de derechos y libertades. Como Tribunal especializado, sería similar a los tribunales ambientales, penales, laborales, etc. Esto da cuenta de la importancia de los derechos y sus fallos serían apelables antes las Cortes”.

Se plantea la existencia de un “Estado unitario y descentralizado”, al punto que se reconozca “la posibilidad de crear Estatutos de Autonomía”.

Se apunta que “el Estado unitario debe ser, sin embargo, reformulado y atenuado por cuanto esta opción ha significado desaprovechar las ventajas y condiciones propias del país en su conjunto”.

El PC manifiesta la necesidad de “promover el desarrollo regional y gobiernos comunales” creando “estatutos de autonomía territorial con competencias y facultades especiales de gestión y manejo puede ser una herramienta significativa en materia de descentralización”.

Bacheletismo realiza reservadas gestiones para torpedear control preventivo de identidad en bancadas oficialistas.

Tomado de El Mostrador Por J Arellano y M Jiménez, 14 abril 2016

Mientras el ministro del Interior hacía su despliegue en el Congreso, diversas fuentes de Gobierno confirmaban que, en paralelo y en reserva, la mitad de la administración bacheletista “opera en contra” de la aprobación de la polémica iniciativa. Esas gestiones han implicado llamados a diversos parlamentarios desde algunos ministerios para explicarles que el rechazo a la iniciativa “no es mal mirado” por la Presidenta Michelle Bachelet, y tampoco será considerado un revés político para la jefa de Estado.

Fueron pocos los que en un principio, tanto en La Moneda como en la Nueva Mayoría, no miraron para el techo mientras el polémico proyecto del control preventivo de identidad avanzó su tramitación en el Congreso como parte de la Agenda Corta Antidelincuencia y que ahora se ha transformado en un problema real para La Moneda, ya que la tensiona una vez más con el ala más progresista de la coalición oficialista que ya anunció su rechazo categórico.

Con tal escenario, en la trastienda del Ejecutivo y el Legislativo ha quedado en evidencia la soledad del ministro del Interior, Jorge Burgos, quien es el único que realmente realiza gestiones para llevar la norma a buen puerto, porque en privado existen señales concretas desde las altas esferas de Palacio que apuntan literalmente en el sentido contrario, precisamente con miras a que la iniciativa naufrague.

El ministro Burgos se reunió este martes 12 con las bancadas de diputados de la DC y el PPD, además de exponer en la comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

En esta última instancia, la autoridad DC explicó que “si uno revisa la historia fidedigna de cómo surgió este proyecto o esta indicación se dará cuenta que esta es una indicación al proyecto originalmente presentado por el Ejecutivo (…) es una indicación que un sector de parlamentarios ubicables en la Alianza presentaron en la comisión de Seguridad Pública, fue en esta comisión que fue contrastada por una distinta presentada por una serie de diputados de la Nueva Mayoría, texto que obtuvo la mayoritaria aprobación en la Cámara, entiendo que cerca de 90 votos, fue modificada sustancialmente en el Senado y a mi juicio modificada en ese aspecto positivamente, desde el punto de vista de dotar el control preventivo de identidad de más garantías para su ejecución y de fijar de manera más clara los límites territoriales de la aplicación (…)  nosotros pretendemos la aprobación de esa norma, que no surge de nuestra iniciativa, pero que nos parece interesante desde el punto de vista de mejor dotar a las policías en su rol preventivo”.

Pero mientras Burgos hacía este despliegue en el Congreso, diversas fuentes de Gobierno confirmaban que, en paralelo y en reserva, la mitad de la administración bacheletista realizaba gestiones “operando en contra” de la aprobación de la polémica iniciativa. Esas gestiones han implicado llamados a diversos parlamentarios desde algunos ministerios para explicarles que el rechazo a la iniciativa “no es mal mirado” por la Presidenta Michelle Bachelet, y tampoco será considerado un revés político para la jefa de Estado como sí se ha argumentado y presionado en otras ocasiones a las bancadas de la Nueva Mayoría, tal como en el reciente caso del despacho de la Reforma Laboral.

En el Ejecutivo diversas fuentes coinciden en que Bachelet no quiere que se apruebe esta polémica norma, que tampoco mira con buenos ojos la llamada Ley Mordaza, que lo considera un balazo en los pies para una administración de centroizquierda, porque contradice el sustento del discurso pro derechos de la coalición y que, por más resguardos que se tomen, el control preventivo de identidad inevitablemente abrirá una puerta a fomentar la discriminación con los sectores más vulnerables.

Explicaron que a nivel gubernamental ha habido preocupación especial por el sigilo de estas gestiones para frenar la aprobación de la norma, que sean lo más sutiles posibles, que “la idea es que caiga por su propio peso en la Cámara” y no aparezca la Mandataria o el Gobierno haciéndola fracasar. Así, la estrategia sería que la Presidenta ha dejado ver su posición en algunas reuniones bilaterales con dirigentes y autoridades, misma postura que se ha transmitido a sectores del Congreso en este reservado despliegue de asesores gubernamentales.

Eso, mientras en su almuerzo con la bancada DC el ministro Burgos recalcó que para el Gobierno era necesaria la aprobación del proyecto en su conjunto, defendió el control preventivo de identidad y sostuvo que consideraba importante su aprobación. En el Ejecutivo varios reconocen que la situación actual no deja de ser bipolar, ya que mientras la autoridad DC y su equipo empujan la Agenda Corta Antidelincuencia en su conjunto, desde la propia administración bacheletista reman en el sentido contrario en relación con el control preventivo de identidad y la Ley Mordaza.

La razón de esta dualidad sería que en Palacio reconocen que inicialmente hubo cierta desidia, que “se les pasó”, que miraron para el techo para evitarse conflictos políticos en meses previos cuando las aguas internas en La Moneda estaban demasiado revueltas, pero que el tema se transformó en una bola de nieve, que temen termine reventando y afectando a la propia Mandataria.

Se suma otro factor. De aprobarse el control de identidad y la Ley Mordaza –explicaron en el oficialismo–, la Presidenta aparecería sacando adelante esta ley con los votos de la derecha, a pesar del público rechazo que han anunciado el PS, el PC, parte del PPD y sectores DC, que representan la identidad política de la Mandataria, lo que desdibuja aún más a la Nueva Mayoría.

Hay sectores de la DC que tampoco comulgan con estas normas. Algunos diputados el martes le dijeron a Burgos que fue un error del Gobierno haber respaldado estas iniciativas y le anunciaron su rechazo. “Se ha intentado pasar gato por liebre, normas que nada tienen que ver con el espíritu original de la iniciativa, a la que, por lo demás, le falta el tema esencial: cómo hacemos para disminuir realmente la delincuencia con políticas eficientes de reinserción y rehabilitación y una inteligente labor de las policías”, dijo ese día el diputado de la falange Ricardo Rincón.

En el Gobierno se están adelantando a los escenarios, incluso a la posibilidad de que las sutiles gestiones y mensajes reservados no logren sumar los votos necesarios para que en la Cámara de Diputados se rechace la iniciativa del control preventivo y la Ley Mordaza. Es más, el Ejecutivo ya habría empezado esta semana a sondear el “clima” en el Tribunal Constitucional (TC) para hacerla naufragar ahí, claro, a instancia de acciones que impulsen los diputados de la Nueva Mayoría que la rechazan.

Dicho escenario no es descartable y, además, tampoco es descabellado como estrategia política. En La Moneda afirmaron que si bien el TC tiene en la mitad de su conformación a gente de derecha, algunos comulgan con las ideas liberales y, por ende, los cálculos hacen prever chances concretas de contar con una votación 6-4 que haga caer las normas en conflicto.

Amenaza latente

En el Gobierno explicaron que las últimas semanas la Presidenta Bachelet ha recibido varios mensajes directos de organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, reclamando por el control preventivo de identidad y la Ley Mordaza. Un mundo que es relevante para la Mandataria, que le es propio, que es parte de su esencia política, de sus prioridades y en el cual ha tenido un papel protagónico, como cuando fue la cabeza de ONU-Mujeres.

A nivel gubernamental manejan la información de que varios de estos organismos están preparando una campaña comunicacional, en caso de que esos dos proyectos sean aprobados por el Congreso, en la que se emplazaría abiertamente a Bachelet a aplicar su atribución constitucional de veto a dichas normas, lo que es visto con preocupación en el Ejecutivo, ya que dejaría a la Mandataria públicamente con un margen de acción muy estrecho.

En la tarde del martes 12, durante la audiencia que Bachelet tuvo en La Moneda con el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, fue tema obligado y si bien la Presidenta salió del paso –explicaron desde el Gobierno– precisando que dichos temas aún estaban en tramitación, que había que esperar, La Mandataria sí tomó nota de dicho diálogo, como lo ha hecho de todos los mensajes que ha recibido.

Públicamente Unicef ha planteado su postura crítica al control preventivo. En un comunicado oficial en su página web precisó que el organismo ha sido “enfático en señalar que la delincuencia juvenil debe abordarse con medidas de largo plazo que se hagan cargo del problema de fondo y no con iniciativas cortoplacistas que no contribuirán a reducir el número de adolescentes involucrados en hechos delictuales, explicitando que no hay evidencia que demuestre que el control preventivo de identidad tenga éxito en esta materia”.

El texto agrega que “la medida no satisface los estándares de la suscrita y ratificada por Chile en 1990, y presenta problemas asociados a la observancia de otros tratados internacionales sobre derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Según el derecho internacional, los niños, niñas y adolescentes deben tener salvaguardias especiales cuando están en contacto con la justicia en calidad de imputados de un delito, como víctimas o testigos”.

Además, Unicef hizo presente que los menores de 18 años no están obligados a portar ningún documento de identificación, lo que claramente dificultará la diligencia policial, razón por la que dicha norma, de aprobarse, los dejaría “expuestos a eventuales estigmatizaciones, al considerarlos sospechosos de una situación sin que exista ningún indicio de culpabilidad o una acusación formal”.

Este planteamiento público es coincidente con lo que diversas fuentes gubernamentales confirmaron que ha sido el reclamo del organismo internacional, que ha enfatizado ante el Ejecutivo en diversas reuniones que el control preventivo contraviene y viola el comportamiento histórico del Estado de Chile en relación con los convenios y tratados firmados.

Es más, agregaron desde distintos ministerios que, como el organismo internacional por su calidad de tal no puede interferir en asuntos de política interna, está evaluando realizar un gesto público de rechazo si se aprueba la norma en el Congreso, que iría más allá de la mera declaración pública y que no descarta retirar del país momentánea o indefinidamente a la representante en Chile, Hau Kyung Jun. Mensaje –reconocieron en el Gobierno– que también habría llegado al segundo piso de La Moneda.

Kyung Jun se ha reunido con diversas autoridades y parlamentarios, precisamente para explicar la postura del organismo internacional. El oficial de Protección Unicef Chile, Anuar Quesille, dijo a El Mostrador que «decidimos crear una estrategia, como lo hacemos con todos los proyectos de ley que tienen que ver con infancia, para poder conversar con personeros del Poder Ejecutivo, que están viendo el tema, hemos tenido conversaciones formales con el Ministerio del Interior, con distintos organismos involucrados y también con el Parlamento, nos hemos reunido formalmente con parlamentarios de distintas bancadas (…) donde hemos manifestado nuestra posición y disposición para colaborar en la discusión y que una medida de esta naturaleza no impacte negativamente los derechos de los adolescentes».

Agregó que el Comité de los Derechos del Niño es un órgano independiente que monitorea el cumplimiento de la convención en cada Estado y el 2 de octubre del año pasado dicho comité emitió su informe de recomendaciones al Estado de Chile para darle algunos consejos de cómo cumplir con la convención y uno de esos consejos era que en el tema de justicia juvenil el Estado chileno debía tomar medidas efectivas para implementar mecanismos de prevención del delito y evitar la criminalización y si con la ley vigente existen casos en que este control preventivo de identidad generara vulneración de derechos.

Sobre posibles señales de protesta, Quesille explicó que “eventualmente el Comité de Derechos del Niño o algunos órganos del sistema interamericano de DDHH, como la Comisión Interamericana o la Corte Interamericana, podrían adoptar algunas acciones, como la adopción de medidas cautelares o provisionales o hasta la visita de algún relator (…) son organismos autónomos, por lo tanto, no depende de Unicef y se constituyen en la medida que son requeridos en casos específicos y ahí la sociedad civil o eventuales personas que fueran perjudicada tienen un rol vital en esto».

A nivel nacional, distintas organizaciones, desde Revolución Democrática (RD), la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, el Comité de Derechos Humanos de La Legua, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (CONES), el  Movimiento por la Diversidad Sexual (MUMS) y Red Liberal, entre otros que se están organizando en la Red Seguridad en Serio, llamaron al Gobierno a echar pie atrás en estos proyectos y este jueves se reunirán con diputados de distintas bancadas en el Congreso.

La bola de nieve sigue creciendo y el ministro Burgos sigue remando solo.

control de identidad preventivo

Tomado de Cartas al Director de La Tercera, 14 de Abril de 2016

Algunos grupos de interés dicen que aplicar el control de identidad preventivo es volver a la detención por sospecha; otros, que será un instrumento de discriminación por condición social, forma de vestir, etc. Hay quienes dicen que se perderán garantías constitucionales, como el derecho a desplazarse libremente por el territorio o el derecho a la privacidad. Otros, más técnicos, dicen que no es una buena herramienta operativa para controlar la delincuencia.

Así, la sociedad hoy vive enjaulada, en tanto la población delictual se desplaza libremente, sin ningún control. Hay que esperar a hijos y esposas en la puerta de nuestras casas,  para que no sean víctimas de portonazos; debemos estar preparados para recibir una llamada telefónica con la noticia de que algún familiar fue asaltado… a cambio, tenemos la seguridad de que ningún miembro de nuestras familias será controlado preventivamente por un carabinero.

¿Por qué no explicar que para que una sociedad se desarrolle en libertad y paz, necesariamente debe vivir con un control formal? Es necesario que cada ciudadano al menos cumpla la obligación permanente de acreditar su identidad en todo el territorio de la República.

Carabineros requieren de herramientas jurídicas para cumplir eficazmente la prevención: radiopatrullas, motos, helicópteros, cuarteles nuevos, etc, son medios para, solo eso. De nada sirve llenar las calles con carabineros si no tienen herramientas jurídicas para actuar. La prevención se desarrolla con acciones operativas inteligentes, controles preventivos, con interacción comunitaria y búsqueda de información.

 

¿Por qué un carabinero puede controlar a todos los automóviles que pasan por la Alameda sin reproche social? Dejemos los recuerdos pasados. La seguridad pública necesita control y el control no es represión.

Hernán Merino Briceño, Coronel de Carabineros (R)

El centro perdido

Por Ricardo Leiva, Académico e investigador de la Universidad de los Andes

Bachelet sigue sufriendo la deserción del electorado, según la última encuesta de Adimark, ya que la Presidenta no logra superar el 26% de respaldo. Como la desaprobación del gobierno se mantiene en el 67%, esto quiere decir que dos de cada tres chilenos rechazan su conducción frente a un tercio que sí la respalda. Se trata del nivel más bajo de popularidad gubernamental desde que Adimark inició estos estudios de mercados.

Este negativo cuadro general esconde algunas diferencias significativas entre los distintos segmentos demográficos y políticos de los chilenos, y tal vez una de las más notables sea la deserción que ha sufrido Bachelet entre los votantes de centro e independientes. Ya en febrero pasado, cuatro de cada cinco chilenos de centro desaprobaba la conducción del gobierno, y ese altísimo rechazo se ha mantenido invariable desde agosto de 2015. A mediados del año pasado, cuando el gobierno llevaba apenas un año en La Moneda, el 72% de los chilenos de centro se oponía a la conducción gubernamental, cifra que es exactamente la misma que se dio a conocer la semana pasada. Coincidentemente, un 74% de los chilenos de clase media se opone hoy a la conducción de Bachelet.

Los independientes siguen una tendencia semejante, pues el 70% reprueba la conducción del gobierno, lo que representa una leve mejoría con respecto a la opinión que tenían estos votantes en febrero, cuando su rechazo llegaba al 74%.

Otros estudios de opinión pública, como el de CERC Mori difundido en diciembre, ya habían confirmado que Bachelet se está quedando sin el apoyo de los votantes más moderados, sin los cuales no hubiese llegado a La Moneda.

Este alejamiento entre el gobierno y los votantes de centro no se explica solamente por el caso Caval. Ha sido por reformas mal evaluadas por la población (en marzo arreciaron las críticas de centenares de universitarios a los que ahora se les niega la gratuidad que antes se les prometió), estancamiento económico (el Banco Central anunció un fuerte recorte de las proyecciones para este año justo cuando terminaba el trabajo de campo), y delincuencia al alza (lo que explica que nueve de cada diez chilenos rechace la gestión gubernamental en esta materia).

Ya en octubre de 2014, apenas siete meses después de asumir, Bachelet generaba más desaprobación (47%) que respaldo (45%).  El caso Caval explotaría en el verano siguiente, y sólo vendría a reforzar una tendencia muy negativa para el gobierno que, 15 meses después, aún no se detiene, y que debería hacer reflexionar a los líderes de la Nueva Mayoría sobre cuán acertada ha sido su estrategia de alinearse con el segmento más radical de sus votantes. Para vencer en los comicios municipales de octubre, los moderados y los independientes harán mucha falta, pues en la política, como en el juego de los dardos, solo apuntando al centro se gana.

El Trasfondo del Proceso Constituyente

Editorial Diario La Tercera. 14 de Abril de 2014

El denominado “Proceso Constituyente” se presenta como una legítima instancia de participación en la tarea de elaborar una nueva Constitución, aunque por sus propias características y su desamparo legal, en la práctica no es más que la expresión de una estrategia planificada e impulsada por la administración Bachelet para instalar la idea de que el país en su conjunto protagoniza un proceso efectivamente participativo, sin retorno, en respuesta a lo que sería un imperioso y supuestamente masivo interés ciudadano por contar con una nueva carta fundamental.

En los hechos, este proceso se verifica mediante una serie de etapas que se suceden sin que se conozca ninguna evaluación objetiva sobre los resultados de cada una, como lo demostró la ya concluida fase de “educación cívica y constitucional”, que pretendió difundir masivamente un “constitucionario”, siguiendo los lineamientos más típicos de una campaña de marketing, con avisos publicitarios y promotores en algunos puntos de alta confluencia de personas.

Los objetivos del Ejecutivo detrás de esta maniobra resultan evidentes: por una parte, pretende aplacar los ánimos refundacionales de quienes demandan una Asamblea Constituyente como único mecanismo para elaborar una nueva Constitución. Por la otra, busca vestir al proceso de suficiente participación como para evitar que el Congreso deseche la propuesta de carta fundamental que elaborará la propia Presidenta de la República a partir de los cabildos y diálogos,

Ello obliga a otorgar el máximo de visibilidad posible a la etapa de “diálogos ciudadanos”, que incluye “encuentros locales”, una “consulta individual” a través de la web y “cabildos provinciales y regionales”, recurriendo a una cadena nacional de televisión y obligando a los medios de comunicación televisivos y radiales a difundir publicidad del proceso, lo que implica asumir que se trata de información de interés público, ya sea para proteger a la población o para promover los derechos de las personas, como estipuló la ley. Incluso un “docureality”, con obligación para el realizador de incorporar “al menos uno de los personajes que represente el sentimiento de orgullo frente a este inédito proceso”, es promovido por la Secretaría General de Gobierno para cumplir con este objetivo.

Ahora bien, basta una simple lectura de las instrucciones que imparte el sitio oficial del proceso en la web, para advertir que las opiniones contrarias a la elaboración de una nueva Constitución o aquellas encaminadas, simplemente, a introducir reformas a la carta existente, sencillamente no tienen cabida. Toda participación implica, en la práctica, el reconocimiento de que se trata de un proceso con una clara y definitiva trayectoria: cambiar la Constitución.

Sin embargo, los resultados de este esfuerzo comunicacional debiesen ser más bien limitados si imperase la legalidad y se limitara el proceso a la única fase realmente contemplada en nuestro ordenamiento; esto es, la reforma de la Constitución por parte del Congreso y, en caso de ser aprobada, el debate de todo nuevo cambio en esta misma instancia, sin la inédita obligación de delegar ninguna discusión a los parlamentarios electos con posterioridad. Lamentablemente, el camino escogido transita en la dirección opuesta

Persecución político – judicial en Chile (2da. Parte)

Resumen de la 1ra. Parte

Ser  uniformado en retiro no es algo fácil en el Chile actual, cada día más militares en retiro son procesados o encarcelados producto de acusaciones por hechos acaecidos hace ya más de 40 años.

El Poder Judicial en sus sentencias ha establecido que los supuestos delitos contra los derechos humanos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y la entrega del Gobierno Militar son delitos de LESA HUMANIDAD… imprescriptibles e inanmistiables.

Hoy Punta de Peuco alcanza una población de 121 reclusos (capacidad casi completa), cincuenta y seis de ellos tienen 70 años o más, siendo el promedio de edad de 74 años. Cabe hacer presente que el promedio de edad en los otros centros penitenciarios chilenos es de 25 años y día a día se abren nuevos procesos por las más variadas denuncias.

Destacados opositores al gobierno militar  han manifestado su preocupación por las violaciones a los derechos de los Presos en Punta Peuco. El Sacerdote Jesuita Fernando Montes han manifestado que a los presos de Punta Peuco, “no se les aplica el régimen de beneficios y salidas que existen en otras cárceles, lo cual es bastante duro. Así como muchos consideran que en esa cárcel hay mejores condiciones de vida, es necesario reconocer que en cuanto a beneficios se discrimina al revés; las condiciones son más duras”.

Por su parte, el abogado de la Vicaría de la Solidaridad Héctor Salazar  indicó que “La calificación y la gravedad del delito fue condenado al momento de sentenciarlo, y ahí se aplicó la normativa vigente en Chile para sancionarlo. Ahora bien, si se le pretende sancionar de nuevo negándole beneficios a los que tendrían derecho si cumplen los requisitos, se está incurriendo en una doble sanción, lo que repugna todo estado de derecho”, agregando respecto a los beneficios carcelarios que se niega a los internos de Punta Peuco que el Estado de Chile debería considerarlos “si quieren ser congruentes y coherentes y sencillamente dar una señal clara de lo que es un estado democrático de derecho”,  manifestando además que “Si ellos ya fueron juzgados y condenados, esta política de no dar beneficios penitenciarios es otra forma de castigo”

Para las personas de la tercera edad una condena de 15 años o más equivale a una cadena perpetua o a muerte, situación que se ve acentuada el recluso presenta problemas de salud física o mental.

2da. Parte

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su cuadragésimo quinto período ordinario de sesiones, de Junio de 2015,  “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores” que apoyó entusiastamente el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, como uno de los impulsores de este proyecto, con el fin de abordar  los derechos humanos de las personas mayores como un eje fundamental para mejorar su calidad de vida y la promoción de un  envejecimiento activo, y del que la Directora Nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, Rayen Inglés, señaló que «este es un paso muy importante porque la Convención obliga a los Estados a elevar los estándares de protección dirigidos a las personas mayores abordando temas como la igualdad y no discriminación por razones de edad, el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, a la seguridad y a la participación e integración comunitaria, entre otros. De esta manera se contribuye a la visibilización de las necesidades y demandas de los mayores y a la promoción y protección de sus derechos».

En nuestras cárceles comunes no hay personas de 89 años, que estén afectadas por un cáncer, que difícilmente se pueden mover  y cuya mujer padece cáncer terminal al pulmón y al colon (Caso Coronel Arredondo), salvo que sean militares condenados por gravísimos delitos.

El Estado de Chile que adhiere al sostenimiento y protección de los Derechos Humanos de todos los chilenos debe también tomar en cuenta la defensa de los DD.HH. de los presos militares, si es coherente con los principios del derecho y de la democracia que dice respetar.

Hasta hoy, no se ha visto un gesto de humanidad, especialmente con quienes, por su condición física y mental, hace mucho dejaron de constituir un “peligro para la sociedad”.

Vale la pena tener en cuenta las palabras finales del Abogado Salazar en la entrevista que le hiciera el diario “El Mercurio” el 14 de Marzo de 2016: “cuando ya los cañones dejaron de humear, usted se encuentra con otro ser humano al frente. Y espero no perder nunca de vista que estamos hablando de seres humanos en uno u otro lado”.

 Preceptos legales vigentes, entre otros, no aplicados en los procesos y condenas a militares:

• Igualdad ante la ley (Art.19 /2 Const. Pol. Del Estado)
• Irretroactividad de la ley
• Cosa Juzgada
• La prescripción
• La ley de amnistía (DS. 2.191 de 19.Abr.1.978)
• La obediencia debida.
• La presunción de inocencia.
• La buena conducta anterior y posterior.
• No se aplica el debido proceso; luego no hay Estado de Derecho para los militares y no hay igualdad ante la Ley.
• A los militares presos no se les dan beneficios carcelarios si no postulan a ellos desde una cárcel común y de las sentencias se informan por la prensa.
• Los procesados pierden sus trabajos, son “funados”, aislados y los militares pasan a ser parias de la sociedad.

El Estado debe velar para que el ejercicio de sus potestades sea respetuoso de los derechos de todas las personas. Este no parece ser el caso en la situación carcelaria de algunos ex militares condenados por delitos graves cometidos durante el régimen militar o inmediatamente después.

Como escribió Joaquín García Huidobro en una reciente columna de “El Mercurio”

“Nosotros sembramos vientos, con nuestras injusticias,  dogmatismos, elogios a la lucha armada, y tantas otras demencias que marcaron el siglo XX chileno. Y luego culpamos sola y exclusivamente a los militares por la tremenda tempestad que se armó”.

DIFUNDE CHILE MERECE

Estimados Lectores :

Ayúdennos a difundir los contenidos de este blog, para poder llegar a la mayor cantidad posible de compatriotas que ignoran o son indiferentes a la suerte que hoy viven cientos de militares en retiro, hoy prisioneros políticos militares y a más de mil procesados, bajo un sistema judicial que no se aplica a ningún otro chileno y donde prácticamente no existe ni el debido proceso ni las garantías judiciales inherentes a todo ciudadano.

Del mismo modo nos esforzamos por publicar noticias de interés que afectan el quehacer de nuestro país.

ONG CREN CHILE (Cruzada por la Reconciliación Nacional),  se los agradece desde ya.

Nos interesa  conocer sus puntos de vista en http://www.chilemerece.wordpress.com

Un abrazo a todos nuestros lectores

 

Persecución político – judicial en Chile (1ra. Parte)

Ser  uniformado en retiro no es algo fácil en el Chile actual.

Cada día más militares en retiro son procesados o encarcelados producto de acusaciones por hechos acaecidos hace ya más de 40 años.

El Poder Judicial en sus sentencias ha establecido que los supuestos delitos contra los derechos humanos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 y la entrega del Gobierno Militar son delitos de LESA HUMANIDAD… imprescriptibles e inanmistiables.

Desde hace años, nuestros tribunales vienen haciendo cosas que saben que no son verdad, como sucede con la tesis del secuestro permanente, aumentando así el número de condenas.

Hoy la mayoría de los presos en Punta de Peuco alcanza una población de 121 reclusos (capacidad casi completa), cincuenta y seis de ellos tienen 70 años o más, siendo el promedio de edad de 74 años. Cabe hacer presente que el promedio de edad en los otros centros penitenciarios chilenos es de 25 años.

Día a Día se abren nuevos procesos por las más variadas denuncias, lo que hace previsible que nuevos viejos militares sean procesados y / o encarcelados.

Se dice que Punta Peuco tiene mejores condiciones de vida que otras prisiones, pero no se dice que dichas condiciones se las han procurado los mismos presos al mantener en mejor forma el recinto y mejorarlo con su propio trabajo y recursos, producto de un mejor nivel cultural promedio, que en cualquiera de los otras prisiones del país, sin embargo  al decir del Padre Jesuita Fernando Montes, “tiene enormes controles y tiene incomodidades propias de una cárcel. Por lo pronto, no se pueden mover, hay horarios rígidos, no salen. Ahí no se aplica el régimen de beneficios y salidas que existen en otras cárceles, lo cual es bastante duro. Así como muchos consideran que en esa cárcel hay mejores condiciones de vida, es necesario reconocer que en cuanto a beneficios se discrimina al revés; las condiciones son más duras”.

Del mismo modo el abogado de la Vicaría de la Solidaridad, Héctor Salazar defendió en CNN los beneficios penitenciarios a los que podrían acceder los reos de Punta Peuco. También aseguró que estar en dicho penal no tiene beneficios y que hay “discriminación” en esta materia. Al respecto Salazar ha dicho “La calificación y la gravedad del delito fue condenado al momento de sentenciarlo, y ahí se aplicó la normativa vigente en Chile para sancionarlo. Ahora bien, si se le pretende sancionar de nuevo negándole beneficios a los que tendrían derecho si cumplen los requisitos, se está incurriendo en una doble sanción, lo que repugna todo estado de derecho”. Además, aseguró que el Gobierno debiera tomar en cuenta la defensa de los DD.HH. de los internos. “Deberían hacerlo si quieren ser congruentes y coherentes y sencillamente dar una señal clara de lo que es un estado democrático de derecho”, dijo, y argumentó que este otorgamiento de beneficios es una “respuesta humanitaria” hacia aquellos con malas condiciones de salud.  El abogado Salazar afirmó que el no permitir salidas temporales a los presos del penal de Punta Peuco es un doble castigo, según una entrevista que publica el lunes el periódico El Mercurio. “Si ellos ya fueron juzgados y condenados, esta política de no dar beneficios penitenciarios es otra forma de castigo”, dijo quien fuera uno de los primeros colaboradores de la Iglesia Católica, que se abocó a la defensa y protección de los perseguidos por el régimen del General Augusto Pinochet, en 1973.

Para las personas de la tercera edad una condena de 15 años o más equivale a una cadena perpetua. Como dice el manual de Reclusos con Necesidades Especiales de la ONU “el hecho de estar esperando la muerte en prisión, con pocas posibilidades de liberación, puede tener un efecto devastador en el bienestar mental de los reclusos, y puede decirse que constituye un castigo desproporcionadamente severo si se compara con el mismo castigo para un recluso joven por el mismo delito”. Los programas de estos recintos por lo general no tienen en cuenta las limitaciones físicas y las necesidades especiales de los internos de la tercera edad, quienes además suelen requerir cuidados médicos que casi ningún sistema penitenciario puede proporcionar en forma cabal.

Según los especialistas, los reclusos envejecen mas aceleradamente que la población libre  –  se considera como si en promedio fueran 10 años mayores  –  debido a problemas de salud crónicos, estilos de vida poco saludables, uso de alcohol y otras sustancias, y particularmente el estrés  y los efectos dañinos del encarcelamiento en sí mismo.

Este panorama se acentúa todavía más  cuando el recluso presenta problemas de salud mental. Paralelamente, se estima que la mayoría de los reclusos enfermos y de la tercera edad puede recibir mejor atención en la comunidad, en el marco de las medidas y penas no privativas de la libertad.

Por estas razones nada tiene de sorprendente que los especialistas y quienes conocen la realidad carcelaria aboguen por un tratamiento adecuado de todos los reclusos de edad avanzada o gravemente enfermos, con independencia de los  delitos por los que hayan sido condenados, permitiendo a partir de cierta edad el cumplimiento en libertad o en el propio domicilio.

 

Fin de la 1ra.Parte