Golpe queremos

Por Joaquín García Huidobro Correa

Nuestros poderes del Estado no están de acuerdo acerca de qué Venezuela debería ser invitada a la cuenta presidencial, porque hay dos y están enfrentadas a muerte. Para el presidente del Senado, la representante de Guaidó y de la casi totalidad de los trescientos mil connacionales suyos que viven en Chile, simplemente no existe.

“Todo se arreglaría con un golpe de Estado en Caracas”, dicen numerosos venezolanos y repiten en voz baja bastantes chilenos; pero las posibilidades no parecen muchas y Guaidó sigue vagando como alma en pena.

Las razones de la ausencia de ese golpe parecen sencillas a primera vista: los chavistas aprendieron del caso chileno y saben que hay que tener bajo control a las Fuerzas Armadas. Lo vio Carlos Altamirano en su tiempo, quien tenía claro que el futuro de la Unidad Popular exigía alinear a los militares con la revolución socialista. Ese era el Altamirano fiero, no el hombre que murió esta semana, el que reconocía haberse equivocado.

Otros piensan que los militares son apenas unos títeres de fuerzas más poderosas (EE.UU., Rusia, China y Cuba) y que la decisión final no depende de ellos.

Las explicaciones, en principio, parecen perfectas: no hay golpe porque eso lo deciden otros o porque Maduro se compró a las FF. AA.; los militares viven como reyes mientras el pueblo se muere de hambre. Además, él controla la judicatura y tiene a su país militarmente ocupado por Cuba. Esto explica en parte la brutalidad de su represión, que difícilmente la ejercerían unos venezolanos chavistas sobre sus compatriotas.

Sin embargo, esos razonamientos presentan una debilidad. Suponen que los 250 mil uniformados venezolanos son todos unos corruptos o débiles, y que apenas hay un par de patriotas en ese mundo castrense. ¿No habrá una explicación distinta o al menos complementaria de las anteriores?

Es verdad que Chávez y Cuba aprendieron del ejemplo chileno de 1973, pero también nuestro caso actual tiene enseñanzas interesantes que ofrecer; no a Maduro, sino a los militares venezolanos. Se trata de unas lecciones amargas, capaces de disuadir al militar más patriota de intentar esa aventura golpista que muchos proponen.

No cabe negar que en Venezuela hay hambre, tortura, desabastecimiento, inseguridad, carencia de medicinas básicas, represión a los disidentes, desnutrición infantil creciente, violación de la Constitución y falta de libertad. Además, casi todos los gobiernos democráticos han desconocido la legitimidad del régimen de Maduro. Pero los numerosos soldados y asesores cubanos que están instalados en ese país son cosa seria, y además, el gobierno cuenta con una Milicia Bolivariana numerosa y violenta.

Si los militares intentan tomar el poder habrá tiroteos, muertos y abusos, tanto por exceso de fuerza como por la acción de criminales que llevan uniforme, como en todo golpe de Estado. Por otra parte, no se desarma de un día para otro la burocracia chavista que ocupa el aparato estatal ni resulta hacerlo con guante blanco. Así las cosas, habrá miles de exonerados y exiliados. Cabe la posibilidad de que el golpe sea exitoso y que Venezuela retorne a la normalidad, pero será un proceso de años. Entretanto, vendrá una nueva generación, que no vivió esa historia y la juzgará con otros esquemas mentales. Los juristas desarrollarán sus teorías y todo será visto como una cuidadosa operación de exterminio, donde no solo el criminal, sino hasta el chofer veinteañero que conducía un jeep será acusado de genocidio, como sucedió en Chile.

Los que hoy llaman “gallinas” a los militares, mañana estarán dedicados a enriquecerse y mirarán para otro lado. Es posible que subsistan núcleos de violencia chavista y muchos pedirán “mano dura”, como una vez lo hicimos nosotros, que “solo queríamos un poco de orden”. Hoy decimos que no tenemos responsabilidad por lo que pasó en Chile, como tampoco la izquierda. Los civiles de uno y otro lado decimos: “Lo siento, yo quería otra cosa”.

Los militares venezolanos no son corruptos ni cobardes; no, al menos, la mayoría de ellos; incluso es posible que haya en sus filas muchísimos patriotas. ¿Por qué, entonces, no hay golpe? Porque hasta ahora no existe un número suficiente de ingenuos que lo intenten cuando saben lo que les sucederá dentro de unos años.

En efecto, un penal en la isla Margarita para los responsables de esos crímenes servirá para limpiar la conciencia del resto de la sociedad, como en nuestro Punta Peuco, donde hay de todo. Ellos representarán la quinta esencia del mal, mientras miles de venezolanos habrán vuelto al país y no querrán oír hablar de esos parias. Así lo dirán las encuestas, ese curioso mecanismo que fuerza a los gobiernos a confinar esos fantasmas que nos recuerden que una vez dijimos: “Golpe queremos”. Venezuela está como Chile hace 46 años, pero su caso podría ayudarnos a entender que las cosas son más complejas de lo que pensábamos Altamirano y muchos de nosotros el 10 de septiembre de 1973. Sus militares lo saben y por eso no quieren dar ese doloroso paso.

El valor de la historia

Por Carlos Peña González

Esta semana, por sugerencia del Consejo Nacional de Educación, se dispuso suprimir Historia de los ramos obligatorios que han de ser cursados en los dos últimos años de la enseñanza media.

¿Es correcta esa decisión?

Para saberlo es necesario preguntarse en qué consiste la historia y cuál puede ser su valor.

Julián Marías, en uno de sus trabajos, sugiere que una de las características del individuo humano deriva del hecho de que no tiene naturaleza, sino historia. La frase, desde luego, no es original suya, puesto que está también en Heidegger y en Ortega, pero Marías la explica de un modo magistral.

Si usted, ejemplifica Marías, busca una definición de un animal, por ejemplo, un búho, se encontrará con un listado de propiedades y un cierto patrón de conducta que ese animal posee y repite. Y si busca una definición de piedra encontrará un conjunto de características inmutables. Pero si usted, concluye brillantemente Marías, quiere definir a  Cervantes, está obligado a narrar una historia, a relatar un quehacer, a contar lo que Cervantes anheló y logró hacer, a dibujar una cierta peripecia envuelta en el tiempo. Y es que los individuos humanos y las sociedades son un cierto quehacer que reacciona frente a las circunstancias y así van configurando poco a poco su propia identidad. Y lo que vale para Cervantes, vale para usted. Si alguien le pregunta quién es usted y usted quiere responder de verdad esa pregunta, está obligado a contar su historia, lo que hizo y soñó, las circunstancias que enfrentó y que forjaron lo que ahora usted es. Por eso, decir vida humana y decir historia de vida es un pleonasmo, una redundancia. Y lo que se dice del individuo, se dice también de la sociedad.

Y es que el ser humano es un ser histórico.

Pero al ser histórico, el individuo humano, al revés de lo que pudiera pensarse, no está anclado en su pasado, sino que es capaz de reflexionar sobre él y hasta cierto punto configurarlo poco a poco. Desafiado a inventarse a sí mismo, a decidir lo que quiere ser o hacer, el individuo humano y las sociedades cuentan con el pasado como un repertorio de sentidos, de hechos y de acciones sobre los cuales reflexionar y en los cuales hincar los talones para empinarse hacia el futuro. Y es que el ser humano está lanzado al futuro, pero al mismo tiempo es legatario del pasado.

Y si bien nadie puede liberarse del pasado, la reflexión sobre el mismo que la historia, en cuanto disciplina, lleva a cabo, ayuda a los individuos y a las sociedades a comprender que nada hay en lo humano de definitivo y que, con frecuencia, lo que pasa por naturaleza es, en realidad, solo un momento histórico disfrazado de ella. Comprender que el quehacer humano varía con el tiempo, que es una improvisación que toca mil puertas y que la condición humana se desenvuelve de maneras diversas según cuáles sean los desafíos de la hora, es una de las lecciones que se aprenden mediante la reflexión histórica y es también una forma de aprender en qué consiste la libertad.

Por eso suprimir la historia —es decir, la reflexión crítica sobre el pasado como una de las disciplinas a la que los jóvenes deben estar sistemáticamente expuestos— no es una decisión puramente técnica, una medida que deba ser juzgada simplemente midiendo cuánto se optimiza el tiempo curricular. Ella es también una decisión acerca de cómo las nuevas generaciones se asoman a su propia identidad.

A la luz de lo anterior es fácil comprender que el ramo de Educación Ciudadana (cuya inclusión no obstante hay que celebrar) no logrará sustituir el papel público e intelectual que cumple la historia. Es cierto que un buen ciudadano debe conocer su historia; pero el empleo meramente instrumental de la reflexión histórica, así sea para fortalecer la democracia, no es lo mismo que pensar críticamente el pasado para, de esa forma, inmunizar a las nuevas generaciones de todo determinismo, que es una forma, quizá la más adecuada, de enseñarles la posibilidad, y el valor, de la libertad.

Las decisiones curriculares, es verdad, siempre son difíciles y están amenazadas por la sombra de la escasez. No se puede enseñarlo todo. Y por eso hay que escoger entre destinar tiempo a esto o aquello. Y, ya se sabe, escoger es siempre perder. Pero puestos a elegir qué perder quizá no sea del todo correcto elegir perder la historia porque, atendida la índole de la condición humana, ello podría equivaler casi a perderse a sí mismo.

 

Asesinos Soft

Por Roberto Hernández Maturana

Recientemente, un estudiante de Derecho de la Universidad Católica, Johnny Olate,  denunció anónima y falsamente mediante las redes sociales al ex candidato presidencial del Movimiento Gremial a la FEUC, José  Ignacio Palma, acusándolo públicamente de abuso sexual: ello según manifestó después, como una especie de venganza, la narración de la supuesta “víctima”, otra estudiante universitaria concertada con Olate, se diseminó virtualmente y sus consecuencias fueron durísimas para Palma, quien fue linchado en las redes sociales, insultado y escupido en los patios de la universidad, crucificado públicamente con declaraciones destempladas y virulentas, motejado como “abusador”, hecho que entre otras consecuencias lo llevó a perder la elección para presidente de la Federación de Estudiantes de la UC, en la que incluso se le quiso impedir votar.

La “venganza” de Olate condenó así al asesinato de imagen y lapidación colectiva del “acusado”, en un acto de ejecución digno del circo romano, o de las decapitaciones en la revolución francesa.

Esta nefasta costumbre de la funa pública, a la larga puede tener (la historia así nos lo indica) una tendencia oscilante desde la inquisición de un signo a la de otro del signo opuesto…, pero los inquisidores y funadores o funadoras no estudian historia…,  ellos creen que son la historia y de esta forma empieza a aparecer: el “abuso del abuso”, denuncias al voleo convertidas en arma política. Y si alguien se atreve a insinuar una mínima crítica a esas prácticas, corre también el riesgo de ser “funado”.

Por ello, sería lamentable que el análisis del caso de José Ignacio Palma quede reducido a la justa reivindicación del afectado, o al sólo reproche personal a quien le calumnió, requiere un análisis profundo como sociedad que con toda seguridad ( ya se ve) no ocurrirá, desperdiciándose una oportunidad para recordar que las acusaciones falsas existen, y para reflexionar acerca del poder que le estamos reconociendo a cualquier denuncia, no corroborada y previa a toda investigación judicial, de constituirse en un antecedente suficiente para destruir la credibilidad y la honra de una persona poniendo en su contra al público y al sistema legal, desde el primer día.

La verdad es que hace tiempo se evidencia en nuestra sociedad una nueva forma de inquisición operando de facto en las redes sociales e incluso en algunos medios de comunicación social, lo que puede llevarnos como sociedad a  efectos devastadores para el ejercicio de la libertad y el debate intelectual. De este modo podemos ver en forma creciente, humillantes “mea culpa” públicos de autoridades, políticos e intelectuales, que tiemblan de miedo de perder sus posiciones, trabajos, o carreras académicas, haciéndonos recordar la Rusia de Stalin, o la China de Mao.

El caso de Palma es tan burdo y vergonzoso que muchos han tenido que salir a pedirle perdón, avergonzados de que recientemente querían hacer rodar su cabeza. ¿Pero cuántos hay que, habiendo sufrido acusaciones e investigaciones y probada su inocencia, no han recibido ninguna disculpa pública por la injusticia que les hicieron, por el “abuso” de que fueron víctimas?

Estamos hoy ante una sociedad que “construye historia” y olvida la historia, reflejando una crisis moral y valórica de nuestra sociedad, llevando décadas dando un mal ejemplo a nuestros jóvenes, a nuestros hijos; a tal punto que en la Universidad centro del saber, del aprendizaje e investigación, nuestros estudiantes hoy se entrenan para derrotar a sus adversarios creando falsas denuncias, como en este caso fue abuso sexual.

Por otra parte, esta generación se ha criado en la práctica de la ignorancia y el desconocimiento de la historia, siendo altamente intolerantes con el que piensa distinto, con el que se interpone en sus intereses y objetivos, en síntesis: la mentira y la falsa denuncia esta pasando a ser un hábito irresponsable entre nosotros.

Esta práctica es conocida hace muchos años por una generación completa de ex uniformados, que  siendo jóvenes subalternos en 1973 integraban las FF.AA. y que han sufrido las consecuencias de una deformación histórica institucionalizada , además del asesinato colectivo de imagen, mediante falsas denuncias y “ficciones jurídicas”, como práctica empleada por un sector político para perseguir con justicia o sin ella, o sirviéndose de ella (importa más la acusación a la bandada),  a través de una prensa ideologizada y sensacionalista y, de una verdadera maquinaria de la mentira usada por politizadas organizaciones de Derechos Humanos, ante la indiferencia de todos los  sectores políticos, que observan con cómplice indiferencia, como se juzga fuera del Estado de Derecho a quienes sirvieron al país cumpliendo órdenes hace ya más de 45 años

Pocos hoy se preguntan ante denuncias al voleo, acerca de la veracidad de las acusaciones por hechos deleznables que circulan en las redes sociales y que derivan rápidamente en linchamientos públicos. Nadie cuestiona que la verdad política no sea fruto del “tuiteo” o del “posteo”, pocos reflexionan en lo lógico; es más fácil aceptar el rumor y la instantaneidad de las redes sociales. Las asambleas cara a cara han sido reemplazadas por asambleas virtuales, donde cientos de cobardes denunciantes anónimos no dan la cara.

 

La sensación de vulnerabilidad es grande al constatar que hoy cualquiera está  expuesto a sufrir los efectos devastadores de una acusación falsa. Porque para el autor de una falsedad decir “soy víctima”, implica utilizar dos palabras mágicas frente a las cuales la posibilidad de resistencia es mínima. El discurso irreflexivo en favor de la víctima pone a gran parte de la prensa y del público del lado de cualquier relato, verosímil o no, que atribuya a otro la comisión de un delito. Lo que no debería serlos es creer esa mentira. Pero para ello…, cuestionar es necesario la reflexión y el interés en conocer la verdad, algo de lo que en forma creciente, parecemos cada vez interesarnos menos.

En todas partes se cuecen habas

Por Cristián Labbé Galilea

Esta semana coparon la agenda de comidillos: los gastos veraniegos de los parlamentarios en bencina; los dimes y diretes sobre si el hijo del Presidente pagó o no sus “chorrillos” en el viaje a China y; si el concepto de “clase media”, usado con profusión por el gobierno, no era una muletilla instalada por la izquierda para hacer más odiosa la distancia entre los poderosos y los carentes.

Con ese ruido ambiente, poco se escuchó decir sobre “el verdadero” Carlos Altamirano, uno de los principales instigadores de la violencia y el odio en nuestro país durante las décadas del 60 – 70. Muerto con más de 90 años terminó, para la opinión pública, convertido en un apacible anciano, con el reconocimiento de moros y cristianos.

Si en gran parte del mundo moderno la izquierda ha conseguido hacer suyas muchas de las banderas que fueron “tejidas” por las ideas de la sociedad libre, en nuestro país… “el asunto dijo fuera”.

Es increíble la capacidad que han tenido los “próceres” de la izquierda -terrorista en sus años mozos- para, con los años y la ingenuidad de la derecha, reciclarse logrando ser vistos, en la actualidad, como “santos varones” haciéndose merecedores de toda suerte de loas.

Fácil se olvida que el “finado”, ahora reconocido como alguien que, con los años, contribuyó a la renovación del socialismo y a la formación de la Concertación, fue -ni mas ni menos- quien intentó sublevar a la Armada y quien propició que la vía armada para alcanzar el poder total… era inevitable.

Un nuevo “reciclaje político” como tantos otros que vemos a diario.

Seguramente a algún sagaz lector se le vino a la memoria la expresidente Bachelet, quien después de ser la “Comandante Claudia”, terminó instalada como “santa baronesa” en el corazón del imperio y dictando catedra en una universidad templo de capitalismo… Otro “reciclaje” que cambió el terror por el delantal blanco de médico.

Pero vaya uno a decir algo de lo que cree y piensa, o a intentar desenmascarar a estos “metamorfoseados” ciudadanos, porque en ese mismo momento lo tildan de “momio recalcitrante” o con epítetos por el estilo… pero a los Tellier, a los Ominami y a tantos otros… ¡reciclaje total!

Comentábamos esta práctica cuando un parroquiano nos remarcó que en nuestro sector pasaba algo similar, y que era frecuente ver cómo “los de ayer”… “se daban vuelta la chaqueta”, haciendo referencia a la treta usada en la guerra civil de 1891, donde algunos combatientes se dieron vuelta sus guerreras azules para exhibir el forro interior blanco, color del uniforme enemigo (“Un Veterano de tres Guerras”).

En voz baja y con un dejo de desazón reconocimos esa tan lamentable realidad: por un lado reciclaje y por la otra inconsecuencia.

En silencio recordé la frase usada por el Quijote para señalar que, cuando hay disgustos o problemas, eso ocurre en todo lugar. El hidalgo caballero decía: “En todas partes se cuecen habas y en la mía a calderadas…”.

La historia se escribe con la izquierda

Por Cristian Valenzuela Guzmán, Director de Desarrollo, Facultad de Derecho en Pontificia Universidad Católica de Chile

No busco en estas líneas empatar lo inempatable. Las violaciones a los derechos humanos no se justifican ni se contextualizan nunca. Pero no deja de ser curioso como múltiples actores políticos han salido a alabar la figura de Carlos Altamirano. Desde la izquierda más extrema, pasando por la DC y hasta la vocera de Gobierno, se han centrado en dotar a Altamirano de esa aura de revolucionario, que huyó y sufrió en el exilio, y que en su propia conversión se transformó en el artífice de la reconciliación chilena y de la recuperación política, económica y social de nuestro país. Claro, todas estas alabanzas son posibles porque la historia se escribe con la izquierda. Con la mano cargada por la ultra izquierda.

En verdad, lo que estos relatos omiten fue la responsabilidad primaria y fundamental que le cupo a Altamirano en la crisis total de la Unidad Popular. Como dirigente socialista, presionó y presionó al fracasado Gobierno de Allende, atizó a las masas y jugó con las ilusiones de millones de chilenos al generar las condiciones para el colapso total de nuestro país. La política chilena entró en crisis y Altamirano fue uno de los grandes responsables de que ello ocurriera. Que duda cabe que frases como ““La conjura de la derecha sólo puede ser aplastada con la fuerza invencible del pueblo unido a tropas, clases, suboficiales y oficiales leales al gobierno constituido” fueron llamados directos a la confrontación entre chilenos. O cuando afirma que “El golpe se aplasta con la fuerza de los trabajadores”, no buscaba sino seguir profundizando las divisiones entre los chilenos y amenazar la legítima reivindicación que distintos poderes del Estado y actores políticos querían buscar del fracasado Gobierno de Allende.

Aún así, luego de varias décadas, tenemos que asistir silenciosos al funeral de este verdadero héroe de la Patria que, a pocos días de las Glorias Navales, pareciera que algunos quisieran equiparar a Prat o a tantos otros héroes eternos por su supuesto aporte a la restauración democrática. No puedo sino disentir de esa mirada tan parcial. ¿Cuáles fueron las virtudes de Altamirano? ¿Provocar con su retórica la guerra civil en Chile? ¿Arrancarse del país para vivir en Berlín y París? ¿Regresar al ostracismo en Chile? Altamirano pertenece a ese exclusivo club de izquierdistas arrepentidos que gozan de la impunidad de sus actos en el pasado y que viven el presente como testimonios vivos del romanticismo revolucionario que muchos aún añoran.

Varios de ellos, terroristas confesos, que caminan libremente por la calle y que fueron liberados de culpa por sus delirios de juventud. Algunos de ellos siguen dictando cátedra, participando del análisis político y plenamente integrados en la sociedad capitalista que tanto lucharon por derribar. Otros, increíblemente, están sentados en el Congreso, recibiendo sueldos y pensiones que pagamos todos los chilenos y sin haber cumplido un día en la cárcel por los crímenes, complicidades y omisiones de su época. Por último, están los que siguieron robando, secuestrando y amedrentando, y que siguieron viviendo en clandestinidad, hasta que los pillaron. Esos que nunca renunciaron a sus nefastos ideales y que, sin perjuicio de ello, siguen siendo venerados por las nuevas generaciones de izquierda, sea que estén presos en Brasil o libres caminando por las calles de París.

¿Quién le cobró la cuenta a esos revolucionarios fracasados? ¿Quién los funó? ¿Quiénes los fustigan hoy, en la hora de su muerte, increpándolos por todo el daño que hicieron en vida y las consecuencias irreparables de sus actos antipatriotas? Muy pocos. Casi nadie.

En la otra vereda, cientos de oficiales, suboficiales, clases y soldados siguen pagando las culpas, en la cárcel, por lo que ocurrió hace 45 años atrás. A ninguno de ellos la historia les favorece ni hay capítulo alguno de su trayectoria que pueda aminorar sus condenas. No, ellos fueron los únicos violadores de los derechos humanos de los chilenos y todo el régimen asociado a sus crímenes debe ser borrado de la faz de la tierra. Sus honores degradados, sus familias perseguidas, su historia eliminada. Las estatuas se las lleva Allende, los honores, Altamirano. A estos hombres, la prisión y el destierro ideológico.

Para la izquierda, narradora exclusiva de los acontecimientos de Chile en las últimas décadas, los únicos responsables de la destrucción de Chile en 1973 son las Fuerzas Armadas y los civiles que participaron en el régimen militar. Ellos no se pueden arrepentir, ellos no pueden cambiar. Ni ellos, ni nosotros sus hijos, podemos cuestionar la historia ni participar de los procesos de modernización actual del país, porque cargamos con una deuda histórica que jamás será saldada y que ellos se encargan, una y otra vez, de seguir reescribiendo cuando muere algún antiguo jerarca.

No busco en estas líneas empatar lo inempatable. Las violaciones a los derechos humanos no se justifican ni se contextualizan nunca. Pero lo que es inaceptable, es que la izquierda siga escribiendo la historia a su manera y nos imponga, desde su falso altar moral, a todos estos héroes fracasados, que no solo no son virtuosos, sino también son culpables de la división de Chile y responsables de sus horrores.

Murió esperando justicia

Por Roberto Hernández Maturana

El 30 de enero de 2019, tras 16 años de investigación, el juez Alejandro Madrid dictó sentencia condenatoria contras seis procesados por su presunta participación en el homicidio del ex Pdte Eduardo Frei Montalva. En un fallo, de más de 800 páginas, el magistrado condenó al principal imputado, el médico Patricio Silva Garín a diez años de cárcel como autor del delito de homicidio simple.

Recientemente, el 8 de mayo pasado, el Dr Silva Garín falleció a los 90 años de edad. Se le había condenado en primera instancia por su responsabilidad al operar al ex Mandatario por segunda vez -luego de su agravamiento tras una primra operación.

Al ex Pdte Frei Montalva se le realizó una primera intervención de hernia al hiato por parte del doctor Augusto Larrain, A consecuencia “una sutura mal realizada”- se habría producido una infección postoperatoria, con una consecuente infección del intestino delgado que requirió de una difícil segunda operación para cortar el intestino, con gran riesgo infeccioso. Esta segunda operación estuvo a cargo del doctor Patricio Silva Garín, entonces coronel de Servicio de Sanidad del Ejército, quien se desempeñaba en el Hospital Militar, y que en la misma época del homicidio de Frei Montalva. El doctor Silva Garín se habría hecho cargo de esa segunda operación, porque el doctor Larraín no se encontraba en Santiago cuando se produjo la urgencia. El Dr Silva Garín siempre manifestó a diversos medios de prensa que el ex Mandatario “se murió de una enfermedad que no se pudo arreglar, esa es la única verdad”.

La familia lamentó que “al dolor de su partida, se suma la impotencia de saber que ya no verá el fin del proceso en que fue injustamente vinculado por las mas infundadas imputaciones que, lamentablemente, encontraron respaldo en un fallo judicial de primera instancia, que ha sido transversalmente cuestionado”.

Ascanio Cavallo. El autor de la “Historia oculta del régimen militar” y la “Historia oculta de la transición”, escribió una columna en La Tercera titulada “Frei”, donde desglosó -y desarmó- minuciosamente las conclusiones de los más de 16 años de investigación del Ministro Madrid.

Así, quien fuera director de la revista Hoy -emblema de la oposición al régimen militar- señaló que no se pudo “‘acreditar con certeza’ que hubiese una autoridad superior tras el crimen. En consecuencia, por ahora, nadie ordenó ese crimen”. En la semana del fallecimiento de Silva, Cavallo volvió a plantear su opinión en T13 radio y no otros medios subrayó que al Dr Silva se le acusó de “cosas laterales, como haber sido médico militar” y que el fallo le parece “mal fundado”.

Ascanio Cavallo manifiesta que el fallo le parece sumamente insuficiente desde el punto de vista de las pruebas que aporta para sostener las acusaciones. Creo que son acusaciones fundadas en meras suposiciones. No se ha demostrado que exista un crimen ni se ha demostrado lo más importante en un crimen que es el arma, cómo se cometió y en definitiva quién lo cometió. El juez ha hecho acusaciones a las personas que están en los alrededores. “El doctor Patricio Silva fue el que hizo la segunda operación, no la primera, por lo tanto, es difícil sostener que él inició la cadena, más bien fue un continuador. Y de lo que se le acusa son de cosas laterales como haber sido médico militar, haber sido el encargado del hospital del Estadio Nacional, de algunas clínicas del Ejército. O sea, la acusación consiste en haber pertenecido al Ejército y a mí eso me parece que es muy ineficiente.”

Lo importante aquí es destacar que procesos como los vividos por el Dr Silva lo viven también hoy cientos de ex uniformados, que en su mayoría siendo jóvenes subalternos, soldados, suboficiales u oficiales integraron las Fuerzas Armadas en 1973. Ellos son citados a comparecer a un tribunal sin asistencia de abogado, donde el imputado y los testigos declaran al tenor de las preguntas del actuario en un procedimiento escrito de carácter secreto en la etapa de sumario y mediado a través de actuarios, donde una sola persona, el juez, es el encargado de investigar y dictar sentencia, lo cual  difícilmente,  le permite un necesario distanciamiento para dictar una sentencia más objetiva.

Es decir, no Hubo para el Dr Silva, ni hay para los ex uniformados procesados la presencia del Juez de Garantía, quien es el único autorizado para disponer el ingreso a un recinto penitenciario, como si lo hay para el resto de los chilenos, donde hay un Ministerio Público, a cargo de la instrucción en el proceso, dirige y coordina la labor policial durante la investigación garantizando una mayor imparcialidad; donde el procedimiento se hace en forma oral, público, en que las partes están ante el Ministerio Público, Juez de Garantía o Jueces de Tribunal Oral en lo Penal directamente, sin intermediarios; donde el Fiscal, estudia los antecedentes de la investigación y acusa ante el Juez de Garantía, en presencia del Defensor; donde acusados y testigos deben ser interrogados por un Fiscal y un Defensor ante el o los Jueces, en términos claros y comprensibles; donde se restringe la prisión preventiva a los casos realmente necesarios y amplía otras posibilidades de medidas cautelares contra el imputado; donde las pruebas de testigos, peritos, material y de cualquier otro tipo, para que tenga valor, deben rendirse en el juicio oral y público.

Todas estas garantías de procedimientos legales  que son aplicadas a todos los chilenos, le son negadas a los ex uniformados que son juzgados bajo un sistema procesal penal derogado en Chile el año 2005, pero que se mantuvo para los procesos a los ex uniformados.

Sin duda que cualquier tribunal del sistema procesal penal que hoy rige para todos los chilenos excepto para los ex uniformados, habría considerado insuficientes las pruebas presentadas para acusar al Dr Garín… como también consideraría insuficientes las pruebas que hoy se usan bajo el antiguo sistema procesal penal ya derogado en Chile, pero vigente para los ex uniformados para acusarlos judicialmente por hechos acaecidos hace mas de 45 años.

Finalmente lo que se pide lo que se exige no es misericordia, sino la aplicación de una justicia “justa”, la misma que hoy se da a todos los chilenos, excepto a los ex uniformados que sirvieron en el régimen militar.

Al diablo con esos diablos

Por Cristián Labbé Galilea

Leer los diarios o ver las noticias en estos días no resulta muy motivador; incluso para las mentes optimistas, abundan “las malas nuevas”.

Cuando no es una de las tantas algarabías políticas que enrarecen la convivencia nacional, es un escándalo financiero o uno de los sorprendentes conflictos en el poder judicial; ni qué decir de los temas relacionados con la violencia y la inseguridad… Lo que estamos presenciando en estos tiempos  es

Según la mitología griega, esta misteriosa caja fue un regalo que Pandora recibió con instrucciones de no abrirla bajo ninguna circunstancia, pero “el diablo metió la cola” y la tentó a abrirla para ver qué había dentro. Al hacerlo, escaparon “todos los males del mundo” que los dioses habían guardado en su interior; cuando pudo cerrarla, sólo quedó en el fondo “el espíritu de la esperanza”, el único bien que habían metido en ella.

Abrir una caja de Pandora nos recuerda -en estos días- que una acción, en apariencia pequeña o inofensiva, puede terminar trayendo consecuencias inesperadas… que es exactamente lo que estamos comprobando hoy por hoy.

Los rechazos en el parlamento a las iniciativas legislativas del gobierno, que el Ejecutivo haya debido retirar la candidatura de Dobra Lusic a la Corte Suprema -a pesar de que era la candidata de la izquierda-, las acusaciones cruzadas entre los fiscales de Rancagua, las irregularidades en el INE y los detalles del funeral de un narcotraficante, nos está advirtiendo que la institucionalidad está “patas para arriba” y nos está confirmando que: el diablo tiene un amplio guardarropas.

Para el ciudadano común y corriente, por insignificante que parezca un incidente o por banal que resulte un caso, su percepción de la situación es que ésta va de mal en peor, y eso le preocupa.

Posiciones más o menos radicales, más o menos politizadas, todas en general coinciden en que los problemas tienen su causa y su origen en los “políticos diablos o los diablos políticos” que, así como son capaces de subirse el sueldo, pueden en el mismo acto negarle la sal y el agua a cualquier iniciativa que beneficie al resto de la sociedad, porque a ellos el país “les importa un bledo” (planta salsolácea comestible pero poco valorada).

Siendo testigo de los males que nos afectan y, muy a la chilena, echándole la culpa a la curiosidad de Pandora, esta “positiva pluma” recuerda a sus lectores lo que la mitología griega nos aconseja… “la esperanza es lo último que se pierde”, y que un viejo refrán nos enseña que “el diablo solo tienta a aquel con quien ya cuenta”… Por lo tanto, sugiere no dejarse arrastrar por visiones negativas.

Si los “políticos diablos o los diablos políticos” han abierto la Caja de Pandora y han traído “los males al mundo”, el camino que nos queda es: mandar al diablo a esos diablos… y, como nos sugiere Paul Johnson (Al diablo con Picasso, 1996) “debemos asumir que vivimos en un mundo infinitamente bello donde pulula la gente fascinante, los hechos alentadores y la risa abundante…”.

Una historia ya contada

Por Patricio Quilhot Palma

Pocas cosas van quedando que puedan sorprender a los chilenos, testigos pasivos de la descomposición progresiva de nuestra democracia. Pese a las profusas denuncias de nuevos casos de corrupción, tal parece que la mayoría de las personas no es consciente de la magnitud del problema. Como si de la memoria de su Smartphone se tratase, el ciudadano común va reemplazando los archivos de casos pasados, sustituyéndolos por el que recién aparece en las noticias. De este modo, la acumulación de los gravísimos hechos que hacen peligrar nuestra institucionalidad es soslayada por el común de la gente, favoreciendo así a la impunidad de los pillos y estimulando la aparición de nuevos casos que ayudan a éstos a ocultar los suyos en el olvido.

La crisis institucional que nos aqueja es más grave de lo que parece y quienes la denuncian son normalmente acusados de alarmistas o exagerados, calificación que es alimentada por los mismos corruptos, quienes se amparan en la debilidad creciente de las instituciones que ellos han ido minando poco a poco.

La impunidad conseguida sirve, a su vez, de estímulo para continuar delinquiendo, mientras la complicidad pasiva de la sociedad se niega a visualizar el futuro al que es conducida. A la clásica desidia cívica de la generación actual, se suma ꟷentretantoꟷ la ideologización presente en cada actividad de la vida nacional, pareciéndose cada vez más a los períodos que nos sumieron en las peores crisis de nuestra historia republicana.

A través de los años, se ha conformado una clase política cerrada, definidamente oligárquica, donde un pequeño grupo de dirigentes ha ido asumiendo roles de poder que hoy son ejercidos sin restricciones y con total descaro. Tenemos así una variedad de legisladores, autoridades de gobierno y administrativas, surgidas invariablemente del mismo grupo de origen, familia o partido, y cuya renovación ꟷsi es que llega a existirꟷ será siempre mínima, asegurando la posición irrenunciable de quienes se consideran y son considerados como los jefes o padrinos de la mafia.

Concurre a esta involución social el rechazo creciente mostrado hacia los temas de política contingente por la mayor parte de la sociedad, lo que deja el espacio libre a los administradores del poder para ejercer su influencia y seguir manipulando la vida nacional en su beneficio. Se plasma así un tipo de tiranía o dictadura psicopolítica que impide el acceso al poder de nuevas ideas o de nuevos actores, salvo que éstos se subordinen a la autoridad del partido, o sea, a la voluntad de sus máximos dirigentes, quienes siguen siendo los mismos…sin opción de recambio.

A lo anterior se suma el abierto manejo de las comunicaciones, adquirido durante años de ejercicio del poder y asegurados a partir de quien sabe qué tipo de prebendas, beneficios o presiones indebidas. Ello brinda a los caudillos políticos una herramienta invaluable para la penetración y manejo de las mentes ciudadanas, cuya escasa voluntad, interés o capacidad de raciocinio las hace fácilmente influenciables.

Esta es la base sobre la cual se ha construido y se mantiene esta institucionalidad degenerada en la que hoy nos encontramos, donde una oligarquía de malos políticos se ha apoderado de nuestro país, nutriéndose de él con una impudicia inigualable. Mientras mueven sus hilos para mantener o hacer crecer sus redes de influencia o de control político, plantean que hay que elaborar una nueva constitución, como si no les bastara con el progresivo deterioro al que han ido sometiendo a la actual Carta Magna, precariamente sostenida por la solidez que le dieron sus redactores, un equipo de intelectuales serios y patriotas, muy lejos de los corruptos de hoy.

Pero ¿hacia dónde nos lleva este secuestro permanente de la democracia y su institucionalidad? La historia parece tener la respuesta, alertándonos para que tratemos de rescatarla a tiempo…si es que nuestra sociedad es capaz de comprenderlo.

A fines del Siglo XIX, Chile disfrutaba de una estabilidad política ejemplar para Latinoamérica. Dueño de una incomparable estabilidad republicana, en menos de 50 años había ganado dos guerras externas y, salvo uno que otro conflicto interno de menor significación, constituía un ejemplo para los demás países sudamericanos, sumidos éstos en rencillas internas que retardaron y dificultaron la conformación de sus estados-nación.

Desde la Constitución Política de 1833, operaba en Chile un presidencialismo fuerte, apareciendo los partidos políticos recién en el último tercio del siglo. Este período se caracterizó como una era de desarrollo estable, de grandes obras, consolidación institucional y fortalecimiento de las fronteras del estado. A pesar de ello, los historiadores describen la existencia en esa época de un creciente cohecho electoral y de una progresiva disputa del poder presidencial por parte de los dirigentes políticos, constituidos éstos últimos por una oligarquía familiar y de un reducido segmento socio – cultural alto.

Enfrentado a esta oligarquía política cada vez más exigente, el poder presidencial fue decayendo a través de gobiernos moderados y cada vez más débiles. Sin que se encontrase la forma de equilibrar el excesivo poder presidencial con la desmedida ambición de la clase política, el conflicto escaló cruelmente ante los ojos de una masa social de escasa cultura y nula participación en las lides del poder, cuyo destino la llevó a verse involucrada en una guerra fratricida sin igual en nuestra historia. Culminado el conflicto con la victoria de los congresistas, quienes realmente perdieron fueron los militares defensores de Balmaceda, durante años sanguinariamente perseguidos, además de los humildes ciudadanos que lucharon por cualquiera de los dos bandos.

Los ganadores, como siempre, fueron los instigadores de las masas y férreos detentores del poder político, quienes comenzaron una farra que les duró hasta 1924, cuando ésta se acabó de golpe, retomándose una suerte de presidencialismo menos fuerte.

Llegamos a los hechos del año 1973, donde la crisis política desatada sólo pudo ser controlada con la oportuna y leal acción de las FF.AA. y de Orden, quienes evitaron que otro desaguisado de la clase política nos sumiera en una nueva guerra civil. El resultado, al igual que tras el término de la guerra de 1891, nos trajo como consecuencia un nuevo episodio de persecución a los militares, esta vez por haber estado del lado de la ciudadanía amenazada por Allende y los suyos.

Hoy, la crisis se manifiesta por la pérdida de los valores republicanos y el desprecio de la oligarquía hacia la sociedad en su conjunto. El conflicto escala con paso firme, al tiempo que las instituciones se degradan sin pausa. La incultura cívica de las masas de 1891 es reemplazada por la falta de interés por la política, como también el cohecho de antaño ha quedado en manos de una prensa militante que lava el cerebro, tal como ayer el dinero untaba el bolsillo para comprar votos.

Ante este déjà vu innegable, debemos ver de qué forma rescatamos a nuestra Patria del secuestro en que la tiene una oligarquía política tan despreciable como indigna.

Altamirano

Por Roberto Hernández Maturana

Este domingo se confirmó el fallecimiento a los 96 años de Carlos Altamirano, ex senador y ex secretario general del Partido Socialista, quien cumpliera un importante rol durante el Gobierno de la Unidad Popular en los años 70.

De profesión abogado, fue Secretario General del Partido Socialista de Chile entre 1971 y 1979, además de diputado (1961-1965) y senador de la república (1965-1973).

Altamirano participó activamente con su partido Socialista en el Gobierno de Salvador Allende con el ala más radical de la colectividad, lo que significó, que muchos lo sindicaran como uno de los responsables de precipitar la caída de Allende, siendo criticado ácidamente por  haber contribuido a polarizar con sus discursos incendiarios el ambiente político durante el gobierno de la Unidad Popular.

Gran amigo y camarada de Salvador Allende, Altamirano es recordado por su discurso el día 9 de septiembre de 1973 en el Estadio Chile (actual Estadio Víctor Jara), donde llamaba a armarse a sus partidarios y a preparase para luchar con «la fuerza invencible del pueblo», por lo que hay quienes desde su propio partido le atribuyen una irresponsabilidad política durante la Unidad Popular

Al respecto dijo en un libro de entrevistas publicado por la periodista Patricia Politzer en 1990: “Mientras yo sea el gran culpable del fracaso de Allende, todos los demás pueden dormir tranquilos”.

Tras la intervención militar  se convirtió en uno de los dirigentes políticos más buscados, pero logró huir de manera clandestina del país.

Años más tarde, desde el exilio, fue uno de los artífices de la “renovación socialista”, pero con el retorno de la democracia evitó volver a ocupar cualquier posición de primera línea.

Para el Partido Socialista, la concreción de la Revolución cubana y la posterior alianza entre Cuba y la Unión Soviética marcó un cambio de rumbo en la izquierda latinoamericana y en el propio Partido Socialista. Tras la alianza soviético-cubana, el Partido Socialista pudo congeniar con el PC dado que este último oficialmente podía brindar apoyo al gobierno de Castro.

En 1965, Altamirano es electo senador por Santiago, perfilándose ya como un dirigente importante del PS, que ese año fijó su ideología oficial como marxista-leninista durante un congreso en Linares. Dos años más tarde en 1967 en el congreso del partido Socialista efectuado en Chillán, en el que Altamiranos participó activamente, los socialistas chilenos decidieron allí que solo el marxismo sería la ideología rectora de sus principios.

En 1969, participó activamente en la fundación de la Unidad Popular, coalición que reemplaza al Frente de Acción Popular (FRAP), y estaría formada principalmente por su partido, el PC y el Partido Radical, que conseguirían la adhesión de otros partidos medianos y escindidos. Esta coalición sería la que llevaría en las elecciones de 1970 a la izquierda chilena a alcanzar la presidencia con su candidato Salvador Allende en su cuarto intento. Sin embargo es necesario recordar que  Allende, al no poder alcanzar la mayoría requerida por la Constitución de 1925 en las elecciones, con sólo un 36,6% (menos de un tercio de los votos), seguido del representante del Partido Nacional, Jorge Alessandri (35,3%), y Radomiro Tomic (15,4%) del Partido Demócrata Cristiano, obligó a la ratificación de su elección por el Congreso Pleno, conforme lo establecía la Constitución, después que Allende se comprometiera con la Democracia Cristiana mediante la firma de un estatuto de garantías, a respetar la Constitución, lo que con el tiempo no cumplió, pero que entonces le sirvió para ser ratificado por el pleno del Congreso Nacional de Chile, el 24 de octubre de 1970.

​En enero de 1971, tras el XXIII Congreso del Partido Socialista celebrado en La Serena, Altamirano fue elegido de manera unánime como Secretario General del partido junto a Adonis Sepúlveda, quien obtuvo el cargo de subsecretario. En este congreso el partido se comprometió a colaborar y obedecer el programa de gobierno del «Compañero Presidente», como denominaban a Allende.

Altamirano en más de una ocasión señaló que «el conflicto armado sería inevitable» constantes llamados a armarse, insistiendo en su lema de «avanzar sin transar», pese al desastroso gobierno de la Unidad Popular, apoyando activamente las expropiaciones, y la catastrófica política económica del gobierno que tenía al país sumido en una crisis semejante a la que hoy vive Venezuela, y que se traducía en una inflación desatada, enfrentamientos en ciudades y campos, racionamiento de alimentos, combustibles y servicios con una escasez galopante y una violencia creciente que amenazaba con una guerra civil.

Altamirano participó también activamente en el proceso de acercamiento a los países de la órbita socialista, visitó Corea del Norte, donde se reunió con Kim Il-sung, máximo dirigente de ese país y abuelo de Kim Yong Un, el actual dictador en ese país.​ Aunque según manifestó Altamirano, no recibieron el apoyo que requirieron a Kim para su «vía chilena al socialismo.»​ También participó activamente en los acercamientos con el líder de la entonces Unión Soviética Leonid Brézhnev, donde requirió junto a Salvador Allende el apoyo de dicho país al que denominaron el “hermano mayor”.

Para las elecciones parlamentarias de 1973,  Altamirano fue reelecto por Santiago, en unas elecciones altamente cuestionadas en todo el país por la Confederación Democrática CODE, el bloque político opositor a Allende

Así las cosas, el 9 de septiembre de 1973, y con un país en crisis y altamente polarizado, Altamirano pronunciaría un célebre discurso junto a Miguel Enríquez del MIR y Oscar Garretón del MAPU, en el Estadio Chile. Allí llamó abiertamente a la sedición del personal subalterno de la armada, lo que fue calificado por la oposición como una «incitación a la violencia, un llamado a la división de las FF.AA y  la consiguiente Guerra civil»​

Ante la crisis generalizada y con el apoyo y clamor de gran parte de la ciudadanía y la totalidad de los partidos de la entonces oposición de derecha y la democracia Cristiana, se produjo la intervención militar que sacó a Allende y a la Unidad popular del poder, por lo que numerosos líderes del conglomerado de izquierda pasaron a la clandestinidad o huyeron del país. Altamirano huyó a Argentina permaneciendo tres días en la embajada de la ahora desaparecida República Democrática Alemana gobernada por el dictador Erich Hoennecker, para después viajar a Cuba y aparecer en La Habana el 1 de enero de 1974, donde fue recibido por Fidel Castro, para posteriormente radicarse definitivamente en Berlín del este, siendo allí altamente vigilado y protegido por la Stasi.

Posteriormente se radicó en Francia, volviendo a Chile en 1993, no participando más en la política contingente ni en cargos públicos, manteniéndose desde entonces en un segundo plano.

En una entrevista de hace menos de un año con el diario La tercera decía que no tenía miedo a la muerte. “y que no le importaba lo que hablaran de él después de que partiera.

Carlos Altamirano es uno de los últimos políticos de su generación que llevaron al país a una situación que se hizo insostenible a tal grado, que provocó una división que subsiste entre los chilenos hasta nuestros días, en la que aún se mantiene procesados y encarcelados sólo a ex uniformados que entonces eran jóvenes subalternos y que cumpliendo órdenes superiores intervinieron en la crisis de 1973 para evitar una guerra civil.

Los responsables políticos de uno y otro sector, los responsables de la violencia y el terrorismo de uno y otro sector, permanecen en libertad o han fallecido pacíficamente en sus hogares.

Hoy nuevas voces que han olvidado, o desconocen la historia, proclaman nuevamente la violencia como instrumento de la política, olvidando que quienes desconocen su historia, se condenan a repetirla y quienes la sufrirán serán sus hijos o sus nietos.

La izquierda chilena frente a Venzuela

Por Roberto Hernández Maturana

La situación en Venezuela revela la división de la izquierda chilena en las dos almas que conviven en ella, y provoca que muchas veces sus personeros se contradigan y se enfrenten.

Para esa izquierda dura que representa el PC y amplios sectores del Frente Amplio el gobernante legítimo es Maduro.

Para la izquierda soft o Light el gobernante legitimo es Juan Guaidó.

Partamos por aclarar que Tanto Guaidó, como su mentor Leopoldo López pertenecen a la izquierda con la que se identifican los light chilenos. Tanto Guaidó como López adhieren a la internacional socialista.

Para la izquierda light , Guaidó es el “Presidente encargado”, nombrado por el poder legislativo venezolano, que declaró vacante el poder ejecutivo de ese país al considerar que las elecciones por las que se reeligió a Maduro fueron ilegitimas.

Para la izquierda dura Guaidó es un títere del imperialismo que se autoproclamó presidente.

Para la izquierda light, lo que ocurrió el pasado 30 de abril fue una rebelión pacifica contra quien usurpa el poder en Venezuela, es decir Nicolás Maduro.

Para la Izquierda dura chilena, lo del 30 de abril fue un intento fallido de golpe de estado para derrocar al “legitimo” mandatario Nicolás Maduro.

Para la izquierda ligtht, lo del 30 de abril no fue un golpe de estado porque estos se dan contra un mandatario, cosa que para los light Maduro no es, porque alcanzó el poder mediante medios fraudulentos, por lo tanto es un usurpador.

Los light chilenos como el ex canciller Heraldo Muñoz y el ex ministro Francisco Pancho Vidal critican a Maduro y apoyan tibiamente a Guaidó. Aquí también podemos contar a la democracia Cristiana, aunque ésta está aún mas dividida con un pie en la oposición y cada vez más con el otro en el gobierno… tratando como siempre de ser el eje en las discusiones.

Los duros chilenos (ideológicamente hablando), como el Senador Navarro gran parte (no todos) los del Frente Amplio, y el P C sin exclusiones, como corresponde a una religión hecha política, apoyan a Maduro. El el PS tiene su alma dividida entre duros y blandos…

Lo que ha resultado insólito, es que algunos light traten de comparar la dictadura de Maduro con lo que ellos llaman “la dictadura de Pinochet”. En este punto la izquierda dura se queda callada.

Y se queda callada porque ellos saben, y prefieren no decirlo, que si a algún gobierno de la historia de Chile se puede compara el desastroso gobiernos de Nicolás Maduro, es al gobierno de Salvador Allende que duros y blandos apoyaron sin restricciones; excepto el ex ministro Francisco Vidal que entonces militaba en la derecha y era un activo joven contrario a la Unidad Popular… después se cambió de bando y otros (mas de la mitad) que entonces  no habían nacido y no conocieron las barbaridades que vivieron los chilenos bajo un gobierno, que a los que tenemos más años, no deja de recordarnos la situación que hoy vive Venezuela.

Lo que no dicen, ni los duros  ni los light, es que Pinochet llamó a un plebiscito, lo perdió y entregó  un país ordenado y en vías de desarrollo, habiéndose  hecho cargo de un Chile en estado desastroso. El mismo estado en que Nicolás Maduro estregará Venezuela… si es que alguna vez entrega el poder.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Independencia de los Estados

Por Roberto Hernández Maturana

El Pleno de la Corte Suprema chilena, anunció que, en cumplimiento de un mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), declarará que varias condenas penales ejecutoriadas por delitos de violencia en La Araucanía «no pueden permanecer vigentes», ya que según la CIDH, se habría violado el principio de legalidad y la presunción de inocencia, al mantener vigente y aplicable la Ley Antiterrorista a las referidas personas. Por ello, se condenó al Estado a «adoptar todas las medidas judiciales, administrativas o de cualquier otra índole para dejar sin efecto» dichas sentencias.

Los mismos derechos que hoy  son negados a cientos de ex uniformados, condenados o procesados que en su mayoría siendo jóvenes subalternos, soldados, suboficiales u oficiales integraron las Fuerzas Armadas en 1973 y que son citados a comparecer a un tribunal sin asistencia de abogado, donde el imputado y los testigos declaran al tenor de las preguntas del actuario en un procedimiento escrito de carácter secreto en la etapa de sumario y mediado a través de actuarios, donde una sola persona, el juez, es el encargado de investigar y dictar sentencia, lo cual  difícilmente,  le permite un necesario distanciamiento para dictar una sentencia más objetiva y donde finalmente son condenados a base de «ficciones jurídicas», o «pruebas» que son inaceptables en el nuevo sistema procesal penal vigente en Chile desde el año 2005 para todos los chilenos, excepto para los ex uniformados.

De esta forma la Corte Suprema resolvió dejar sin efecto las sentencias argumentando las obligaciones internacionales asumidas por Chile (y recogidas constitucionalmente en el artículo 5 inciso 2 de la Constitución) y el principio de inexcusabilidad que la afecta, en cuanto a no poder dejar sin resolver un asunto que se le plantee, aun sin haber una ley que lo zanje.

La insólita decisión de la Corte Suprema, revela que la CIDH está excediendo con mucho el rol que le confiere la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, para imponer criterios morales e ideológicos con prescindencia de las políticas y leyes aprobadas por cada país.

Cabe hacer notar que en las últimas décadas la CIDH ha asumido una posición crecientemente intrusiva y autoritaria. A pretexto de efectuar una interpretación «evolutiva» de los tratados, crea derechos que no figuran en la Convención o Pacto de San José, como cuando condenó a Chile en el caso de la jueza Karen Atala, el año 2015 en que se alegó la responsabilidad internacional del Estado chileno por violaciones cometidas mediante una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que le revocó a la Sra.  Atala la tuición de sus tres hijas (5, 6 y 10 años de edad) fundándose exclusivamente en prejuicios discriminatorios basados en su orientación sexual.

Por si lo anterior fuera poco, la Corte IDH pretende que la forma en que ella entiende la Convención obligue a todos los Estados, y que sus tribunales internos, en caso de encontrar leyes o normas que contradigan esa jurisprudencia, deben declararlas contrarias a la Convención.

Lo más preocupante es que la Corte ha comenzado a sostener que también puede pronunciarse sobre la vulneración de derechos económicos, a pesar de que la Convención los excluye como derechos exigibles. Nuestro sistema educacional, previsional y de salud, y sus reformas, quedarán bajo la lupa de estos organismos internacionales.

Los hechos comentados se tradujeron finalmente en una declaración bastante tibia del gobierno chileno, quien junto a  los gobiernos de Brasil, Argentina, Colombia y Paraguay, al tiempo de reafirmar su compromiso con el sistema interamericano de derechos humanos, pidieron respetar la autonomía de los Estados, y conceder un margen de apreciación sobre cómo proteger esos derechos conforme a sus propios procesos democráticos generando un importante debate acerca del rol que cumplen los organismos internacionales.

De ésta forma parece urgente y necesario que el Estado en su conjunto se haga cargo institucionalmente del problema, implementando las modificaciones legales que sean necesarias para solucionar el vacío jurídico producido con la resolución de la Corte suprema chilena.

Quizás dadas la evidente interferencia que la CIDH demuestra en la vida de los países lo esperable era proponer una profunda modificación del Pacto de San José para que el sistema interamericano de derechos humanos recupere su subsidiariedad y sea integrado por juristas imparciales, que respeten las reglas y no las amañen para impulsar agendas político-partidistas.

No obstante lo anterior, los hechos confirman la necesidad de discutir abiertamente y ojalá – algo que parece imposible  – discutir sin los apasionamientos políticos  que el tema conlleva  la «importancia que en este caso tiene el principio de la subsidiariedad para la distribución de competencias del sistema interamericano», especialmente si consideramos que el autoritarismo judicial de  la Corte IDH tienen como aliados en cada Estado a sectores políticos que comparten su ideario liberal-progresista. Una muestra de cómo funciona esta «coalición» es el acuerdo de solución amistosa que el gobierno chileno aceptó para aprobar el matrimonio «homosexual». La denuncia fue hecha por el Movilh, y la Presidenta Bachelet, sin consulta al Congreso ni a la ciudadanía, suscribió el acuerdo con la Comisión, poniendo a Chile en la disyuntiva de, o aprobar esa ley o ser demandado como violador de derechos humanos.

La necesidad de resolver esta situación despejaría muchas interrogantes tanto del sistema judicial vigente en Chile, como también incluso de quienes concurren a nuestros tribunales, al saber que una nueva instancia judicial, por sobre los tribunales chilenos asoma en el horizonte

 

Piñera ¿protocolos o bledos?

Por Fernando  Thauby

El reciente viaje comercial y político de Piñera a China fue otra herida auto infligida a la dignidad de su cargo, a la corrección de su persona, a la imagen internacional de Chile, a su familia y al sector político que lo apoya.

Piñera carece de criterio social y político: Criterio es el juicio o discernimiento de una persona. Piñera no discierne bien, no juzga correctamente las circunstancias y condiciones de una situación.

También carece de sentido común: El sentido común son los conocimientos y las creencias compartidas por una comunidad y consideradas como prudentes, lógicas o válidas.

Se trata de la capacidad natural de juzgar los acontecimientos y eventos de forma razonable.

Piñera, reiteradamente juzga las situaciones en forma equivocada, dice algo inapropiado, sonríe cuando debiera estar serio o está serio cuando debería sonreír, se le acaba el combustible en vuelo, se va a acostar antes que se vayan las visitas. Invita a alguien y si deja de interesarlo, lo ignora. Escucha a un experto durante cinco minutos (o menos) y en seguida comienza a explicarle su oficio.

Muchas personas lo encuentra antipático, puede ser, pero sin duda carece de criterio y sentido común.

Un protocolo es un reglamento o una serie de instruccionesque se fijan por tradición o por convenio. Un protocolo puede ser un documento o una normativa que establece cómo se debe actuar.

Dispone conductas, acciones y técnicas que se consideran adecuadas en ciertas situaciones.

La primera reacción de Piñera a su desaguisado en China fue disponer la dictación de un “protocolo” que regule la presencia de parientes que tengan intereses comerciales o personales en los viajes presidenciales, al cual, es de suponer, se someterá en futuros viajes.

Dado que las situaciones que pueden requerir de criterio o sentido común al Presidente de la República de Chile son extremadamente numerosas –van desde como dar el pésame a una señora a la que atropellaron un hijo, hasta reaccionar a la oferta de coima por parte de un empresario- se supone que, adelantándose a nuevas crisis, aprovechará el impulso para dictar una variedad de ellas. Obviamente no podrá ser exhaustiva, por lo que sería aconsejable se hiciera acompañar constantemente por un asesor que disponga de ambos atributos –criterio y sentido común-.

Detrás de esas consideraciones, es también posible la existencia de otra circunstancia. Me refiero al “bledo”.

En efecto, el bledo es una planta de tallo rastrero, de color verde o rojizo, hojas triangulares, de color verde oscuro y flores rojas muy pequeñas, agrupadas en racimos axilares que puede alcanzar 30 cm de largo. El bledo es comestible.

Para nosotros –chilenos- el bledo es un pepino pequeño.

En frases afirmativas o negativas acompañado del verbo importar o con una expresión equivalente, significa nada o muy poco.

Me importa un bledo o me importa un pepino es que algo no nos importa ni en los más mínimo.

Podría ser también que a Piñera; Chile, los chilenos, la derecha, la izquierda, el centro, los adultos mayores, los adultos jóvenes y los niños, los educados y los ignorantes, los perros y los gatos, las pulgas y los piojos, le importen “un bledo”.