¿Quién manda?

 
Por Christian Slater Escanilla

El Ministro de Justicia, Hernán Larraín hace algunos días señaló: “si ustedes miran y analizan la estructura de los jueces, se van a dar cuenta de que la mayoría de los jueces son de izquierda”.

Una verdad indiscutible, como también así de ciertas son las atribuciones del Presidente de la Nación quien, como Jefe del Estado y Jefe del Gobierno, dentro de sus 20 facultades, además de nombrar  magistrados, fiscales y jueces letrados, también tiene las atribuciones para “…velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial y requerir, con tal objeto, a la Corte Suprema para que, si procede, declare su mal comportamiento, o al ministerio público, para que reclame medidas disciplinarias del tribunal competente, o para que, si hubiere mérito bastante, entable la correspondiente acusación…”

Son también atribuciones de su confianza exclusivas, la de nombrar -a su voluntad- a los ministros de estados, subsecretarios, intendentes y gobernadores. Designar a los embajadores y ministros diplomáticos y a los representantes ante organismos internacionales.

Entonces Señor Presidente, la decisión está en sus manos. De lo contrario mantengamos el statu quo y todo quedará solamente como un intento suyo por gobernar el país. Usted manda y 4 millones de chilenos lo apoyamos. Por favor, jamás se olvide de eso. No esperamos que usted -nuevamente- sea un paréntesis de la izquierda.

¿Justicia o venganza institucionalizada?

Por Roberto Hernández Maturana

El destacado abogado y  Profesor de Derecho, Magister en Derecho Público e Investigador y Observador de Derechos Humanos Dn Marcelo Elissalde Martel, ha difundido en las redes sociales un “Resumen estadístico sobre la situación DD.HH. de FF.AA. y policiales”.

El informe es devastador, y evidencia la tremenda iniquidad con la que la sociedad chilena permeada por 29 años de aceptar una versión unilateral de la historia reciente de nuestro país ha perseguido a los integrantes de las FF.AA. y de Orden que integraban dichas instituciones en los años 70.

Situación de los Derechos Humanos de los presos y perseguidos políticos militares

El informe es extenso, pero resumidamente nos dice que hoy 126 ex uniformados cumplen condena en el presidio de Punta Peuco y 49 en Colina 1, además de otros cuantos en otras prisiones del país.  Aproximadamente 1.500 se encuentran procesados, pero varios centenares más se encuentran afectados por situaciones judiciales relacionadas con DD.HH., habiendo 25 fallecidos en situación de procesados o condenados, incluyendo en esta estadística 8 suicidios.

De igual forma nos dice el abogado Elissalde, que Carabineros tiene en su historia Institucional 1.102 mártires, 352 de ellos caídos en combate contra la delincuencia o “violencia justificada con fines políticos”, (léase víctimas de la subversión). Es decir, se interpreta que NO se violaron los DD.HH. de los Carabineros asesinados, ellos fueron “víctimas de la violencia política”.

Por otra parte el informe nos dice que el coordinador de las causas relacionada con derechos humanos, el Ministro de la Corte Suprema Sergio Muñoz, señaló a la Sala Penal, en su Cuenta  al pleno de dicha corte, que hasta Noviembre de 2017  había 1.306 causas en trámite,  es decir vigentes, también nos dice que el Ministro Milton Juica, informó que la Corte Suprema solo en 2017, concedió casi 10.000.000 (Diez mil millones de pesos ) en indemnizaciones reparatorias a los querellantes por este tipo de procesos.

También nos dice el informe, que se ha nombrado a 29 Ministros en Visita a lo largo del país. A esto hay que agregar que la Corte Suprema, falla en definitiva un promedio anual 12 causas aproximadamente, lo que en la práctica significa que esta situación podría extenderse 100 años como mínimo.

Del mismo modo, el 12 de marzo de 2018, casi al momento que el anterior gobierno entregara el cargo, Lorena Fries, ex Subsecretaria de DD.HH., presentó un requerimiento a los tribunales para conocer de “Apremios Ilegítimos”, los que sumados a los existentes por “Tortura” ya en trámite, hace un total de más de 9.000 (nueve mil causas) a tramitar relacionados con el trabajo de las comisiones Valech I y II.

Elissalde da cuenta que, en Chile, tras la adhesión al Estatuto de Roma, el 18 de junio de 2009, se dictó la Ley 20.357, en que se tipifican los crímenes de “lesa humanidad” y “genocidio” y los crímenes y delitos de Guerra, que señala en su artículo 40 que “la acción penal y la pena de los Delitos previstos en esta Ley no prescriben”. Así, el Poder Judicial reconoce ante el Poder Legislativo, que no aplicará ni la prescripción, ni la amnistía a hechos ocurridos hace más de 43 años, y peor aún, reconoce que en forma artificiosa vía artículo 5 de la Constitución Política del Estado, introdujo normas condenatorias NO vigentes en Chile sino a partir de 2009 en adelante, a hechos acecidos hace 43 años atrás.

Nos recuerda también Elissalde que el ex Ministro Solís, uno de los jueces que más condenas dictó contra uniformados, señaló en un programas de TV (El Informante en foro con Hermógenes Pérez de Arce y también ante el Periodista Mosciatti), que su elucubración para condenar se basaba en “UNA FICCIÓN JURÍDICA“… Nos dice el abogado autor de este informe que “Lo grave es que mediante esta, se ha  condenado gente, dentro de un pretendido Estado de Derecho”.

Finaliza esta parte referida a la persecución político judicial contra ex uniformados, manifestando que “si a lo anterior sumamos que la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, se está negando a conceder beneficios a los condenados, ingresarán a los penales una cantidad altísima de personal de las FFAA, 43 años después de ocurridos los hechos”.

Nunca está demás recordar que todos los ex militares condenados y/o procesados, lo han sido por un sistema de Justicia ya derogado en Chile y que hoy se aplica exclusivamente a los ex uniformados, donde el sistema los considera culpables casi desde el momento mismo de ser procesados.

¿Y que pasó con los condenados en Chile por delitos terroristas?

El abogado Elissalde nos informa en su estudio que hoy no hay ningún subversivo cumpliendo condena: Ninguno. Están indultados, amnistiados o fugados. El Presidente Aylwin en su mandato indultó a 283 subversivos y el Presidente Lagos a   244 entre delincuentes comunes y subversivos, para ello envió al Congreso una Ley de Unificación de Penas, de manera que el que hubiere cumplido 10 años preso, quedaba en inmediata libertad. Así fueron liberados   los últimos MIR, Manuel Rodríguez, Lautaristas y movimientos guerrilleros afines. Basta con recordar que sólo el Lautarista Diego Ossandón Cañas, quien, con su equipo, asesinó a casi 20 personas, murió de cáncer en libertad.

Cabe hacer notar que, según el informe, la mayoría tanto de los indultados como de los exonerados y/o sus parientes, reciben beneficios económicos de reparación, varios con un costo para el país de 200 millones de dólares al año aproximadamente, señalando más adelante que en 20 años se han entregado 2.979 millones de dólares. Agrega que el aumento más importante fue el año en 1995 cuando creció abruptamente un 3.500 % respecto a 1994 (Fuente: Mercurio 23 de Sept. de 2013). Esto es solo por concepto de Exonerados como se dijo. Elissalde agrega que como fue conocido, ante la magnitud de la cifra y su repercusión para el Erario Nacional, se nombraron dos autoridades para investigar los hechos: Mireya López Ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago y luego la Fiscal Ximena Chong, entre otras cosas, porque la Dirección de Presupuesto nunca revisó este programa y sus fondos, en circunstancias que todos los programas públicos deben ser evaluados.

En 2015, la investigación arrojó los resultados con las primeras condenas a los Falsos Exonerados, por parte del ministro Mireya López, que por lo demás fueron muy pocos… no más de una docena, centenares de causa fueron sobreseídas aplicándose la prescripción. No se sabe aún cual será  del resultado final de la mencionada investigación, al parecer en la mayoría será negativo en cuanto a sus resultados, porque la Ministro reconoció la laxitud con que los parlamentarios emitían por razones electorales, certificados de trabajo manifiestamente falsos, pero no condenó a ninguno y sin embargo, el Consejo de Defensa del Estado,   a cargo del abogado Juan Ignacio Piña nombrado por el presidente Sebastián Piñera entre marzo de 2014 hasta marzo de 2017, quien persiguió con ahínco  a los Uniformados , esta vez no apeló; de manera que nos encontramos ante un caso cerrado y 3.000 Falsos Exonerados seguirán  tranquilamente esquilmando al fisco. Al respecto el informe de Elissalde señala que la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei manifestó que esto le constaba, porque este escándalo explotó cuando ella era Ministra de Trabajo en 2013, señalando: “El Estado ha destinado aproximadamente tres mil millones de dólares al pago de pensiones a exonerados desde 1994 a la fecha. En mi época, el gobierno calculaba que el monto comprometido en el pago de pensiones irregulares podía ser alrededor de mil millones de dólares en los últimos 20 años” (Mercurio 07 Dic.2015) … Tan es así que se le paga hasta al “comandante Salvador” (Galvarino Apablaza, uno de los asesinos del Senador Jaime Guzmán, fugado y protegido por el Kirchnerismo en Buenos Aires).

Se da hoy entonces la paradoja que el ex Uniformado llevado a juicio por hechos acaecidos hace 43 años, enfrenta a varios adversarios potenciales: los querellantes particulares, El Programa del Ministerio del Interior, el Consejo de Defensa del Estado, en algunos casos y eventualmente al Instituto de Derechos Humanos, que también está facultado para denunciar. La desproporción es entonces evidente.

Situación en el Congreso Nacional

El abogado Elissalde finaliza su informe afirmando que en el Congreso nadie se quiere involucrar “no es tema “como dicen allá. Cabe destacar intentos de algunos parlamentarios por dar una solución final. Sin embargo, la Derecha prefiere no intervenir y hoy además no tienen mayoría en ninguna de la dos Cámaras como para pasar un proyecto de ley definitivo.

En enero del presente año el saliente gobierno presentó un proyecto de ley para regular la situación de los reclusos que padecen una enfermedad terminal o cuyas facultades mentales se encuentran severamente disminuidas. No obstante, plantea el proyecto que si el enfermo terminal está condenado por hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad, solo podrá acceder a esta sustitución si previamente suscribe una manifestación pública de arrepentimiento por los hechos que le atribuye la sentencia. (Se omite decir que “en justicia”, en Chile no hay condenados por crímenes de lessa humanidad, pues aquél fue establecido en nuestro país recién el año 2009), constituyendo esta exigencia un abuso a la libertad de conciencia de quienes se encuentren en dicha situación, especialmente para quienes sostienen la convicción de su inocencia.

Parecida situación ocurre con quienes, cumpliendo con los requisitos establecidos para cualquier interno, deseen solicitar beneficios carcelarios como permisos de salida, libertad vigilada y reducción de la penas, a quienes se les exige aportar antecedentes serios y efectivos de los que tengan conocimiento en causas criminales por delitos de la misma naturaleza, y además deben demostrar su arrepentimiento de diversos modos regulados en el proyecto de ley.

Las objeciones al proyecto en comento se han basado en que no solo resultaría contrario al derecho a la libertad de conciencia -pues una cosa es aceptar y cumplir una condena pronunciada por un tribunal y otra muy distinta es considerarse subjetivamente culpable-, sino además atenta contra los mismos fundamentos humanitarios de dicho proyecto de ley pareciendo cruel e inhumano que a una persona se le niegue una reducción de condena porque no está en condiciones de aportar antecedentes adicionales a los que ya arrojó la investigación, sea porque no los conoce o porque tales antecedentes simplemente no existen.

En la actualidad el Gobierno estudia incluir en el proyecto de ley para conmutar penas a los reos condenados que padecen enfermedades terminales o con demencia, que sean los jueces quienes determinen las modificaciones de condenas a otras de menor rigor como el arresto domiciliario. En la iniciativa que se encuentra aún en trabajo prelegislativo, se pretende incluir a todo tipo de reos, incluso quienes cumplen condenas por delitos de lesa humanidad, lo que ha desatado críticas de las agrupaciones de derechos humanos.

Es tiempo de aplicar Justicia… Justicia “justa” e igualitaria para todos los chilenos… Justicia, no venganza.

 

 

Sumisión

Por Adolfo Paúl Latorre, Abogado

El concepto de “sumisión” denota la acción de someterse, sin cuestionamientos, a la voluntad de otro. Al respecto, cabría comentar que el profesor Agustín Squella, en relación con el proyecto de nueva Constitución, dijo: “recién 17 años después del plebiscito de 1988 se logró establecer la sumisión del poder militar al poder político”.

Muchas personas manifiestan un sentimiento o una actitud de rechazo a todo lo que tenga relación con lo militar; que niegan la necesidad de las FF.AA.; que estiman que la guerra es producto de la existencia de ellas; y que piensan que si desaparecieran los ejércitos se acabarían las guerras. Las causas de esta aversión son muy variadas: para unos, por su amor a la paz y el horror ante la guerra; para otros, porque las FF.AA. les impiden llevar adelante sus proyectos políticos desquiciadores y anti nacionales.

A fin de evitar ese impedimento piensan que es preciso lograr una completa neutralización de las FF.AA. y someterlas al “poder civil”, de modo que ellas no tengan participación política alguna y cuyo único oficio consista en el manejo técnicamente eficiente de las armas que el Estado pone en sus manos. Quienes así piensan lo que realmente pretenden es transformar a las FF.AA.  de fuerzas al servicio de la nación, en fuerzas al servicio del gobierno de turno.

Si las FF.AA. pierden su relativa autonomía y, sin opinión propia, se convierten en instrumentos ciegos de quienes transitoriamente ejercen el poder; si ante situaciones que afecten intereses vitales de la nación se mantienen como meras espectadoras; si pierden su vocación, los valores morales que las sustentan y su mística de servicio a la patria, las Fuerzas Armadas dejarían de ser lo que son, dejarían de ser lo que tienen que ser. La desnaturalización de las Fuerzas Armadas dejaría a la nación indefensa ante posibles agresiones externas o graves situaciones de subversión interna que pongan en riesgo la estabilidad política de la República e, incluso, la supervivencia del Estado.

No hay peor loca que la boca

Por Cristián Labbé Galilea

Si hay un pensamiento que se me ha representado con mucha fuerza en estos días es que “el hombre se demora dos años en aprender a hablar y sesenta en aprender a callar”. Esto a raíz de las declaraciones de la viuda del general Gustavo Leigh, Comandante en Jefe de la FACH y miembro de la Junta de Gobierno en 1973, así como la “tole-tole” que se armó a raíz de la designación del hermano del Presidente como embajador en Argentina.

En el primer caso, cuesta entender lo que se pretendió al revelar, después de 45 años, que el general Leigh, “el duro”, el que dijo que había que “extirpar el cáncer marxista” (sic), ahora resulta que grababa furtivamente, con una mini grabadora escondida en el uniforme, sus conversaciones con los miembros de la Junta de Gobierno… ¡increíble!

Lo cierto es que los “dichos de la viuda”, más que desconcierto, provocan una tremenda desilusión. A la gran mayoría le cuesta asumir que en esos difíciles días que vivía nuestro país, cuando las fuerzas armadas respondieron férreamente unidas al llamado de la civilidad, uno de los mandos se diera la maña para grabar a hurtadillas sus conversaciones privadas del más alto nivel.

Ante esa evidencia, es legítimo preguntarse el motivo de concebir algo tan contrario a la lealtad propia de los soldados y, en cuanto a su publicación, resulta aún más difícil responder: ¿porque ahora? ¿Sabrá la señora Garcia que hay momentos para la necedad y otros para la sensatez y que una persona inteligente debe saber distinguirlos? ¿Sabrá también que: cuando una persona habla a tontas y a locas… algo le toca?

El caso de la designación del hermano del Presidente como embajador en Argentina, corre por otro riel, el de los errores no forzados.

Que si el “tiene o no los pergaminos para el cargo, no es el tema; que los embajadores en países limítrofes deben ser muy cercanos al gobierno, tampoco; que con el país de Gardel las relaciones están “a partir de un confite”, tampoco. El tema es que, aun pudiendo ser administrativa y jurídicamente aceptable  su designación…  la cocinilla política en nuestro país “no está para bollos”.

Es indiscutible, el gobierno está en la fase de instalación, con un porcentaje de aprobación no menor, con una percepción positiva de que las cosas irán mejorando con el tiempo, en especial en materias de orden, seguridad y trabajo, y principalmente en materias sociales (salud y educación). Todo súper bien, pero, como sabe hasta el más novicio de los políticos, los errores cometidos en este periodo se pagan caro.

Se suma a lo anterior el que, si bien la oposición está desarticulada y sus berrinches todavía no tienen grandes repercusiones, las tirrias han salido de los propios partidos del conglomerado gobernante quienes se han encargado de orquestar las críticas, especialmente los sectores más progresistas. A este mocerío de políticos y parlamentarios que sufren de incontinencia verbal y que buscan cualquier oportunidad para hacerse notar urge llamarlos al orden.

En ambos casos, el de la viuda del general y el de las declaraciones de los noveles políticos del sector, bien vale hacerlos repetir cien veces lo que decía un viejo y campechano gurú … “no hay peor loca que la boca”.

 

La Agencia Nacional de Inteligencia

Por Gabriel Alliende Figueroa

Los objetivos de su existencia son valorables, distinto es que sea una organización indispensable para la funciones de inteligencia, debido a que su desarrollo desde el año 2004 a la fecha, no la justifican. (ley 19.974).

La delincuencia, el terrorismo y el narcotráfico, son 3 temas país prioritarios, la ANI servicio público y especializado ha fracasado en la prevención de estas calamidades.

La ANI como la veo, debe ser un organismo directivo, que concentre información y la entregue a las policías, se nutre de las policías, también debe apoyarlas para evitar que la ciudadanía sufra los rigores de la delincuencia, terrorismo y narcotráfico.

La función de inteligencia no debería estar tripulada a base de civiles sin experiencia, pero si de técnicos para el manejo de un software donde se puedan levantar parámetros de los delitos por región, provincia o comuna y de expertos en la función de inteligencia, formados por las instituciones de la defensa nacional y de las policías.

Que es hoy la ANI? es un organismo burocrático, de nivel administrativo, rígida y con afanes de imponerse a las policías, en Chile eso no es posible, por ello llevamos 14 años de administración burocrática, ineficiente con personas que no cumplen con la más mínima conducta de entrada en inteligencia. Yo puedo mandar a un abogado a la cocina y lo empodero, pero no lo transformo en Chef, en inteligencia es lo mismo.

Toda Inteligencia lo quieran o no, se maneja en la línea más menos cero, hay que atreverse para obtener resultados y hay que mandar la gente adecuada para que trabaje en la ANI.

Los viejos fantasmas

Por Daniel Mansuy Huerta., Licenciado en Humanidades, mención Historia y Filosofía, Doctor en Ciencia Política.

Luego de cinco semanas en el poder, el Gobierno ya empieza a mostrar algunos síntomas preocupantes. Así, ha logrado la extraña proeza de ocultar sus aciertos reales, como la prioridad otorgada al Sename y la migración, a partir de una extraña acumulación de errores más o menos infantiles. Si hasta hace pocos días el Presidente había quedado al margen de las fallas, el enigmático nombramiento de su hermano como embajador en Argentina ha vuelto a ponerlo en la primera línea de fuego (obligando de paso a muchos personeros oficialistas a gastar valioso tiempo tratando de explicar lo inexplicable). A eso hay que sumarle las desafortunadas declaraciones del ministro de Justicia, las salidas de libreto del encargado de Economía, y el humor diferente del titular de Educación. No ha faltado tampoco el diputado que profiere frases inaceptables, generando una batahola de aquellas que creíamos olvidadas.

Cada uno de estos hechos ha capturado -en mayor o menor medida- la agenda mediática, y eso no tiene nada de casual. En efecto, más allá de la inexperiencia de algunos involucrados o del necesario período de ajuste, aquí parece haber un fenómeno más profundo, y a estas alturas casi endémico. El Gobierno está mostrando indicios tempranos de una enfermedad que ya aquejó a la derecha hace ocho años, y que guarda relación con la escasa capacidad para fijar los ejes de la discusión. Más allá de las buenas intenciones, la voz del Ejecutivo es débil, y de hecho le cuesta mucho competir con el ruido ambiente. Aunque es cierto que el Gobierno está recién partiendo, en algún sentido eso agrava la dificultad: uno puede preguntarse cómo diablos se enfrentarán problemas de otro calado, que inevitablemente irán apareciendo. La interrogante central es si acaso el Ejecutivo tiene alguna idea del lugar hacia dónde le interesa dirigir la discusión, y con qué medios. ¿Cuál es la estrategia y cuáles son los objetivos, que uno supone fueron pensados una y mil veces en la oficinas de Avanza Chile? ¿Dónde están los proyectos y los énfasis que durante tanto tiempo se prepararon?

El problema se complica aún más si recordamos la responsabilidad histórica que recae sobre Sebastián Piñera. Habiendo recibido un respaldo electoral inédito para la derecha, y con una izquierda dividida como nunca, el mandatario está obligado a proyectar la coalición hacia el futuro. Eso exige la elaboración de un discurso y de un tipo de acción capaz de articular la diversidad de Chile Vamos. Sin embargo, hasta hoy solo hemos visto disputas centradas en cuestiones morales, que solo dividen al sector y que, además, parecen girar más en torno a una lucha de egos que otra cosa. Al mismo tiempo, José Antonio Kast ejerce sobre la derecha de la coalición una presión imposible de ignorar.

En ese contexto, el Gobierno ha intentado levantar, con mucha timidez, una agenda vinculada a las urgencias sociales. Sin embargo, esta aún no adquiere la fuerza suficiente para ordenar la discusión (¿dónde está el ministro Alfredo Moreno?). Es como si faltara decisión para impulsarla de forma resuelta, pues tiende a diluirse con suma facilidad. En rigor, dicha agenda solo tiene sentido si se entiende correctamente la palabra urgencia: hay chilenos que no pueden esperar, y merecen auténtica prioridad. Esa prioridad debe traducirse en un discurso asumido por el conjunto del oficialismo, sin voces disonantes. Mientras el Gobierno no muestre más convicción en torno a ese eje, está condenado a moverse al vaivén de vientos que no maneja, como una veleta.  Por lo demás, sin una conducción política efectiva, su propia base de apoyo se desangrará en divisiones estériles y anécdotas tan sabrosas para la élite como alejadas de nuestros problemas. Naturalmente, un cuadro de ese tipo no tiene nada de auspicioso, pues la derecha sería nuevamente incapaz de ofrecer algo así como un marco de comprensión de la realidad.

La naturaleza, decía Aristóteles, le tiene horror al vacío. Si el Gobierno no tiene nada sustantivo qué ofrecer, otros lo harán en su lugar. Ya sabemos cómo termina esa historia.

 

Indultos particulares

Cartas al Director diario «El Mercurio» de Santiago, Martes 24 de abril de 2018

Señor Director:

El ministro de Justicia hace pocos días señaló que no van a entregar indultos, enmendándoles la plana a los tribunales, y «si hay un caso de claridad por la situación humanitaria en que está una persona», lo pueden revisar. Y agregó que no era partidario de indultar a violadores de derechos humanos y que el indulto no es una herramienta que se pueda utilizar para cambiar los fallos en los tribunales cualquiera sea el delito.

Es fácil imaginar cuando se refiere a los violadores de derechos humanos que estos son militares condenados, ya que los terroristas, según lo dispuesto por la izquierda mundial, no pueden ser calificados de esa forma por no ser «agentes del Estado», aunque hubieren cometido múltiples y cruentos crímenes.

El indulto es un atributo especial del Presidente de la República que se establece por decreto y debe estar firmado por el ministro respectivo según lo dispone el artículo 35 de nuestra Constitución política. Ahora bien, no parece prudente abdicar de una atribución a priori y per se . Ignoramos si este es un criterio personal del ministro o también del Presidente, lo que sería conveniente aclarar.

La aplicación de un indulto no debe entenderse que se hace con la intención de «enmendarles la plana a los tribunales». Así, don Alejandro Silva Bascuñán, entre otros, sostenía que «por este recurso se pueden evitar errores judiciales, adecuar más fielmente la sanción a las modalidades específicas del hecho y su autor, y dar a la pena más flexibilidad en su objetivo de corrección». Es más, agregaba: «Que se ha calificado esta atribución del Presidente como de carácter judicial» (Tratado de Derecho Constitucional, Tomo II).

En nuestra Constitución actual se consagra dicha atribución especial consistente en otorgar indultos particulares y se funda en el hecho de que los jueces, como seres humanos que son, lo mismo que los parlamentarios y el Presidente, pueden equivocarse y merecen así un acto de control.

De hecho, dichas equivocaciones han ocurrido desde hace más de veinte años, y especialmente desde el año 2009 en adelante, condenando incluso a la privación de libertad a muchas personas, y hasta por años, y no precisamente por razones meramente pueriles. En efecto, se les ha procesado a dichos condenados en un sistema procesal con menores garantías que las vigentes; se ha hecho caso omiso de la existencia de una ley que les otorgaba la amnistía; no se ha aplicado la norma que expresa que antes de proseguir la acción penal, cualquiera sea la forma en que se hubiese iniciado el juicio, el juez examinará si los antecedentes suministrados permiten establecer que se encuentra extinguida la responsabilidad penal del inculpado (en la especie, se ha condenado por delitos supuestamente cometidos 45 años antes, es decir, casi dos generaciones atrás, con testigos fallecidos y por «ficciones», es decir, por invenciones).

Y lo más grave: no se ha respetado en varios casos la garantía constitucional consagrada desde al menos la Constitución de 1828, que ordenaba que en ningún caso podrá tener la ley efecto retroactivo, reiterado en el artículo 11 de la Constitución de 1925. Y en la actual, en los primeros números del capítulo sobre los derechos y deberes constitucionales, en cuanto señala que ningún delito se castigará con otra pena que señale la ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado.

Y la sanción al hecho de arrogarse la magistratura una facultad que no posee es la nulidad del acto. Y no solo ello; agrega el artículo séptimo que ello originará las responsabilidades y sanciones que la ley señala.

Pues bien, habiendo casos emblemáticos en que concurren estas figuras, es hora de poner pronto remedio a este estado de cosas y corregir las ilegalidades cometidas a través de los indultos «caso a caso», en los que dichas anomalías se hubieren cometido, todo ello en conformidad a la ley vigente.

Hay que recordar que la democracia no se obtiene por obra de un acaso, sino que es producto del continuo cumplimiento del ejercicio del Derecho, y no puede arriesgarse a que por falta de justicia los ciudadanos lo hagan por mano propia, lo que llevaría a la inestabilidad social, primero, y al caos después.

Jorge Arancibia Reyes;
iguel Ángel Vergara Villalobos;
Sergio García Valdés;
Benjamín Opazo Brull;
Jorge Reyes Zapata

El Diputado Urrutia no miente

Por Raúl Meza Rodríguez, abogado

 Las palabras del Diputado (UDI), Ignacio Urrutia quien durante la sesión en la Cámara de Diputados en la que se discutía un proyecto de reparación económica para  quienes se han declarado víctimas de tortura durante el regimen militar, manifestó su oposición a “seguir entregando estos regalitos a gente que más que exiliados fueron terroristas durante el gobierno militar”, iniciativa que ha sido retirada por el gobierno de Sebastián Piñera, son de aquellas verdades que ningún parlamentario de centro derecha se atreve a decir, porque la historia de los derechos humanos en Chile solo ha sido escrita con la mano izquierda.

Efectivamente, muchas de las víctimas de DDHH pertenecían a movimientos subversivos de extrema izquierda, como lo fueron el FPMR, MIR y Lautaro los cuales, murieron en enfrentamientos armados, combatiendo y luchando por la vía armada para derrotar el Gobierno del Gral Pinochet.

El propio Informe Rettig califico a un importante número de víctimas, como aquellas que murieron producto de enfrentamientos armados y combatiendo contra las unidades de inteligencia del gobierno militar y la mayoría de estas, pertenecían a alguna organización terroristas de izquierda, llámese FPMR, MIR o Lautaaro.

Por ello, no nos sorprende la reacción intolerante y violenta de la Diputada Pamela Jiles ya que sus amistades pertenecieron a esas organizaciones terroristas, como lo fue su gran amigo Alex Vojkovic, ex Jefe Operativo del FPMR y ex pareja de Michelle Bachelet, quien sorpresivamente muere en un accidente automovilístico en el año 2014 a semanas de la publicación de sus memorias.

Es una vergüenza y una ignominia que haya parlamentarios de “Chile Vamos” que salgan a condenar públicamente a un diputado de su sector para complacer a esa izquierda extrema que se ha apropiado de los derechos humanos en este país y que ha transformado al Estado Chileno por muchos años en una caja pagadora de cuantiosas sumas de dinero que financiamos todos los chilenos.

A esos seudo parlamentarios de derecha que rasgan vestiduras por las palabras del Diputado Urrutia, les preguntamos, si alguna vez han levantado la voz por los uniformados que están siendo condenados y procesados por simples ficciones jurídicas, sin tener pruebas directas y negándoseles el debido proceso. Que han hecho por los internos ancianos con enfermedades crónicas y terminales que se siguen muriendo en el penal de Punta Peuco. Y que han hecho por los cientos de víctimas civiles y uniformadas que murieron a manos de las organizaciones terroristas de izquierda durante el gobierno militar, a las que nunca el Estado Chileno le ha entregado reparación económica ni judicial alguna, ni tampoco beneficios de ninguna naturaleza. No han hecho absolutamente nada y no lo harán porque son cobardes, indolentes y temerosos de recibir el desprecio de la izquierda extrema con la que comparten los privilegios del poder.

Con la verdad no se miente

Por Cristián Labbé Galilea

Comentábamos con un grupo de parroquianos, que desde hace un tiempo nos juntamos cortejados por algunos mostos diligentemente seleccionados, como piadosos creyentes del proverbio latino “In vino veritas, in aqua sanitas” (En el vino está la verdad, en el agua la salud), sobre el riesgo que significa asumir que todo lo que se dice y comenta… es realidad absoluta.

Uno de los ilustrados asistentes subrayó que esto no sólo era producto de la manida posverdad, donde la impresión está por sobre la razón, sino que era el resultado de la ingenuidad e indolencia de la gran mayoría ciudadana, y de la poca prolijidad de quienes tienen la responsabilidad de salirle al paso a la mentira y al engaño, haciendo explícitamente referencia a la clase política que, con tal de evitarse un mal rato o por querer aparecer como “políticamente correctos”, prefieren hacerse los lesos.

Otro de los cofrades sentenció: “por eso estoy con Kast (Jose Antonio), quien acaba de lanzar su movimiento Acción Republicana… Kast, con una nobleza de espíritu inigualable, ha mantenido siempre una actitud honesta y ha encarado de frente la mentira y el engaño… ojo, no solo de la izquierda, sino incluso de nuestro propio sector”.

Sin mediar respiro, un tercero intervino arguyendo que los “bon vivant du la politique” (político a quien sólo le importa su propio beneficio) se dejan avasallar por esa avalancha vociferante de la izquierda, sin atreverse a hablar con la verdad, y remató diciendo: “la izquierda promete el paraíso y pocos les salen al paso denunciando con claridad y firmeza el engaño”

Matices más matices menos, los presentes coincidimos en que la manipulación de la política desarrollada por la izquierda ha sido perfeccionada en el último tiempo, a lo que se suma un alto componente de irracionalidad de la opinión pública que da pábulo para que “los encantadores de serpientes” inventen cuentos, mitos y quimeras.

Coincidimos en que por eso cobraba tanta importancia: la respuesta de la ciudadanía al movimiento creado por Kast -Acción Republicana-, y la nobleza de espíritu y el apego a la verdad, demostrado por el candidato a la presidencia, por sobre los prejuicios e intereses circunstanciales, actitudes que confirmaban el hecho de que quien actúa honestamente nunca se queda solo. “Un político de ese talante puede ser agredido, incluso condenado -como Sócrates ante el juicio de Atenas- pero al final se impone la virtud publica, el respeto a las personas y a las instituciones republicanas”.

Uno de los presentes subrayó que la historia da cuenta de que: ¡toda sociedad que ignora o desprecia la verdad y la libertad, en algún momento, paga un alto precio por esa actitud!

Por último, cuando ya nos despedíamos un parroquiano que estaba al “cateo de la laucha” se lanzó en picada… ¿y qué opinan de las declaraciones del diputado Urrutia, en el sentido de que es impresentable que un montón de izquierdistas lucren con las dádivas que genera el Estado? La respuesta fue contundente: la moralidad pública es una sola… ¡con la verdad no se miente!

Clauzewitz, la profesión militar y la justicia

Por Roberto Hernández Maturana

Soy un militar retirado y como la mayoría de los militares abomino el conflicto y el uso de las armas como solución de estos. Ellos, sean guerras o revoluciones, siempre tendrán consecuencias que perseguirán dolorosamente a generaciones, incluso a los descendientes de quienes tuvieron participación directa en los hechos.

Decía el prusiano Carl Von Clauzewitz, uno de los más influyentes soldados, historiadores y teóricos de la ciencia militar moderna en su tratado “De la Guerra”, que ella constituye un “acto político” y esta manifestación es la que pone en juego el único elemento racional de la guerra, siendo los otros dos el «odio, la enemistad y la violencia primitiva», y el tercero «el  juego del azar y las probabilidades», precisando que  «El primero de estos tres aspectos interesa especialmente al pueblo; el segundo, al comandante en jefe y a su ejército, y el tercero, solamente al gobierno. Las pasiones que deben prender en la guerra tienen que existir ya en los pueblos afectados por ella; el alcance que lograrán el juego del talento y del valor en el dominio de las probabilidades del azar dependerá del carácter del comandante en jefe y del ejército; los objetivos políticos, sin embargo, incumbirán solamente al gobierno».

El uso de la fuerza SIEMPRE será de responsabilidad del gobernante y en todo estado medianamente organizado, dicha fuerza será ejecutada por el instrumento de todo gobierno para ejercer la violencia… sus Fuerzas Armadas y de Orden.

El uso de las armas, en todo conflicto ya sea externo o interno, una vez decidido por quien gobierna (siempre será un político ya sea de origen civil o militar), será siempre brutal y todo político (ya sea civil o militar) debería muy bien guardarse de emplearlo, pues la política con el tiempo se suaviza, el azar se olvida, pero el odio permanece vivo por años de años y quienes pagan las consecuencias del ejercicio de la violencia, normalmente serán los soldados que debieron ejercerla, ya sea porque lo hicieron en forma ineficiente, o porque se aplicó en exceso, olvidando que en ella se manifestará siempre  el odio, la enemistad y la violencia primitiva inherente a todo conflicto como ya nos mencionara Clauzewitz.

Hoy 154 presos políticos militares cuyas edades promedian los 77 años, cumplen condenas en diversas cárceles de Chile, la mayoría en los penales Punta de Peuco y en Colina 1. De ellos, 12 han fallecido victimas de graves enfermedades, sólo entre 2016 y 2018 esperando un indulto presidencial que nunca llegó, y que les permitiera morir con dignidad en sus hogares. El último fue el Coronel de Ejército en Retiro René Cardemil Figueroa (QEPD), fallecido el 7 de abril pasado a los 76 años, después de una larga agonía, víctima de un cáncer óseo, pero a quien el Servicio Médico Legal, en un informe evacuado el 27 de Febrero de 2017 consideró como un “Paciente portador de un cáncer metastásico. No tiene problema médico grave que le impida continuar con su actual condición”.

La totalidad de estos presos políticos, militares en la época en que ocurrieron los hechos por los cuales hoy se encuentran condenados, eran subalternos y sus edades fluctuaban entre los 20 y los 30 años. Los responsables “políticos” y los responsables “directos”, tanto los que llevaron al país al caos, como los que dieron las ordenes para enfrentar ese caos hoy están fallecidos.

Ninguno de esos ex uniformados presos cometió los “delitos” de los que se les acusa por una “causa personal”, si no en cumplimiento de ordenes superiores que ellos recibieron porque el “bien común de la patria estaba amenazado”.

Ninguno de esos ex uniformados presos cometió algún delito antes, ni después de los hechos por los cuales hoy se encuentran condenados, y la totalidad de ellos presentan una conducta que hace que la mayor parte del personal de gendarmería que custodia las cárceles de Chile respire tranquilo cuando son destinados a custodiar a estos prisioneros.

Hoy, sólo ellos y los cientos de procesados militares son las víctimas de ese odio, enemistad y violencia primitiva de la que nos habla Clauzewitz. El “acto político cuyo objetivo incumbe solamente a los gobiernos” (aspecto este como se dijo que interesa especialmente al pueblo) y el “juego del azar y las probabilidades” (que incumbe según Clauzewitz solamente al gobierno), permitieron que el país superara la crisis y consolidara su democracia… pero, pasada la crisis hoy solamente el instrumento (las FF.AA. y de Orden) son hechas responsables (y sólo quienes eran los subalternos en la época), y no quien dispuso el uso de dicho instrumento (los políticos que llevaron al país a la crisis y quienes dispusieron las medidas para enfrentarla).

Ciertamente es ingrata la profesión del soldado… El ingresa a las filas siendo un joven lleno de amor patrio y espíritu de sacrificarse por ella hasta rendir la vida si fuera necesario. No sabe entonces ese joven que será la política finalmente quien pondrá un arma en sus manos y le dirá como y contra quien usarla en defensa de esa patria que juró defender. Lo mas probable es que nunca leyó a Clauzewitz ni su libro “De la Guerra” donde afirma la necesidad imponer la voluntad al enemigo, mediante la máxima fuerza disponible para privarle de su poder y donde el reputado teórico militar se angustia por la brutalidad de la fuerza como un elemento inhibidor del uso de los medios y donde deja claro que la guerra no es un acto aislado, que responde a objetivos políticos o económicos, en el que expresa que es la  política el factor clave del comienzo del conflicto y del desarrollo del empleo de la fuerza, donde además es el fin político el objetivo, indicando que la guerra es el medio para alcanzarlo y los medios no pueden ser considerados aislados de su finalidad.

Ciertamente un joven y romántico soldado aprenderá todo esto con los años, no solo con la lectura y el estudio, sino también con la experiencia personal.

Es tiempo que todos los chilenos, quienes vivieron en los aciagos 70 y las generaciones posteriores, nos hagamos una profunda introspección, seamos capaces de reconocer nuestros propios errores y buscar sanar nuestras heridas como sociedad. De lo contrario, desgraciadamente la historia puede condenarnos a repetir los dolorosos hechos del pasado.

Un “déjà vu”

Por Axel Buchheister Rozas, Abogado

El principal riesgo de la nueva administración es que la historia del primer gobierno de Sebastián Piñera se repita. Una de grandilocuencia e hiperactividad inicial, que en términos políticos se tradujo en muy poco y que además fue incapaz de enfrentar el obstruccionismo legislativo de la oposición, que gozaba -como ahora- de mayoría en el Congreso.

Lo primero se ha enfrentado con una actitud contenida del Presidente, que aparece y habla menos, dejando que los ministros cumplan un rol más estelar. Pero el riesgo de extralimitación subsiste, lo que quedó en evidencia en el anuncio presidencial de las indicaciones al proyecto de ley antiterrorista, las que -aseveró el mandatario- nos pondrán “a la vanguardia en la materia de instrumentos legales para combatir el terrorismo, no solamente en nuestro continente sino que a nivel mundial”. O sea que daremos clase urbi et orbi, algo que suena similar a que “hemos hecho más en 20 días que otros en 20 años”.

Lo segundo se enfrenta creando comisiones, en las que se busca participen personeros de oposición, con el fin de lograr acuerdos nacionales que precedan al trámite legislativo. Como algunos han aceptado la invitación, habría un triunfo político: la división de las huestes opositoras. Discutible, porque la lógica mesiánica que los anima, que no admite ninguna agenda distinta de la propia -mucho de eso se ha visto en el discurso de estos días- los llevará a exigir que las comisiones acojan el grueso de sus planteamientos. Si lo logran, lo proclamarán como -y será- un éxito suyo, que a lo más conducirá cambios en el balance de poder dentro la izquierda, pero poco resultará para el gobierno. En caso contrario se retirarán de ellas, con la celebración de los que permanecieron fuera. En ambos casos se verá como un fracaso del oficialismo. Además, la sola existencia de comisiones, concepto desgastado y con aire a inutilidad, no solo es dudosa sino que forja la sensación de un gobierno sin agenda ni soluciones propias, y necesitado de ideas y orientaciones.

Una nueva administración, en particular si obtuvo un mandato sólido en las urnas, debe tener ante los grandes problemas nacionales planteamientos sólidos y soluciones definidas, y jugarse por materializarlas en el Congreso. Por cierto que carecer de mayoría parlamentaria es un inconveniente, pero ahí es donde importa el liderazgo presidencial, que debe apelar al apoyo de la ciudadanía y reclamar el derecho a ejercer el mandato recibido del pueblo, denunciando el bloqueo ideológico y la intransigencia. La tendencia a no querer pagar costos y el recurso a la contención presidencial para evitar errores no forzados, conspiran contra tal posibilidad. Si el gobierno no asume la iniciativa en la agenda y rechaza el pauteo de la izquierda, habrá pronto un “déjà vu”, la sensación de que estamos ante una situación que ya se ha experimentado. Y a poco andar, dejará de ser una sensación.

 

Ministro de Justicia y necesidad de cambios en el Poder Judicial

Extractado de La Tercera, domingo 8 de abril de 2018

Este domingo el ministro de Justicia, Hernán Larraín explicó las declaraciones que realizó a La Tercera, donde aseguraba que los miembros del Poder Judicial en su mayoría son de tendencia política de izquierda.

En su declaración pública sostiene que se dio en un contexto que entendía privado y que la designación de jueces y notarios debe cambiar.

“Lo que he sostenido y mantengo, es que el actual sistema de designación de los jueces y de los notarios está agotado y que éste debe cambiar por un mecanismo que deje fuera la influencia política y el amiguismo”, explicó en su declaración pública publicada este domingo.

Con tres puntos donde aclara cada una de las declaraciones, el ministro Larraín además explica que “lo que Chile merece, y está en el eje de mis declaraciones del día de ayer, es tener buenos jueces, por encima de sus ideas políticas particulares”.

Además agrega que “queremos asegurar la más plena independencia del Poder Judicial y que sus fallos solo se ajusten a la Constitución y a las leyes. Un sistema de nombramiento de jueces que tenga flancos importantes de discrecionalidad no puede evitar la influencia de factores ajenos a lo estrictamente jurídico que, en nuestra opinión, se deben evitar”.

Finalmente el ministro Larraín espera que estas aclaraciones “contribuya a ordenar un debate destinado a perfeccionar nuestro sistema de justicia y no se queden en la circunstancial de una opinión personal expresada en forma privada”.

Diké o Némesis… ¿Justicia Justa o Venganza Política?

Por Cristián Labbé Galilea

En estos días se ha escuchado con profusión de parte de nuestras autoridades que el tema con Bolivia ha quedado más que claro: “el derecho está de nuestra parte, y si por alguna razón -propia de las maquinaciones internacionales y de los tiempos que se viven- la Corte de La Haya fallara en otra dirección, dejaría en mal pie la validez del derecho internacional, lo que sería de la mayor gravedad y podría tener insospechadas consecuencias”… ¡Sólido argumento!

Por lo mismo, es válido preguntarse: si eso se sostiene en materias referidas al derecho internacional, ¿por qué las autoridades políticas -y la sociedad en general- al tratarse del estado de derecho en nuestro país, asumen una actitud diferente? (imprecisa y vaga)

Digámoslo claramente, pocas personas -y menos los políticos-, tienen conciencia de esta realidad. Pocas autoridades entienden que un “verdadero estado de derecho” exige que el actuar del Estado debe estar sujeto a un marco jurídico preestablecido, y su accionar debe estar guiado por el irrestricto respeto a los derechos fundamentales de todos por igual, sin discriminación de ninguna especie.

Lo anterior contrasta con lo que sucede en nuestro país, donde las autoridades políticas han permitido que existan dos sistemas judiciales operando simultáneamente: uno, el antiguo e inquisidor sistema con el que se juzga a los militares; y el otro, el moderno sistema procesal penal con el que se juzga al resto de la sociedad.

Con frecuencia somos informados de militares condenados, procesados o acusados, por hechos ocurridos hace 45 años, y donde no se respetan las garantías de un proceso debido, los principios de la presunción de inocencia ni la irretroactividad de la ley penal, sino que –producto de una instrumentalización política- se tiene como factor determinante la ficción jurídica o las presunciones exentas de pruebas de culpabilidad fehaciente.

Más grave aún si se considera que -en un auténtico estado de derecho- ningún delito ni ninguna pena se pueden establecer si no existe una ley previa que los tipifique (Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege). En simple, todo estado de derecho exige que, para que una conducta sea tipificada como delito, debe estar establecida como tal con anterioridad a la realización de ésta. En nuestro país este principio no se cumple: las leyes con que se condena a los militares han sido posteriores a los hechos de los cuales se les acusa.  ¡Eso contradice un verdadero estado de derecho!

El país ha entrado con el actual gobierno en una acertada y asertiva política de diálogos, acuerdos, respeto, tolerancia y paz social, por lo que es de esperar que, para que esos objetivos se cumplan plenamente, las actuales autoridades se preocupen de que impere un auténtico estado de derecho, donde se respete el debido proceso y las garantías constitucionales. De lo contrario, se mantendrán vivas la inquina y la represalia.

Al finalizar estas líneas le esbocé estas reflexiones a un ilustrado amigo filósofo quien, en una actitud de sabio gurú, pontificó… “tus ideas me hacen pensar en dos caminos muy opuestos, el de la justicia justa y el de la justicia políticamente instrumentalizada para generar venganza”. Luego hizo un prudente silencio para rematar diciendo: “en la mitología griega Diké es la diosa de la justicia justa y Némesis es la diosa de la venganza; esperemos que se imponga la primera…”.

¡Muera el que no Piense como Yo…!

Por Cristián Labbé Galilea

En mis tertulias de la última semana, a las que asisten parroquianos de diferentes credos y desiguales niveles de observancia de sus cultos, afloró repetidamente entre los temas la pregunta: ¿qué se iba hacer este fin de semana? Unos al litoral, otros al campo, -viajes para allá, viajes para acá-,  pero lo que no apareció muy nítidamente fue el sentido del asueto: la Semana Santa.

Lo anterior, en ningún caso es una murmuración sobre mis devotos feligreses, quienes estoy seguro han asumido una actitud de recogimiento durante estos días (¿?), sino más bien es una constatación de una actitud generalizada en nuestra sociedad: ¡este es un feriado largo y hay que aprovecharlo!

Esta realidad sugiere la necesidad de dedicar algunos instantes de esta festividad judeocristiana a la reflexión sobre cuestiones valóricas, como por ejemplo: la intolerancia, tema que está haciendo mucho daño a nuestra convivencia ciudadana.

Es cierto, nuestro país no es “la copia feliz del edén”, pero tampoco es “un valle de lágrimas”, donde lo único que se puede cosechar sean tribulaciones y angustias. Como todo entramado humano tenemos problemas, desencuentros, injusticias -mil y un vicios- pero eso no es motivo para que afloren el odio, el rencor, el desprecio, ni mucho menos la violencia y la intolerancia.

En el último tiempo hemos sido testigos de conductas y actitudes deleznables de una izquierda violenta e intolerante, no solo de palabra sino también de hecho. Basta ver en los medios de comunicación algún programa o foro político para comprobar el hostigamiento y la irreverencia de los panelistas de izquierda -incluso de los mismos periodistas- con cualquiera que no piense como ellos.

Hace poco días, al interior de una universidad, un ex candidato a la presidencia de la republica fue violentamente atacado y golpeado por individuos de izquierda al intentar exponer sus ideas. Como dijo un parroquiano: “Para condenar el lucro en la educación hay tiempo, argumentos y recursos, pero para condenar la violencia en los centros de pensamiento superior… “todos se hacen los cuchos”.

Lo anterior me dio la oportunidad para recordarles a mis feligreses el pensamiento de Thomas Jefferson -autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776)- gran defensor de la libertad, la república, la democracia y la tolerancia, quien  escribió: “Tolero con la máxima amplitud el derecho de otros a que sus opiniones difieran de las mías” y “jamás me inclinaré a través de las palabras o las acciones, ante el templo de la intolerancia, ni admitiré el derecho a inmiscuirme en las opiniones religiosas de los demás”.

Ante “el silencio reflexivo” de mis contertulios (seguro producto de la semana santa) concluí nuestra sesión semanal haciendo referencia a Voltaire, (escritor y filósofo francés, 1694 – 1778, figura intelectual dominante de su siglo y uno de los principales pensadores de la Ilustración) quien fue también un incansable luchador contra la intolerancia, quien con un lenguaje sencillo defendió la convivencia pacífica entre personas de distintas creencias y religiones. Maestro de la ironía y del sentido del humor dijo: “Muera el que no piense como yo”. Lo que nunca supuso Voltaire era que la izquierda, con su odio e intolerancia, iba a tomar su sarcasmo al pie de la letra.

Canchas Blancas, mito y realidad

Por Roberto Hernández Maturana

La batalla imaginaria salida de la ágil mente de Evo Morales y sus asesores de la que “hasta ahora” no se tenía ningún registro, ni fuentes, ni partes militares, ni informes, ni habían testimonios, y que ni siquiera consignaban los libros de historia e investigación de ambos países, mágica y asombrosamente fue “descubierta” por el Ministerio de Defensa de Bolivia que recientemente publicó “Memorias del Coronel Ezequiel Apodaca. Potosí-Cotagaita-Camino a Canchas Blancas 1879-1880”, documento oficial e inédito cuyo lanzamiento coincidió con la conmemoración del día del Mar en ese país, donde tanto Evo Morales como su vicepresidente Álvaro García Linera en conferencias de prensa hicieron apologías y loas a la gesta del ahora famoso coronel Apodaca.

Según el presidente Evo Morales, esta “gran victoria” del pueblo boliviano sobre el invasor chileno, fue una de las más grandes gestas de Bolivia durante la guerra. Morales nos dice que Chile deseaba apoderarse del sur del país altiplano, pero “el pueblo bajo, el ejército y las comunidades indígenas se unieron para realizar tal epopeya”.

Cuando los periodistas le consultaron porque no se sabía nada de esta grandiosa victoria, Morales dio la explicación más peregrina que se pudiera dar, dijo: «la gesta fue (maliciosamente) escondida por las élites de ambos vecinos, aún más Chile viola el derecho a la información. Por su parte el vicepresidente García Linera aseguraba que existía una gran conspiración de las élites para acallar un hecho que hubiera traído consecuencias graves para Chile, como era involucrar al Paraguay a una lucha contra Argentina  “…que los chilenos no solo querían “quitar” el mar a Bolivia, sino todo su territorio sureño y llegar hasta Paraguay para supuestamente promover desde allá una guerra contra Argentina”, en esta misma línea el , jefe del departamento de Historia del Ejército Boliviano, Coronel Edmundo Sanabria señaló que “esa documentación era comprometedora contra Chile” ,y por tanto, hubo un pacto de silencio entre grupos de la élite boliviana y chilena para recuperar los panfletos y negar la batalla de Canchas Blancas.

Las explicaciones dadas por las autoridades bolivianas sobre el desconocimiento oficial hasta la fecha de estos hechos son verdaderamente ridículas: La prensa chilena durante todo el conflicto tuvo una extrema libertad de información, tanto así que el almirante peruano Miguel Grau en su bitácora nos expone que gran parte de las acciones chilenas las leía en los diarios que incautaba.

Otro punto que es difícil de entender es por qué las élites tanto de Chile como de Bolivia guardaron silencio. Se podría comprender que la oligarquía chilena deseara un silencio encubridor, pero ¿Por qué las élites bolivianas iban a defender los intereses de Chile, aún más permitir un encubrimiento?, ¿qué ganaban los empresarios bolivianos en concreto ayudando a la oligarquía chilena?. Morales y sus imaginativos ministros inventores de victorias aún no han podido establecer las causas concretas de esta supuesta ayuda, solo se han quedado en sus básicas y simplonas, pero altisonantes declaraciones.

El muy celebrado documento “recién encontrado” nos relata una batalla ocurrida el 12 de noviembre de 1879, en que se describe como el ejército de Bolivia propinó una durísima derrota a las tropas chilenas en la zona conocida como Canchas Blancas, en la región de Potosí, causando centenares de bajas y evitando una invasión a todo el sur de Bolivia. Según esta versión, el hasta ahora desconocido Coronel Apodaca relata que el ejército tenía reportes sobre la presencia en la zona de Canchas Blancas de unos 1.400 soldados chilenos principalmente de infantería con apoyo de caballería y  artillería con la misión de apoderarse de la ciudad de Potosí y de los ricos yacimientos minerales existentes en el lugar, además de conectarse con la frontera Paraguaya y realizar una alianza a través del llamado a su nacionalismo recientemente humillado en la guerra de la Triple Alianza.

La versión boliviana indica que después de una intensa batalla el  Coronel boliviano Mariano Lino Morales,reportó 300 chilenos muertos y 400 heridos, muchos de gravedad “que a cada rato mueren por heridas recibidas en combate con bayoneta”. Del mismo modo se afirma que se capturó gran cantidad de armamento y caballos, además de (curiosamente) miles de panfletos que mostrarían una supuesta intención de Chile de atravesar Bolivia para llegar a la frontera con Paraguay.

El problema de esta fuente es que no se puede contrastar con ninguna otra,  por lo que deberíamos “suponer” su realidad y no una alucinación del supuesto coronel Apodaca, o de Lino Morales quien firma el reporte y no el supuesto Apodaca, o finalmente… una falsificación burda falsificación del gobierno de Evo Morales.

Un simple análisis lógico de esta absurda creación histórica nos permite afirmar que 1.400 soldados chilenos era una fuerza de gran magnitud para la época, siendo la población de Chile en 1.879  inferior a los dos y medio millones de personas. El historiador chileno Gonzalo Bulnes nos dice que en la campaña de Tarapacá que se realizaba en forma paralela a los supuestos hechos descritos las fuerzas chilenas totalizaban 9.500 hombres. Por tanto, la perdida de tal cantidad de soldados y un desastre de esa envergadura habría sido imposible de encubrir, más aún, con una prensa chilena bastante irresponsable que informaba libremente acerca del conflicto y realizaba ácidas críticas al gobierno cada vez que las fuerzas del país sufrían un revés, recordemos el caso de la pérdida del barco de trasporte  Rimac, o el desastre sufrido por Chile en Tarapacá, única derrota reconocida por los historiadores, y que no fuera aprovechada por las fuerzas peruano – bolivianas que se retiraron al norte dejando Tarapacá en manos chilenas.

Según el supuesto parte del supuesto Coronel Apodaca en la supuesta “Batalla de Canchas Blancas” 300 soldados murieron, cifra que equivale a los muertos chilenos en la ya mencionada batalla de Tarapacá, mientras otros cuatrocientos cayeron prisioneros, si sumamos a los prisioneros y los que habría logrado huir, mil cien soldados chilenos debieron guardar silencio toda su vida, además de sus familias. A esto debemos agregar que difícilmente la élite chilena en que gran parte de sus jóvenes  formaban parte de la oficialidad, difícilmente hubiera permanecido callada sin haber hecho sentir su influencia política, cultural y económica, ante los prisioneros o muertos ea batalla.

Por otra parte, la logística requerida para abastecer en campaña a un contingente muy numeroso de hombres y animales que debieron cruzar el desierto y luego avanzar por el altiplano en zonas pobres en forraje, alimentación, agua y vituallas en zonas pobres agrícolamente como Calama, San Pedro y Chiu –Chiu hubiera requerido de un gran esfuerzo logístico para trasportar medios desde la zona central de Chile, cuestión que fue el mismo problema logístico que mencionan los presidentes bolivianos de la época  Hilarión Daza y Narciso Campero para desistir en organizar una contra ofensiva hacia el litoral. No existe ningún registro, evidencia o testimonio acerca de adquisiciones trasporte o movimientos de unidades en la zona interior de Calama.

Finalmente, la supuesta batalla se dio el 12 de noviembre de 1879, fecha en que el ejército que ocupaba la zona de Antofagasta se componía de un batallón del regimiento de infantería “Lautaro” que tomo posición en la ciudad de Tocopilla y parte del regimiento de caballería “Cazados del Desierto” que fue destinado a guarnecer Calama. Las tropas chilenas no ascendían a más de 600 hombres aproximadamente, el resto del ejército o sea 9.500 soldados se encontraban en plena campaña de Tarapacá, después de haber conquistado el puerto de Pisagua a fines del mes octubre de 1879.  Como se puede apreciar, Chile no tenía las tropas que el Coronel Apodaca dice haber batido en la zona de Canchas Blancas.

En los partes oficiales del ejército de Chile no se hace ninguna alusión, no hay cartas, ni diarios. Tampoco se tiene ninguna noticia sobre los prisioneros, y no aparecen en los registros oficiales cuando se firmó el armisticio de 1884;  ni existen antecedentes en las listas de intercambio de prisioneros seguido con cierta regularidad por los tres países, siguiendo la convención de Ginebra.

Por el lado boliviano es exactamente lo mismo, no hay cartas, ni diarios, no se menciona en el “Diario de la Campaña de la Quinta División” texto muy exhaustivo, que si menciona otras escaramuzas con tropas chilenas. Nunca Narciso Campero, comandante de la División, menciona lo de Canchas Blancas en sus cartas, ampliamente difundidas, sobre todo la del 23 de noviembre firmada en Tomave, 11 días después del supuesto hecho de armas, teniendo en consideración que, según el relato de Evo, una delegación de tres oficiales entre los que habría estado el supuesto Coronel Apodaca fueron a informar personalmente a Campero sobre la “victoria”. Necesario es indicar también que ningún oficial boliviano que habría participado en el encuentro bélico, a excepción del citado Apodaca habla de la batalla, en cartas, memorias o texto de alguna clase, tampoco sus familiares escribieron a título de memorias o relatos sobre tal “gesta”.

A lo anterior se agrega que ningún gobierno anterior al de Evo Morales, incluso los más nacionalistas, habían celebrado este triunfo. Pensemos que Bolivia siempre ha exaltado sus derrotas heroicas frente a Chile, como la batalla de la toma de Calama (Topater), Germania, Pisagua, San Francisco, Tacna (Campo de la Alianza),  entre otras, sin duda hubiera celebrado muchos años antes una batalla victoriosa de las proporciones citadas en el diario de Apodaca y no esconderla por más de cien años, cuando ningún daño podría causar a las “élites de poder de los dos países”.

La realidad era que la V División boliviana al mando de Narciso Campero no estaba preparada para ningún encuentro, carecía de suficientes tropas bien entrenadas, mal equipados con armamento muy antiguo, incluso fusiles de chispa, sin suficientes animales tanto de carga como monturas, y sin dinero, incluso para pagar los sueldos de la tropa, como el  Coronel Rufino Carrasco, quien si es un personaje histórico qie aparece en textos y partes de ambos bandos, hace notar en carta al General Narciso Campero y a su Estado Mayor.

Los únicos hechos documentados en fuentes tanto chilenas, como bolivianas y que habrían podido servir para la febril imaginación de Evo y sus asesores, se produjeron el  6 de diciembre de 1879,  en el poblado de Tambillo al Norte de san Pedro de Atacama, donde una guarnición chilena de 20 granaderos a caballo, al mando del teniente Emilio Ferreira, fue sorprendida por 150 hombres pertenecientes a una montonera boliviana, al mando del Coronel Rufino Carrasco…

El teniente Ferreira en carta escrita el 25 de febrero de 1880, al historiador y político Benjamín Vicuña Mackenna desde el puerto de Antofagasta relata: “Yo i la tropa, estábamos resguardados por una muralla de un poco más de metro de altura. El motivo porque eché pie a tierra fué porque solo tenía 52 tiros por plaza, la jente mui recluta para apuntar, i a caballo no habría podido hacer el menor daño a una masa de más de 160 hombres…”

Lo anterior fue ratificado por el Coronel Hilario Bouquet, comandante del Regimiento Cazadores del Desierto, quien en carta  posteriormente publicada en el “Boletín de la guerra del Pacífico 1879-1881”, informó al General en Jefe del Ejército  Erasmo Escala Arriagada,  que la cantidad de soldados de Ferreira no sobrepasaba los veinte. La mencionada carta fue uno de los principales argumentos utilizados por la defensa del teniente Ferreira, a quien se le formó una corte marcial por haber perdido a la casi totalidad de sus hombres. La defensa del oficial se apoyó en la abrumadora superioridad numérica boliviana ratificada en el ya mencionado documento.

La evidencia entonces es demasiado contundente para creer que alguna vez existió una batalla de Canchas Blancas. El gobierno boliviano ni siquiera ha ordenado un estudio arqueológico de la zona para tener más pruebas de la susodicha “epopeya”, o ha permitido a peritos de su país o extranjero revisar el documento “recientemente encontrado”, para verificar su autenticidad a través de pruebas científicas. Por tanto, solo, cabe en este caso dos hipótesis, una que la tan bullada batalla solo haya sido una escaramuza entre una patrulla chilena y fuerzas regulares de la V división, cosa que fue común en esos días, luego claro está exagerada en los textos como la de Tambillo. La segunda que esta sea solo una triste y perversa manipulación del gobierno de Evo Morales para inventar un triunfo y luego sacar provecho político de esto en forma inescrupulosa.

El presidente Morales viene ya hace algún tiempo construyendo un nuevo mito sobre la guerra del Salitre o del Pacifico, con una clara intención de sacar provecho político a largo y corto plazo, buscando dar un golpe efectista a la sociedad entera de su país, para que el país altiplánico que ahora tiene el apellido de plurinacional, logre la tan ansiada salida soberana al mar, a través del litoral legítimamente chileno.

Bolivia a pesar de que el gobierno de Morales ha logrado subir las cifras de educación, analfabetismo, producción, exportación, etc., sigue siendo uno de los países más pobre y subdesarrollados de la región, lejos de sus vecinos Brasil, Argentina, Colombia, Perú o Chile. Sus doce años de gobierno han sufrido un desgaste evidente y ello fue evidenciado el año pasado, cuando el pueblo boliviano negó a Evo en un referéndum realizar algunas enmiendas a la constitución, entre las que se encontraba permitirle nueva reelección.

De allí entonces que en un deseo de mantener su gobierno a toda costa,  Morales juega a encender la llama de un patriotismo nacionalista que raya en lo ridículo, con  marchas chauvinistas  que cada año organiza su gobierno en el día que conmemora la pérdida del litoral, alimentando viejos rencores bajo el slogan “Mar Para Bolivia”, queriendo indicar al pueblo boliviano que Chile es el responsable de su pobreza y subdesarrollo y que aquí sigue estando el enemigo.