Libro “Procesos sobre violación de derechos humanos”

Es necesaria la reconciliación nacional en todos los ámbitos. La Constitución Política consagra derechos y garantías a todos los habitantes. Sin embargo, dichos principios no se están aplicando a miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros.

En la actualidad hay más de un millar de personas, en su mayoría de avanzada edad, que están procesadas o condenadas. A ellos se les aplica un régimen legal procesal y de fondo diferente que al resto de los ciudadanos, lo que implica falta de igualdad ante la ley.

La mayor parte de las sentencias son por el delito de “secuestro calificado” y no aplican la presunción de inocencia e invierten el peso de la prueba. Lo fundamental es que los jueces no han aplicado la ley de amnistía de 1978, o normas legales relativas a la prescripción de la acción penal o el beneficio temporal objetivo (media prescripción).

En otro sentido, se aplican tratados internacionales que no están vigentes en Chile mientras no se aplican otros que sí están vigentes. Los tribunales aseguran que los delitos cometidos por algunos militares son “de lesa humanidad”, en circunstancias que esos delitos no cumplen con el requisito del tipo penal para ser calificados como tales y que a la fecha de su ocurrencia no existía ninguna ley o tratado internacional incorporado en nuestro derecho interno y vigente en Chile que se refiriera a ellos.

Los crímenes de lesa humanidad fueron establecidos por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional ene incorporados en 2009. Como decía Quevedo: “Donde hay poca justicia es un peligro tener razón”.

Extracto de la presentación del libro “Procesos sobre violación de derechos humanos. Inconstitucionalidades, arbitrariedades e ilegalidades”, del abogado Adolfo Paúl Latorre.

 

Chile merece perdón y reconciliación y, ante todo, igualdad ante la ley y de trato hacia las personas. Estos son pilares básicos para la convivencia nacional que necesita hoy, más que nunca mirar al futuro.

 

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Educación en Finlandia, la fórmula del éxito (1)

El populista usa y abusa de la palabra

El Estado de Derecho

Educación en Finlandia, la fórmula del éxito (1)

Uno de los objetivos centrales de la política de educación finlandesa es darles a todos los ciudadanos las mismas oportunidades de acceso a la educación, sin importar la edad, lugar de residencia, situación económico-social, sexo o lengua materna.

Los libros de texto y otros materiales necesarios para el aprendizaje son gratuitos en los niveles preescolar y básico. En la educación básica también el transporte de ida y vuelta a la escuela corren a cargo de la entidad proveedora de los servicios educativos.

La orientación educativa (los servicios de tutoría) es esencial  para alcanzar la igualdad en la educación. En los primeros seis años de enseñanza básica, la orientación está integrada en la enseñanza regular, mientras que los currículos en los niveles superiores de la educación básica y en la educación secundaria superior incluyen lecciones específicas de orientación educativa.

El propósito es apoyar, ayudar y orientar a los alumnos para que  alcancen el mejor resultado posible en sus estudios y, además, para que estén capacitados para tomar las decisiones correctas y apropiadas referentes a las opciones alternativas de su educación y carrera futura.

La enseñanza obligatoria empieza a los siete años. Después de nueve años de educación básica, es posible elegir dentro de la educación secundaria superior entre los estudios generales o los de formación profesional y, posteriormente, pasar a una escuela superior profesional o a una universidad.

Chile merece avanzar en una educación inclusiva y de calidad que garantice la formación del capital humano, necesario para el desarrollo.

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El populista usa y abusa de la palabra

El Estado de Derecho

El populismo busca líderes carismáticos

El populista usa y abusa de la palabra

 

Estamos en una era en que la comunicación es global e instantánea. Por lo tanto los mensajes, en este caso de los líderes políticos, cobran importancia. Para la sana convivencia democrática es fundamental cuidar de la forma que adquiere el lenguaje, ya que las falsas promesas, la descalificación personal y las ofensas solo contribuyen al desgaste de la política como sistema.

Los líderes populistas, en tanto privilegian el carisma, elaboran discursos para seducir a las masas plagados de promesas que saben, a ciencia cierta, que no podrán cumplir. En otras ocasiones gastan importantes sumas de los erarios nacionales en «regalos», tales como bonos injustificados cuyo único objetivo es ganar el favor electoral o revertir a una opinión pública adversa.

La retórica populista busca vincularse a la emoción y necesidades materiales de las personas, sobre todo de las más vulnerables. El discurso político debe estar basado en la lógica racional y en la responsabilidad. Para ello es necesario que los ciudadanos voten en base a programas realistas y centrados en el bien común.

 

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El Estado de Derecho

El populismo busca líderes carismáticos

Violencia en el Centro de Justicia

El Estado de Derecho

 

El Estado de Derecho ha consagrado una serie de Principios:

División de poderes. Teóricamente quien debería primar es el Poder Legislativo porque crea la ley, pero nos encontramos con la preponderancia es del Poder Ejecutivo. El Presidente de la República nombra a los jueces, vela por la conducta ministerial (fiscaliza), puede otorgar indultos, y además propone el presupuesto.

Principio de las Garantías Constitucionales. Son el resguardo de los ciudadanos ante las arbitrariedades del Estado, especialmente del poder administrador, es decir, del Poder Ejecutivo.

Principio de legalidad. Es un principio que se constituye como límite del actuar de los órganos del Estado, especialmente el poder administrativo. La ley es la norma que condiciona el actuar de los órganos del Estado:

Principio del Estado Social: Significa que todo el aparato público, especialmente el poder administrador, debe realizar toda su función en vista de los intereses públicos. El bien común es el motor de toda la actividad del Estado. Para ello el Estado debe respetar el desarrollo Individual.

Estado democrático. Es el Estado participativo, se participa a través de elecciones periódicas de Presidente de la República, parlamentarios, alcalde-concejales, hay una expresión de soberanía. Pero el Estado democrático no es sólo eso, hoy se abre a la participación de los ciudadanos en la administración del Estado, en la toma de decisiones que le van a afectar.

 

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El populismo busca líderes carismáticos

Violencia en el Centro de Justicia

Sobre el proyecto de ley que reforma la Constitución

El populismo busca líderes carismáticos

 

Lamentablemente el populismo se ha enquistado en la vida política de las naciones americanas. Susu efectos son nocivos para el normal funcionamiento y prestigio de las instituciones de los regímenes denocráticos, y en nada favorece la solución de los urgentes problemas de los ciudadanos.

Chile no es la excepción. Necesitamos líderes políticos enfocados en la racionalidad de los procesos institucionales y económicos necesarios para el progreso, que privilegien el diálogo e impulsen una efectiva reconciliación nacional en base al perdón. Solo así podremos mirar el futuro y enfrentarlo con voluntad y optimismo.

El populismo busca seducir con sus discursos y promesas sin sustento. Hay que mirar la realidad para mejorarla, sin manipular a las personas con menos educación.

Violencia en el Centro de Justicia

Parecen otros tiempos. Sin embargo, los hechos de violencia que afectaron a los parlamentarios de la UDI, Patricio Melero, María José Hoffmann, Ernesto Silva, y Felipe Cuevas, entre otros, que acompañaban a los cinco imputados de su bancada (Iván Moreira, Pablo Zallaquett, Felipe de Mussy y Jovino Novoa), fueron reales y lamentables.

La violencia ligada al quehacer político no es propia de un régimen democrático. Todo lo contrario, deteriora las relaciones entre partidos, que si bien pueden tener diferencias, están obligados a seguir las reglas del juego republicano.

Este hecho puntual, ocurrido en la entrada del Centro de Justicia, es sintomático del estado de cosas imperante. Hay sectores ciudadanos para los que el respeto a la dignidad de las personas no parece tener importancia. Desde el punto de vista legal, todo imputado tiene derecho a concurrir a los tribunales con resguardo de su integridad física y psicológica, y con dignidad.

Hernán Larraín sindicó como responsable al Partido Comunista. Aludió a un doble estándar de la colectividad de izquierda al decir “los vemos en La Moneda pero también en las calles agrediendo a la gente que va a acompañar pacíficamente a quienes están pasando por un mal momento”.

Chile merece paz y tranquilidad, y los órganos de la justicia deben garantizar que todos y cada uno de los ciudadanos, tengan el derecho de presentarse en las cortes sin miedo.

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Sobre el proyecto de ley que reforma la Constitución

El sectarismo vigente en Chile

El negocio de los derechos humanos en Latinoamérica

Sobre el proyecto de ley que reforma la Constitución

Para nadie es un secreto que la iniciativa del Ejecutivo para reformar la Constitución, que ya se encuentra en trámite legislativo, generará una situación polémica y de división de la ciudadanía. Se pretende declarar imprescriptibles e inamnistiables los crímenes y delitos de guerra, lesa humanidad y genocidio, independientemente de la fecha en que hayan ocurrido los hechos. Además, los autores no estarían afectos a indulto u otros beneficios penitenciarios que signifiquen reducción o sustitución de las condenas privativas de libertad.

Nuestro país ya cuenta con una ley que declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad (2009), y establece que: “La acción penal y la pena de los delitos previstos en esta ley no prescriben”. Por lo tanto, no pueden ser calificados como “delitos de lesa humanidad” hechos ocurridos con anterioridad a esa fecha.

Este principio de legalidad ha sido ratificado por convenios y tratados más importantes del mundo. Ninguna ley puede, en efecto, establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella. La ley no puede ser retroactiva. Chile no puede suspender, por motivo alguno, ni siquiera en caso de guerra, la vigencia de dicho principio legal.

Los tratados internacionales sobre derechos humanos, ratificados por Chile, y por lo tanto vigentes, se deben aplicar sin excepción. Ninguna ley puede ser dictada, si la norma entra en colisión con dichos tratados (priman sobre las legislaciones internas de los países). De acuerdo a ellos, la ley en trámite, solo sería aplicable a hechos ocurridos con posterioridad al 18 de julio de 2009.

 

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El negocio de los derechos humanos en Latinoamérica

Una democracia en cuestión

Igualdad ante la ley, un principio universal

El sectarismo vigente en Chile

Nuestro país conoce mucho, lamentablemente, del sectarismo en la vida política. Por causas históricas tales como la guerra fría (de la Latinoamérica se imbuyó) o la emergencia de regímenes totalitarios vinculados al marxismo en el continente, las reacciones que surgieron desde amplios conglomerados sociales y corporativos fueron plenamente justificables.

Pero el mundo ha cambiado, Chile ha cambiado; la lucha entre superpotencias e ideologías contrapuestas ya no existe. Por ello llama la atención que esta tendencia a hacer de un partido u otra organización política una secta, es decir, un grupo cerrado, fanático, celoso, intransigente, fundamentalista y beligerante, que descalifica a los que piensan diferente, continúe presente en grupos que se autodefinen como progresistas, democráticos y “reconciliadores” respecto de los hechos que el pasado nos dividieron como hijos de un mismo suelo.

Las disensiones ideológicas generan sentimientos muy fuertes de odio y de intolerancia entre sí. La revancha es su consecuencia; de ahí a la persecución, manifiesta u agazapada, hay solo un paso.

La pregunta fundamental es a quiénes afirmaron haber recuperado la democracia e iniciado un camino de (re) encuentro entre los chilenos a partir de 1990: ¿Por qué hoy, tras 25 años, siguen predicando ni perdón ni olvido? Es más, desde las instituciones de gobierno se alientan las acciones del poder judicial en orden a no aplicar con imparcialidad y ecuanimidad las leyes y normas vigentes, entendidas como conocidas y comunes a todos los ciudadanos.

La actitud intransigente desgasta en forma, pero segura, la convivencia nacional y el normal funcionamiento del mundo económico, dimensiones necesarias para centrar los esfuerzos en el futuro y no en el pasado, en el desarrollo y progreso para todos.

Políticos de todos los sectores se han negado a discutir y confrontar la situación de los exmilitares que continúan siendo procesados y encarcelados por casos afectos a la ley de amnistía vigente. Es un tema pendiente que no puede ser soslayado si por los medios de comunicación se evangeliza con el respeto a la diversidad, la tolerancia a las ideas y el respeto a la naturaleza digna de toda persona.

El negocio de los derechos humanos en Latinoamérica

 

Para nadie es un secreto que los juicios por presuntas violaciones a los Derechos Humanos por parte de ex-militares, tanto en Chile, Argentina y otros paises, se ha convertido en una lucrativa actividad para ciertos grupos de abogados (generalmente ligados a la izquierda política). Muchas veces los honorarios de los profesionales no son pagados por las familias de los involucrados en los hechos, sino por organizaciones del extranjero.

Los gobiernos de turno, inmersos en afanes electorales, fomentan el inicio de causas para atraer a una opinión pública (a) crítica respecto de los antecedentes históricos, que llevaron al quiebre de las democracias del continente a fines de los años 60 y durante la década siguiente.

Es lamentable que la defensa de principios universales se haya transformado en una «empresa». Tal situación no logra otra cosa que contribuir al desprestigio de los regímenes de gobierno actuales, alimentando el odio y la revancha. Difícil escenario para una efectiva reconciliación.

Una democracia en cuestión

Desde diversos sectores de la vida nacional emergen voces de alerta respecto del estado de nuestra democracia. En occidente, esta es concebida como un régimen basado en la igualdad de los ciudadanos, gobernados por autoridades guiadas por la probidad. Sin duda, este principio está en franca decadencia y hemos perdido prestigio en el concierto internacional.

Las instituciones formales democráticas chilenas siguen funcionando. Sin embargo, ellas se han desnaturalizado y la clase política, más que gobernar y legislar de cara a los electores, parecen estarlo haciendo para los medios de comunicación.

El populismo es hoy, un mal endémico. Se dictan leyes para ser mejor evaluados en las encuestas y no con el bien común como norte. El efecto es nocivo, ya que las necesidades concretas de sectores importantes de la población no son satisfechas en medio de un espectáculo retórico que confunde, desorienta y enmascara los verdaderos intereses de los que juraron servir al pueblo soberano.

Prima el individualismo más extremo, el que paradójicamente deriva en masas indefinidas y (a) críticas. Los mismos jueces, quienes debieran orientar su actuar por la necesaria igualdad ante la ley, investigan y dictan sentencias preocupándose más por sus carreras en el poder judicial que por ser imparciales.

Este escenario es propicio a la vulneración de derechos universales, tales como el debido proceso, y condiciones de régimen penitenciario dignas, especialmente en el caso de las personas de edad avanzada y que padecen enfermedades crónicas.

Si queremos que nuestro sistema democrático vuelva a estar al servicio de los ciudadanos debemos dar pasos concretos en tal sentido: exigir transparencia y probidad a las autoridades, lograr que los jueces “apliquen las leyes vigentes” sin hacer diferencias de ningún tipo entre los procesados y, antes que nada, hacer un juicio de la historia.

Igualdad ante la ley, un principio universal

Todos los ordenamientos jurídicos occidentales recogen el concepto de justicia, como aquél principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. De una u otra forma, hacen énfasis en que por encima de todo deben primar la justicia y la igualdad. Así, aparece vigente el dicho “ley pareja no es dura”.

Toda legislación está íntimamente ligada a la cultura, por ello es necesario analizarla en el contexto de los valores de una sociedad concreta y de las creencias individuales de cada persona. Es una virtud de las sociedades el otorgar a cada uno aquello que le pertenece o lo concierne. Puede entenderse a la justicia como lo que debe hacerse de acuerdo a lo razonable, lo equitativo o lo indicado por las leyes. Es una orientación básica para la vida civilizada.

Si la justicia no tiene en su aplicación una norma igualitaria, ninguna sociedad puede alcanzar la paz. Cuando la sociedad “pide justicia” frente a un delito, lo que hace es pedir al Estado y sus instituciones que garantice que el ilícito sea juzgado y castigado con la pena que se merece de acuerdo a la ley vigente.

El sustento cultural de la justicia -de acuerdo al consenso compartido a nivel social sobre qué es lo bueno y qué es lo malo- se traduce, en la práctica, en una fundamentación formal, que implica leyes escritas que son aplicadas por los tribunales competentes.

Normalmente se representa a la administración de justicia como una mujer que lleva en la mano una balanza equilibrada y que tiene sus ojos tapados vendados. De ahí la expresión “la justicia es ciega”. Con la metáfora se intenta decir que la justicia no mira a quien debe juzgar. Es decir, que actúa de manera equitativa y siempre tratando por igual a todos los ciudadanos con independencia de su raza, sexo, condición sexual, origen, o cualquier otra categoría.

Todas las personas son iguales ante la ley. Este principio universal no se ha mantenido siempre en la historia. La mujer, en muchas ocasiones, se ha quitado la venda para actuar según la conveniencia o según quien es la persona juzgada.

Chile merece

Todo país se construye en base a principios permanentes y comunes a todos los ciudadanos, tales como el territorio, la identidad cultural y la historia. La constitución de los estados nacionales en Latinoamérica emergió como un proceso modernizador en que la libertad e igualdad fueron los ejes movilizadores de la emancipación del imperio español circunscrita a las fronteras naturales del continente.

Nuestra cultura reconoce el aporte de diversos pueblos que en el crisol de los hechos históricos dieron lugar al “ser nacional”. El pasado ayuda a entender el presente y a proyectar el futuro. El “somos chilenos”, entonces, se potencia a la luz de los principios ya formulados en las bases fundadoras de la República.

En un mundo globalizado y complejo como el actual, y producto de los avatares históricos, muchas personas sienten que hemos perdido el rumbo; un tiempo en que los principios fundamentales del ser nosotros ya no movilizan la acción política, legislativa, y de la justicia. Es más, en especial a sectores de las generaciones más jóvenes, parece no importarles el cómo esos elementos comunes están moldeando el presente y determinando el futuro.

Nuestra propuesta es a re-pensar lo que queremos para Chile. Recuperar, por cierto, lo bueno que hemos perdido, y a innovar con opiniones constructivas a un debate que se ha entrampado en la defensa de intereses particulares que no siempre calzan con las necesidades de todos. El bien común, no es un concepto abstracto, constituye la conciliación básica de las libertades públicas y la justicia igualitaria para todos. Condiciones básicas: transparencia y probidad.