Criterios del Estado frente al terrorismo

Editorial diario La Tercera, 22 de Enero de 2017

El repudiable ataque al presidente de Codelco debe llevar a tomar conciencia sobre la relevancia de no minimizar el riesgo de la amenaza terrorista, y la necesidad de que el Estado actúe siempre con un mismo criterio.

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Ha transcurrido más de una semana desde que se produjo el atentado al presidente de Codelco en su propia casa, lo que además de motivar una fuerte condena, ha despertado incertidumbre en la ciudadanía, ya que paulatinamente se han ido instalando en nuestro país mecanismos de protesta cada vez más agresivos, que han traspasado límites nunca antes vistos.

El atentado al presidente de Codelco y su familia -reivindicado por un grupo autodenominado “eco extremista”- es un episodio repudiable, que por medio del amedrentamiento cobarde busca presionar al sistema institucional. No cabe bajar el perfil a lo sucedido, y de allí lo acertado de que el Ministerio del Interior, la Fiscalía y las policías hayan actuado con agilidad y comprometan esfuerzos para desarticular e inhibir a estos grupos.

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A los pocos días de registrarse el atentado al presidente de Codelco, un ataque incendiario a una propiedad en Cañete -realizado en un predio reivindicado por sectores indígenas y en proceso de compra por parte de la Conadi- resultó en la muerte de un trabajador. Las consecuencias que ambos hechos provocan son similares: daño a la integridad física -incluso con riesgo de muerte- y su motivación no parece ser otra que amedrentar a la población. Es por esta razón que resulta contradictorio que desde el ámbito del gobierno parece existir un criterio distinto para tratar este tipo de actos. Mientras el atentado al presidente de Codelco fue acertadamente calificado de terrorista por el gobierno, en el caso del asesinato del trabajador de Cañete la autoridad se querelló por “incendio con resultado de muerte”.

Las razones para no invocar la Ley Antiterrorista en este último caso son cuestionables. El subsecretario del interior endosó la responsabilidad al fiscal que investiga el hecho y éste señaló que consideraba “irresponsable” -con la información disponible en ese momento- calificar jurídicamente el hecho de terrorista.

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Pero lo cierto es que lo de Cañete se inserta en una extensa serie de ataques registrados en el Biobío y La Araucanía, que han devenido en quemas de templos, colegios, camiones y casas de agricultores, registrándose incluso disparos a blancos civiles.

El Estado debe guiarse por un solo criterio, y tratar todos aquellos actos que organizadamente buscan causar temor en la población como una amenaza terrorista -sin perjuicio de que serán los tribunales los que habrán de calificar si los hechos se ajustan a la tipificación respectiva-, evitando actuaciones que discriminen injustificadamente, tal como ocurre cuando se trata con distinto nivel de gravedad ataques a la población civil, dependiendo de la zona en que ocurran.

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Los últimos hechos de violencia registrados en diversas regiones empujan a nuestro país a niveles de inseguridad a los que no estábamos acostumbrados, y que revisten un evidente peligro. Hasta el momento, existe una generalizada sensación de impunidad que solo sirve como incentivo perverso para la comisión de más delitos. El combate a la violencia requiere un compromiso permanente, siempre enmarcado dentro del estado de derecho, y sin ambigüedades.

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