Plebiscito, incertidumbre y razones para votar que NO

Por Roberto Hernández Maturana

Quedan once semanas para que el país decida el próximo 26 de abril si aprueba o rechaza tener una nueva Constitución y el mecanismo para llevar adelante el proceso: Convención Constituyente o Convención Mixta, y si bien en un principio las cifras parecían inclinarse con claridad por la opción “apruebo”, el rechazo a los hechos de violencia – que continúan a diario en las calles del país, aún en un período de relativa tranquilidad como son los meses de verano – la ambigua actitud de muchos “líderes políticos”, y el debate del fondo de lo que nos jugamos los chilenos, ha  hecho que poco a poco, la opción por el rechazo crezca día a día no solo entre conservadores si no también entre liberales e izquierda moderada.

El 15 de Noviembre de 2019, los partidos de gobierno firmaron el Acuerdo por la paz y la nueva Constitución, pensando que así podría encauzarse la crisis, y restablecer el orden público. Por muchas razones, esto no se produjo, o al menos no completamente. Se debe reconocer que parte importante del oficialismo, aturdido y desesperado por no saber cómo enfrentar la inesperada escalada subversiva, suscribió el acuerdo de noviembre movido por el miedo. En otras palabras, se enfrentó a la disyuntiva de entregar la Constitución o dejar que el sistema entero se desplomara.

Sin embargo, la persistencia del desorden y sobre todo la complacencia de cierta izquierda con ese desorden, solo ha alimentado la desconfianza respecto de un eventual proceso constituyente. Además, la manera en que la oposición enfrentó el tema de la paridad —convirtiéndolo en un virtual chantaje moral e intimidatorio—, y el modo en que se votó la acusación constitucional contra un Presidente que ya había cedido mucho poder, fueron endureciendo las posiciones.

Tampoco podemos olvidar lo último ocurrido con la PSU donde varios dirigentes opositores hicieron todo tipo de piruetas retóricas para intentar justificar que un puñado de jóvenes impidiera que miles de estudiantes secundarios pudieran rendir la prueba.

En el fondo, parte de la izquierda sigue entrampada en su clásica confusión de fines y medios, embriagada con esa ilusión de “momento cero” que permita reescribir la historia.

Todo lo anterior ha llevado a un número creciente de ciudadanos a pensar en el “rechazo”, callando muchas veces su decisión ante la violencia verbal y física manifestada por quienes a diario se manifiestan en las calles y redes sociales por el “apruebo”

Así hay quienes manifiestan la necesidad de darse una chance de determinar el futuro institucional del país con calma, no estando las condiciones “en un entorno en donde la política está fallando, en donde las policías no tienen capacidad para enfrentar a los delincuentes”,como nos manifiesta Patricio Arrau. Liberal, Ingeniero comercial, funcionario en los gobiernos de Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet que se ha desempeñado como economista del Banco Mundial en el área de finanzas internacionales (1989-1991) y asesor del Ministerio de Hacienda, y que fue miembro activo de Ciudadanos, quien manifiesta que «no hay un clima que entregue las garantías para tener una discusión seria». Es por esta razón que, pese a que ha valorado el acuerdo político transversal del 15 de noviembre, Arrau manifestó a Diario El Líbero que se inclinará por votar que «No» en el plebiscito del 26 de abril, agregando que cualquier cambio constitucional debe hacerse en orden : “cuando eso esté y haya conciencia muy clave y amplia en los tres poderes del Estado de que es un requisito esencial para poder tener una discusión constitucional, ahí voy a cambiar de opinión”, y agrega “La mía es que una discusión democrática y constitucional que nos resguarde y que norme la convivencia de los próximos 50 años, pero no puede hacerse en este ambiente donde los delincuentes tienen tomada la calle en una insurrección delincuencial que el Estado no controla. Es una garantía de que vamos a terminar en chantaje con la asamblea constituyente”, remarcando que “el orden público es un pre requisito para poder tener un debate adecuado y correcto sobre qué queremos como casa de convivencia nacional”, para rematar con una crítica a los viejos políticos “los viejos (políticos), los que tienen cultura cívica, que saben lo que es una democracia, que saben lo que es una Constitución, hayan terminado totalmente entregados a los nuevos políticos que tenemos y que, lamentablemente, no tienen cultura cívica”.

Gerardo Jofré , Ingeniero Comercial UC, quien se desempeñó como asesor el ex ministro de Hacienda, Hernán Büchi, fue Jefe  de coordinación sectorial y jefe de planificación de Odeplan y en el año 2014 asumió la presidencia de Codelco, entre otros cargos, hoy se encuentra impulsando la «Casa Común por el Rechazo» junto a Gonzalo De la Carrera.

Manifiesta que “Creemos que la gente no quiere cambiar la Constitución y la están tratando de obligar a que vote que Sí. Eso sería una votación bajo amenaza, es lo más anti democrático que hay”, agregando que hay un “No encubierto”, explica que hay muchos “No naturales”, que no quieren cambiar la Constitución vigente. «Tenemos que demostrar que la mayoría de Chile no quiere cambiar la Constitución, no quiere partir de cero”, asegura. Y añade que “esto se le ocurrió a gente que está encaprichada con cambiarla y que dice que es la Constitución de la dictadura. Eso no es verdad, se ha cambiado muchas veces y lleva la firma de Ricardo Lagos». Y agrega que «ya se ha cambiado 43 veces, no hay ningún artículo de la Constitución que no se haya tocado». Plantea que si se quiere modificar, que se haga «pero dentro de los cánones normales y no nos tomemos dos años partiendo de una hoja en blanco en un griterío y una cuestión con presión, con violencia».

Considera que los ciudadanos están confundidos con las indicaciones «cambiantes» desde los partidos políticos. «A la gente la están tratando de asustar diciéndoles que si gana el No van a seguir los líos, en circunstancias que los líos van a seguir, sin duda, si gana el No, el Sí, o si empatan». Y apunta: «Creemos que la gente no quiere cambiar la Constitución y la están tratando de obligar a que vote que Sí. Eso sería una votación bajo amenaza, es lo más anti democrático que hay».

Paticio Navia cientista político y sociólogo chileno, columnista de diarios y revistas e invitado en varios programas de prensa escrita, radio y televisión. Actualmente es profesor de la Universidad Diego Portales y de la Universidad de Nueva York,  nos dice que resulta irónico que, precisamente después de que la Constitución fue profundamente reformada en 2005 –y el nombre del propio Pinochet fue removido de la carta fundamental– se intensificaron los llamados a abolirla y remplazarla por una redactada en democracia.

De hecho, la primera vez que un candidato presidencial prometió una nueva Constitución fue en la campaña de 2009. El entonces diputado Marco Enríquez-Ominami, que recién había renunciado al Partido Socialista, y desde entonces, casi todos los abanderados de izquierda han incluido la propuesta de una nueva carta constitucional como parte de sus promesas de campaña.

Navia manifiesta que la supuesta  “ilegitimidad” de la Constitución no es razón suficiente para cambiarla y agrega que: Es innegable que la Constitución de 1980 –modificada repetidas veces en democracia y sustancialmente alterada en 2005 bajo el gobierno de Ricardo Lagos– nació con ilegitimidad de origen y continúa siendo un legado de la dictadura por más que haya sido modificada y por más que la gran mayoría (sino todos) sus enclaves autoritarios han sido eliminados. Pero esto no es razón suficiente para querer una nueva. Varios países incuestionablemente democráticos tienen constituciones con orígenes ilegítimos o que, a la luz de cómo han evolucionado sus sociedades, serían considerados hoy de esa manera. Es más, ese argumento de la ilegitimidad de origen se puede usar para destacar la capacidad que hemos tenido los chilenos de poder desarrollar una democracia plena y vigorosa a partir de esa carta fundamental”, pero en concreto y principalmente le parece inconveniente emprender hoy un proceso constituyente  porque la forma en que se gestó dicho proceso  es contraria a los valores y prácticas democráticas que tenemos hoy como país. Finalmente Navia hace presente el costo que implicarán los dos años de incertidumbre económica y social que llevará completar el proceso, y la limitada cantidad de cambios, respecto a la Constitución actual, que incluye la “lista de supermercado de reformas que predominan entre los que abogan por una nueva carta fundamental”, además de el hecho de que, a la par del proceso constituyente, haya un gobierno de derecha que no cree en el proceso, con minoría en el Congreso e impopularidad récord en la historia democrática del país, conforma una combinación políticamente tóxica.

Los chilenos debemos preguntarnos entonces

¿Qué esperar de una deliberación constitucional en esas condiciones?

¿Podremos comprender que no hay justicia posible sin orden?

¿Somos adversarios políticos o enemigos?

¿Es posible tener una Constitución legítima en medio del desorden y de la impunidad con la que actúan los grupúsculos más violentos?

¿La izquierda tiene claro que la Constitución vigente solo podrá conservarse si la opción “Rechazo” gana en abril; y, en ese caso, ya no podrá más alegar “pecado de origen”, porque habrá sido validada en democracia plena?

El Gobierno, por su parte, también debe recuperar algo de iniciativa y salir de la enfermante  inercia de sus autoridades, aunque fuera para garantizar que la elección pueda realizarse en paz. De lo contrario, entraremos en un camino incierto violento y peligroso de muy difícil retorno, pues habremos perdido todo espacio institucional que nos permita resolver pacíficamente nuestras diferencias.

Para sostener la paz la izquierda debe estar dispuesta a aceptar que el “Rechazo” es tan legítimo como el “Apruebo”, condenar de modo incondicional —sin “peros”— toda forma de violencia como método de acción política, y estar consciente (además lo sabe) como la gran mayoría de la derecha lo está, que para solucionar las demandas sociales que hoy tienen al país en conflicto, no se necesita cambiar la Constitución, sino las leyes.

Cualquier otro camino solo nos acercará un poco más al despeñadero.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.